viernes, 9 de enero de 2015

El PP sigue empeñado en privatizar la sanidad. Ahora toca también a las Urgencia hospitalarias

IU rechaza los procesos acelerados de imposición de medidas privatizadoras en la Sanidad Pública. La última está en la reducción de personal de urgencias, que ha provocado esperas de más de 5 horas en algunos casos y se complementa con la reducción de 5 a 4 días al mes de guardia para los residentes ha provocado que 6 médicos deban atender las urgencias de casi toda la provincia en León algunos días. 

Deteriorar la Sanidad Pública, ampliar las listas de espera, trasladar la imagen de la privada como salvadora, mientras reduces los medios en cirugía y, finalmente, asumiendo su modelo de Gestión; nos vamos acercando a la privatización previo paso por las Unidades de Gestión Clínica y la aplicación de la nueva Ley de Ordenación del Territorio de la Junta. Quién dividirá la provincia en Unidades Básicas de Servicios para recortar o privatizar si son rentables.
 
Parece que a la Junta le entran las prisas y quiere dejar atado y bien atado el proceso de venta de la sanidad pública antes de llevarse un susto electoral en mayo. Ha denunciado el Coordinador Provincial de IU, Santi Ordóñez.
 
IU quiere mostrar de esta manera su más absoluto y contundente rechazo ante la implantación de las UGC en los centros sanitarios de SACyL. Complementarias de todas las medidas de privatización antes enumeradas.
Estas UGC supone un paso hacia la fragmentación del sistema sanitario convirtiéndole en microempresas que entrarán en competencia entre sí, ya que, por encima de la mencionada y pretextada “autogestión” de los profesionales, lo que la administración realmente pretende es controlar y regular el crecimiento presupuestario, con promesas de mejoras salariales para algunos profesionales por medio de incentivos (como forma enmascarada de abrir el abanico salarial de ciertos jefes intermedios), y todo ello a costa del empeoramiento de las condiciones de trabajo del resto de los profesionales de la plantilla y a costa de la merma en cantidad y calidad de algunas prestaciones para con los pacientes. Estas medidas abrirán el melón posterior de la privatización donde este empeoramiento de las condiciones laborales permitan pasar directamente a la gestión privada.
 
Estas UGC constituyen una primera fase en el proceso de fragmentación y quebranto del modelo público, para, en otra fase posterior proceder a medidas que legitimarán los recortes sanitarios y justificarán una privatización abierta. No existe constatación de alcanzar ningún beneficio para los pacientes  con esta nueva forma de gestión “atomizada”, como así lo demuestran los ejemplos que encontramos en las CCAA que lo tienen implantado, salvo el hecho de que, por medio de estas UGC, la administración elude responsabilidades políticas delegando y derivando las consecuencias de los recortes en sanidad  hacia los jefes y coordinadores de los servicios que se transformen en UCG, y que serán incentivados por y para ello.
 
Ricardo Rodríguez Aller. Secretario Provincial de Comunicación.

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