viernes, 28 de febrero de 2014

Denuncia remitida esta mañana al SEPRONA por el uso del compost del CTR en campos de la provincia

A/A DE LA JEFATURA PROVINCIAL DEL SEPRONA


D. Santiago Ordóñez González, Coordinador Provincial de IU León, con domicilio para notificaciones en la calle Ramón y CAJAL 29 bajo derecha León (24002), y correo electrónico corporativo:

PRESENTA
La documentación relativa a las irregularidades alrededor de la composición del compost que produce el Centro de Tratamiento de Residuos de León (CTR), sito en la localidad de San Justo de la Vega, gestionado por la UTE Legio VII en nombre de la Asamblea de entidades locales menores agrupadas en la Gerencia Provincial de Residuos Urbanos de León (GERSUL).

Dicho informe que participo como anexo concluye la incompatibilidad de su uso, por su propia composición, con su uso en cualquier actividad ligada a la salud pública, menos aún de índole alimentaria. El uso de este producto en cualquier actividad relacionada con estos aspectos anteriormente descritos pueden tipificarse como delitos contra la salud pública y medioambiental según reza la elgislación vigente.

Por estos motivos solicito;

Se incoen las diligencias y actuaciones necesarias para dilucidar estas posibles responsabilidades.

Se reabra el expediente correspondiente en caso de haberse cerrado previamente, por petición de parte, en el caso de haberse realizado denuncia previa por la misma causa.

Se tenga por informada esta comandancia; de la voluntad del denunciante de tomar las medidas legales complementarias a esta misma para clarificar las responsabilidades políticas y técnicas si así fuera necesario proceder.

En León, a 28 de febrero de 2014



Sin otro particular



Santiago Ordóñez González


Las marchas por la dignidad llegan a León. El 22 de marzo nos vemos en Madrid

NO ES TIEMPO DE LAMENTOS
ES TIEMPO DE LUCHA
Las Marchas de la Dignidad del 22M se dirigen a Madrid pasando por León el 5 de Marzo. Llegan desde Galicia - Bierzo - Laciana y desde Asturias para confluir todas en el polideportivo de Navatejera para hacer una comida popular a las 15h.

A las 17h saldremos caminando en MANIFESTACIÓN hacia la plaza de Botines, allí hemos quedado a las 18h Concentración de bienvenida y presentación de las Marchas de la Dignidad 22M en León. 

El día 6, la marcha continua hacia Mansilla de las Mulas, anímate aunque sea hacer solo una etapa.

Se llama a la cooperación de todas las personas a participar tanto en la difusión, como en las marchas, tanto para caminar como para recibir y dar soporte a las marchas. En nuestra sede, tenemos rifas solidarias para apoyar y listas para apuntarse a los buses o trenes.

Mucha más información en:
 







 




León municipaliza la limpieza de interiores. ¿Será por fin? ¿Será de verdad?

IU supone que el PP realizará una municipalización ejemplar de la empresa mixta EMILSA tras dos años anunciándolo.

Tras el nuevo anuncio, puede que el definitivo, de la recuperación de la gestión de la limpieza de interiores, tras incorporarse esta medida a los dos presupuestos aprobados por el PP hasta la fecha, tras mucho darle vueltas, suponemos que por fin han conseguido encontrar la forma de hacerlo sin meter la pata, sin componendas (o con demasiadas).

IU se alegra de que la incoherencia del PP lleve a la sensatez por una vez, que se demuestre que la gestión pública es más barata y eficaz que las privatizaciones. Esperamos que las condiciones laborales y el empleo se conserve porque su deterioro en los últimos tiempos haría intolerable su empeoramiento. Estaremos al lado de las trabajadoras en todo caso.

Por otro lado, exigimos al PP que informe sobre los pormenores de esta operación. Sobre todo si esta plantilla se incorpora a la de limpieza viaria para unificar ambos servicios.

Lo exigimos porque no nos sorprendería que la incoherencia pasase a ser coherencia y se estuviese preparando una gran privatización a no mucho tardar para dar a na empresa amiga todo el servicio. IU recibió noticias muy preocupantes sobre una maniobra parecida cuando se municipalizó la basura y seguimos insistiendo en que no toleraremos aplicar la puerta giratoria para quitarle los servicios a unas empresas y luego generárselo a otras más cercanas a quien manda con mano de hierro en el PP y el PSOE provinciales (es la misma persona).
 
 
Manuel Domínguez Chico. Coordinador Local de IU León

Solidaridad con la compañera de La Robla cuyo negocio ha sido atacado. Ya lo hemos denunciado

Desde la Agrupación local de IU, nos preguntamos ¿vivimos en democracia? Parece que hay quienes o bien rememoran tiempos pasados o todavía no se han enterado que las personas tienen derecho a expresarse, bien con la palabra o con la escritura, no a emplear como se está haciendo en nuestro pueblo, la descalificación, el insulto, la amenaza o la llamada telefónica con numero oculto, amenazando, pues de todo eso hemos padecido los integrantes de esta Agrupación, hasta llegar a estos últimos acontecimientos, donde ya no solo se atenta contra los bienes de las personas sino que con sus actos se ataca a todos los vecinos. No solo se dedican a dañar el local de nuestra compañera sino también la vía pública. Por nuestra parte, tenemos confianza en que tras la denuncia presentada, la Guardia Civil localice al autor o autores de estos actos vandálicos, porque si no es así, nos preguntamos ¿qué será lo próximo que hagan, cuando no tengan argumentos para rebatir las opiniones de los que no piensan como ellos?

jueves, 27 de febrero de 2014

La Diputación pretende seguir cobrando a las juntas vecinales y subirles la tasa inicial

IU denuncia el apoyo, caótico por otro lado pero apoyo al fin y al cabo, a la maniobra del PP para imponer una tasa a las juntas vecinales en forma de precio público. Mucho más caro que la primera.

La excusa del informe de intervención, que ha permitido rechazar las 13 alegaciones de IU contra la tasa, trasluce no solo el apoyo del PSOE a cada cacicada que nos impone Isabel Carrasco, también el afán recaudatorio que destiló el Portavoz del PP.

La insistencia de Jaime González en dejar claro que la Diputación no puede cobrar por debajo del mercado cuando las gestorías ya realizan la labor contable a algunas Juntas Vecinales, el apoyo a esta argumentación por parte del Portavoz del PSOE, la conversión por tanto de la tasa en precio público para poder incrementarla lleva a varias conclusiones.

1. Que la Diputación solo quiere recaudar y de paso dificultar a los concejos recurrir al SAM para procurar la disolución de las juntas vecinales este año.

2. Que la Diputación pretende lo anterior y responsabilizar a los Ayuntamientos bajo la excusa de no tener competencias y derivarlas hacia los secretarios/interventores. Un ejercicio de cinismo y escaqueo claro para ponerse la venda antes que la herida.

3. Que la Junta no ha sido capaz de regular correctamente el apoyo legal y contable a las juntas vecinales. Pero que aún siendo así sigue quedando claro que los secretarios son responsables de dar validez y asesorar legalmente a los pedáneos y que la cuestión contable y financiera es responsabilidad de la Diputación.

IU volverá a alegar en contra de estos precios públicos, exigimos que la Diputación renuncie a imponerlos, y denunciamos como lo ha hecho UPL que nadie salvo nosotros y ellos hayan alegado contra este atentado al futuro de los concejos.

De nuevo queda claro que las Juntas Vecinales y la democracia le sobra al bipartidismo. Que el PP ataque a las Juntas Vecinales se puede esperar. El PSOE vuelve a demostrar que sus posicionamientos políticos no pasan de meros titulares de prensa. Luego en la Diputación se unen al PP en defensa del caciquismo antidemocrático


Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU León


Reestructurar el autobús público de León antes de que el PP acabe con él

El Coordinador Local de IU, Manolo Domínguez Chico, exige que el recorte en el autobús público que entró en vigor el 1 de agosto se revoque para iniciar un proceso de elaboración de un Plan de Reestructuración completa del servicio. Los datos del Plan de Ajuste son palmarios, una subida del billete hasta del 36% sumada al recorte constante en el servicio expulsa a la gente del mismo. IU sospecha que el PP simplemente quiere eliminar el transoporte público en autobús en León matándolo de inanición.

Las recientes denuncias de IU sobre la expulsión de los ciudadanos del autobús público, incluso a los Universitarios de la Linea 3 por la escasez de autobuses y frecuencias, junto con las tradicionales del maltrato del servicio público de autobuses de León: anticuado, mal diseñado, desde el año pasado carísimo y ahora agravado por la caída que recoge el INE del uso del transporte público en todo el país. Los datos no engañan, la subida de tasas afectan a los usuarios del autobús. El problema es que León parte del subsuelo y los datos de uso deben estar llegando en este momento a Nueva Zelanda. Los 500.000 euros de incumplimiento en los ingresos previstos por el Plan de Ajuste dejan las cosas claras. Se echa a la gente del autobús público porque sobra. El PP tendrá que esforzarse mucho para hacernos cambiar de opinión.

IU exige de nuevo revisar el contrato con la concesionaria, presentar un plan de reorganización que sustituya al modelo radial actual, se abra a la ciudadanía la consulta sobre la necesidad de mejorar todo el transporte público en autobús, tren, bici y peatonal y por último acelerar el proceso de constitución del consorcio provincial que ponga orden en todo el modelo del área metropolitana. Incluyendo en el mismo tanto el autobús como el tren convencional, la vía estrecha, sendas ciclistas y zonas de convivencia peatonal.

Un modelo integral que nos libere de la dictadura de ALSA, modernice el autobús público de León y de carácter metropolitano al tren y la bici. Va siendo hora de tomar medidas y la primera es denunciar el contrato del transporte público para poder desde este punto reestructurarlo conforme a las necesidades de la ciudad.

Una revisión que debe trasladarse igualmente a las subida exageradas de los billetes de autobús, entre un 25 y un 36%, el 1 de enero, que se nos han impuesto los últimos meses. Cifras que definen el fracaso de la gestión económica del Concejal Rajoy, de su Plan de Ajuste y sobre todo pone de nuevo relevancia a las soluciones que la derecha (PP) y PSOE dan al transporte público municipal.

En vez de reorganizar el servicio, adaptarlo al s XXI, eliminar el modelo radial y denunciar el contrato leonino de la concesión; da un paso más en la huida hacia delante para seguir expulsando a los vecinos del transporte público. Si ahora estamos en la ratios más bajas de España en el uso del servicio público de transporte esta medida servirá para hacer mucho más grande el agujero del déficit que genera. 7.300.000 euros anuales, más 300.000 por insuficiencia de recaudación. Estamos ante un pozo sin fondo, cubierto de incompetencia que no ofrece las prestaciones necesarias para la ciudad y encima provoca más déficit. El PP ya no puede desentenderse del problema, es su gestión quien nos ha traído aquí y su incapacidad la que puede eliminar líneas enteras de autobús en León en los próximos meses.

Lo único que les exigimos ahora es que piensen un poco menos en los intereses de ALSA y algo más en los usuarios que huyen del autobús público leonés para incrementar aún más el agujero. Recordar que una de las cláusulas más demenciales del contrato del transporte público de León es el cobro por kilómetros recorridos que impide mejorar el servicio por el sobre coste que generaría.

Los grupos que aprobaron estas condiciones en el pleno, PP-PSOE-UPL, deben denunciar este atropello y tomar medidas porque de otro modo acabaremos cerrando todas las líneas porque simplemente nadie las usará. Salvo que esta sea la intención del Equipo de Gobierno del PP.
 

IU La Robla responde al PP

Ya que ha aparecido en prensa la opinión del equipo de gobierno dando por entendido que estamos torpedeando todo lo que intentan hacer, desde IU creemos necesario aclarar nuestra opinión al respecto. Tergiversan la realidad tratando de inculcar entre los vecinos que el Ayuntamiento no puede hacer frente a sus deudas En estos momentos y debido básicamente a los incrementos que tenemos anuales que son de unos 150.000€ (unos 500.000€, desde que entraron a gobernar y a la reducción del costo de la platilla Municipal pues se han jubilado algunas personas y no se han cubierto su puesto, lo que significa una reducción en el gasto de unos 400.000€) nuestro Ayuntamiento tiene capacidad para asumir la deuda y hacer frente a algunas obras, como bien reconocen en el presupuesto que presentan pues los ingresos están muy ajustados y aparte de hacer frente a todos los gastos recogen obras por unos 200.000€.

La primera vez que presentaron los presupuestos para su aprobación fue el año pasado, en las conversaciones que tuvimos sobre el mismo llegamos a acuerdo pues admitieron y se comprometieron a cumplir con todo lo referente al tema social que propusimos, cosa que no cumplieron, este año nos presentan otro presupuesto donde encima recortan en estos temas, ¿creen los vecinos que después de incumplir parte de los acuerdos que llegamos el año pasado este año nos tenemos que volver a sentar a negociar? ¿Para qué? Para que vuelvan a incumplir otra vez lo acordado.

Desde IU, nos congratulamos que después de tres años de Gobierno ya sepan a cuanto asciende la deuda por lo que dejaremos de escuchar todo el abanico de conceptos económicos que han barajado a lo largo de estos años, las personas que nos siguen a través de las redes o han asistido a nuestros mítines recordaran que en la presentación de nuestra candidatura hablábamos de una deuda sobre los 6.500.000€. Que se ha reducido, ciertamente, que remedio les quedaba si no se reduce pagando los prestamos, como son prestamos avalados por el Ministerio, nos lo quitarían del dinero que recibimos de la Administración por lo que reducíamos la deuda si o si, lo que nadie comenta son los intereses que estamos pagando por esa deuda y que se aprobaron con el voto a favor del resto de la corporación, que por ejemplo en el caso del préstamo por el plan de ajuste del PP, nos va a hacer pagar casi 800.000€, de intereses al B. de Santander, lo que intentamos denunciar y no salió adelante porque al resto de la corporación no les interesaba y voto en contra de esta denuncia.

En lo referente a las Ordenanzas, el año pasado se modificaron algunas Ordenanzas y tasas con nuestro voto favorable, pues lo consideramos necesario, este año también se han modificado algunas. En la escuela de música, que según comentan habían aprobado los padres el nuevo precio, pensamos que si fue así es porque no les quedo mas remedio, pero si la balanza está entre cobrar y mantener el precio actual, seguro que ganaba este último, de todas formas recordad que en comisión informativa, creo que en Octubre de 2011, por parte de IU, se hizo una oferta de incremento, que representaba aumentar la recaudación de unos 4.000€ anuales y que aceptaron, pero nunca se llevo a pleno, esto lo estarían cobrando desde Enero de 2012, así que si no lo presentaron en su momento, tampoco deben tener mucho interés ahora en cobrar esto, pues nuestra propuesta como se les dijo sigue en pie y se la habríamos aprobado ahora sin problema. En lo referente a las instalaciones deportivas, es un bien Municipal de disfrute de los vecinos y la lógica es que una persona que ha estado haciendo deporte puede utilizar las instalaciones y no lo que se pretende que si lo quiere hacer así tenga que pagar por usar un vestuario o por ducharse.

En el tema del geriátrico consideramos una vergüenza que a día de hoy no sepamos todavía cuando se va a terminar el mismo, pensamos que es dejadez del Alcalde el que aun no sepamos que va a pasar.

miércoles, 26 de febrero de 2014

La liberación guadiana del Diputado Provincial Joaquín Llamas

IU exige a la Presidenta de la Diputación y al Grupo Socialista en la Diputación que expliquen con pelos y señales que ocurrió exactamente con la denuncia por el compost del CTR y la retirada de la denuncia interpuesta con Joaquín Llamas, sobre todo en relación a la retirada de su dedicación exclusiva y posterior recuperación diez días después.

No estamos ante una cuestión interna de la Diputación, los decretos son públicos y por tanto la ciudadanía debe conocer los pormenores de las maniobras que tienen mucho que ver con la ejecución del presupuesto provincial en forma de sueldos a los Diputados, y también su retirada.

Una medida de este calibre no podría haberse tomado sin la colaboración del PSOE, lo cual agrava todavía más esta situación. Podemos estar ante un intento de chantaje, que solo podrá denunciar el afectado, pero si este comportamiento se debe a la denuncia por la calidad y composición del compost IU está dispuesta a recoger la denuncia y presentarla de nuevo para dilucidar los pormenores de la gestión del CTR en esta materia tan sensible para el campo leonés.
 
 
 
 
 
 
 

El fracaso del Plan de Ajuste del Ayto de León y el barniz que se da para ocultarlo

IU exige al PP que explique como va a vender en la Junta y el Ministerio el fracaso de su Plan de Ajuste y si los concursitos a los que recurre como cortina de humo servirán para tapar las consecuencias de su desastrosa gestión.
Cuando el PP anunció a bombo y platillo que, una vez más, solo puede agarrarse a la Declaración como Cuna del Parlamentarismo para poder mostrar algo de gestión en León, estaba claro que la cortina de humo estaba echada. El pleno municipal de ayer ha demostrado la manifiesta incapacidad del PP para sacar a León de la quiebra, que regalar la autonomía municipal a Montoro solo servirá para empeorar la situación y que los recortes en los servicios municipales y el transporte público tan solo han provocado expulsar a la gente de ellos y no mejorar los ingresos.

Un millón de euros de agujero en el Plan de Ajuste liquidador de servicios que permitirá dar una nueva vuelta de tuerca y acabar con lo poco que quedaba como servicio al ciudadano.

Primero el fracaso anunciado de la subida de tasas y recorte en el autobús urbano. Infrautilizado, mal diseñado y peor gestionado, esto se veía venir. IU lo anunció y denunció desde el primer día. El PP debe recuperar la gestión pública del servicio, reorganizarlo completamente, abandonar el diseño anticuado e ineficaz y permitir a la ciudadanía que lo utilice. No tomar estas medidas cuesta 500.000 euros y su eliminación costará todavía más por este camino.

La subida de tasas es aún más doloroso. Otros 500.000 euros de agujero intolerable que justificará que el Ministerio y la Junta ejecute sumariamente a los servicios municipales. Todo lo no privatizable, se eliminará, todo lo no traspasable a la Junta se liquidará y el ayto de León será lo que quiere Emilio Gutiérrez: un cascarón vacío a espaldas de la ciudadanía.

El Pleno de ayer define lo que será el final de la legislatura municipal. Publicidad engañosa y maquillaje político de la nada que hace el PP, gracias a la declaración de León como cuna del Parlamentarismo.

Fracaso absoluto en el control de la deuda, en el cumplimiento del Plan de Ajuste y pérdida de la autonomía municipal para que la intervención del Ministerio de Hacienda permita liquidar los servicios públicos reduciendo la responsabilidad del Equipo de Gobierno.

Demostración palmaria de la absoluta incapacidad para gestionar los servicios privatizados, evitar que sean un agujero negro económico, y cobardía para municipalizarlos.



Manuel Domínguez Chico. Coordinador Local de IU León


martes, 25 de febrero de 2014

Investigar las empresas de Vitorino Alonso y tomar las medidas contra su política laboral

IU reclama que la inspección de trabajo abra una investigación sobre la totalidad de las empresas del Grupo Alonso para aclarar la situación en que se encuentras sus plantillas. Reiteramos la necesidad de su nacionalización pero con anterioridad a este paso es necesario asegurar los derechos de los trabajadores víctimas de las políticas laborales de este especulador.
 
 
El Grupo Vitorino Alonso, con sus empresas matrices Uminsa y Coto Minero Cantábrico (hasta su proceso de liquidación concursal), ha recibido ingentes subvenciones del Instituto del Carbón en los últimos 20 años, que, algunas fuentes datan en más de 2.110 millones de euros en ayudas desde 1990, es decir más de 351.000 millones de las antiguas pesetas.

Hay que recordar que este empresario “medró” rápidamente adquiriendo numerosas empresas mineras en León, Palencia y Asturias (con el apoyo de ciertos dirigentes del PSOE y el PP). Empresas que iba fusionando con Uminsa a la vez que iba cerrando sus explotaciones y trasladando sus plantillas.

Tanto en Uminsa como en CMC, hasta que perdió el control sobre su gestión, el Grupo Alonso podría haber enmascarado los beneficios, en unos costes sobrevalorados ocasionados por un entramado de subcontratas del mismo grupo, cuyo único fin era generar el gasto a justificar y por supuesto, que sus trabajadores no tuvieran los mismos derechos que los de las empresas matrices.

CMC está en proceso de liquidación concursal, en el que sus explotaciones mineras deberán ser puestas a disposición de nuevos empresarios que apuesten por el mantenimiento de la actividad minera en Laciana y el Suroccidente de Asturias.

Uminsa, a día de hoy ha cerrado todas sus minas de interior en Palencia, solo tiene funcionando el pozo Pilotuerto en Tineo y el grupo Salgueiro en Torre del Bierzo, además de explotar en alquiler algunas capas en la mina de Cerredo, propiedad de CMC.

En los últimos años, el Grupo Alonso, excusándose en el nulo interés del gobierno de Rajoy por el sector de la minería autóctona del carbón, ha impuesto unas durísimas rebajas de condiciones laborales de los trabajadores, en el marco de lo que su portavoz denominaba plan de viabilidad. Muchas de ellas desembocaron en despidos colectivos, que los Tribunales han declarado nulos, condenando solidariamente a las empresas del Grupo Alonso a su readmisión. Así ha sucedido tanto con empleados de las matrices como con algunas subcontratas, tanto de interior, como de cielos abiertos o servicios.

Esto se agrava en estos momentos, en los que por la inquina que el Partido Popular mantiene con la minería, Vitorino ha hecho caer sobre sus empleados todo el peso de las reducciones de ayudas y de su caótica gestión a lo largo de las ultimas décadas.

Especialmente grave es la situación de los empleados de sus empresas auxiliares y subcontratas mineras; Exconci, Vencove, Macneny, Alneba, Cienfuegos, Roel, Ten, Tebsa, Centuria, Enermisa, Carbocal, Esvida, Sermilesa, Cepile, Norfesa, etc. Estas son algunas de las empresas que todos estos años, podrían haber servido para aumentar “presuntamente” ayudas publicas incrementando los costes de los servicios que prestaban a las matrices Uminsa y CMC.

En estos momentos Vencove, Exconci y otras de estas empresas tienen cientos de trabajadores en EREs continuados, que han acabado con la prestaciones por desempleo acumuladas por sus trabajadores, a la vez que sus empresas les adeudan varias nominas.

Y como puntilla, para solventar su pretendida precaria situación económica, la dirección del Grupo Alonso, “propone” a sus trabajadores como única salida la tramitación de su despido, en los que para mayor vergüenza pide que sean solicitados por los trabajadores (por impagos reiterados).

Animamos a esos trabajadores, entendiendo su situación económica angustiosa, a defender sus derechos, entre los que quizás deberian valorar exigir judicialmente la aplicación de lo dictado por diversas sentencias anteriores, en las que se declaró la existencia de Grupo Empresarial Victorino Alonso.

Exigimos que el Grupo Alonso y particularmente UMINSA responda mancomunadamente por el manteniemiento de esos empleos, incorporando a los trabajadores de todas estas empresas, que vienen realizando a lo largo de todos estos años, trabajos y servicios exclusivos para Uminsa dentro de sus explotaciones mineras.

Exigimos igualmente que los trabajadores de las empresas auxiliares antes descritas, dependientes todas del sector, se incluyan en el Plan de bajas incentivadas incorporado en el Plan del Carbón. Se reconozca a todas las plantilla de interior y exterior dentro del régimen especial de la minería y no en el de la construcción o transportes como ocurre en estos momentos.
Reclamamos la actuación de la inspección de trabajo abra una investigacion sobre la totalidad de las empresas del Grupo Alonso para aclarar la situación en que se encuentras sus plantillas.

Oscar Liñán Cuellas. Coordinador Comarcal de IU Laciana

Carlos Alonso. Portavoz de IU en el Ayto de Fabero.

Santiago Ordóñez González, Coordinador Provincial de IU León



Por el Derecho al Aborto

AL PLENO DE LA DIPUTACION DE LEON
 
Don Santiago Ordóñez González, Coordinador Provincial de IU León, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN 8 DE MARZO DE 2014, CONTRA EL ATAQUE A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Estamos asistiendo a uno de los momentos históricos de mayor ataque a los derechos de las mujeres. La derecha está agrediendo a los pilares más básicos de la democracia, como es la aspiración a la que tenemos derecho todas las personas a la libertad, a la autonomía personal, al acceso a los recursos y a la igualdad entre todos los seres humanos.

Esta grave regresión se manifiesta de manera categórica respecto a los derechos humanos de las mujeres, fruto del reforzamiento de las posiciones más retrógradas del sistema patriarcal, que, con la excusa de la crisis económica, ha visto las posibilidades abiertas para deconstruir todo lo conseguido.
El derecho de las mujeres a elegir sobre su maternidad, es decir, si quieren o no ser madres, es un derecho rotundo que debe estar presente en cualquier circunstancia. Es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios.

Las normas segregadoras y sexistas como la de reforma laboral y la reciente ley de educación que se están adoptado, junto con los recortes en sanidad y en la asistencia en la dependencia, la provisionalidad en los empleos, la privatización de lo público... son medidas que están produciendo un impacto de género que está generando el incremento de la feminización de la pobreza y la intensificación de los valores represores de la autonomía de las mujeres.

La asignatura de religión en la escuela pública y la exclusión de la educación sexual y reproductiva de ella, no sólo es consecuencia de la injerencia del clero heredero del franquismo en las decisiones gubernamentales, sino que pretenden instaurar el modelo ya caducado, de mujeres obedientes y sumisas.
Por lo expuesto, el Pleno de la Diputación de León adopta los siguientes ACUERDOS:

1º) Elevar al Gobierno de España la solicitud/exigencia de que no se atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y que no tenga lugar la tramitación del proyecto de ley contra el aborto.

2º) Que se amplíen los derechos reconocidos en el texto vigente para que el aborto deje de ser un delito y pueda practicarse libremente en la sanidad pública en todo el territorio español.

3º) El Pleno de la Diputación se adhiere a todas las manifestaciones del movimiento feminista y organizaciones de mujeres, que en reivindicación de los acuerdos suscritos se convoquen.

4º) La Diputación se compromete a potenciar los valores de igualdad real, poniendo para ello todos los medios a su alcance, como es la defensa de la sanidad y la educación públicas y laicas y planes de empleo y formación igualitarios.

5º) De este acuerdo de dará traslado al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados



En León, a 20 de febrero de 2014




Nacionalizar la energía ya


AL PLENO DE LA DIPUTACION DE LEON
 

Don Santiago Ordóñez González, Coordinador Provincial de IU León, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN Relativa a la nacionalización del sector energético.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
La factura de la electricidad de España es la tercera más cara de Europa, después de Irlanda y Chipre, y las compañías eléctricas españolas de UNESA tienen un margen de beneficios del doble de las europeas. Las grandes empresas eléctricas ya se beneficiaron de los ingresos por costes de transición a la competencia, la moratoria nuclear, las ayudas al gas, entre otras; y todo ello, según se decía, en la búsqueda de más competencia, al compás marcado por la OCDE y de las Directivas de la UE, para lograr un mercado más eficiente y conseguir una reducción de costes que deberían trasladarse a los precios.
Las empresas eléctricas españolas tienen unos ratios de rentabilidad bastante superiores a la de sus homólogas europeas. No es lógico que en nuestro país, con la crisis económica que estamos soportando, todas las grandes empresas eléctricas españolas sigan teniendo más beneficios que las grandes empresas europeas. De hecho los datos correspondientes a 2012 (los de 2013 globales no están todavía) señalan que Iberdrola y Endesa fueron la segunda y la tercera eléctricas europeas que más beneficio obtuvieron en 2012, solo por detrás de la francesa EDF y por delante de grupos como GDF Suez, National Grid, E.ON o Enel.

Desde el estallido de la crisis, los márgenes del sector en las grandes empresas europeas han ido retrocediendo con fuerza a ritmos de doble dígito anual, mientras que en España estos márgenes aumentaron en 2008, apenas cayeron en los ejercicios de 2010 y 2012 y todo apunta a que el cierre del ejercicio de 2013 volverá a darles beneficios. De hecho, en los tres primeros trimestres del año 2013, las principales compañías eléctricas españolas, aunque aseguran estar sufriendo mermas multimillonarias en sus cuentas de resultados, reconocen unos beneficios de 7.638 millones de euros. Por ejemplo Endesa, que vuelve a repartir dividendos, ha obtenido un beneficio de 1.551 millones hasta septiembre. El beneficio neto obtenido por Iberdrola hasta septiembre es de 2.275 millones y el de Gas Natural Fenosa llega hasta los 1.120 millones de euros.

Esta evidencia se da en unos momentos en los que, la crisis y las políticas neoliberales puestas en marcha con la justificación de ella, provoca que el 10% de la población sufra pobreza energética. Más en una provincia como León que es productora y exportado de energía sin que recoja ningún beneficio en forma de tasas o inversiones en industrialización de nuestras comarcas. Al revés, se las amenaza con inversiones innecesarias como la autopista de alta tensión Sama-Velilla.
Es urgente abordar una reforma, en profundidad, del sistema energético. Es necesario planificar, en el corto y medio plazo, medidas estructurales de reforma del mercado eléctrico. Los múltiples cambios regulatorios que ha puesto en marcha el Gobierno no han solucionado el problema del déficit, han agravado el drama social, económico y ciudadano que significa el insoportable encarecimiento de la factura energética. Un drama que también se traslada al ataque furibundo perpetrado por el PP contra el sector del carbón nacional, en forma de sabotaje a las empresas, recortes y la imposición de un Plan de Cierre programado antes de 2018.
 
Hasta ahora, la benevolencia del regulador con las empresas eléctricas queda demostrada por la falta de control y por la generosidad en los criterios de fijación de tarifas: el resultado es que, a pesar de la liberalización teórica, al menos el 50 % son precios regulados para remunerar inversiones en generación, transporte y distribución, además de los costes de transición a la competencia y de la moratoria nuclear entre otros.
 
No es ajena a la situación la cuestión del déficit tarifario. Déficit tarifario, por otra parte, que consideramos ilegítimo por cuanto no es nada evidente que el origen del déficit tarifario, la famosa diferencia entre coste real y el calculado, que “justifica” un presunto déficit de miles de millones de euros, se haya valorado de forma correcta ya que se basa en acumulaciones sucesivas al valor de origen (Marco Legal Estable), y además esa cifra se ha alcanzado a partir de los datos de las propias compañías que han dado por buenos los sucesivos gobiernos del estado y que reconoce  el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
 
El “presunto” déficit tarifario existente es de naturaleza regulatoria y no económica tal y como la propia Comisión Europea afirmaba en la evaluación del programa nacional de reformas enviado por el Gobierno, en la que atribuía el problema del déficit tarifario a que el sistema de tarificación de la electricidad sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente. Es necesaria una auditoría energética, pública y rigurosa, que determine las causas reales, si las hay, del déficit tarifario.
El Gobierno, en varias ocasiones, ha anunciado su intención de presentar antes una nueva reforma del sector eléctrico, que es realmente necesaria pero que, para que sea efectiva, debe abordarse en profundidad para que nuestro mercado esté basado en la eficiencia, la independencia energética, las energías autóctonas como el carbón y su compatibilidad con las energías limpias. El nuevo sistema debe eliminar de la factura que paga la ciudadanía, aquellos conceptos de la tarifa que hoy se muestran innecesarios como son los costes por interrumpibilidad, o los pagos por capacidad o los de compensación por los Costes de Transición a la Competencia cobrados de más por las eléctricas que han sido cifrados en 3.400M€ por la CNE. 

Esta reforma debería garantizar un mix energético en el que, junto a la reserva estratégica de fuentes primarias de energía autóctona, como el carbón, y que favorezca la implantación progresiva de las energías renovables.
También se hace necesario favorecer el autoconsumo de energía con balance neto, que además de reducir las emisiones contaminantes y de CO2, mejorar la balanza comercial al tener que importar menos petróleo y gas, disminuir la dependencia energética y asegurar el suministro energético, supone una clara mejora en la eficiencia energética al generar la energía en el punto de consumo, logrando una producción descentralizada; y a medio plazo supondría una reducción de los costes medios del kW, democratizaría el sistema energético y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector.

Tenemos, en estos momentos, una posibilidad de actuar para solucionar el problema, para evitar el drama de la pobreza energética, para evitar las repercusiones negativas que sobre la ciudadanía, sobre los servicios públicos y sobre la actividad económica tienen los excesivos costes del suministro eléctrico. Se trata de aplicar lo que recoge el Artº 128 de la Constitución.

 


 
Por lo expuesto, el Pleno de la Diputación de León, adopta los siguientes acuerdos:
1º.- La Diputación insta al Gobierno Central a aplicar al sector privado energético español lo recogido en el Artº 128.2 de la Constitución y, por consiguiente:


  • Acuerde la inmediata intervención de las empresas del sector energético para preservar el interés general de un servicio esencial. Desde la producción al transporte

  • Presente de forma inmediata un Proyecto de Ley ante el Congreso de los Diputados, que reserve para el sector público la totalidad de los servicios energéticos.

  • Abra una mesa de diálogo y negociación, con participación de los agentes sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos parlamentarios, al objeto de acordar la necesaria reforma del sector energético español.





2º.- La Diputación insta al Gobierno Central a adoptar todas las medidas legislativas oportunas para que quede garantizado el suministro básico esencial de energía y nadie más pueda verse privado de este servicio básico por carencia constatada de recursos económicos.


3º - Dar traslado de este dicha resolución, además de al Gobierno de la Nación, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.


En León, a 20 de febrero de 2014


Moción en el Ayto de León con motivo del 8 de marzo. Por un aborto libre y gratuito

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEON
 
 
Don Manuel Domínguez Chico, Coordinador Local de IU León, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN 8 DE MARZO DE 2014, CONTRA EL ATAQUE A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Estamos asistiendo a uno de los momentos históricos de mayor ataque a los derechos de las mujeres. La derecha está agrediendo a los pilares más básicos de la democracia, como es la aspiración a la que tenemos derecho todas las personas a la libertad, a la autonomía personal, al acceso a los recursos y a la igualdad entre todos los seres humanos.

Esta grave regresión se manifiesta de manera categórica respecto a los derechos humanos de las mujeres, fruto del reforzamiento de las posiciones más retrógradas del sistema patriarcal, que, con la excusa de la crisis económica, ha visto las posibilidades abiertas para deconstruir todo lo conseguido.
El derecho de las mujeres a elegir sobre su maternidad, es decir, si quieren o no ser madres, es un derecho rotundo que debe estar presente en cualquier circunstancia. Es un derecho fundamental y, como tal, no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más reaccionarios.

Las normas segregadoras y sexistas como la de reforma laboral y la reciente ley de educación que se están adoptado, junto con los recortes en sanidad y en la asistencia en la dependencia, la provisionalidad en los empleos, la privatización de lo público... son medidas que están produciendo un impacto de género que está generando el incremento de la feminización de la pobreza y la intensificación de los valores represores de la autonomía de las mujeres.

La asignatura de religión en la escuela pública y la exclusión de la educación sexual y reproductiva de ella, no sólo es consecuencia de la injerencia del clero heredero del franquismo en las decisiones gubernamentales, sino que pretenden instaurar el modelo ya caducado, de mujeres obedientes y sumisas.
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de León adopta los siguientes ACUERDOS:

1º) Elevar al Gobierno de España la solicitud/exigencia de que no se atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y que no tenga lugar la tramitación del proyecto de ley contra el aborto.

2º) Que se amplíen los derechos reconocidos en el texto vigente para que el aborto deje de ser un delito y pueda practicarse libremente en la sanidad pública en todo el territorio español.

3º) El Pleno del Ayuntamiento se adhiere a todas las manifestaciones del movimiento feminista y organizaciones de mujeres, que en reivindicación de los acuerdos suscritos se convoquen.

4º) El Ayuntamiento se compromete a potenciar los valores de igualdad real, poniendo para ello todos los medios a su alcance, como es la defensa de la sanidad y la educación públicas y laicas y planes de empleo y formación igualitarios.

5º) De este acuerdo de dará traslado al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados


En León, a 20 de febrero de 2014


sábado, 22 de febrero de 2014

El PP y como le da importancia al sector agro y ganadero de la provincia

IU exige al PP y su Consejería de Educación por las razones por las que el sector agroalimentario es tan importante y a la vez eliminan el Grado de Agroalimentarias en la Universidad de León.
Este tipo de incoherencias en los hechos quedan en evidencia cuando a otras consejerías y destacados militantes del PP se les llena la boca anunciando la enorme importancia de futuro que tiene la industria agroalimentaria en nuestra provincia.
Hacerse foto y dar trigo está dejando en evidencia al PP. Uno de los casos más escandalosos es retirar de la ULE los grados formativos en esta materia y después dejar el destino de una gran parte de la provincia en manos de este sector.
IU exige de nuevo al PP que apueste por generar una industria de trasnformación agroalimentaria y ganadera en león, que fomente la constitución de cooperativas fundamentadas en la producción ecológica y de calidad que de un marchamo de calidad diferenciado a la provincia de León y permita vender nuestra productor sin necesidad de depender de os precios marcados por intermediarios especuladores.
León necesita un Plan para convertir la producción agraria y ganadera en una fuente de empleo y nueva industria puntera que puede aprovechar el polo tecnológico a generar, si así lo queremos, alrededor del INTECO.
Para esto es necesaria la implicación de todas las administraciones públicas y facilitar esta labor a los productores. Justo lo que no está ocurriendo.



Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU León

Nota de IU Cacabelos en apoyo de la plantilla municipal

Sobre l@s trabajador@s municipales


La  Asamblea de Izquierda Unida de Cacabelos denuncia que el Alcalde dedica más tiempo a enfrentarse a l@s trabajador@s que a conseguir inversiones para el municipio


El alcalde, como responsable máximo del municipio, debería velar por el buen desarrollo del trabajo en todas las áreas de su competencia.

Consideremos que l@s trabajador@s municipales son el mejor recurso que tiene este Ayuntamiento. Del equipo de gobierno depende la responsabilidad de gestión y el hacer, de la plantilla municipal, un equipo de trabajo eficiente, donde se respeten siempre unas condiciones laborales dignas.

En este caso es evidente el fracaso estrepitoso de tal gestión. El Alcalde solo ha conseguido judicializar la vida municipal entre l@s trabajador@s y el Ayuntamiento.  Queda clara su incompetencia en la negociación y en la consecución de algún tipo de acuerdo que no sea la imposición de su propio criterio.

Desde IU le pedimos que invierta tiempo, trabajo y recursos en mejorar los servicios a la ciudadanía, incluídos los derechos de l@s trabajador@s.


Asamblea de IU Cacabelos
viernes, 21 de febrero de 2014

Una opinión muy informada de como reparte el dinero la Diputación de León

TRIBUNA DE OPINION

Oscuros repartos

El pasado 29 de enero el pleno de la Diputación de León aprobó el reparto del dinero correspondiente al Plan Provincial de Cooperación Municipal 2014 entre los municipios de la provincia. Una vez más, dicho reparto se ha realizado sin establecer previamente los criterios, “objetivos y equitativos”, por los que tendría que regirse, tal como exige el artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local. El resultado, como es fácil de suponer, ha sido, como en pasadas convocatorias, arbitrario e injusto. Hay diferencias en las cantidades asignadas que saltan sospechosamente a la vista. Por otra parte, si un ayuntamiento se considera perjudicado en la cuantía recibida, ¿a qué puede agarrarse para presentar su reclamación?

Las “Bases generales reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en la Diputación provincial de León”, por las que se rigen las convocatorias anuales, ordenan: “Las subvenciones se adjudicarán teniendo en cuenta los criterios objetivos y la ponderación entre ellos que se establezca en las bases específicas de cada convocatoria”. Pues bien, el pleno de la Diputación incumple, año tras año, este mandato. En la convocatoria de este año, como en las de años anteriores, no hay ni rastro de tales criterios y de tal ponderación.

Lejos de atenerse al procedimiento legalmente establecido, la Diputación actúa, al parecer, de la siguiente manera: 1. Distribuye la suma total del dinero de las subvenciones entre los grupos políticos representados en la Diputación, de forma más o menos proporcional - se supone - al número de habitantes de las localidades regidas por un alcalde o alcaldesa del respectivo partido. 2. Las diputadas y diputados de cada grupo político reparten el montante que les ha sido asignado entre los ayuntamientos de su mismo partido. 3. Los ayuntamientos cuyos alcaldes no pertenezcan a ninguno de los grupos políticos representados en la Diputación quedan a merced de los gustos - o disgustos - de la presidenta de la Diputación.

¿A qué viene esta distribución por identidad política de las alcaldías, cuando los municipios en sí, únicos destinatarios legítimos de las subvenciones, no tienen color político alguno ya que están formados por el conjunto de su ciudadanía? ¿Con qué criterios reparten los dineros los diputados y diputadas de cada grupo político? En ninguna parte se dice. Queda a la discrecionalidad de quienes mandan en el partido, pudiendo favorecer o postergar a su antojo. Y ay de aquel alcalde o alcaldesa que ose poner en cuestión alguna de las actuaciones de quienes tienen mando en la Diputación. Esta forma de actuar contribuye a fomentar el clientelismo político, algo que habría que erradicar definitivamente. Los ayuntamientos se convierten fácilmente en simples lacayos de la Diputación, compitiendo entre sí para ver quién saca más tajada, aunque sea a costa del ayuntamiento de al lado.

He realizado un muestreo por las convocatorias de los planes provinciales de cooperación municipal de unas cuantas diputaciones de España y en ninguna he visto un reparto semejante al que hace la de León. En todas, al menos en las que yo he visto, se establecen diversos criterios, que pueden ser más o menos acertados, pero criterios que intentan ser objetivos y equitativos, de manera que las corporaciones municipales saben a qué atenerse y cómo reclamar en caso de discrepancia con la cuantía asignada.

En los medios de comunicación se acostumbra a aplaudir el reparto del dinero de los planes provinciales que lleva a cabo la Diputación de León por el hecho de que dicho reparto cuenta con el apoyo unánime de todos los diputados y diputadas, como si la unanimidad fuera el argumento definitivo. La unanimidad en este caso puede basarse en el interés que los grupos políticos tienden a compartir: tener amarrados a sus propios alcaldes y alcaldesas, ser los dueños del control del dinero. Para valorar la idoneidad de estos repartos habría que comprobar si se han realizado de acuerdo con criterios objetivos y equitativos, análisis que no suele hacerse.

De forma diferente actúa la Diputación en los Planes de Empleo que también convoca anualmente. En estos sí se establecen criterios objetivos. El número de puestos de trabajo y meses de duración queda fijado por determinadas franjas en el número de habitantes. Es cierto que en este caso es mucho más fácil marcar pautas claras de actuación. Pero, salvando las diferencias, algo así tendría que hacerse en lo que respecta a los Planes de Cooperación Municipal. Al número de habitantes, criterio principal con los correspondientes atenuantes, habría que añadir algunos otros. Alardea la Diputación de León de ser la más transparente de España. Mucho tendrá que cambiar para serlo de verdad.

Feliciano Martínez Redondo

Concejal (Agrupación Electores Otro Aire) del Ayuntamiento de Villaquejida

El PP desembarca en León para intentar engañarnos de nuevo

IU exige al PP que no nos cuente milongas y luches contra el paro, la economía sumergida que ellos fomentan y la política submarina, más sumergida todavía, que defienden.
Del mismo modo que las chanzas de la FELE contra la economía sumergida chocan con las maniobras de fuga de capitales, pago de nóminas con sobres e intentos constantes de reducir sus obligaciones con el fisco, para sostener los servicios básicos y conservar los derechos de los trabajadores, va siendo hora de derogar la reforma laboral e imponer una reforma patronal que termine con esta caradura, el PP hoy en León debe dar muchas explicaciones sobre la publicidad engañosa que despliega y los escándalos que encubre.
No solo son los otros sobres, la financiación ilegal que se investiga en el caso Gurtel o el uso de la fiscalía para proteger a sus militantes y a la familia real, es su fraude electoral para imponer recortes a favor de bancos y especuladores con la excusa de una Troika cuyas dos patas principales han sido diseñadas, el Banco Central Europeo, o designados, Comisión Europea, por nuestro propio gobierno, gobierne el PP y el PSOE, para servir de excusa a unas políticas de rapiña contra las víctimas de la crisis que son ideología y, como tal, pueden ser sustituidas por otra de reparto de la riqueza y blindaje del modelo social que nunca hemos llegado a disfrutar del todo.
No solo es el fraude y las mentiras sobre las políticas para “salir” de la crisis robando los derechos a la ciudadanía, manteniendo a la población en crisis perpetua mientras los beneficios empresariales y bancarios crecen a base de bajar salarios y se pretenden vender cifras macroeconómicas como la salida de un túnel cuya luz pagamos a base de tarifazos. Es también la reforma fiscal y las amnistías que permiten no pagar alas grandes fortunas, mientras autónomos y asalariados sostienen los ingresos del Estado a base de impuestos indirectos, como el IVA, o la subida de las cargas a los autónomos. Todo a cambio de cuestionar el sistema de pensiones públicas para desmantelarlo y privatizarlo, como a la Sanida, la Educación o los servicios municipales.
El mayor fraude en este sentido ha sido el Plan de Cierre del Carbón que sigue aplicándose con saña en la provincia con la complicidad del PP leonés. Exigimos una rectificación inmediata. Que el gobierno imponga en Bruselas que no se cumplirá el Reglamento que fija el fin del sector en 2018 y su nacionalización inmediata junto con las eléctricas y todo el modelo estatal de generación de energía para terminar con la dictadura de las eléctricas. Que dictan las políticas de todos los gobiernos, incluido este.
Por último exigir al PP y su plana mayor que tomen medidas inmediatas con el escándalo constante que significa mantener a Isabel Carrasco en la presidencia del Partido y la diputación. El momento de la imputación tras la ristra de escándalos que acumula será muy tarde. Si el PP no anuncia medidas contundentes hoy mismo estará contribuyendo a ensuciar un poco más la política leonesa, al igual que lo están haciendo con la nacional.

Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU León 

Basta ya de políticas de maquillaje en León. Ni hay movilidad, ni sostenibilidad, ni servicos públicos.

IU pide crear una Concejalía de Entorno Sostenible que desarrolle todas las políticas de las que el Alcalde, el Concejal de Tráfico y la Concejala Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente presumen sin estar legitimados para ello.
Primero fue el anuncio del abandono del carril bici en la ciudad, hace semanas los caminos escolares en materia de movilidad en el Ponce de León, en zona peatonal por otra parte, y ahora nos presentan un minibus eléctrico de recorrido turístico y nada práctico, más allá de ahorrar dinero con el tiempo a la concesionaria permitiendo el despido de conductores de autobuses públicos.
Este tipo de iniciativas aisladas dejan todavía más patente que las políticas de movilidad y sostenibilidad brillan por su ausencia en León. El recorte en el servicio de autobuses, el cero a la izquierda en que se ha convertido la oficina de movilidad, salvo para diseñar itinerarios escolares en zona peatonal, estamos esperando un itinerario de este tipo desde La Granja, la nula formación en materia ambiental impartida por el ayuntamiento, el abandono del carril bici y la Agenda Local 21, el amago en plan perro del hortelano sobre San Marcelo son algunos de los ejemplos de los que el ayuntamiento no hace pero presenta como logros. Como no tiene nada sobre lo que presumir tampoco nos sorprende.
Desde IU reclamamos desde hace años reducir el número de concejalías del ayuntamiento. En este caso consideramos necesario disolver el área de urbanismo para integrarla como complemento en una más grande que asuma medioambiente, urbanismo, tráfico, jardines y servicios básicos como agua y basura. Esta concejalía coordinaría las comisiones de trabajo y seguimiento de la Agenda 21 Local. En un ayuntamiento con 6 delegaciones para ahorrar es perfectamente posible incorporar estas competencias a una única concejalía delegada.
La gestión ambiental es inexistente en el Ayuntamiento de León y el PGOU, a pesar de los anuncios, no parece que deje de ser un ataque al modelo de sostenibilidad en esta materia, continúa potenciando el uso del vehículo particular a la vez que dice querer construir un carril bici. El Plan de Movilidad tras los recortes en el autobús público y el abandono del carril bici es un chiste y fiel reflejo de estas carencias, en vez de una planificación se ha convertido en una superposición de ocurrencias sin sentido más allá de incrementar los ingresos por aparcamiento. Como la ampliación de la ORA a San Mamés.
La movilidad implica medidas impopulares, ampliar las peatonalizaciones, crear aparcamientos disuasorios en el extrarradio, convertir la ciudad en zona 30, y dificultar el uso del coche en el centro. Un Plan de Movilidad Sostenible y un Carril Bici Orgánico en León incorporados en el PGOU y como pilares de la Agenda Local 21 sería una de las prioridades de esa nueva concejalía.
La Concejalía de Entorno Sostenible debe ser una de las más importantes de este municipio y un ejemplo de participación. Precisamente por eso IU propone crear un Consejo Consultivo sobre Movilidad y Entorno Sostenible donde se consensuaría la política en estas materias, formaría parte del entramado ligado al presupuesto participativo de León y serviría para presentar iniciativas en el Foro Ciudadano y la Comisión de Trabajo creadas para desarrollar y seguir el desarrollo de la Agenda Local 21.
Los primeros objetivos más urgentes y solo para empezar de la concejalía serían: aprobar y aplicar el Plan de Acción de la Agenda Local 21, aprobar el Plan Municipal de Movilidad sostenible, incluyendo la construcción de un carril bici orgánico (cuyo coste es mínimo porque no necesita obras), sendas mixtas (peatonal-bici), modificando el modelo de transporte privado y público en autobús, construyendo aparcamientos disuasorios que alejen el tráfico del centro y potenciando el uso de FEVE como transporte metropolitano ahora que el PP pretende acabar con este servicio, modificar el PGOU incorporando el documento de análisis medio ambiental que le falta e invalida el documento, implantar una verdadera recogida selectiva en León, elaborar una nueva ordenanza reguladora para las Antenas de Telefonía Móvil y endurecer la política municipal contra el ruido nocturno.

Manuel Domínguez Chico. Coordinador L ocal de IU León

IU lleva de nuevo el Centro Socio Sanitario de Villablino a Las Cortes de CyL


jueves, 20 de febrero de 2014

Moción IU León para nacionalizar a las eléctricas

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEON
Don Manuel Domínguez Chico, Coordinador Local de IU León, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN Relativa a la nacionalización del sector energético.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La factura de la electricidad de España es la tercera más cara de Europa, después de Irlanda y Chipre, y las compañías eléctricas españolas de UNESA tienen un margen de beneficios del doble de las europeas. Las grandes empresas eléctricas ya se beneficiaron de los ingresos por costes de transición a la competencia, la moratoria nuclear, las ayudas al gas, entre otras; y todo ello, según se decía, en la búsqueda de más competencia, al compás marcado por la OCDE y de las Directivas de la UE, para lograr un mercado más eficiente y conseguir una reducción de costes que deberían trasladarse a los precios.
Las empresas eléctricas españolas tienen unos ratios de rentabilidad bastante superiores a la de sus homólogas europeas. No es lógico que en nuestro país, con la crisis económica que estamos soportando, todas las grandes empresas eléctricas españolas sigan teniendo más beneficios que las grandes empresas europeas. De hecho los datos correspondientes a 2012 (los de 2013 globales no están todavía) señalan que Iberdrola y Endesa fueron la segunda y la tercera eléctricas europeas que más beneficio obtuvieron en 2012, solo por detrás de la francesa EDF y por delante de grupos como GDF Suez, National Grid, E.ON o Enel.
Desde el estallido de la crisis, los márgenes del sector en las grandes empresas europeas han ido retrocediendo con fuerza a ritmos de doble dígito anual, mientras que en España estos márgenes aumentaron en 2008, apenas cayeron en los ejercicios de 2010 y 2012 y todo apunta a que el cierre del ejercicio de 2013 volverá a darles beneficios. De hecho, en los tres primeros trimestres del año 2013, las principales compañías eléctricas españolas, aunque aseguran estar sufriendo mermas multimillonarias en sus cuentas de resultados, reconocen unos beneficios de 7.638 millones de euros. Por ejemplo Endesa, que vuelve a repartir dividendos, ha obtenido un beneficio de 1.551 millones hasta septiembre. El beneficio neto obtenido por Iberdrola hasta septiembre es de 2.275 millones y el de Gas Natural Fenosa llega hasta los 1.120 millones de euros.
Esta evidencia se da en unos momentos en los que, la crisis y las políticas neoliberales puestas en marcha con la justificación de ella, provoca que el 10% de
la población sufra pobreza energética. Más en una provincia como León que es productora y exportado de energía sin que recoja ningún beneficio en forma de tasas o inversiones en industrialización de nuestras comarcas. Al revés, se las amenaza con inversiones innecesarias como la autopista de alta tensión Sama-Velilla.
Es urgente abordar una reforma, en profundidad, del sistema energético. Es necesario planificar, en el corto y medio plazo, medidas estructurales de reforma del mercado eléctrico. Los múltiples cambios regulatorios que ha puesto en marcha el Gobierno no han solucionado el problema del déficit, han agravado el drama social, económico y ciudadano que significa el insoportable encarecimiento de la factura energética. Un drama que también se traslada al ataque furibundo perpetrado por el PP contra el sector del carbón nacional, en forma de sabotaje a las empresas, recortes y la imposición de un Plan de Cierre programado antes de 2018.
Hasta ahora, la benevolencia del regulador con las empresas eléctricas queda demostrada por la falta de control y por la generosidad en los criterios de fijación de tarifas: el resultado es que, a pesar de la liberalización teórica, al menos el 50 % son precios regulados para remunerar inversiones en generación, transporte y distribución, además de los costes de transición a la competencia y de la moratoria nuclear entre otros.
No es ajena a la situación la cuestión del déficit tarifario. Déficit tarifario, por otra parte, que consideramos ilegítimo por cuanto no es nada evidente que el origen del déficit tarifario, la famosa diferencia entre coste real y el calculado, que “justifica” un presunto déficit de miles de millones de euros, se haya valorado de forma correcta ya que se basa en acumulaciones sucesivas al valor de origen (Marco Legal Estable), y además esa cifra se ha alcanzado a partir de los datos de las propias compañías que han dado por buenos los sucesivos gobiernos del estado y que reconoce  el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
El “presunto” déficit tarifario existente es de naturaleza regulatoria y no económica tal y como la propia Comisión Europea afirmaba en la evaluación del programa nacional de reformas enviado por el Gobierno, en la que atribuía el problema del déficit tarifario a que el sistema de tarificación de la electricidad sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente. Es necesaria una auditoría energética, pública y rigurosa, que determine las causas reales, si las hay, del déficit tarifario.
El Gobierno, en varias ocasiones, ha anunciado su intención de presentar antes una nueva reforma del sector eléctrico, que es realmente necesaria pero que, para que sea efectiva, debe abordarse en profundidad para que nuestro mercado esté basado en la eficiencia, la independencia energética, las energías autóctonas como el carbón y su compatibilidad con las energías limpias. El nuevo sistema debe eliminar de la factura que paga la ciudadanía, aquellos conceptos de la tarifa que hoy se muestran innecesarios como son los costes por interrumpibilidad, o los pagos por capacidad o los de compensación por los Costes de Transición a la Competencia cobrados de más por las eléctricas que han sido cifrados en 3.400M€ por la CNE
Esta reforma debería garantizar un mix energético en el que, junto a la reserva estratégica de fuentes primarias de energía autóctona, como el carbón, y que favorezca la implantación progresiva de las energías renovables.
También se hace necesario favorecer el autoconsumo de energía con balance neto, que además de reducir las emisiones contaminantes y de CO2, mejorar la balanza comercial al tener que importar menos petróleo y gas, disminuir la dependencia energética y asegurar el suministro energético, supone una clara mejora en la eficiencia energética al generar la energía en el punto de consumo, logrando una producción descentralizada; y a medio plazo supondría una reducción de los costes medios del kW, democratizaría el sistema energético y fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector.
Tenemos, en estos momentos, una posibilidad de actuar para solucionar el problema, para evitar el drama de la pobreza energética, para evitar las repercusiones negativas que sobre la ciudadanía, sobre los servicios públicos y sobre la actividad económica tienen los excesivos costes del suministro eléctrico. Se trata de aplicar lo que recoge el Artº 128 de la Constitución.
Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de León, adopta los siguientes acuerdos:
1º.- El Ayuntamiento insta al Gobierno Central a aplicar al sector privado energético español lo recogido en el Artº 128.2 de la Constitución y, por consiguiente:

  • Acuerde la inmediata intervención de las empresas del sector energético para preservar el interés general de un servicio esencial. Desde la producción al transporte
  • Presente de forma inmediata un Proyecto de Ley ante el Congreso de los Diputados, que reserve para el sector público la totalidad de los servicios energéticos.
  • Abra una mesa de diálogo y negociación, con participación de los agentes sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos parlamentarios, al objeto de acordar la necesaria reforma del sector energético español.
2º.- El Ayuntamiento insta al Gobierno Central a adoptar todas las medidas legislativas oportunas para que quede garantizado el suministro básico esencial de energía y nadie más pueda verse privado de este servicio básico por carencia constatada de recursos económicos.

3º - Dar traslado de este dicha resolución, además de al Gobierno de la Nación, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados.


En León, a 20 de febrero de 2014




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