jueves, 28 de febrero de 2013

La Junta sigue cubriéndose de gloria liquidando el carbón.


El Coordinador Provincial de IU, Santiago Ordóñez, une a la exigencia de la dimisión inmediata o el cese del Director General de Energía y Minas de la Junta la reprobación provincial a Tomás Villanueva.

Las declaraciones profundamente hipócritas de ayer, en una supuesta defensa del carbón frente  al corte de las ayudas del gobierno, provoca vergüenza ajena. Una pieza clave en la defensa de las cuencas mineras, el Consejero de Economía, mantiene en su puesto a Rodríguez Mantero y tiene la desfachatez de denunciar aquello que ya conoce de antemano y no ha hecho nada por impedir. Parece que el Consejero de Economía y Empleo de la Junta olvida que forma parte del PP, que nadie se cree sus denuncias vacía y que él es una parte en el desmantelamiento y muerte de las cuencas. Tomás Villanueva debería callarse o marcharse pero no intentar salvar su imagen a costa de criticar algo de lo que es corresponsable.

Al mismo tiempo reitero la necesidad de cesar o exigir la dimisión de su Director de Energía y Minas. Sus palabras miserables de esta misma semana ya son el ejemplo claro de la campaña del PP para acabar con la minería del carbón, con los mineros, con las comarcas mineras y todo en connivencia con el mayor cáncer que sufre la cuenca minera junto al Gobierno del PP en España y Valladolid. El único reconocimiento que merecen es su falta de hipocresía, son más sinceras que las del Consejero. Pero por eso les iguala, uno negando lo evidente y otro admitiendo su culpa.

El PP quiere acabar el trabajo iniciado por el PSOE. Eso es evidente. Por lo menos que no intenten contarnos milongas y mentirnos. O el PP de León y Castilla están contra el gobierno y se rebelan contra él o serán cómplices de destruir la minería. Ya no hay término medio.

Santiago Ordóñez González.  Coordinador Provincial de IU en León

IU León y un 8 de amrzo en defensa de las políticas de igualdad en los ayuntamientos


MOCIÓN “CONTRA LOS RECORTES EN POLITICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD”

D: Manolo Domínguez Chico, como Coordinador Local de Izquierda Unida, ante el Pleno del Ayuntamiento de León
EXPONE:
El Anteproyecto de reforma de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, pretende la reducción general de las competencias municipales, centralizar en las diputaciones provinciales o a las 7 Comunidades Autónomas uniprovinciales las competencias de los ayuntamientos pequeños, y, en un paso posterior, reducir el número de concejales y concejalas, porque supone:
1.- la reducción de lo público, ya vemos lo que supone el lema “mas mercado, menos Estado”: privatizar las ganancias, socializar las pérdidas
2.- la centralización territorial, pese a que los ayuntamientos gestionan solo el 13% del gasto público en España, muy inferior a la media europea, y a que la Asamblea de municipios y regiones de Europa celebrada en Cádiz, en septiembre de 2012 acordó que la Descentralización, Desarrollo y Democracia deben ser las líneas de trabajo.
3.- la pérdida de democracia, que la Carta Europea de Autonomía Local define como acercamiento de las decisiones a la ciudadanía y “el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales integradas por miembros elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal –sin perjuicio de los cauces locales de participación directa de los ciudadanos- de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”.
4.- discriminación del medio rural, ya que pierde prácticamente la institución municipal.
Pero, además,  la reforma tiene una incidencia negativa en la igualdad entre mujeres y hombres, porque:
 a)    Suprime el artículo 28, que ha permitido desde hace tres décadas a la mayoría de los ayuntamientos tener Concejalías, actividades y planes de promoción de la igualdad, en consonancia con el mandato del artículo 9.2 de la Constitución de promover activamente la igualdad (sobre su aplicación a los ayuntamientos, ver las sentencias del Tribunal Constitucional STC 216/1991 y STC 12/2008 FFJJ 5º y 2º).
b)    Limita a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (art. Siete.2.5 del borrador de 22.12.12) la posibilidad de ejercer “por delegación de la Comunidad Autónoma” la promoción de la igualdad de la mujer, lo que supone una discriminación de las mujeres del medio rural, una reducción de esfuerzos igualitarios y un alejamiento de las decisiones políticas respecto a la ciudadanía.
c)   Además de restringir la autonomía local para responder a las demandas ciudadanas y de ignorar el mandato constitucional a todos los poderes públicos de promover la igualdad en el ámbito de sus competencias, esta reforma contraviene la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local (Consejo de Municipios y Regiones de Europa, 2006), que promueve las políticas municipales de igualdad, con objetivos relevantes y evaluables, y recursos humanos y materiales propios y adecuados.
d)  Dificulta el cumplimiento de la Ley integral contra la violencia de género de 2004, cuyo artículo 19, para la asistencia social integral, exige la concurrencia de los ayuntamientos.
e)  Atenta contra la Democracia paritaria, ya que la elección de 68.462 concejalías constituye el ámbito más extenso de participación de mujeres directamente elegidas, la inmensa mayoría no retribuidas, en la toma de decisiones.

El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la fecha propicia, para que este Ayuntamiento/Diputación muestre verdaderamente su voluntad de enfrentarse y poner freno a los recortes en políticas de igualdad y mostrar así su voluntad decidida y comprometida, para que la igualdad de las mujeres no sea la cabeza de turco de todas las políticas de “austeridad” de las Administraciones.
Por ello Izquierda Unida, propone al Pleno,
ACUERDO:
Mostrar nuestro más firme rechazo a cualquier propuesta de supresión de las políticas municipales de igualdad.
Mostrar nuestro compromiso firme y decidido a aumentar los recursos materiales y humanos en políticas de igualdad.
A NIVEL MUNICIPAL:
  • Aumentando el presupuesto destinado a políticas transversales y específicas destinadas a conseguir la igualdad entre mujeres y hombres
  • Aumentando los recursos materiales y de personal para la prevención y atención de las mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad
A NIVEL ESTATAL:
  • Elevar al Gobierno del Estado, la exigencia de no restringir los derechos de las mujeres y paralizar cualquier reforma regresiva de la ley de Bases del régimen Local.

Fdo.: Manuel Domínguez Chico
Coordinador Local  de IU
miércoles, 27 de febrero de 2013

Moción IU en defensa de los Ayuntamientos y las Juntas Vecinales



AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEON

Don Manuel Domínguez Chico, Coordinador Local de IU en el Ayuntamiento de León, al amparo de lo dispuesto en el ROFRJEL y en el Reglamento Orgánico Municipal, presenta para su discusión y aprobación esta MOCIÓN en base a los siguientes:

ANTECEDENTES Y MOTIVOS

El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero recibió un Informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de “Ley para la racionalización y la sostenibiliad de la Administración Local”. Tal informe proviene de un nivel de Estado, como es el gobierno central, para modificar radicalmente otro nivel diferente, el local, sin contar con este ni con la administración autonómica, que tiene en muchos casos las competencias en exclusiva en materia de régimen local. En dicho informe se establecen las líneas principales de lo que supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en España con los Ayuntamientos democráticos desde 1.979, y que, grosso modo, ha supuesto un avance en el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito municipal. En lugar de ello, se procede a un desmantelamiento controlado de la experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual gobierno. Un ejemplo de este intento de dinamitar la democracia más cercana es la amenaza que supone esta reforma para las entidades locales menores y el intento de disolverlas imponiendo condiciones imposibles de cumplir sin los medios necesarios para ello.
La denominada reforma de la administración local no es una reforma: es una demolición. Desprecia el principio rector que ha movido con mayor o menor ambición la normativa de desarrollo de los Ayuntamientos: el de la administración más cercana. Los municipios españoles en 1979, antes el único reducto eran los concejos, fueron la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos, y también, ante la falta de definición constitucional de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana, se configuraron los Ayuntamientos y las Juntas Vecinales como la entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política.
La famosa y trágica, por sus consecuencias, reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas, y a esta obsesión se somete ahora a la administración local a través de esta reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente en las capas populares.
En el informe se defiende que se clarifican por primera vez las competencias municipales por ley, cuando en realidad ya la segunda generación de Estatutos de las Comunidades Autónomas, cuyos ejemplos más palmarios los representan los Estatutos de Cataluña y Andalucía reformados, han definido las competencias propias de los municipios, en una suerte de segunda descentralización con un sentido profundamente municipalista. Estatutos que son Leyes Orgánicas aprobadas por las Cortes y forman parte del bloque constitucional.
Habla el informe de que elimina duplicidades y competencias impropias, para ajustar la Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el citado artículo 135 de la CE. Sin embargo, no se eliminan duplicidades -pues existen las competencias compartidas y se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier servicio-, sino que en todo caso se eliminan competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud, empleo, vivienda, igualdad de la mujer o servicios sociales, para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación, pues asocia el gobierno el ahorro de 3.282 millones de euros a la eliminación de dichas duplicidades. Hablan de duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de servicios. Hablan de clarificación de competencias cuando quieren decir reducción a la mínima expresión de la administración local.
La reforma respira tutelaje de una administración sobre otra. Ignora las competencias autonómicas sobre régimen local y desprecia a los Ayuntamientos y las entidades locales menores como parte del Estado en pie de igualdad con las demás administraciones. La intervención sobre la obsesión de la sostenibilidad financiera recorre todos los aspectos normativos de dicha reforma. Habla de racionalizar la estructura organizativa cuando quiere decir privatizar servicios y entes instrumentales, y reconoce como uno de los objetivos el favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Aquí reside la clave de bóveda de la reforma: debilitamiento de la democracia local a través de la reducción de sus competencias, anteposición de los principios financieros neoliberales sobre cualesquiera otra consideración en la gestión municipal, intervención y fortalecimiento de una entidad decimonónica, asociada al clientelismo y la falta de transparencia y control democrático, como son las Diputaciones Provinciales, y privatización de los servicios públicos por esta en los municipios que pierdan la titularidad de sus competencias. Llaman profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local.
La reforma huele a moderantismo del siglo XIX, a vuelta al caciquismo y el elitismo en la representación política, y desvían la radicalidad antidemocrática de sus propuestas en la base del ahorro de gastos en cargos públicos, cuando ese ahorro, si es que se produce, supondrá como mucho el 2% del total. Hablan de limitación de remuneraciones al 82% de los cargos públicos locales cuando esa ausencia de remuneración ya existe en esos porcentajes entre los 68.285 concejales y concejalas de los 8.116 municipios españoles. Una realidad que se traslada a la totalidad de las entidades locales menores amenazadas de disolución.
La reforma refleja, finalmente, los prejuicios neoliberales, carentes de conexión con la realidad de los Ayuntamientos, de que sobra Estado y municipios -36.000 hay en nuestro país vecino, Francia- o están muy endeudados -El porcentaje de deuda local en relación con la deuda de las administraciones públicas, antes de estudiar el impacto de los planes de ajuste, es del 4,5%, y de este porcentaje, el 40% lo suman 10 ciudades de más de 250.000 habitantes, excepto Ceuta, empezando por Madrid, con el 22,5% de la misma-.
Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros entre los años 2013 a 2015, a no ser con el coste en recortes en forma de competencias, recursos, eliminación de servicios y destrucción de empleo público municipal.
En definitiva, la reforma de la administración local supone el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de aquéllos como meros ejecutores de las políticas del gobierno central. El Consejo de Ministros, con esa iniciativa, pretende convertir en una excepcionalidad histórica la experiencia democrática de los ayuntamientos españoles iniciada en 1979.
Esta reforma elimina el poder de lo más cercano, aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público, y fortalece la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige más participación, más democracia y más transparencia. El gobierno responde con más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos.
En este sentido, el borrador de la reforma que se pretende está impregnado de los principios del reformado artículo 135 de la Constitución Española así como de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestara y Sostenibilidad financiera, que condiciona todas las actuaciones relacionadas con las competencias, servicios y atención a la ciudadanía que los Ayuntamientos vienen prestando, desde la pretendida intención de eliminar competencias impropias.
Desde su constitución en 1979, los Ayuntamientos democráticos han ido desarrollando sus actuaciones en el servicio de la comunidad a la que gobiernan en dirección a una permamente aunque desigual descentralización, asumiendo competencias en aras a la mejora de la vida de la ciudadanía a la que sirven y gobiernan.
Esta reforma pretende el desmantelamiento de la referencia más cercana a la ciudadanía, el primer nivel de acceso a la representación popular, y lo sustituye por la eliminación de competencias y servicios consolidados, así como por una ausencia de financiación que aboque a la privatización de los que queden. En resumen, provoca:

1. Vaciamiento y disminución de competencias de Ayuntamientos y de las Entidades Locales menores supervivientes a sus imposiciones.
2. Reforzamiento de administraciones de elección indirecta como las Diputaciones.
3. Intervención de Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y pérdida de competencias entre los menores de 20.000 habitantes y las juntas vecinales en favor de las Diputaciones.
4. Dos tipos de Entidades Locales Autónomas.
5. Recentralización del funcionariado de la administración local con habilitación de carácter estatal.
6. Apuesta por la privatización de los servicios públicos y desmantelamiento de la administración local.
7. Supresión, entre otras, de las competencias en servicios sociales, empleo, vivienda, igualdad de la mujer, cultura, sanidad, educación o promoción del medio ambiente.
8. Supresión del principio de autoorganización municipal y autonomía local.
9. Supresión de la capacidad de los Ayuntamientos para la dinamización de la economía local.
10. Introducción de indicadores de calidad puramente financieros, sin contemplar criterios de atención a la ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos.

Por todo lo cual, este grupo municipal eleva al Ayuntamiento Pleno los siguientes ACUERDOS:

1.- Mostrar su rechazo al texto del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la administración local.
2.- Exigir la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de la FEMP para tratar este asunto y sobre el presente y futuro del municipalismo.
3.- Elevar al Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales deberá contar con la participación de las mismas, incluidas las menores, tanto directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.
4.- Comunica igualmente al gobierno Central la necesidad de que se reúna la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para debatir este Anteproyecto de Ley y promover una Ley de Financiación Local que resuelva el fortalecimiento de las competencias locales y su financiación.
5.- Adherirse a las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta reforma incluido en su caso el recurso de inconstitucionalidad.
6.- Adherirse a cuantas plataformas se pongan en marcha en defensa de un municipalismo democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía. Sea para proteger al municipio como base fundamental de nuestro modelo territorial y administrativo, como la autonomía municipal o la supervivencia de las juntas vecinales.
7.- Convocatoria inmediata de una reunión con las tres Juntas Vecinales del municipio para explicar, debatir y poner los medios necesarios para que ninguna Junta Vecinal desaparezca por causa de esta reforma legal.
8.- El Ayuntamiento de León pondrá sus servicios jurídicos a disposición de las entidades locales menores de la capital para cumplir la Ley y elaborarán enmiendas a la Ley de Racionalización y Soostenibilidad de la Administración Local para su remisión posterior a los Grupos Políticos del Congreso y Senado y su presentación en el trámite de aprobación de la norma en las Cortes Generales.


De estos acuerdos se dará traslado al Presidente de Gobierno y a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales.




 Fdo. Don Manuel Domínguez Chico
Coordinador Local de IU León


En León a 27 de Febrero del 2013





ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCEMO. AYUNTAMIENTO DE LEON

Esta es la política de pactos de IU León


El Coordinador Provincial de IU, Santiago Ordóñez, quiere expresar públicamente cual es la política de pactos de su organización. Empieza a ser cansino escuchar ataques velados, mentiras y recriminaciones sin fundamento, la mayor parte de ellas bastante “desatinadas” respecto a IU. El último mentando explícitamente a Fabero. Por tanto expreso, espero que por última vez, cual es la política de pactos de IU.

No volveré a hacer ningún tipo de declaraciones ni expresaré opiniones sobre posibles mociones de censura en la provincia salvo que haya algo que decir y se deba explicar junto con el resto de actores que puedan acompañarnos en las mismas, si estas se producen.

El fundamento es frenar a la derecha en los territorios donde sea posible, en este caso hablamos de siglas y políticas, porque la definición de derecha e izquierda tiene mucho que ver con actitudes, comportamientos y el ejercicio diario de la labor política. Aún más allá, una diferencia fundamental debe buscarse en la intención de defender los servicios públicos del ataque de la reforma de la administración local pactada por el PP y el PSOE, aunque ahora se desmarque, y democratizar dando participación directa a la gente frente a la opacidad que suele imponer la derecha para defender intereses privados por encima de los públicos en los ayuntamientos.

Desde este punto IU siempre tiene voluntad de desalojar a la derecha bajo unos requisitos mínimos:

  1. No pactamos con imputados y presuntos delincuentes. Sobre todo si las denuncias son nuestras.
  2. Cualquier pacto debe sustentarse en un acuerdo entre los agentes que tienen la soberanía para llegar a ententes. En este caso son las asambleas de base de cada municipio donde se toma la iniciativa y quienes llegan a cualquier tipo de acuerdo. Esto será respetado siempre.
  3. Nunca habrán acuerdos sin uno previo programático. Es evidente que por encima del reparto de responsabilidades de gobierno están las políticas que se van a desarrollar. En este sentido el programa de IU se pondrá sobre la mesa en todo momento y desde ahí podrá hablarse de concertaciones. Pero en ningún caso se llegará a ningún pacto que mantenga los fundamentos programáticos y lo hechos del Equipo de Gobierno al que se quiere desplazar de la alcaldía o sustituir tras unas elecciones.
Sirva de resumen que IU no puede ni debe ser quien ceda siempre en cualquier tipo de acercamiento, eso es cosa de dos, tres o cuatro. Si el programa pactado no tiene el beneplácito de todos y todas es evidente que entonces no se está fundamentando un acuerdo, simplemente se está ejercitando un quítate tú para ponerme yo sin mayores diferencias que el mero detalle a estos niveles municipales. IU quiere recuperar la política no colaborar más en su desprestigio.

En el caso de no cumplirse estos requisitos la respuesta de IU será siempre la misma. Los presuntos delincuentes serán desplazados de las alcaldías por higiene democrática y en el resto de los casos nos limitaremos a no pactar con nadie y luego defender nuestras políticas.



Santiago Ordóñez González.  Coordinador Provincial de IU en León 
martes, 26 de febrero de 2013

IU estudiará presentar alegaciones al órgano gestor de la basura de León defendiendo sus alternativas de gestión


El Coordinador Local de IU, Manolo Domínguez Chico, estudiará y presentará alegaciones al nuevo órgano gestor de la recogida de basura y limpieza viaria de León.

Del mismo modo estaremos atentos a los problemas que puedan surgir tras la subrogación de la plantilla.

Es sabido que el modelo de municipalización por el que apuesta IU es completamente distinto al elegido por el PP. Dada la poca costumbre de un partido privatizador por recuperar la gestión directa nos parece adecuado recordarle como se debe hacer correctamente y permitiendo la máxima transparencia y participación ciudadana.

Por tanto adjuntamos la moción recientemente registrada en el Ayuntamiento de León donde proponemos un modelo de gestión pública para León que supere a la decisión de recuperar la basura para iniciar un proceso de mejora en la gestión y ahorro que beneficie a toda la ciudad de León. 

NUESTRO MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN FORMA DE MOCIÓN

D. Manuel Domínguez Chico, Coordinador Local de I.U. en León, a tenor de lo establecido en los Artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986, del 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación para su toma en consideración, si procede, la siguiente MOCION

EXPOSICION DE MOTIVOS

Izquierda Unida, desde las primeras elecciones municipales democráticas, ha venido diseñando un modelo propio; público, transparente, eficaz y participativo para ejecutar las competencias en materia de servicios públicos municipales que los Ayuntamientos ofrecen a sus vecinos y vecinas.

Precisamente en el momento donde se inicia un proceso de municipalización parcial de los servicios ofrecidos por el Ayuntamiento de León debe recordarse que la deuda reconocida por el último presupuesto municipal ronda los 359 millones, 120 fruto del remanente negativo acumulado, 42 fruto de la deuda con proveedores, y el resto de las obligaciones contraídas con entidades bancarias. La cifra provocada por las deudas generadas por las privatizaciones puede rondar los 180 millones. Por este motivo es necesario poner sobre la mesa la necesidad de iniciar un proceso urgente de recuperación de los servicios ahora en manos privadas y con ello diseñar un instrumento de gestión local que permita la mayor transparencia y participación posible.

Tan solo analizar el pago de 80 millones a Urbaser dentro del Plan Montoro a causa de la deuda generada por el servicio privatizado de basura, y el conflicto que se mantiene en el Juzgado por otros 14 millones en intereses de mora exigidos por la empresa, y reconocidos en su momento por el Equipo de Gobierno PSOE-UPL, no permite concluir que las privatizaciones de servicios son una sangría que debe acabar.

Además, volviendo a los Planes de Ajuste impuestos por el Plan Montoro a los municipios, 148 millones en León, junto con la negativa de la Junta de Castilla y León y el propio Gobierno Central a pactar con los consistorios un Pacto Local que asegure su financiación han provocado una pérdida de servicios y unas imposiciones financieras, ligadas a la ley de Estabilidad Presupuestaria y suficiencia financiera que prácticamente han atado de pies y manos a los municipios. No es necesario redundar en el daño a la ciudadanía en forma de cierre de servicios, despidos y subida de tasas que sufre la ciudadanía leonesa.

La gestión directa ha permitido el mantenimiento del gran parte del empleo en tiempos de crisis en muchos ayuntamientos, creando un marco de diálogo permanente con los trabajadores y la ciudadanía. De este modo la calidad de los servicios ha sido la prioridad en todo momento frente a los recortes.

El modelo ofrecido por IU desde los años 70 en Córdoba y cuyos referentes actuales se pueden encontrar en los ayuntamientos de San Fernando de Henares y Rivas Vaciamadrid; comienza por la constitución de un instrumento de gestión público que podrá denominarse Sociedad Pública Municipal de Servicios. Dicha sociedad que debe formar parte en el organigrama municipal y ejercer sus funciones dentro del modelo de autonomía, que el pleno le designe, puede constituirse como empresa mercantil 100% pública, según el modelo existente de la Sociedad Limitada (S.L), o ejercer sus competencias con el CIF del Ayuntamiento.

Dicha empresa dispondrá de un gerente funcionario de carrera nacional y su consejo de administración será en todos los casos el pleno municipal. De este modo se asegura la independencia absoluta de intereses partidistas y la mayor transparencia posible sin que sus reuniones supongan ningún gasto a mayores al erario público. Las empresas públicas creadas en Córdoba incorporan además, este aspecto se regulará reglamentariamente, una representación de los sindicatos y las asociaciones vecinales del municipio en el propio consejo de administración, con voz y con voto en el mismo. Este aspecto asegura además la participación ciudadana y de los trabajadores en la gestión diaria de la sociedad.

La transparencia, la participación ciudadana y la autonomía de gestión, permiten que el único objetivo de la sociedad sea ofrecer los mejores servicios que el ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía: desde la iluminación y el mantenimiento de las calles, a la limpieza viaria, pasando por la recogida de basuras o el transporte público…….

Todo dentro de un proceso de municipalización de todas las competencias municipales.

A estos beneficios debe unirse la reducción de los costes en el pago del IVA, se reducen al 10%, y los ligados a los empresariales privados; que han generado una parte importantísima de la deuda municipal como se ha recordado más arriba.


Por los motivos anteriores, IU en el Ayuntamiento de León presenta la siguiente

MOCION

“El Ayuntamiento de León constituirá una Sociedad Pública Municipal de Servicios que ejecutará las competencias del consistorio en materia de servicios”

“El Ayuntamiento de León firmará un convenio con el ECYL para que dicha sociedad constituya un Taller de Formación permanente en colaboración con los Centros educativos y de formación del municipio. Especialmente para desempleados. Dicho Taller facilitará la experiencia necesaria para el alumnado de estos centros y personas sin empleo y estará a disposición de su plantilla para mejorar las prestaciones de los trabajadores y trabajadoras municipales.

“El Ayuntamiento de León iniciará a su vez un proceso de remunicipalización de los servicios en régimen de concesión privada cumpliendo con los requisitos legales exigibles para ello. Primero anunciando que no se prorrogarán las concesiones en vigor y segundo emitiendo informes jurídicos sobre la legalidad de los pliegos de condiciones y el nivel de cumplimiento de los mismos por parte de las empresas privadas que ofrecen estos servicios. En el caso de incumplimiento el Ayuntamiento de León lo denunciará como paso previo para la ruptura de la concesión y su recuperación para la gestión directa municipal”.




En León, a 29 de enero de 2013.


Fdo. Manuel Domínguez Chico
Coordinador Local de IU León



En defensa del Hospital Veterinario de la Universidad de León


El Coordinador Local de IU, Manolo Domínguez Chico, exige  a la Junta de CyL que informe al “liquidador” de la Fundación del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de León de la necesidad de mantener abierta esta infraestructura educativa.

IU considera que León no puede perder su Hospital Veterinario, que debe encajarse en la Facultad Veterinaria de León, que debe financiarse con dinero público porque la Junta debe incluir su viabilidad en sus previsiones de financiación de la ULE, que debe ampliar su actividad para asegurar no solo prácticas y complemento de formación; debe aportar y potenciar la investigación en la Facultad de León, atrayendo expertos de todo el planeta para colaborar en la consecución de máximos de excelencia académica en León.

El problema del Hospital Veterinario de la ULE va más allá de eliminarlo justo antes de las prácticas para el alumnado, va más allá de perpetrarse justo antes de la visita de al Comisión de la EAEVE, va mucho más allá del retraso de un año para conseguir un aprobado que asegure el prestigio y el futuro de los alumnos de la Facultad de León, lo verdaderamente importante es la política de la Junta: primero crea una Fundación que no viene a cuento para después desmantelarla y poner a los pies de los caballos a los alumnos que cada vez pagan más por sus matrículas y ven como sus esfuerzos se ponen en cuestión porque la Junta consideró en su momento que quería negarle financiación directa para crear una Fundación que redujese su deuda.

Ahora es el momento de rectificar, incluir el Hospital Clínico Veterinario en la Facultad de la que debe depender, ampliar sus prestaciones para elevar la calidad de la formación, asegurar la mejor investigación y, por último, recuperar a León como una de las Facultades de Veterinaria más prestigiosas del Estado. Nadie puede poner en duda que León no cumple los requisitos mínimos para estar en la élite de las Facultades de Veterinaria; ni por este motivo ni por ningún otro.

Exigimos al Rector que asuma estas reivindicaciones y ponga las verdades sobre la mesa del Consejero recortador de la Junta. Una provincia ganadera como León no puede cuestionar de esta manera un centro de formación e investigación como este. Menos aún con el potencial de veterinarios ganaderos que pueden colaborar con la ULE para desarrollar aún más sus estudios veterinarios.

El Hospital Clínico Veterinario de León no se cierra.


Manuel Domínguez Chico. Coordinador Local de IU León 

IU Laciana y la intervención de Coto Minero Cantábrico


NOTA DE PRENSA CONSEJO POLITICO COMARCAL IZQUIERDA UNIDA LACIANA



1.       En primer lugar tenemos que manifestar nuestra denuncia en cuanto a las actuaciones del Grupo Victorino Alonso, que mantiene actitudes dictatoriales y el chantaje como arma contra sus trabajadores. Planteando despidos de cientos de trabajadores  y cierres de minas, coaccionando a sus trabajadores para que acepten rebajas inasumibles en sus derechos y condiciones laborales y por ello reclamamos la investigación de la Inspección de Trabajo de León.
2.       Izquierda Unida siempre ha apostado por el sector minero como fuente de empleo en las cuencas mineras, pero la actitud del empresario y la pasividad de la Junta de Castilla y León está finiquitando el sector y con ello el futuro de Laciana. Seguimos reclamando la retirada inmediata de las concesiones mineras abandonadas por el Grupo Alonso en Laciana.
3.       Mantenemos nuestra exigencia de apertura de una mina de interior en Laciana, que ante la deplorable actitud de este “empresario” consideramos debe ser abordada con la retirada de sus concesiones mineras y la nacionalización de las mismas. Izquierda Unida está manteniendo también contactos que acreditan el interés de varios empresarios para la reapertura de la concesión minera municipal en San Miguel, una vez aprobada su licitación por el pleno del Ayuntamiento de Villablino, a propuesta de Izquierda Unida. Valoramos positivamente la puesta en marcha por el gobierno del proceso para reabrir minas de lignito en Teruel y reclamamos el mismo apoyo para la recuperación de las concesiones mineras abandonadas.
4.       Denunciamos también la desidia del PP y del Ministro Soria hacia Laciana,  no solamente con los retrasos en el ingreso de las ayudas del 2012, con la excusa del impago del IRPF o de la Seguridad Social por algún “empresario” o la “desaparición” de 500.000 toneladas de carbón propiedad del estado, a través de Hunosa, almacenado en las instalaciones del Grupo Alonso, perjudicando al resto que si cumplen con sus obligaciones y con sus trabajadores. Reclamamos se den explicaciones claras sobre la verdadera causa del retraso, se investiguen los posibles fraudes,  se realice el pago de lo adeudado del 2012 a las empresas mineras que cumplen con sus obligaciones y urgentemente se convoquen las ayudas del 2013.
5.       Lamentamos la postura del Director General de Minas de la JCYL, defendiendo los intereses de un presunto empresario, que acarrea un importante historial de condenas y procesos judiciales, investigaciones y chantajes a sus espaldas (como relata El Pais 24-2-2013); por despidos (declarados ilegales en la Gran Corta de Fabero), por fraude fiscal(por la compra de maquinaria a través de subcontratas), por explotaciones ilegales a cielo abierto (multa del Feixolín, paralización Nueva Julia), por fraude en los suministros a las térmicas (millones de euros a Fenosa en La Robla) y  como denunció en su día Nemesio Fernández Cuesta en el Congreso. Enfrentándose así el señor Mantero a la gestión de sus compañeros del PP en la dirección de una empresa pública nacional. Reclamamos su destitución por el presidente Herrera, con el nombramiento de un nuevo Director, que defienda con rotundidad los intereses públicos y que aproveche esta situación para reclamar al Ministerio la intervención pública de CMC y UMINSA, lo que supondría la salvación de los empleos y la actividad minera de Laciana.
6.       Reclamamos al Ministerio de Industria la intervención de Uminsa y CMC, de forma que se recuperaría el carbón propiedad del estado, se levantaría el bloqueo de las ayudas de 2012, se solventarían las posibles deudas con Hacienda y Seguridad Social (declaraciones de parlamentarios del PP), se garantizaría la continuidad en la explotación de carbón, se recuperaría una importantísima reserva energética, se daría estabilidad a los mineros y un futuro a las comarcas mineras, sin incrementar el coste para las arcas públicas. La intervención de MSP ya fue propuesta por Izquierda Unida y aprobada en pleno el 30-10-1999 en Villablino (adjuntamos copia) y de haberse llevado a cabo en lugar de entregar MSP al Grupo Alonso, hubiera evitado el caos socioeconómico imperante en Laciana y ahorrado miles de millones de dinero público.
7.       Exigimos que el gobierno inicie la negociación del Plan del Carbón 2013-2018 . Asimismo solicitaremos a los diputados de Izquierda Unida presenten diversas enmiendas a la normativa que tramita el Ministerio de Medio Ambiente sobre las centrales térmicas (reclamando la aplicación de condiciones favorables para el consumo de carbón nacional.
8.       Agradecemos, aunque lleguen tarde, el interés del PSOE de Laciana y del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villablino en considerar nuestro PLÁN DE DESARROLLO ESPECÍFICO PARA LACIANA, a pesar de haberlo considerado una entelequia cuando lo defendíamos durante la ultima campaña electoral como una de nuestras propuestas.
9.       Izquierda Unida de Laciana apoya y continuará apoyando las reivindicaciones de los trabajadores de CMC , UMINSA  y de todas sus subcontratas, tales como sus actuaciones ante las instituciones, animando a los afectados a iniciar todas las actuaciones y medidas de presión que consideren necesarias (denuncias a inspección de trabajo, movilizaciones, demandas judiciales, etc), algunas de ellas ya ganadas ante la Audiencia Nacional. También queremos animar a estos trabajadores a perder el miedo  y unir sus esfuerzos hacia el verdadero y máximo culpable, que no es otro que Victorino Alonso, exigiendo al Gobierno la retirada de las concesiones mineras de este empresario y una posterior nacionalización de sus empresas mineras, esto es a nuestro juicio la única solución para el sector en Laciana.
10.   Agradecer por ultimo la elevada participación en las recientes jornadas sobre minería que IU celebro en Villablino.


El Coordinador comarcal
Oscar Liñán Cuellas
lunes, 25 de febrero de 2013

Moción de IU Gordón en defensa del carbón


 Al ILMO. SR. ALCALDE DE LA POLA DE GORDÓN

FAUSTINO CAÑIZARES RUIZ, Concejal del Ayuntamiento de la Pola de Gordón por Izquierda Unida, al amparo de lo dispuesto en el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, somete AL PLENO de este Ayuntamiento para su debate y aprobación, si fuere procedente, la siguiente

         Moción Actuaciones urgentes en defensa del Carbón

EXPOSICION DE MOTIVOS
Debemos  reconocer que la situación crítica en la que se encuentra el Sector carbonífero en España se debe al incumplimiento, por parte del PP y del Gobierno de la Nación, del Plan nacional de reserva estratégica de carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras. Un incumplimiento cuyo único fin es el de acabar con la minería del carbón.
Dicho “Plan” reconoce, en su introducción, como principios generales, el carácter integral del mismo y la necesidad de estabilizar la actividad del sector en niveles compatibles con su condición de recurso estratégico en el abastecimiento energético. Sinceramente, lo que el PP entiende por estabilizar no es lo mismo que reconoce la RAE, ni la lógica, ni la buena fe. Para el PP nacional, con la complicidad de todo el P  incluido el PP de este ayuntamiento, estabilidad es sinónimo de cierre y precariedad laboral.
La intencionada provocación que el ministro José Manuel Soria lleva haciendo contra los mineros, desde antes del verano de 2012, y que está supervisada y aceptada por el presidente del gobierno, forma parte de una orientación muy definida en el Partido popular, (a todos los niveles) y que se puede resumir en que conlleva a la destrucción total del empleo (o al menos del empleo tal como lo conocemos hasta ahora) en las minas. También en las de nuestra comarca, algo, esto, con lo que el PP de Gordón mintió y engañó a los trabajadores de la Hullera Vasco Leonesa, al insinuarles, continuamente, que ellos estaban a salvo. Lejos quedan las promesas que desde la alcaldía de este ayuntamiento se hicieron de defensa del Sector. Ni ha habido defensa, ni respuesta digna por parte de quien, agarrado a su asiento de la alcaldía,  nada ha hecho por los mineros. Cierto es, que hay que reconocerle una habilidad innata para “salir en la foto”, para aparecer el los medios de comunicación rasgándose las vestiduras, prometiendo vaguedades o utilizando las medias verdades que también maneja. Algo esto, que además de ser seña de identidad del PP, parece ser su deporte favorito.
Lo cruel es que para que algunos conserven su puesto, y sus aspiraciones políticas, muchos han de quedarse sin trabajo.
Por todo lo anteriormente expuesto Izquierda Unida propone, al pleno del Ayuntamiento de La Pola de Gordon, los siguientes

ACUERDOS

 1º.- Exigir al gobierno de la Nación la liberación inmediata de la ayudas del ejercicio 2012, por parte del Instituto del Carbón, a aquellas empresa beneficiarias que hayan cumplido correctamente con sus obligaciones.
2º.- Exigir al gobierno de la Nación un compromiso claro, y consensuado con las otras fuerzas políticas del Parlamento, sobre la consideración del Sector carbonero como Sector estratégico.
3º.- Exigir al gobierno de la Nación que se reúna, urgentemente, con los Sindicatos y Empresarios que conforman la Mesa del Carbón para definir el nuevo marco de actuación del Carbón.
4º.- Exigir la dimisión del ministro José Manuel Soria.
5º.- Considerar a José Manuel Soria persona “non grata” en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón.
6º.- Reprobar la actitud inoperante del consejero de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, e instarle a que su departamento actúe de manera inmediata a favor del carbón.
7º.- Exigir la dimisión del alcalde del ILMO Ayto. de La Pola de Gordón por la nefasta gestión llevada a cabo en la defensa del Carbón.




Fdo. Faustino Cañizares Ruiz

Concejal de Izquierda Unida



La Vid de Gordón,  a 24 de Febrero del 2013

IU en defensa del sector pizarrero





        Izquierda Unida de Puente de Domingo Flórez se reafirma en todo lo dicho anteriormente y, confirma que todas las informaciones que han llegado a sus manos y, que han sido denunciadas públicamente, son veraces al 100%; no es propio de esta organización lanzar acusaciones sin sentido ni  razón.

       A la contestación pública que el Grupo CUPA le hace a Izquierda Unida de Puente Domingo Flórez se le responde:

      Si volvemos la vista atrás y  hacemos un poco de historia hace unos 50 años  dicha empresa tenía un gran capital humano y apenas algún recurso más  y, con este patrimonio se levantó un gran imperio…¿A quién o quienes hay que pedir responsabilidades cuando a una empresa a la que se le han dado todos los medios para expandirse y crear empleo no sólo no lo lleva a buen término sino, incluso, satura el mercado con una producción indiscriminada , sin control y sin antes haber diversificado el mismo para absorber dicha producción?

         De momento responsables no aparecen  pero,   perjudicados y agraviados si : ese capital  humano del que hablábamos y que son los trabajadores/as sin los cuales ningún proyecto empresarial se puede llevar a cabo y, el más cercano de los agravios cometidos ,es el de llevar 5 años con el salario congelado y a la espera de una negociación del convenio que, como siempre será un insulto para el asalariado del sector pizarrero.

       Puede ser que el ERE que aplica la Empresa sea el menos malo de todos pero, recordamos que el mejor es el que no se llega a aplicar y, si llegado el caso de que no hay más remedio que hacer un Expediente de Regulación de Empleo que éste se haga conforme a ley antes y después de aplicarlo ( es voz populi que muchos no se respetan en regular producción exigiendo horas extras a los trabajadores/as).

        Con respecto a la sensibilidad que manifiestan con el medio ambiente recordarles que, con” información bien contrastada” el problema que generan las escombreras que crecen de manera indiscriminada y aparecen “súbitamente”, el polvo y el problema del agua a veces contaminada incluso la propia de consumo, no nos parece una concienciación de la empresa en ese tema sino, más bien una dejadez absoluta tanto por parte suya como por parte de las Administraciones Públicas que tienen competencia en estos temas.

       Por último y, esperando  haber contestado a todo lo que nos decía les recordamos que en el compromiso que reconocen como suyo de contratar a trabajadores de las zonas en las que tienen ubicadas las pizarreras, hay una lista de espera que, día  a día, crece cada vez más, con personas que, por derecho aunque sólo se le reconozca el constitucional, esperan para empezar a trabajar.

            Asamblea Local de Izquierda Unida Puente de Domingo Flórez
sábado, 23 de febrero de 2013

¿Dónde está la política turística del Ayuntamiento de León?


El Coordinador Local de IU, Manolo Domínguez Chico, exige al Concejal de Turismo que explique si León tiene un Plan de Turismo para atraer visitantes y aprovechar toda la infraestructura y patrimonio local para construir un polo de atracción turística en León o si solo se limitará a esperar que el Patronato Provincial el diga lo que debe hacer o iniciativas aisladas positivas como paseos en calesa por una ciudad que tiene mucho que ver pero que está desaprovechada.

IU siempre ha considerado que la política turística debe coordinarse a nivel provincial, no compartimos la medida del PSOE de soltar amarras con la Diputación, pero eso no quiere decir que la actividad municipal en esta materia se reduzca a la nada, a no disponer de un Plan que pueda coordinar las políticas municipales facilitando la atracción de turistas y visitantes y menos aún a no explicar claramente el coste total y las razones reales por las que León está huyendo de todas las redes de ciudades donde estábamos.

La política turística de León no puede reducirse a esperar que la Presidenta de la Diputación tenga un tiempo libre mientras huye de los juzgados. León necesita explicar claramente las medidas de supuesto ahorro que se están llevando acabo y sobre todo necesita que todas las concejalías se coordinen con Turismo para elaborar un Plan Integral Turístico que potencie los aspectos positivos de la ciudad, ponga en valor nuestro patrimonio abandonado y tenga especial cuidado con mejorar en las taras y debilidades que están provocando la huída de de turistas y la bajada en el número de pernoctaciones en la ciudad. Parte por causa de la crisis pero en un porcentaje importante porque no conocemos si existe o no una política turística municipal.



 Manuel Domínguez Chico. Coordinador Local de IU León 
viernes, 22 de febrero de 2013

IU León se suma a la marea del 23F


El Coordinador Local de IU, Manolo Domínguez Chico, llama a la participación masiva de los leoneses y leonesas en la manifestación convocada con motivo de las movilizaciones del 23F en León.

IU participará en las mismas como un colectivo más, tanto en las que protagonizaremos por la mañana delante del espacio Vías, como ne la manifestación que partirá de Botines a las 18h.

Esta movilización nacional, que une a todas las reivindicaciones contra los recortes provocados por la crisis y la dictadura de los mercados, integrará a quienes reivindicamos que otra política es posible, que quienes damos ejemplos positivos y consideramos que la política es implicarse en tu realidad para cambiarla y mejorar la vida de las personas, nos sentimos representados e implicados en la mareas del 23F.

Pero también se sumarán las reivindicaciones en defensa de las comarcas mineras, de las Juntas Vecinales, del empleo y contra la reforma laboral y los EREs en la provincia, contra los recortes en educación y sanidad, contra los desahucios, en defensa de la Ley de Dependencia, el Estado del Bienestar … y las políticas sociales y de la democracia que nos han robado para convertir en negocio una crisis que no hemos provocado.

Esta gran movilización no es excluyente, sumará a cualquiera que quiera moverse contra los recortes y por una democracia participativa que borre del mapa la corrupción, la arbitrariedad de algunos partidos políticos y la lejanía de las administraciones de las necesidades de la ciudadanía. Este es el comienzo del camino hacia un modelo verdaderamente democrático y por tanto contará con el apoyo y la participación de IU de León en todo momento.






 Manuel Domínguez Chico. Coordinador Local de IU León 

FEVE debe cumplir y el Ayto exigirle la urbanización de los alrededores de la Estación de Matallana


El Coordinador Local de IU, Manolo Domínguez Chico, exige al equipo de Gobierno del PP que no permita la liquidación definitiva del proyecto de integración de FEVE y exija a la empresa pública que urbanice el sector de la estación.

Si ya fue demencial acabar con el ramal del tranvía a la Universidad y los Hospitales, el único razonablemente diseñado de la ciudad, que antes se renunciara a una Estación de Matallana como referencia intermodal para el transporte público de la ciudad y el área metropolitana. Si bastante amenaza supone para FEVE la liberalización (venta) del sistema ferroviario estatal, si vergonzoso ha sido sufrir recortes en los servicios que unen León con Matallana y San Feliz, si miserable ha sido cuestionar la León-Bilbao. Ahora y después de que el PSOE acabara con el soterramiento de la vía estrecha en León y el PP el tranvía y el Puente de 1031 en Álvaro López Núñez nos encontramos con que con un presupuesto cerrado y aprobado FEVE pone como excusa el mercado inmobiliario para negarse a urbanizar una zona donde urbanizar y dar servicios es obligatorio y necesario pero levantar viviendas si puede esperar.

IU se une a los vecinos y exige que al menos se cumpla uno de lso compromisos contraídos por el Ayuntamiento y FEVE después de acabar con todo lo demás. La urbanización de los alrededores de la Estación puede y debe ejecutarse; salvo que el dinero presupuestado haya desaparecido o destinado a otra obra. De ser esto último exigimos a la Concejala de Urbanismo y los responsables de FEVE que den explicaciones y no nos obliguen a pedirlas en el Congreso de los Diputados.


 Manuel Domínguez Chico. Coordinador Local de IU León 
jueves, 21 de febrero de 2013

El Director de Minas de la Junta debe dimitir


El Coordinador Provincial de IU, Santiago Ordóñez, exige la dimisión inmediata o el cese del Director General de Energía y Minas de la Junta.

Sus palabras miserables son el ejemplo claro de la campaña del PP para acabar con la minería del carbón, con los mineros, con las comarcas mineras y todo en connivencia con el mayor cáncer que sufre la cuenca minera junto al Gobierno del PP en España y Valladolid.

Los antecedentes de Vitorino Alonso hablan por si solos y se unen a la liquidación de la minería de interior en León y la presentación de un ERE sumarísimo para echar a la calle los mismos trabajadores de los que se ha servido en el pasado para trincar las últimas ayudas públicas y cerrar sus explotaciones. No es la primera vez que el Grupo Alonso es pillado in fraganti cometiendo fraude y si un cargo público como el este Director General desconfía de HUNOSA eso quiere decir que asume que la corrupción en su partido lo ha gangrenado de tal manera que incluso desconfía de los gestores públicos de la empresa.

Un cargo de confianza puesto a dedo por el PP, aunque niegue su vinculación directa a este partido, no puede insultar de esta manera a las comarcas mineras que sufren el cúmulo de cacicadas de este especulador, con el apoyo y connivencia del PP y el PSOE, e irse de rositas. Sus declaraciones dejan bien a las claras que la Junta y el Gobierno Central van de la mano para destruir el carbón y que es una decisión política fundamentada en el prejuicio el que le hacer considerar “empresario que crea empleo” a Vitorino Alonso para después negar al Estado la capacidad de crear empleo y gestionar empresas rentables como el carbón. Este es el futuro de la minería: gestión pública alejada de las marrullerías del PP en las grandes empresas del sector y minería de interior respetuosa con el medio ambiente.

Juan Vicente Herrera debería cesar a su “Soria” particular antes de esta tarde o dejará claro que Rajoy y el Ministro de Industria no están solos en su acoso a la minería del carbón.

Santiago Ordóñez González.  Coordinador Provincial de IU en León

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