viernes, 29 de noviembre de 2013

¿Para cuando el presupuesto del Ayto de León?

IU denuncia que el PP anuncia y anuncia el presupuesto municipal desde hace meses pero no terminamos de conocer las cuentas. Nos parece altamente sospechoso el secretismo que gira alrededor del las previsiones contables de León para 2014. No sabemos si están esperando a la aprobación de la Ley Montoro Antiayuntamientos o simplemente no se ponen de acuerdo sobre las cifras. Sin embargo no es de recibo hacer anuncios a bombo y platillo para luego retener el borrador como si quisieran ocultarlo. Salvo que la excusa increíble de los 40 millones en facturas encontradas en cajones les obligase a revisar todo el borrador no existe justificación a este retraso.

IU, fundamentando esta valoración en las cifras que ya han sido públicas, denuncia que estaremos ante un presupuesto municipal seguidista, de nuevo opaco y sin la menor participación ciudadana en su elaboración. IU, como ya hizo el año pasado, solicitará su devolución y sustitución por unas cuentas que de verdad liberen a la ciudad de la dictadura de Montoro, los Bancos y los recortes en políticas sociales. Lo estudiaremos en el plazo de exposición pública una vez se ha demostrado que es imposible tener acceso a las cuentas municipales antes de su aprobación en pleno. Un nuevo ejemplo de falta de transparencia en el equipo de Gobierno del PP.

Si el déficit estructural desde 2010, la diferencia entre gastos e ingresos corrientes, ha crecido hasta los 58 millones. El nivel de ingresos municipal posible se mantiene sobre los 122 millones, como en 2013, y se prevé de nuevo un presupuesto consolidado de unos 132 millones para 2014. Entonces podemos calcular que el déficit en 2015 puede alcanzar los 68 millones. Una vez el PP ha rechazado todos nuestros intentos para mejorar los ingresos municipales es evidente que este nuevo incremento es fruto de la ceguera recortadora del PP y no fruto de Amilivia y Fernández.

Avisar además que en 2014, sino lo impedimos, entrará en vigor la Ley Antiayuntamientos, ya aprobada en el Congreso, que roba a los municipios sus competencias en materia ambiental, políticas sociales, empleo, vivienda, sanidad y promoción de la igualdad de la mujer. Siguiendo estas premisas y sabiendo que estas competencias pasarán a la Junta; nos encontramos ante la ocultación interesada de la práctica desaparición de las políticas más importantes del Ayuntamiento, que lo convierten en un servicio público. Las Guarderías, los centros de formación en materia cultural y ambiental, todo lo que no sea residuos, la posibilidad de desarrollar planes y políticas de acceso al empleo y la vivienda en León, desaparecerán de un plumazo en un proceso de transferencia y privatización que el Concejal Rajoy nos oculta de forma torticera. Torticera porque sus previsiones de sacar a León del atolladero o cumplir las consignas lanzadas este fin de semana del Alcalde se fundamente precisamente en este traspaso, privatización o cierre de servicios municipales. Ni más ni menos. Esto es muy grave.

IU denuncia de nuevo que no se ha consultado en absoluto a los vecinos sobre cuales son sus prioridades en las cuentas. Si las inversiones son como en 2013 simplemente denunciamos que cuando no hay nada que invertir en la ciudad es difícil consultar a la ciudadanía sobre como hacerlo. De todas formas insistimos en que los concejales expliquen y recojan las inquietudes vecinales. Además pedimos que la exposición pública no se limite al horario de oficina. Si para poder ver las cuentas solo puedes acercarte al ayto entre las 9 y las 14h será imposible que la gente afectada conozca la Ley anual más importante del consistorio.

Un presupuesto seguidista, que repite los mismos errores que el año pasado, que una vez consolidado rondará los 134 millones, sumiso como en 2013 a un Plan de Ajuste que se ha convertido a lo largo de los meses en intervención definitiva por el Ministerio Montoro que en 2012 el déficit estructural en operaciones corrientes alcanzó 118.176.000 euros en ingresos frente a 148.364.000 euros, 30 millones, que en 2013 ya han alcanzado los 58 millones acumulados y en 2014 puede llegar a los 68. Salvo que el expolio diseñado por la Ley Antiayuntameintos le haga el trabajo sucio a Emilio Gutiérrez y le libere de servicios, sea para recortarlos, privatizarlos o simplemente cerrarlos.


Por desgracia nos vamos a encontrar con un presupuesto seguidista, imposible de cumplir, que sufre la intervención del estado, generará más déficit y cuyas consecuencias serán la multiplicación de la deuda municipal mas la liquidación de servicios públicos salvo que se consume el mayor atentado contra la democracia que ha diseñado jamás un Gobierno Español, La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local.


Manuel Domínguez Chico. Coordinador Local de IU León 

Reclamación IU subida salvaje de tasas y política expropiatoria en la Residencia de Mayores de la Diputación

IU presenta una reclamación a la subida de un 63% en dos años de las tasas de la residencia Sta Luisa de la Diputación Provincial. Tal y como hicimos el año pasado, IU se opondrá a la política expropiatoria y abusiva de esta gestión privadíssisma de un servicio público por parte de la Institución Provincial.
Estamos ante un nuevo ejemplo de la reforma del artículo 135 de la Constitución, pactada por el PSOE y el PP a la sombra de los intereses de la Troika, de los bancos y de los especuladores que se benefician de la crisis, de los recortes y de la subida de tasas como las de este centro asistencial.
Primero, porque los incrementos son escandalosos en tan poco tiempo. Se puede subir la tasa pero no en un medida tan exagerada.
Segundo, porque la Diputación no respeta el marco regulador de la Junta a la hora de las exenciones en precios, para fijación de los mismos, aplicación de la Ley de Dependencia y generación de deuda.
La Diputación actúa como una empresa privada y pretende hacer negocio con esta residencia pública, de tal forma que genera obligaciones contra el 100% del patrimonio de los mayores, que después se traslada a sus familiares. Provocando un régimen expropiatorio fundamentado en tasas sin exenciones que incumple la Ley de forma abusiva.
Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU León

Luis Miguel Nistal Tomé. Coordinador Provincial de Áreas.

D. Santiago Ordóñez González, Coordinador Provincial de IU León, domicilio para notificaciones en la calle Ramón y Cajal, nº 29 bajo derecha, CP: 24002 de la localidad de León por la presente expone
Que permaneciendo todavía en período de exposición al público la PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA Nº 4 REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE PERSONAS MAYORES SANTA LUISA, con objeto de incrementar los precios públicos y ajustarlos a los costes del servicio se ve en la obligación de presentar la siguiente RECLAMACION oponiéndose a la misma.
JUSTIFICACION
Primeramente es necesario recordar que este centro es de titularidad pública. Un servicio público regulado por la Legislación estatal vigente y por la autonómica, en el ejercicio de sus competencias en materia de políticas sociales y dependencia. Esta condición no es baladí, a pesar de ser un centro público la regulación recogida en la presente ordenanza disimula muy mal que se regula tomando como referencia la Resolución de 27 de julio de 2012, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se establece el coste máximo de plaza ocupada, relativa a la acción concertada en materia de reserva de plazas en Centros de Servicios Sociales.
Sin embargo se obvia enteramente o en su gran medida el contenido del Decreto 70/2011 de 22 de diciembre de 5 de enero de 2012, de la Consejería de Familia e igualdad de Oportunidades, donde tanto el acceso como el coste de un centro público en Castilla y León se regula en función de la capacidad económica del solicitante y/o beneficiario del servicio público y su coste se circunscribe en términos generales al 90% de estos ingresos y al 5% del patrimonio personal o familiar correspondiente. Sin que en ningún momento la contribución pueda exceder el 90% del servicio, garantizando unas cuantía mínimas para los gastos personales previstas en el art. 7 del mismo decreto. A lo que debe añadirse el abuso que supone haber incrementado hasta ahora e intentar subir el precio público de un servicio hasta el 63% desde 2012, como es el caso, y ante lo cual presento oposición por entrar en contradicción con el fondo, la forma y el espíritu de toda residencia pública dedicada a mayores y/o dependientes.
Una situación que se agrava por la sospecha, denunciada por algunos familiares, de haberse solicitado a algunos de los residentes firmar en blanco un documento estos días, sin que sus familiares o tutores sepan porqué. Creando un ambiente de suspicacia sobre un posible engaño a nuestros mayores.
La diferencia entre la Ordenanza que nos ocupa y el precio fijado por la Junta de Castilla y León en los centros públicos que regula es evidente. No tanto en las cifras globales del coste como en la manera de facilitar el acceso a los usuarios con menor nivel de renta. De este modo y primeramente constatar que un centro enteramente público y propiedad de la Diputación Provincial actúa exactamente igual que un Centro Privado y concertado si se aplica el presente reglamento. Lo que en opinión de IU supone un incumplimiento flagrante de la legislación vigente y un posible fraude a los usuarios y familiares afectados. Dado que estas condiciones se han ocultado a los usuarios que decidieron solicitar el acceso al mismo.
Seguidamente recordar que el Articulo 7.3 recoge taxativamente la generación de una deuda para cada usuario del servicio, la cual obliga tanto al afectado como la integridad de su patrimonio, y posteriormente a sus sucesores o tutores legales en caso de fallecimiento o abandono del centro. Dicho articulado no solo incumple toda la normativa en esta materia, supone una medida de cariz eminentemente expropiatorio que define una ordenanza cuyo articulado debe y será recurrido, salvo rectificación, por incluir clausulas contractuales abusivas, estamos ante un contrato entre la administración propietaria y el usuario o tutores legales, que invalidan este precepto y con él cualquier relación entre las partes, espero que con anterioridad a hacer efectivas cuantas acciones legales san necesaria bajo el derecho del que dispongo a la tutela judicial en caso de ver dañados mis derechos o el de mis familiares directos. La Diputación Provincial de León demuestra con este comportamiento mucho más que afán recaudatorio, pretende hurtar el fruto de una vida a los mayores afectados generando obligaciones a sus familiares muy cercanas al denominado coloquialmente como robo. Aquí sería fundamental recomendar la lectura del Artículo 31 de la Constitución Española.
Exigir por último, que la Diputación Provincial revoque la exigencia a los usuarios de renunciar a los beneficios de la Ley de Dependencia. Recursos que por otro lado se destinan directamente a la gestión de la Residencia, por parte de la Junta, sin que la Diputación reparta estos derechos entre los beneficiarios del servicio, para revisar y adaptar las tasas dentro las condiciones reguladas por la propia Junta de Castilla y León.
Sírvase por tanto recibir la presente RECLAMACION y la tenga en cuenta a la hora de mejorar la Ordenanza, revisar las tasas, su incremento y exenciones, y servir a su modificación respetando tanto los derechos como los deberes de los usuarios del centro
En León, a 28 de noviembre de 2013

Sin otro particular

Fdo: Santiago Ordóñez González
Coordinador Provincial de IU León

La LOMCE se aprueba, pero seguimos movilizados para que no se aplique

La LOMCE es una ley impresentable.

El Área de Educación de IU León quiere denunciar, después de la aprobación definitiva de la LOMCE en el Congreso de los Diputados, que el PP impone el modelo educativo de los privilegios y de los privilegiados. El PP legaliza y promueve con la LOMCE un patrón de sociedad anclado en la injusticia, la segregación y la exclusión. Se impone el diseño de una enseñanza para élites y el desmantelamiento de la Educación Pública. Se impone la educación entendida como oportunidad de negocio económico e ideológico del sector privado y religioso.

Ante este ejercicio de coacción reaccionaria Izquierda Unida refuerza su compromiso con la Educación Pública y promoverá medidas de rechazo activo a la implantación de la LOMCE. La sociedad no puede tolerar el ataque a la educación entendida como derecho fundamental y por ello activaremos medidas de confrontación y promoveremos una campaña de insumisión a esta ley que conculca derechos constitucionales y derechos fundamentales. En primer lugar nos desplazaremos mañana a Madrid para participar en la Manifestación estatal contra esta Ley. Este que firma, junto a Los Coordinadores Locales y Provincial de León estaremos en vanguardia de la resistencia contra su implantación. Somos insumisos a la LOMCE desde este momento.

Cuando un gobierno promueve una ley y lo hace de espaldas a la ciudadanía y atendiendo a intereses privados sólo podrá presentarla ante aquellos para los que fue pensada, pero su ley será impresentable como una propuesta abierta a la sociedad y sólo viable en el ejercicio político que utiliza mayorías parlamentarias para desoír demandas sociales. El PP no puede dar la cara ante la comunidad educativa y ante la sociedad civil de aquello que no se ha pensado para todos y todas.

En el Área de Educación de IU León queremos reiterar el hecho significativo de la pasada visita a nuestra ciudad de la diputada del PP Concha Bravo para explicar su ley en un centro de educación privado de nuestra ciudad. No fueron sus palabras y sí lo fueron sus prácticas aquel día las que dejaron claro el trasfondo de lo que la mayoría absoluta de su partido ha sancionado definitivamente en el Congreso de los Diputados con la aprobación de la LOMCE.

Su modelo educativo se difunde en centros de educación privada al tiempo que hacen oídos sordos al rechazo de toda la comunidad educativa. Y se hace así, y se hace allí, porque se establece el diseño de una enseñanza para élites y el desmantelamiento de la educación pública para abrir oportunidades de negocio y espacios de control hegemónico. La LOMCE es una ley impresentable ante la sociedad y ante la comunidad educativa.
Las mentiras utilizadas reiteradamente para justificar esta reforma educativa son fácilmente desmentidas en referencia explícita al texto de la LOMCE. El PP tiene que retorcer la interpretación de su propio texto para hacerlo compatible con sus discursos mentirosos y poder dar la cara ante la sociedad. Pero quedó claro entonces que la LOMCE sólo se puede explicar, contra toda la comunidad educativa que manifiesta el rechazo unánime a este modelo educativo y lo volverá a hacer el próximo sábado en Madrid, en un centro de educación privado porque su ideología educativa es la de la mercantilización del derecho a la educación y del cuidado de intereses elitistas para una sociedad de los privilegios. La LOMCE sólo es explicable en ese contexto y sólo puede ser defendida en el lugar para el que fue diseñada.

Pero la LOMCE es impresentable para el conjunto de la sociedad y por eso la diputada Concha Bravo olvidó intencionadamente, en León, acudir a un centro de educación pública y olvidó intencionadamente solicitar un encuentro con los alumnos y las alumnas, las familias y los docentes de la Escuela Pública para escuchar sus reivindicaciones y razones, y mostrar, ante ellos, la cara de los argumentos que justifiquen la LOMCE.

Sus palabras, como sus leyes, no se dirigen a las familias de la Escuela Pública que ya sufren las consecuencias de la desprotección que supone la destrucción de los derechos sociales. Son palabras, y son leyes, para tranquilizar a los padres y madres de un centro de educación privada. Sólo en el contexto de un centro privado de élite se puede hablar de racionalización de la oferta educativa o se puede justificar la LOMCE con el argumento de que facilitará a las familias la “libertad” de seleccionar el centro que más ventajas competitivas le dé a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral. Son los partidarios de la privatización los que pretenden convertir la preferencia de selección de colegio en un derecho fundamental. Detrás de estas manifestaciones se esconde el rechazo de los privilegiados a la igualdad social, su rechazo a educar a sus hijos e hijas con los que no son de su misma clase. Un argumento que esconde la intención de dar a los centros privados la posibilidad de seleccionar a sus alumnos y alumnas. Y es la LOMCE la ley que abre esa posibilidad.

La atención a la diversidad, las necesidades educativas específicas, los que tienen dificultades de aprendizaje no tienen sitio en un centro privado, porque estos centros no atienden a esos problemas. Y por eso la LOMCE olvida las garantías de una educación de calidad para todos y todas y apuesta por la segregación y la exclusión. Sólo admiten a quienes tienen éxito escolar o dinero para pagarlo, pues atender a toda la pluralidad y diversidad de la población les haría bajar en el ranking de la élite. Y bajaría su demanda por parte del público selecto que verían como sus hijos e hijas se “mezclan” con quienes no consideran “adecuados”.

Detrás de la LOMCE se esconde una concepción selectiva y excluyente de la educación, que pasa a identificar el rendimiento académico, cuando se confunde evaluación con calificación, con los aspectos básicos y fundamentales del desarrollo personal de los alumnos y alumnas. La perspectiva de la compensación de las desigualdades, de “una escuela pública de todos y para todos”, de la atención a la diversidad y la inclusión educativa que forma parte del trabajo y responsabilidad de los docentes, queda claramente en suspenso con esta ley. Y es por esto que sólo en esos centros, tan propensos al ejercicio de la segregación, se puede hacer la desvergonzada defensa de quien confunde educación con segregación. Solo en un centro privado, de élite, que selecciona a su alumnado en función de la clase social y económica se puede presentar una ley impresentable.

Deteriorar el sistema de educación público es la mejor garantía para asegurar el éxito de la educación privada. La LOMCE significa gestión antidemocrática de los centros, criterios pedagógicos productivistas al servicio de las empresas, claudicación frente a las presiones de la jerarquía eclesiástica. Es el modelo del negocio educativo, es el modelo que prostituye la educación y es por eso que la LOMCE es impresentable.

En el Congreso de los Diputados el PP ha dejado clara su apuesta por una educación de primera (privada) y otra de segunda (pública), y deja definitivamente claro que tipo de sociedad pretende construir. La LOMCE es una ley impresentable porque establece la segregación y exclusión educativa e impone un modelo de sociedad anclado en la injusticia frente al logro colectivo de una Escuela Pública como pilar para una sociedad de cohesión e igualdad.

Frente al dilema que nos imponen, concebir la educación como un derecho para todos y todas o un privilegio para una élite de los suyos, su apuesta es clara, pero la nuestra también. Por esto, reiteramos, Izquierda Unida refuerza su compromiso con la educación pública y promoverá medidas de rechazo activo a la implantación de la LOMCE. La sociedad no puede tolerar el ataque a la educación entendida como derecho fundamental y por ello activaremos medidas de confrontación frente a una política que destruye uno de los pilares fundamentales de la justicia social.




José Antonio Alegre López (Coordinador del Área de Educación de IU León)
jueves, 28 de noviembre de 2013

IU León y la liquidación de Coto Minero Cantábrico

En breves fechas, como consecuencia del proceso concursal, el Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid podría aprobar el informe elaborado por los administradores concursales, que incluye el Plan de Liquidación de CMC.
En dicho Plan se recoge la existencia de Unidades Productivas con posibilidades de viabilidad, y para las que proponen su venta conjunta o individualizada.
La recién publicada convocatoria de las ayudas al carbón para el 2013 podría dejar fuera a la empresa Coto Minero Cantábrico, al estar inmersa en un proceso de liquidación concursal, si el IRMC no establece alguna solución en la tramitación de las mismas. Esto unido a las dudas planteadas por los sindicatos respecto a las ayudas del 2014 y el bloqueo en la aprobación del decreto de suministros del 2014, lastra las posibilidades de viabilidad de la empresa a corto plazo.
Con el objetivo de mantener la actividad minera y principalmente los empleos en la comarca de LACIANA, Izquierda Unida provincial de León, a petición de IU en Laciana, dará traslado al grupo de la Izquierda Plural en las Cortes Generales y a IU en las Cortes de Castilla y León de esta situación para que se lleven a efecto las siguientes reivindicaciones al gobierno de Rajoy y de Juan Vicente Herrera
  1. Izquierda Unida pide que en la venta de las unidades productivas de CMC se valoren fundamentalmente las garantías de estabilidad para el empleo que oferten los empresarios interesados, acreditando su solvencia y compromiso de futuro.
  2. Izquierda Unida exige que el Ministerio de Industria trabaje por mantener activas las Unidades Productivas de Coto Minero Cantábrico, que cuentan con las mejores reservas de carbón y están entre las más rentables del país. Reclamamos que la SEPI, directamente o a través de HUNOSA, presente oferta de adquisición para la totalidad de los activos de CMC.
  3. Reclamamos especialmente que la convocatoria de ayudas 2014 se incluyan las unidades de producción (Coto Subterránea, Cantábrico Subterránea y Cielo Abierto Única) con los mismos tonelajes y ayudas que los que le corresponderían a la empresa anterior.
  4. Además exigimos agilidad al Ministerio en la publicación del “Decreto de Garantías de Suministros” estableciendo los cupos de carbón de la totalidad que las empresas mineras deberán suministrar a las centrales térmicas españolas para 2014. Y pedimos que en el mismo, al menos, se mantengan los tonelajes ayudados de suministro de dichas unidades de producción (157.000 toneladas a Anllares y 565.000 toneladas a Compostilla).
Oscar Liñán Cuellas. Coordinador Comarcal de IU en Laciana
Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU León



Exigimos la dimisión de los Senadores del PP por su engaño a las Juntas Vecinales

IU de León exige, como ya hizo con los Diputados en su momento, la dimisión inmediata de lso Senadores del PP por la provincia de León. Atacar la autonomía municipal es muy grave, permitir que se supriman las Juntas Vecinales imperdonable, pero encima engañar a los colectivos que están defendiendo su supervivencia es motivo de expulsión sumaria de la provincia. Vender que enmendarían, solo, el artículo 116 bis para evitar la disolución de las entidades locales menores, para luego generar un adefesio que facilita esta supresión si existe déficit presupuestario en el ejercicio inmediatamente anterior y lo dificulta en cuestiones que nada tienen que ver con un Plan Económico Financiero, más ligadas a los Planes de Ajuste del Plan Montoro para aparentar que se ponen cortapisas es indecente, falsario y demuestra que en el PP de León o son un poco lentos de entendederas o piensan que el resto lo somos. No existe otra explicación.
IU denuncia también que el PP rechazó todas las enmiendas de IU en defensa de las Juntas Vecinales. Salvo la ampliación del plazo para presentar las cuentas, que pasa de ser tres meses a un año y capítulo vergonzoso del 116 bis, el resto de medidas para eliminar de un plumazo las juntas vecinales pasa de tapadillo, con alevosía y nocturnidad de nuevo al Congreso. El clamor de las entidades locales menores no ha sido escuchado, más bien pisoteado por la mayoría absoluta del PP.
IU solicitó la dimisión inmediata de los Diputados del PP en el Congreso en su momento por esta causa. El comportamiento en el Senado merece ser declarados personas non gratas. Si con la minería se comportaron de forma miserable, su postura respecto a la defensa de las Juntas Vecinales les inhabilita como representantes de una provincia donde subsisten 1266 entidades locales menores, que ahora mismo sostiene esta provincia y son la única esperanza contra la despoblación del mundo rural leonés. El PP está matando esta provincia imponiendo medidas leoninas a los concejos, que irán cayendo una a una si no lo impedimos en el trámite del Senado. Donde insistiremos con nuestras enmiendas.
Ni se respeta su personalidad jurídica, ni se eliminan las causas de supresión por motivo de déficit en cualquiera de sus competencias, servicios o presupuesto. También se les roba el control del abastecimiento del agua, pavimento de calles y el cuidado a los accesos de las localidades, que pasa directamente a las Diputaciones.
Esta Ley es manifiestamente inconstitucional, las competencias en materia de regulación de los concejos es exclusiva de la Junta. Si la Junta de Castilla y León no presenta inmediatamente después de la aprobación de esta aberración un recurso de inconstitucionalidad exigiremos igualmente la dimisión de Herrera y su gobierno como lo hemos hecho con sus Diputados en la circunscripción de León.
Añadir a mayores la sugerencia a Isabel Carrasco de que pague de sus sueldos la tasa que pretende imponer a las Juntas Vecinales por tramitar sus cuentas. Ahora que ni la Junta se atreve a imponer tasas por Decreto, que fue retirado, es la Diputación quien pretende cobrar por un servicio que ofrece gratuitamente a los Ayuntamientos. La Diputación de León debe exigir medios a la Junta para reforzar el SAM y proteger a las Juntas Vecinales de la Ley Antiayuntamientos y concejos no sumarse de forma arbitraria al expolio de su patrimonio cobrando por servicios que debe ofrecer de la misma forma que a los consistorios, como un derecho que tienen. a ser asesorados y apoyados por las administraciones públicas sin contrapartidas, porque tanto las Juntas Vecinales como los Ayuntamientos son tan Estado como la Junta y la Diputación, no subalternos al servicio de los intereses de personajes como Isabel Carrasco.

Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial

Un Plan de Vivienda para León. No a los desahucios

IU reivindica un Plan Municipal de acceso a la vivienda como contestación al clamor popular por la inexistencia de políticas serias sobre vivienda en el ayuntamiento de León. En diciembre se cumple un año del nacimiento de Stopdesahucios y las medidas de la Junta en materia de vivienda son francamente insuficientes. León necesita soluciones de urgencia al drama de los desahucios y no algunas decenas de pisos de la Junta en la provincia que no solucionan nada.
La aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana ilegal desde 2004, carente de un Plan de desarrollo y políticas reales de acceso a la vivienda, la negativa a incrementar el porcentaje de vivienda protegida más allá del mínimo exigido por las Leyes Estatal y Autonómica siguen lastrando al urbanismo municipal sin que el PP quiera revisar el PGOU para dar respuesta a las nuevas situaciones surgidas por culpa de la crisis.
La sumisión del PP a intereses privados en materia urbanística y una oficina de apoyo a los afectados por los desahucios casi clandestina, ponen en duda la gestión municipal en materia de urbanismo y de relieve la necesidad de dotar al Ayuntamiento de un Plan Municipal que incorpore políticas específicas para facilitar el acceso a la vivienda de los leoneses y leonesas e incremente las viviendas protegidas y en alquiler a bajo precio un 300% en aquellas zonas calificadas como Urbano No Consolidado, las más jugosas para construir y donde tan solo se reserva el 10% cuando podríamos llegar al 40%.
Sin embargo, la clave está en realizar un censo de viviendas vacías en la ciudad y desde este punto incrementar el parque inmobiliario público, para ponerlo a disposición de la ciudadanía que puede quedarse sin casa. Este Plan de Vivienda en alquiler se realizará en colaboración con la Junta pero será gestionado directamente por el Ayuntamiento desde una doble perspectiva. Disponer de una red de pisos de tránsito a disposición de quien los necesite y otra mayor de viviendas en alquiler, por un mínimo de tres años, que permita cumplir el mandato constitucional de asegurar el acceso a una vivienda digna. Más de un 40% del parque de viviendas de León podrían estar vacío en este momento en León.
Estas son solo unas propuestas urgentes que deberían complementar un Plan de Vivienda para la ciudad de León, justo en el momento que se lo necesita.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Española consagra el Derecho de todos los españoles y españolas a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Del mismo modo, recoge la exigencia a los poderes públicos de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación, y asegurar la participación de la comunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
De este mandato surge la necesidad de una política global en materia de vivienda y suelo que dote de contenido a los instrumentos de planificación y gestión urbana incorporados a la legislación vigente. Así, un Plan General de Ordenación Urbana será ineficaz sin la constitución de un Patrimonio Municipal de Suelo y, a su vez, estas herramientas son inservibles sin una serie de medidas concretas que definan una política municipal en esta materia.
La falta de un Plan específico dedicado a asegurar un mejor acceso a la vivienda explica en gran medida el incremento desmesurado experimentado por el precio de la vivienda en los últimos años. Datos que contrastan con la evolución del número de viviendas familiares por cada 1000 habitantes entre 1991 y 2001 (de 324 a 465) y se contraponen con el crecimiento demográfico de la ciudad, -8,5% entre 1994 y 2004. El Ayuntamiento de León no ha puesto al día estos datos desde entonces.
Si a estas estadísticas añadimos que el 37,5% de las viviendas de León estaban vacías entonces, porcentaje incrementado en un 65% entre 1999 y 2003, y que tan solo el 22% de las ocupadas estaban en régimen de alquiler, podemos describir un mercado inmobiliario descompensado fruto del abandono del mandato constitucional por parte de los diferentes Equipos de Gobierno Municipales.
Con la expectativa de solucionar esta situación IU presenta el siguiente
PLAN MUNICIPAL DE ACCESO A LA VIVIENDA
El Excmo. Ayuntamiento de León se dotará de un Plan Municipal para el acceso a la Vivienda como mecanismo que englobará todas las políticas desarrolladas en el municipio en materia de suelo y vivienda. El Plan tendrá una vigencia nunca inferior a 4 años y dispondrá de las partidas presupuestarias necesarias durante este periodo. Una vez expire el tiempo de vigencia se renovará inmediatamente por acuerdo del Pleno Municipal.
El Plan Municipal de Acceso a la Vivienda incorporará una serie de herramientas y medidas complementarias al PGOU, entre las que se encontrarán las que siguen:
Se constituirá el Patronato Municipal de Suelo de León

Este instrumento permitirá intervenir y regular el mercado inmobiliario conjuntamente con los ya existentes, disminuyendo el precio del suelo y la vivienda, facilitar la ejecución y modificación democrática del PGOU y obtener recursos tanto inmobiliarios, como de suelo para viviendas públicas en alquiler asequible y cualquier régimen de protección.
Su constitución es obligatoria por Ley y permitirá la consecución de sus objetivos habilitando un inventario separado del resto de bienes municipales. De este modo podrá realizarse un control pormenorizado de su gestión anual, que se acompañará de la liquidación de la cuenta correspondiente de la ejecución del presupuesto.
La composición del Patronato tendrá la categoría de Consejo Municipal de Urbanismo y Movilidad, tenderá a la mayor participación social, y se constituirá en Asamblea con un Órgano ejecutivo elegido en su seno.
Medidas concretas que podrían desarrollarse desde el Patronato Municipal de Vivienda y suelo
  1. El Ayuntamiento de León renunciará a la subasta del suelo público como mecanismo para la enajenación del patrimonio municipal, única y exclusivamente para sufragar inversiones reales. Para abaratar el coste final se utilizará la modalidad del concurso público.
  2. El Ayuntamiento de León reservará, como es preceptivo por Ley, un 5% del presupuesto municipal para la adquisición de suelo y patrimonio inmobiliario público
  3. Como requisito obligatorio para recibir ayudas oficiales se acondicionará para personas con movilidad reducida un 3% de las viviendas de promoción privada. Cualquier porcentaje superior disfrutará de una reducción en los precios de las licencias y tasas municipales. El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de la legislación que ya obliga a este porcentaje en las promociones de vivienda pública.
  4. El Ayuntamiento de León será garante de la construcción de un porcentaje adecuado de viviendas adaptadas a los nuevos modelos de familia; solteros y solteras, familias monoparentales, etc.
  5. El Ayuntamiento de León presupuestará anualmente una partida económica específica para fomentar el acceso a viviendas en régimen de alquiler a bajo precio a aquellos sectores sociales con menor disponibilidad de renta (jóvenes, mujeres, parados de larga duración, empleados temporales, familias numerosas, etc.).
Un porcentaje de la partida anterior permitirá llegar a acuerdos con aquellos propietarios de inmuebles desocupados en malas condiciones que quieran sacarlos al mercado. El Ayuntamiento sufragará parte de las reparaciones a cambio de fijar unos alquileres asequibles. Tomando como referencia el S.M.I. y fijando el precio en un 20% de este.
El 50% de la vivienda pública construida en León se destinará a crear un Parque Municipal de Viviendas en Alquiler a bajo precio. Este Parque se incrementará adquiriendo para este uso inmuebles subastados públicamente.

Medidas relacionadas con el IBI.

Un aspecto indisociable del resto de iniciativas presentadas en este Plan es el tratamiento del IBI, reduciéndolo al 0,6 para aquellas unidades familiares cuyos ingresos estén por debajo de dos veces el SMI (casi el 25% de la población)y todo el pequeño comercio local. Por lo cual es imprescindible valorar toda una serie de iniciativas para acercar a la realidad social y mejorar este impuesto:
  1. Se incrementará el tipo del IBI hasta el 0.90% para aquellos sujetos pasivos que posean inmuebles desocupados. 18.039 inmuebles en estas condiciones en León en 20024 era una cifra inasumible (37,5% del total) y expresaba una evolución ascendente fruto de la escasez de medidas contundentes para atajarla (+65% entre los años 1999 y 2003).
  2. Se preverán deducciones al IBI por adaptabilidad para personas con movilidad reducida, el uso de energías limpias…).
  3. El Ayuntamiento de León aplicará en todo el término municipal e instará a las Cortes Generales a la modificación de la base imponible del IBI y así crear una escala de gravamen en función del valor catastral del inmueble el cual aplicar un tipo impositivo progresivo que tenga en cuente el barrio, destino, ocupación, etc.
  4. El Ayuntamiento de León tomará las medidas necesarias en coordinación con la Oficina del Catastro para revisar el valor catastral de los inmuebles de León. Con este objetivo los servicios técnicos municipales elaborarán un diagnóstico del porqué el valor catastral de las unidades urbanas leonesas es el segundo más alto de Castilla y León tras Segovia y propondrán medidas para modificar esta situación.
  5. El Ayuntamiento de León instará a las Cortes de Castilla y León la modificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para darle un carácter progresivo dependiendo de la superficie de la vivienda. Reduciéndolo al 3% en viviendas inferiores a 90 metros cuadrados e incrementándolo hasta el 17% en las viviendas consideradas de lujo.
Medidas contra los desahucios.
  • El Ayuntamiento de León debe insta al Gobierno Central a modificar la ley Hipotecaria, así como toda la legislación estatal necesaria, para evitar el fraude bancario que viene generando la plaga de desahucios que sufrimos por culpa de la crisis especulativa generada por los propios bancos, entre otros.
El Ayuntamiento de León debe crear una Comisión Mixta integrada por las entidades financieras, las asociaciones de consumidores, el propio consistorio y los afectados para favorecer salidas negociadas entre el banco y el deudor.
El Ayuntamiento de León debe aprobar su reconocimiento como ciudad libre de desahucios y como tal no colaborará en la imposición de los mismos.”
El Ayuntamiento de León debe poner a disposición de los afectados por los desahucios sus servicios jurídicos así como sus oficinas de información al consumidor si las tuviera. No solo una oficina centralizada.”
El Ayuntamiento de León tiene que acometer una reforma de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) para que en caso de desahucio, nunca sea el desahuciado quien pague la plusvalía.
El Ayuntamiento de León aprobará una partida de ayudas de emergencia, complementaria a la que gestiona en nombre de la Junta, para no solo apoyar alas personas en riesgo de desahucio por impago del alquiler o la hipoteca también del IBI y las tasas e impuestos municipales.
El Ayuntamiento de León tiene que retirar los depósitos y créditos con aquellas entidades que desahucien a personas con insolvencia sobrevenida.
El Ayuntamiento de León debe negar cualquier colaboración o participación de la Policía Local en cualquier ejecución de desahucios.
El Ayuntamiento de León debe instar al Gobierno Central para que apruebe una moratoria, sin intereses añadidos, de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual, a favor de las personas que se hallen en situación de insolvencia sobrevenida de buena fe.
El Ayuntamiento de León debe instara a la aplicación de la dación en pago regulada en el art. 140 de la Ley Hipotecaria y que a elección del deudor, se pueda cancelar la totalidad de la deuda pendiente, aunque no se haya pactado, con la entrega de la vivienda, de tal forma que se eviten los procedimientos judiciales hipotecarios, las subastas de viviendas y los desahucios que están dejando en la calle a miles de familias.


Manuel Domínguez Chico. Coordinador Local de IU León 
miércoles, 27 de noviembre de 2013

Mociones en la provincia en defensa de las juntas vecinales

IU de León presenta en toda la provincia mociones en defensa de los concejos con motivo del debate definitivo en el senado de la Ley Montoro que pretende eliminarlos.

IU de León añade a la campaña para evitar el robo de competencias y autonomía municipal de lso Ayuntamientos la necesidad de ir preparando la resistencia a la Ley si fuera aprobada. Llevamos un año trabajando sobre un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Contra la pérdida de competencias en materia de igualdad de la mujer, medio ambiente, educación, empleo, políticas sociales de los municipios. Contra la tutela de las Dipùtaciones en servicios como la recogida y tratamiento de residuos, el abastecimiento de aguas, la pavimentación de las calles y los accesoso a las localidades. IU ha comenzado a desarrolalr una campaña en defensa de las ciudades y los pueblos.

Esta campaña incorpora esta moción, los primeros pasos para que los ayuntamioentos de España presenten un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley (lo llevamos preparando desde hace un año) y sobre todo una campaña de isumisión de los Ayuntameintos y las Juntas Vecinales contra la aplicación de la Ley. Esta moción es solo un primer paso que ya se ha regisrado en Villaquilambre, Garrafe de Torío y León, pero que se trasladará a todos los municipios de la provincia de León.
MOCION AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEON
Dña./D......................., Portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de …............., al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN DE RECHAZO AL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL EN LOS ASPECTOS QUE AFECTAN A LAS ENTIDADES LOCALES MENORES.

Exposición de motivos
La Ley Antiayuntamientos o Ley Montoro, presentada por el Gobierno del Partido Popular, cuya denominación en Proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; habla explícitamente e incluye diversas causas de disolución de las Juntas Vecinales. De este modo el Gobierno Central provoca un conflicto al inmiscuirse en una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, tal y como recoge el Artículo 24 bis de la propia Ley, la de regulación en su funcionamiento de las entidades locales menores. Situación que se agrava una vez el Estatuto de Autonomía de Castilla y León reconoce como administraciones propias de Comunidad a los concejos y obliga a la Junta a su defensa y protección.
De este modo, el articulado de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en los aspectos que afectan a las entidades locales menores no solo regulan materias de las que no son competentes, además lo hacen para provocar la pérdida de personalidad jurídica de las mismas, reduciéndolas a meras herramientas de descentralización de las competencias municipales (artículo 24 bis). Igualmente el articulo 3, apartado 2, las excluye del listado de entidades locales, para convertirlas en entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Cuyas consecuencias son las anteriormente descritas. Aunque la Disposición Transitoria Cuarta reconoce dicha personalidad jurídica a las entidades locales menores preexistentes a la entrada en vigor de la norma, es importante analizar la serie de exigencias incorporadas a la redacción, que con una única lectura, queda claro, provocarán que las mismas, entre ellas los concejos de León, puedan ser suprimidos de forma individual en un plazo de tiempo muy corto.
La primera se recoge también en la Disposición Transitoria Cuarta. Las Juntas Vecinales dispondrán de un plazo de un año, hasta el 31 de diciembre de 2014, para presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución. La no presentación de cuentas será causa de disolución. Que a su vez conllevará: a) Que el personal que estuviera al servicio de la entidad disuelta quedará incorporado en el Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial esté integrada. b) Que el Ayuntamiento del que dependa la entidad de ámbito territorial inferior al municipio queda subrogado en todos sus derechos y obligaciones. c) Conforme a la legislación autonómica que afecta a los Montes de utilidad Pública se se podría dar el caso de traspaso definitivo de la titularidad de los mismos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Se les impone, según reza el articulo 26, apartado 2, la coordinación de la Diputación en servicios que tradicionalmente son ofrecidos por las Juntas Vecinales: como es el caso del “abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales”. Dado que en todos los aspectos legales no regulados expresamente por la Ley de Régimen Local de Castilla y León, para las entidades locales menores, se aplicará de forma subsidiaria la normativa general vigente reguladora de Bases de Régimen Local; esta norma, redactada en exclusiva para las competencias municipales, se aplicará igualmente a las Juntas Vecinales. También los apartados del artículo 116 bis y ter.
Un artículo el 116 que supone la mayor amenaza contra la supervivencia de los concejos leoneses. Primero porque un Ayuntamiento que se vea obligado a formular su Plan económico-financiero deberá incluir en el mismo ,al menos, “ la supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio” entre otra serie de medidas diseñadas a reducir, degradar o suprimir los servicios y competencias municipales que ahora mismo ofrecen a la ciudadanía. En un caso extremo y teniendo en cuenta la jurisprudencia que avala la aplicación subsidiaria a las Juntas Vecinales de la normativa general de bases de régimen local; una Diputación podría forzar la disolución de una entidad local que cumpliese los requisitos exigibles para formular igualmente un Plan económico-financiero propio. En vez de suprimir servicios podría desaparecer solo por verse recogida esta posibilidad en el articulado de esta Ley,
Finalmente y dado que las entidades locales menores de Castilla y León tienen competencias propias, derechos y obligaciones reconocidos por la Ley de Régimen Local Autonómica, se les podría aplicar el apartado ter del mismo artículo 116. En este caso se les obligará a calcular, con fecha de 1 de noviembre de cada año, el coste efectivo de los servicios que prestan. Los criterios para el cálculo serán impuestos por el propio Ministerio. En el caso de existir déficit de cualquier tipo se aplicará el apartado bis. Reiterar que las Juntas Vecinales preexistentes a la Ley conservarán su personalidad jurídica y a efectos prácticos continuarán siendo entidades locales. Por lo cual serán víctimas en igual medida de este articulado, que por otro lado genera el agravio de imponer medidas leoninas de intervención efectiva, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a los municipios que en el caso de las entidades locales menores supondrá su supresión definitiva sin posibilidad de ser reconstituidas.
Por todo lo expuesto, IU propone a este Ayuntamiento, los siguientes ACUERDOS:


  1. La negativa expresa a incluir en un supuesto Plan económico-financiero la supresión de cualquiera de las entidades locales del municipio.
  2. Ofrecer asistencia jurídica a cualquier entidad local menor del municipio amenazada de supresión por cualquiera de lso supuestos recogidos en la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Adminsitraciçón Local.
  3. Sumarse a cualquier recurso de inconstitucionalidad o iniciativa en contra de esta Ley que surja del ámbito municipal.

En León, a 15de Noviembre del 2013

Fdo.: …...............
Portavoz de IU

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCEMO. AYUNTAMIENTO DE 

El Presupuesto de la Diputación deja en evidencia al Equipo de Gobierno del PP, y al apoyo de la oposición?

IU quiere denunciar el apoyo explícito del PSOE y no adscritos a un presupuesto restrictivo en lo social y limitado en las inversiones. La UPL, al ser profundamente de derechas, tiene pleno derecho a ser coherente.
También agradecemos, el pleno se ha llenado de este tipo de deseos, tanto a UPL pero sobre todo a Isabel Carrasco por habernos dedicado parte de sus intervenciones esta mañana. La defensa del caciquismo de UPL no nos sorprende en boca de quien viene pero que Isabel Carrasco felicite a los votantes por apoyar en las urnas a quienes la apoyan, a cambio de favores políticos y continuar con la labor generar clientelismo en la provincia, nos parece un halago para IU, que luchamos para liberar a los leoneses y leonesas de esta miseria.
Entrando en lo que es el presupuesto provincial consideramos que las delegación de 3 personas que asistimos como público a la Diputación debemos dar una pequeña clase de lo que es un presupuesto de derechas y otro de izquierdas. Para empezar denunciar que se nos exija identificarnos a la entrada del pleno cuando es público y a nadie le interesa quienes asistimos.
Un presupuesto de izquierdas debería responder a la crisis multiplicando inversiones y políticas sociales. Este presupuesto es de derechas precisamente porque retrae dinero que deberían ir a inversiones y políticas sociales para pagar a los bancos. Si este presupuesto fuera inversor y social habría aprovechado para negociar con los bancos dos años de carencia en la amortización de la deuda para derivar los 13 millones destinados a este fin en 2014 y los de 2015 a invertir en empleo y cobertura social contra la crisis.
No es un asunto a despreciar, Isabel Carrasco quiere pasar a la historia por hacer méritos reduciendo las inversiones de su gestión para pagar la deuda, esta deuda lleva un buen paso en su proceso de reducción. Las entidades bancarias podrían asumir dos años de carencia, en la que solo se pagarían intereses, si las inversiones que se propiciasen permitieran generar actividad económica, beneficiosa también para estos bancos. Con esta media se tendrían 13 millones de euros para inversiones solo en 2014 y para nada se dañaría el erario público. La prioridad debe ser la gente que sufre la crisis, justo los que sufrirán la próxima privatización de la Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia. Este presupuesto asegura el negocio bancario y convierte los servicios públicos en un negocio privado. No nos extraña que no tengan lista de espera, la gente simplemente ya no quiere estos servicios porque el PP y sus lacayos ponen todas las pegas del mundo para negarles estos servicio y las ayudas de emergencia.
Un presupuesto que podría ser expansivo e inversor se convierte en un presupuesto restrictivo, sin apenas inversiones, que compra a la oposición a cambio de darles las migajas de los Planes de Cooperación. Un presupuesto que oculta su interés exclusivo por dar negocio a bancos y empresas afines al PP con el acuerdo vergonzoso logrado con toda la oposición.
Si las políticas sociales no existen o solo sirven para entregarse a intereses privados. Si las inversiones tan solo alimentan el clientelismo de los partidos representados en la Diputación. Si todo esto es cierto y las competencias impropias ya tienen fecha de traspaso a la Junta en 2015 tan solo nos queda constatar que el plan de empleo es parcial y no soluciona el drama en la provincia, es miserable y parcial porque tan solo genera empleos durante el verano en algunos ayuntamientos, y el plan de emprendedores paga las cotizaciones sociales de algunos empresarios. Sin embargo con estas cifras estamos ante un espejismo y un chiste que oculta la verdad.
La oposición se ha vendido a la derecha más rancia y los presupuestos que podrían haber sido inversores tan solo benefician a las entidades bancarias rescatadas con nuestro dinero y las empresas que se lucrarán con los servicios que ofrece la Diputación haciendo caja con el dinero de todos. Este es el presupuesto aprobado hoy en la Diputación que IU analizará al dedillo para presentar reclamaciones, si es posible, y conocer para difundir el daño que provocará en toda la provincia los intereses expúreos del PP, el PSOE, la UPL y los no adscritos de “la casa”.

Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU León

Un Plan de rescate de los leoneses y leonesas de los recortes del PP

IU mantiene su propuesta reducir el numero de concejalías del Ayuntamiento de León a 6, sin contar la alcaldía. Rediseñarlas y con ellas el numero de cargos de libre designacion, asesores y liberaciones de concejales. Aplicar esta medida o no indicara en gran medida si el equipo de gobierno quiere reducir costes de verdad o tan solo trasladar a los leoneses la irresponsabilidad antisocial del gobierno y su incapacidad para dar respuesta a la crisis en el municipio.

Esta propuesta se incluyó en el último programa electoral de IU en 2011 y se trasladó un año antes al Equipo de Gobierno PSOE-UPL. IU, que recibe parte de su financiación gracias a que ingresa el 30% de los ingresos de sus cargos públicos, como media, ha dado ejemplo esta legislatura de esfuerzo en la reducción de estas percepciones, como beneficio general. Dado que los cargos de libre designación que tuvo IU en el pasado percibían su bien ganado sueldo y tan solo generaban ingresos a la organización si los cedían de forma voluntaria; estamos dispuestos y así lo transmitimos al resto de grupos políticos a conservar los empleos municipales antes de generar este tipo de empleo de libre designación.
IU mantiene su propuesta, los hechos nos dan la razón, de desarrollar un Plan Municipal de remunicipalización de todos los servicios privatizados. Para mejorar la gestión y ahorrar costes sin afectar a las condiciones laborales de los trabajadores.
IU exige que se declare y denuncien los intereses de las deudas avaladas por el ICO, por encima del interés marcado por el Banco Central Europeo para prestar dinero a los Bancos. Actualmente es un 0´25% y los intereses que paga León se encuentran alrededor del 5%. Igualmente se negociará una quita en la deuda generada por el Plan Montoro de pago a proveedores a fin de hacer frente a las inversiones y mantenimiento de lso servicios que ofrece el ayuntamiento.
IU propone revisar igualmente todos los ingresos municipales. Las tasas e impuestos. Dando carácter progresivo a los existentes, tal y como se ha propuesto en numerosas ocasiones, y creando otros que graven a la banca, a los pisos sin uso, la publicidad en las calles etc. Dotando de exenciones en razón de los ingresos familiares e incrementando los coeficientes a las rentas más grandes.
IU propone elaborar un Reglamento que delimite los ingresos de los concejales liberados, las medias liberaciones, los ingresos por asistencia a plenos y comisiones y deje clara la incompatibilidad entre cualquier tipo de liberación con cualquier otro ingreso fruto del cargo público que se disfruta en o gracias al Ayuntamiento.
IU ha propuesto reducir costes los últimos seis años, y partimos de la base de que no es necesario alimentar el ego de todos y todas las concejales que sustentan al Equipo de Gobierno. Reducir gastos reduciendo concejalías significa menos gasto en personal de libre designación y liberaciones a cambio de aprovechar mejor a los trabajadores municipales, dentro de la reorganización interna necesaria para adaptar la plantilla a las nuevas necesidades.
IU ha venido proponiendo medidas de ahorro en materia de ingresos de los concejales, reducción de cargos de libre designación, gastos corrientes, vivienda, empleo, gestión de servicios y aprobación de herramientas y comisiones para responder a las consecuencias de la crisis. Insistimos en reducir a 6 las concejalías delegadas. Los concejales sin delegación podrían adscribirse a las nuevas concejalías y trabajar en ellas junto a los nuevos y nuevas responsables.
Proponemos crear una Concejalía de Entorno Sustentable, movilidad y barreras arquitectónicas que recoja las competencias en materia ecológica, urbanismo y movilidad. Asumiría también parte de las delegaciones ahora repartidas entre Urbanismo, Movilidad, Tráfico, Mayores y Obras.
Constituir una Concejalía de Hacienda, empleo y polígonos industriales.
Diseñar una Concejalía Delegada de Régimen Interior, Organización municipal y servicios públicos (incluye empresas y consorcios donde participa el Ayuntamiento).
Una Concejalía de Asuntos Sociales, mujer, infancia, mayores, juventud, fiestas, DDHH y Cooperación para el Desarrollo.
Una Concejalía de Educación, Cultura y Patrimonio.
Una Concejalía de Participación Social, Consumo, Deportes, Seguridad Ciudadana y Protección Civil y Bomberos
Estas son solo unas propuesta generales que hemos detallado en el pasado y que deben conformar un Plan de Rescate de los leoneses y las leonesas víctimas de la crisis. No de lso bancos y los intereses de las empresas y especuladores que han generado la crisis y dictan sus políticas de recortes al PP y antes al PSOE.

Manuel Domínguez Chico. Coordinador Local de IU en León
lunes, 25 de noviembre de 2013

IU se moviliza contra la Ley Montoro

IU de León presenta en toda la provincia mociones en defensa de los concejos con motivo del debate definitivo en el senado de la Ley Montoro que pretende eliminarlos.

IU de León añade a la campaña para evitar el robo de competencias y autonomía municipal de lso Ayuntamientos la necesidad de ir preparando la resistencia a la Ley si fuera aprobada. Llevamos un año trabajando sobre un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Contra la pérdida de competencias en materia de igualdad de la mujer, medio ambiente, educación, empleo, políticas sociales de los municipios. Contra la tutela de las Diputaciones en servicios como la recogida y tratamiento de residuos, el abastecimiento de aguas, la pavimentación de las calles y los accesos a las localidades. IU ha comenzado a desarrollar una campaña en defensa de las ciudades y los pueblos.

Esta campaña incorpora esta moción, los primeros pasos para que los ayuntamientos de España presenten un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley (lo llevamos preparando desde hace un año) y sobre todo una campaña de insumisión de los Ayuntamientos y las Juntas Vecinales contra la aplicación de la Ley. Esta moción es solo un primer paso que ya se ha registrado en Villaquilambre, Garrafe de Torío y León, pero que se trasladará a todos los municipios de la provincia de León.
MOCION AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEON
Dña./D......................., Portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de …............., al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN DE RECHAZO AL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACION LOCAL EN LOS ASPECTOS QUE AFECTAN A LAS ENTIDADES LOCALES MENORES.

Exposición de motivos
La Ley Antiayuntamientos o Ley Montoro, presentada por el Gobierno del Partido Popular, cuya denominación en Proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; habla explícitamente e incluye diversas causas de disolución de las Juntas Vecinales. De este modo el Gobierno Central provoca un conflicto al inmiscuirse en una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, tal y como recoge el Artículo 24 bis de la propia Ley, la de regulación en su funcionamiento de las entidades locales menores. Situación que se agrava una vez el Estatuto de Autonomía de Castilla y León reconoce como administraciones propias de Comunidad a los concejos y obliga a la Junta a su defensa y protección.
De este modo, el articulado de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en los aspectos que afectan a las entidades locales menores no solo regulan materias de las que no son competentes, además lo hacen para provocar la pérdida de personalidad jurídica de las mismas, reduciéndolas a meras herramientas de descentralización de las competencias municipales (artículo 24 bis). Igualmente el articulo 3, apartado 2, las excluye del listado de entidades locales, para convertirlas en entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Cuyas consecuencias son las anteriormente descritas. Aunque la Disposición Transitoria Cuarta reconoce dicha personalidad jurídica a las entidades locales menores preexistentes a la entrada en vigor de la norma, es importante analizar la serie de exigencias incorporadas a la redacción, que con una única lectura, queda claro, provocarán que las mismas, entre ellas los concejos de León, puedan ser suprimidos de forma individual en un plazo de tiempo muy corto.
La primera se recoge también en la Disposición Transitoria Cuarta. Las Juntas Vecinales dispondrán de un plazo de un año, hasta el 31 de diciembre de 2014, para presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de disolución. La no presentación de cuentas será causa de disolución. Que a su vez conllevará: a) Que el personal que estuviera al servicio de la entidad disuelta quedará incorporado en el Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial esté integrada. b) Que el Ayuntamiento del que dependa la entidad de ámbito territorial inferior al municipio queda subrogado en todos sus derechos y obligaciones. c) Conforme a la legislación autonómica que afecta a los Montes de utilidad Pública se se podría dar el caso de traspaso definitivo de la titularidad de los mismos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Se les impone, según reza el articulo 26, apartado 2, la coordinación de la Diputación en servicios que tradicionalmente son ofrecidos por las Juntas Vecinales: como es el caso del “abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales”. Dado que en todos los aspectos legales no regulados expresamente por la Ley de Régimen Local de Castilla y León, para las entidades locales menores, se aplicará de forma subsidiaria la normativa general vigente reguladora de Bases de Régimen Local; esta norma, redactada en exclusiva para las competencias municipales, se aplicará igualmente a las Juntas Vecinales. También los apartados del artículo 116 bis y ter.
Un artículo el 116 que supone la mayor amenaza contra la supervivencia de los concejos leoneses. Primero porque un Ayuntamiento que se vea obligado a formular su Plan económico-financiero deberá incluir en el mismo ,al menos, “ la supresión de entidades de ámbito territorial inferior al municipio” entre otra serie de medidas diseñadas a reducir, degradar o suprimir los servicios y competencias municipales que ahora mismo ofrecen a la ciudadanía. En un caso extremo y teniendo en cuenta la jurisprudencia que avala la aplicación subsidiaria a las Juntas Vecinales de la normativa general de bases de régimen local; una Diputación podría forzar la disolución de una entidad local que cumpliese los requisitos exigibles para formular igualmente un Plan económico-financiero propio. En vez de suprimir servicios podría desaparecer solo por verse recogida esta posibilidad en el articulado de esta Ley,
Finalmente y dado que las entidades locales menores de Castilla y León tienen competencias propias, derechos y obligaciones reconocidos por la Ley de Régimen Local Autonómica, se les podría aplicar el apartado ter del mismo artículo 116. En este caso se les obligará a calcular, con fecha de 1 de noviembre de cada año, el coste efectivo de los servicios que prestan. Los criterios para el cálculo serán impuestos por el propio Ministerio. En el caso de existir déficit de cualquier tipo se aplicará el apartado bis. Reiterar que las Juntas Vecinales preexistentes a la Ley conservarán su personalidad jurídica y a efectos prácticos continuarán siendo entidades locales. Por lo cual serán víctimas en igual medida de este articulado, que por otro lado genera el agravio de imponer medidas leoninas de intervención efectiva, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a los municipios que en el caso de las entidades locales menores supondrá su supresión definitiva sin posibilidad de ser reconstituidas.
Por todo lo expuesto, IU propone a este Ayuntamiento, los siguientes ACUERDOS:


  1. La negativa expresa a incluir en un supuesto Plan económico-financiero la supresión de cualquiera de las entidades locales del municipio.
  2. Ofrecer asistencia jurídica a cualquier entidad local menor del municipio amenazada de supresión por cualquiera de lso supuestos recogidos en la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Adminsitraciçón Local.
  3. Sumarse a cualquier recurso de inconstitucionalidad o iniciativa en contra de esta Ley que surja del ámbito municipal.

En León, a 15de Noviembre del 2013

Fdo.: …...............
Portavoz de IU

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCEMO. AYUNTAMIENTO DE 

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