martes, 31 de marzo de 2009
IU EXIGE LA DIMISIÓN INMEDIATA DEL EQUIPO DE GOBIERNO POR INDIGENCIA POLÍTICA, INEPTITUD Y FALSEAMIENTO DE LA REALIDAD.
Ahora resulta que el 63% de los vecinos de León no paga el agua y por eso debe privatizarse el servicio. Supongo que ese porcentaje debe ser el impagado del Ayuntamiento de Villaquilambre y los recibos que el Ayuntamiento de León no se pasa a sí mismo.
IU tampoco permitirá que las fuentes públicas de León se traten como un derroche y no como otro servicio público a los ciudadanos. Que el Equipo de Gobierno pueda sopesar cerrar las fuentes públicas deja bien a las claras que la privatización tiene más que ver con el negocio sin escrúpulos que la mejora del servicio.
Se necesita ser profundamente inútil e ignorante para pretender presentar esas excusas sin fundamento para vender el agua de León. Al parecer la empresa privada no solo sube los recibos, también los cobra. Cuestión para la que los inútiles de los concejales las concejalas no tienen solución.
El servicio municipal que cobra las tasas e impuestos municipales se ha convertido, desde el comienzo de la legislatura, en el departamento consistorial que más y mejor trabaja. Además no perdona los intereses de demora incluso por el retraso de un día y aplica a rajatabla su capacidad para embargar la cuenta corriente del moroso si es necesario.
Si el recibo del agua no se paga será porque el Equipo de Gobierno PSOE-UPL ha dado orden de no hacerlo y así permitir una rueda de prensa tan ofensiva a la inteligencia como la celebrada esta mañana por Natalia Rodríguez y Gema Cabezas.
De todas formas las mentiras ofrecidas a la gente esta mañana tienen fácil respuesta. Ese 63% no facturado se puede desglosar entre el más del 40% del agua utilizada por edificios oficiales del propio ayuntamiento, no se factura a sí mismo, y el 15% que se pierde por las canalizaciones y que es el porcentaje habitual en cualquier servicio de este tipo.
Si el Ayuntamiento es un moroso que se embargue a si mismo y nos ahorren la vergüenza de escuchar tantas tonterías en sede municipal.
Ahora resulta que el 63% de los vecinos de León no paga el agua y por eso debe privatizarse el servicio. Supongo que ese porcentaje debe ser el impagado del Ayuntamiento de Villaquilambre y los recibos que el Ayuntamiento de León no se pasa a sí mismo.
IU tampoco permitirá que las fuentes públicas de León se traten como un derroche y no como otro servicio público a los ciudadanos. Que el Equipo de Gobierno pueda sopesar cerrar las fuentes públicas deja bien a las claras que la privatización tiene más que ver con el negocio sin escrúpulos que la mejora del servicio.
Se necesita ser profundamente inútil e ignorante para pretender presentar esas excusas sin fundamento para vender el agua de León. Al parecer la empresa privada no solo sube los recibos, también los cobra. Cuestión para la que los inútiles de los concejales las concejalas no tienen solución.
El servicio municipal que cobra las tasas e impuestos municipales se ha convertido, desde el comienzo de la legislatura, en el departamento consistorial que más y mejor trabaja. Además no perdona los intereses de demora incluso por el retraso de un día y aplica a rajatabla su capacidad para embargar la cuenta corriente del moroso si es necesario.
Si el recibo del agua no se paga será porque el Equipo de Gobierno PSOE-UPL ha dado orden de no hacerlo y así permitir una rueda de prensa tan ofensiva a la inteligencia como la celebrada esta mañana por Natalia Rodríguez y Gema Cabezas.
De todas formas las mentiras ofrecidas a la gente esta mañana tienen fácil respuesta. Ese 63% no facturado se puede desglosar entre el más del 40% del agua utilizada por edificios oficiales del propio ayuntamiento, no se factura a sí mismo, y el 15% que se pierde por las canalizaciones y que es el porcentaje habitual en cualquier servicio de este tipo.
Si el Ayuntamiento es un moroso que se embargue a si mismo y nos ahorren la vergüenza de escuchar tantas tonterías en sede municipal.
La Asamblea Provincial de IU, reunida en Ponferrada el 28 de marzo de 2009, con el apoyo unánime de sus integrantes aprueba la siguiente
RESOLUCIÓN
Izquierda Unida mantiene y se reafirma en su negativa a admitir la privatización del 100% de la gestión del Servicio Municipalizado de Aguas de León y reitera los argumentos principales manejados por este movimiento político y social para defender el interés general de la ciudadanía de la capital de la provincia.
1º. La privatización del servicio de aguas conlleva el incremento de las tarifas allá donde se lleva a cabo. Como ha ocurrido en San Andrés del Rabanedo y Ponferrada. El servicio se deteriora, tanto en el trato al público como en el nivel de inversiones. Ahora da beneficios y tapa agujeros, después de la privatización esto no sucederá.
2º Eufemismos como semiexternalización o semiprivatización no tiene nada que ver con la realidad. La gestión, la gerencia, las decisiones empresariales, los informes del servicio que servirán para tomar decisiones en el Consejo de Administración, estarán en manos o serán redactados por la empresa concesionaria en exclusiva. Esto significa que los concejales tomarán decisiones empresariales con documentación viciada de parte y bajo las condiciones e intereses de la empresa privada. Un ejemplo de esta situación es SERFUNLE.
3º Existen alternativas reales de gestión pública que se vienen aplicando en toda España desde hace años. Las empresas públicas municipales de gestión son más eficientes económicamente, eficaces socialmente y más transparentes que cualquier gestión privada. En León pueden incrementar los beneficios hasta un 300%. No existe justificación para sacrificar este servicio público a cambio de 20 millones.
Aparte de estos argumentos reiteramos la realidad de que la privatización de los servicios municipales es culpables en una gran medida de la deuda municipal, que no hace más que crecer. En León la deuda con las concesionarias privadas puede rondar los 160 millones, con la empresa URBASER puede superar los 60 millones.
Además la justificación de la deuda no convence a nadie. Sería creíble si el Ayuntamiento no estuviese reteniendo dinero, necesario para pagar a los proveedores y realizar inversiones en los barrios, para derivarlo a los proyectos comprometidos por Zapatero y que el Gobierno central y la Junta de Castilla y León se niegan a financiar. Empezando por los 9 millones del Palacio de Congresos, los casi 1´3 millones para el Palacio del Conde Luna y los 600.000 destinados al Cruce de Michaisa.
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