Izquierda Unida - León

Estas actuaciones se unen a las diligencias iniciadas hace ya tiempo que abrió diligencias por los indicios de delito detectados por la Fiscalía en el “Caso Caja España”. Hasta cuatro años cárcel o multa puede ser la pena si se demuestran los hechos denunciados por IU. Reiteramos de nuevo que nos hemos personado como acusación popular ante el juzgado nº 5 de instrucción, hemos ampliado la denuncia a los seguros que blindaban los contratos de parte de estos estos mismos directivos y que de este modo intentaremos que se haga justicia con la rapiña perpetrada en la Caja.

Ya es un éxito democrático que la ruina y el fraude de la Caja llegue a magistratura y el tipo penal sea además el de administración desleal en el caso de León y fraude en la audiencia de Madrid. Confiamos en que el juzgado dote de transparencia al proceso de destrucción de la Caja por parte de algunos ladrilleros, el PP, el PSOE y la UPL, entre otros.

Lo que nos falta por dilucidar son las responsabilidades políticas. Los aparatos del PP, del PSOE y la UPL no han pagado por robarnos con sus decisiones el músculo financiero de la provincia. El PP y el PSOE han ostentado las dos Vicepresidentas con Santos Llamas. Estos dos partidos eran las caras de la venta de Caja España al ladrillo pero no estaban solos. Todavía estamos esperando dimisiones y asunción de responsabilidades por la política de rapiña que perpetraron junto a otros responsables políticos. Tampoco se han admitido decisiones suicidas entre los directivos y altos directivos de la entidad. Ahora las preferentes y el engaño y fraude que suponen explota en cara de la gestión pasada, presente y futura de la caja.

Desde IU queremos ser altavoces de los abusos sufridos por los clientes y trabajadores de la antigua Caja España. Pero que de verdad necesitamos es el clamor la verdad, que paguen los culpables y que le devuelvan a León el “núcleo cesante” que le han robado a los desahuciados, estafados por las preferentes, negocios arruinados por falta de crédito y beneficiarios de la obra social, que junto a las inversiones futuras necesarias para la provincia se han ido por el desagüe de posibles intereses personales y sospechas de corruptelas, con un resultado muy parecido al de un asalto pirata de libro.

Mientras solucionamos parte de esto último por lo menos podemos contar con que la justicia ha empezado a actuar. Más de lo que se podía esperar hace unos años, para terror quienes tienen mucho que ocultar.

Ricardo Rodríguez Aller. Responsable Provincial de Comunicación