lunes, 19 de enero de 2015

La Diputación de León vuelve a reírse de las familias de lxs usuarixs de la Residencia Sta Luisa

Tras el anuncio del Presidente de la Diputación, de no incrementar el próximo año las tasas de la Residencia Sta Luisa, el pasado día 12, por fin, se celebró un encuentro entre familiares de los usuarios de la misma y el Equipo de Gobierno Provincial. Adjuntamos las reclamaciones elaboradas por la parte social. Desde IU queremos emitir, no solo nuestro apoyo incondicional a este colectivo desde hace más de un año, también mostramos nuestra indignación por el trato dispensado a estas personas. Ya una vez les impidieron incluso participar en un pleno. 1º) Les modificaron la cita 3 veces. Podría justificarse pero es muy poco elegante darles este trato a ciudadanos que solo quieren soluciones a un problema que les han impuesto. 2º) En dicho encuentro estaba el Presidente de la Institución, el Diputado de Asuntos sociales, J. Manuel Moro, que no articuló palabra, y el técnico, Jesús Llanos. Lo verdaderamente lamentable fue que las solicitantes de la entrevista prácticamente no pudieron hablar en la misma. Esta actitud generó continuos roces y momentos en se debió alzar la voz, habida cuenta de la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre lo que la Ordenanza incluye y lo que la representación de la Diputación interpretaba, negando lo que es fácilmente demostrable en el hecho en sí del cobro mensual y las dos familias que se enfrentan al pago de hasta 70.000 euros por la política expropiatoria de la institución. De tal forma que a los pocos minutos de comenzar, casualmente, se requirió la presencia del Presidente y justo después se informó de la necesidad de desalojar la sala, porque era necesaria para otra actividad El trato fue indignante, ofensivo, propio de una Monarquía Bananera, justo lo que es la Diputación Provincial de León. Desde IU exigimos explicaciones por el insulto constante sufrido por este colectivo de familiares, responsabilidades al Diputado responsable y al Presidente por este trato y una rectificación pública que incluya el cumplimiento, de una vez, de la Legislación Autonómica y la Ley de Dependencia por parte de la Diputación Provincial de León. Empezando por el reconocimiento inmediato de la Capacidad Económica de los y las mayores, primer paso para solucionar el desaguisado provocado por la propia administración. Ricardo Rodríguez Aller. Secretario Provincial de Comunicación SOLICITUD ENVIADA POR LAS FAMILIARES Covadonga González Álvarez. Hija y representante voluntaria de M. Teresa Álvarez Álvarez, que actualmente se encuentra en el Centro de Mayores Santa Luisa, dependiente de La Diputación de León. Mercedes García Campos. Hija y representante voluntaria de Daría Campos Fernández, que actualmente se encuentra en el mismo Centro. Sofía de Castro González. Hija y representante voluntaria de Sofía González San Miguel, que actualmente se encuentra en el mismo Centro. SOLICITAMOS en nombre de nuestros familiares y en el de otros muchos: 1º. Que sea tenida en cuenta la capacidad económica en cuanto a la participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones en el Centro de personas mayores Santa Luisa dependiente de esta Diputación, tal y como se contempla en el Decreto 70/ 2011, de 22 de diciembre por el que se establecen los precios públicos por servicios prestados por la Administración de la Comunidad de Castilla y León en el ámbito de los servicios sociales. Decreto en el que en su artículo 8 explica cómo los beneficiarios contribuirán al coste de los servicios prestados según su capacidad económica “no pagando más del 90% del precio público establecido en el que se encuentra en situación de alta, ni más de un 90% de su capacidad económica”. El Decreto citado se deriva de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LPAAD). En la Ordenanza nº 4, de esta Diputación, se tiende a equiparar los precios con esta Ley, pero solo los precios; no se tiene en cuenta lo que dice en el Capítulo V. Artículo 33.1 sobre la participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones: “Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal”. Por último, queremos hacer referencia a la Constitución Española, de donde emanan la Ley y el Decreto citados, que en el Título I. De los derechos y deberes fundamentales, dice: Artículo 31 1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. (La Ordenanza nº4 de la Diputación de León no participa de este artículo, ni de la Ley (LPAAD), ni del Decreto 70/2011). También el Procurador del Común, en resolución de 29 de abril de 2014, ante nuestras quejas al respecto de la subida abusiva de las tasas, aconseja un modelo de participación en la financiación ajustado a la capacidad económica basada en el Decreto 70/2011 de la Comunidad Autónoma de C. y L. a fin de asegurar la autonomía personal de los usuarios e impedir falta de liquidez o pérdida patrimonial, todo ello para garantizar la equidad y la progresividad de la participación de los residentes que asegure un sistema más beneficioso para todos ellos que el existente en la actualidad y, en consecuencia, que no provoque perjuicio económico alguno de unos usuarios frente a otros o de todos en general. Resolución que no fue aceptada por esta Diputación. Como segunda opción, en cuanto a la participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones en el Centro de personas mayores Santa Luisa, aceptaríamos también que se aplicara lo que dice el Señor Jaime González en el Pleno de esta Corporación Provincial en sesión ordinaria celebrada el 26 de diciembre de 2013 y con relación a las tasas de la Ordenanza nº 4 , que no se ha aplicado hasta el momento: - “ Pero si a nadie se le va a cobrar más que una parte de su pensión, en el supuesto de que esté por debajo del precio público, y el resto de argumentos pues entendemos que ustedes hayan podido tener una presión social o haya en la calle un debate pero que no es cierto, que está perfectamente establecido en el Artículo 4.2 el mínimo exento de cada residente, que insistimos, si antes era de 90 o 95€ se incrementa hasta los 115€”. Entendemos que la pensión de los residentes menos 115€ exentos para sus gastos personales, también podría asegurar la autonomía personal de los usuarios, e impedir situaciones de falta de liquidez. Lo que se paga en este momento en el Centro Santa Luisa son unas tarifas abusivas, que no tienen en cuenta la equidad ni la progresividad. Hechas en función del grado de dependencia y sin tener en cuenta la capacidad económica: PRECIOS PÚBLICOS SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE PLAZA Año Válidos Dependientes grado I y II Gran dependiente Grado III 2012 581€/mes 581/€mes 581€/mes 2013 + 20% 700€/mes +46% 850€/mes +72% 1.000€/mes 2014 +13% 789,90€/mes +25% 1.059,90€/mes +24€ 1.239,90€/ mes (Lo que no se pague, se genera en deuda) 2º. Con relación a la calidad de los servicios. Sorpresivamente, a medida que suben las tasas, baja la calidad de los servicios. La comida ha bajado en calidad y en cantidad, los residentes se quejan de la poca comida, mal cocinada, poca variedad, se recurre mucho a las conservas, se les restringen las piezas de fruta. Las quejas verbales y escritos en sugerencias, tienen poco éxito. Una medida para que algunos familiares de residentes no veamos lo que comen es que se restrinjan las entradas al comedor para darles de comer; medida que hace más de dos años se tomó para vender calidad y apertura del centro a las familias y que todos consideramos positiva. Ahora se quiere dar un paso atrás. ¿qué se tiene que ocultar? La gestión en las obras realizadas en el último semestre, ha sido nefasta. Las condiciones de vida de los residentes se han visto muy alteradas, no respondiendo el funcionamiento del servicio público a los niveles de calidad que son exigibles. Nadie ha asumido públicamente la responsabilidad de los hechos, pero sí han respondido con rapidez a nuestro escrito, en el que pedimos la revisión de las tasas, antes de escucharnos. Desde la dirección se gestiona cada vez con más opacidad, no hay comunicación con los familiares, hace unos años se hacía una asamblea anual para informar de novedades y aportar ideas, estas asambleas se han dejado de hacer; ahora no se publicitan ni las reuniones del Consejo de Centro, no sabemos lo que se trata en él, no podemos aportar sugerencias y tampoco se nos comunica qué se trató en el Consejo. Cuando hay algún conflicto, en vez de buscar soluciones, se añaden más problemas. En el servicio de enfermería hemos sufrido la merma de un enfermero/a durante el periodo de vacaciones, 6 meses; otros años se sustituía; en 2014 se ha quedado hasta el turno descubierto, cosa que no había sucedido con anterioridad. Se ha perdido el servicio de peluquería, por si las tasas fueran pocas, hay que sumar una más. Muchos familiares y residentes recuerdan lo que era este centro hace años, la relación calidad-precio-servicios, estaba muy por encima de lo que es en la actualidad. Con la buena voluntad de todas las partes quizá le podamos devolver a este Centro la calidad, a todos los niveles, que tenía hace unos años y que los residentes y los familiares de los asistidos estamos deseando. En León a 12 de enero de 2015.

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