Izquierda Unida - León

En un contexto como el actual, Correos juega un indudable papel para contribuir a la cohesión social, territorial y económica del país, tanto a nivel estatal como autonómico, asumiendo y prestando un servicio público a ciudadanos/as, empresas y administraciones en la totalidad de los núcleos de población, al margen de su rentabilidad económica.

Los datos lo ponen en valor: más de 8.000 municipios atendidos, 16 millones de hogares, 3,2 millones de empresas (más del 99% son pymes) y un total de 7.100 puntos de atención en el ámbito rural (carteros rurales y oficinas) y más de 100.000 kilómetros diarios.

Consecuentemente, la regulación postal europea y española contempla mecanismos de financiación para garantizar la prestación del correo en todo el territorio. Un servicio público que sólo es atendido en amplias zonas por la empresa Correos y que, de no ser así, desaparecería, al no darse las condiciones de rentabilidad para su prestación por parte del sector privado.

Se observa con preocupación el sistemático asedio del servicio postal público por parte de algunos grupos de presión con fuertes intereses empresariales y financieros en el sector de la logística y la paquetería. Asedio empresarial, mediático y jurídico que podría afectar a millones de ciudadanos, así como al correcto funcionamiento de la Administración.

Se ha tenido conocimiento de la demanda presentada a la Comisión Europea por la patronal del sector logístico, exigiendo al Estado español la devolución de la financiación del Servicio Postal Universal desde 1998. Mayor preocupación que los contenidos de la propia demanda supone, si cabe, la nula actuación del Gobierno en una cuestión que afecta no ya a Correos, sino al propio papel del Estado (porque es al Estado a quien se ataca) como responsable de garantizar la prestación del servicio postal público.

El estrechamiento de márgenes económicos y empresariales que, como consecuencia de la apatía de los responsables políticos directos (Ministerio de Hacienda, Fomento y SEPI), está sufriendo el operador, está conllevando un coste social muy alto a nivel general (8.000 puestos suprimidos, miles de barrios sin reparto, cientos de zonas rurales descubiertas, más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones afectadas) y puede afectar a medio plazo a la futura viabilidad empresarial de Correos, al servicio público que presta y al empleo de los casi 55.000 de trabajadores en todo el Estado.

A fecha de hoy la paz social con los representantes de los trabajadores y trabajadoras está a punto de romperse como lo demuestra el bloqueo del Convenio Colectivo tras 6 meses de negociación sin avance alguno o las distintas movilizaciones y paros que empiezan a surgir en diversas provincias y esto puede impedir el desarrollo del Plan de Acción de Correos (plan de desarrollo empresarial).

Así las cosas, de no darse un posicionamiento del Gobierno en este sentido, consideramos que -además de realizar una clara dejación de responsabilidades- se podría poner en peligro la figura del cartero y de los servicios postales a la ciudadanía, y, tal y como han anunciado las organizaciones sindicales, hay un claro riesgo de conflictividad laboral y social.