Izquierda Unida - León

BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES
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IX LEGISLATURA
Serie B:
PROPO SICIONES DE LEY 30 de mayo de 2008 Núm. 111-1
PROPOSICIÓN DE LEY
122/000093 Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre
habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto
de referencia.
(122) Proposición de Ley de Grupos Parlamentarios del
Congreso.
122/000093
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds.
Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/1997,
de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de
gestión del Sistema Nacional de Salud.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos
del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación
de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo
de 2008.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del
Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición de
Ley de modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril,
sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema
Nacional de Salud, para su debate en el Pleno de
la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo
de 2008.—Joan Herrera Torres, Diputado.—Gaspar
Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds.
Exposición de motivos
La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la
base fundamental para el desarrollo del Estado del
Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad
y la equidad dentro de una sociedad, pues supone
el esfuerzo de las personas con más poder económico
y más sanas para permitir la atención sanitaria de los
que tienen menos y están enfermos.
En los últimos años hay una campaña generalizada
para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos
de salud, coincidiendo con el auge del neoliberalismo,
Congreso 30 de mayo de 2008.—Serie B. Núm. 111-1
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que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y
que busca en ellos una oportunidad de negocio.
Esta tendencia internacional hacia el desmantelamiento
de los sistemas sanitarios públicos afecta a todos
los países en mayor o menor medida. En España se
observan intentos por avanzar en la privatización de un
sistema sanitario que goza de gran aprecio internacional,
precisamente por su universalidad, fácil accesibilidad
y carácter equitativo.
Sin embargo, la privatización no so realiza de la
misma manera en todas las CCAA, porque depende, en
gran medida, tanto de la voluntad política de los gobiernos
autonómicos como de la capacidad de los ciudadanos
y de las fuerzas sociales para evitarlo. Son las CCAA
gobernadas por el PP donde se han producido ataques
más serios contra la Sanidad Pública, como sucede en
Madrid o Valencia, por citar sólo las más significativas.
En esta campaña privatizadora juega un papel fundamental
la estrategia de convencer a la opinión pública
de las ineficiencias y problemas de funcionamiento
del sistema sanitario público, cuando son los neoconservadores
y neoliberales los principales responsables
de esta situación mediante la introducción de nuevas
formas de gestión empresarial, que con la disculpa de
innovar, lo que en realidad buscan es poner por delante
el ahorro, olvidando la calidad de la atención sanitaria.
Además, la introducción de formulas de gestión
empresarial facilita la privatización de los centros, manteniendo
la financiación con dinero público y olvidando
que estas nuevas formas de gestión son modelos ya
ensayados en el Reino Unido, donde han conseguido
encarecer la construcción y puesta en marcha de los
nuevos hospitales cuatro o cinco veces más que los del
modelo tradicional. El funcionamiento de los mismos,
con dos empresas distintas coexistiendo en el mismo
centro, y el aumento de los gastos administrativos que
supone el incremento de la burocracia, ha demostrado
deficiencias importantes en cuanto al cuidado de la
salud de los pacientes y un encarecimiento de los costes
y problemas con la gestión, tal y como ha señalado la
Organización Mundial de la Salud.
Los grandes perdedores de estos cambios que se avecinan
serán los ciudadanos, porque la calidad de los servicios
sanitarios empeorará, y porque los modelos privatizados
tienen unos costes muy superiores. Los
ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar
los centros asistenciales y, a la postre, una parte de la
población, la más pobre y la más enferma, se verá
excluida de los sistemas sanitarios. Recordemos el ejemplo
de EEUU, donde 47 millones de personas no tienen
derecho a ninguna atención sanitaria a pesar de ser el
país del mundo que tiene un mayor gasto sanitario.
La falta de interés político por la Sanidad Pública se
concreta en la masificación y en las listas de espera para
intervenciones quirúrgicas, para las consultas de los
especialistas, las pruebas diagnósticas y, mas recientemente,
para los médicos generales y pediatras, Todo ello
desde una política de premeditado descrédito de la Sanidad
Pública, pues está claro que este es el primer paso
para conseguir un apoyo ciudadano a su privatización.
Y se trata sólo de los primeros pasos, puesto que
hay una estrategia de avanzar de manera lenta y continuada
hasta conseguir que el derecho a la protección de
la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos
y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan
pagársela, dejando para los demás un modelo similar a
la antigua beneficiencia.
Por todo ello se presenta la siguiente Proposición
de Ley
Artículo uno. El punto 2 del artículo único queda
redactado de la siguiente forma:
«2. La prestación y gestión de los servicios sanitarios
y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de
con medios propios, mediante acuerdos, convenios o
contratos con personas o entidades exclusivamente
públicas en los términos previstos en la Ley General de
Sanidad.»
Artículo dos. Se añade un nuevo punto 3 al artículo
único con la siguiente redacción:
«3. Las administraciones públicas con competencias
en la atención sanitaria mantendrán, en todo caso,
el carácter público en todo lo referente a la titularidad,
financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios
y sociosanitarios.»
Disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuestos en la presente Ley.
Disposición final. La presente Ley entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».