sábado, 16 de febrero de 2013

La voz de la calle al Parlamento. Aportaciones de León al debate del Estado de la Nación


RESULTADOS DE LA ASAMBLEA ABIERTA CELEBRADA EN LEON CON MOTIVO DE LA PREPARACION DEL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACION.

Las propuestas recogidas al llamamiento #ARajoyLeDiría son:

  1. Se nos solicita que se le pregunte a Mariano Rajoy sobre que le va a pasar a los mineros y la gente de las comarcas dependientes del carbón por culpa de los recortes y el Plan de Cierre de la Minería que está desarrollando el Gobierno. En la provincia de León esta actividad supone el 20% del PIB provincial. Añadimos además que, si tan poco de fiar son algunos empresarios mineros, porqué no se auditan las ayudas públicas que estos disfrutan y se inicia un proceso de nacionalización de estas concesiones ahora en manos privadas. Si el gobierno está dispuesto a poner coto a la impunidad de personajes como Vitorino Alonso.
  2. Se nos solicita que retomemos la reivindicación de la implantación de una Renta Básica Universal, no condicionada, que permita cubrir las necesidades básicas de la gente como un derecho ciudadano. En este sentido nos sugieren que intentemos recuperar la iniciativa de constituir una Subcomisión Parlamentaria que estudie la implantación de esta renta ciudadana. Tal y como conseguimos en pasadas legislaturas sin que esta diese frutos.
  3. Reforma de la Ley Electoral haciendo incapié en la proporcionalidad del voto, la eliminación de la Ley de D´Hont y la posibilidad de que el voto en blanco sea computable a la hora del reparto de escaños. Asimismo se nos propone reformar la Ley de Financiación de los Partidos Políticos para prohibir las donaciones privadas a los mismos.
  4. ¿Por qué su gobierno pretende liberalizar el transporte de viajeros por ferrocarril este año cuando las directivas europeas no lo exigen hasta 2019? ¿Está dispuesto a revocar el Real Decreto 22/2012 y considerar de nuevo el transporte ferroviario como un servicio público?
  5. Exigir la defensa de la independencia judicial de cualquier influencia partidista en sus decisiones y sentencias. Asegurar una verdadera separación de poderes.
  6. Reivindicar modelos de democracia más participativos ante las administraciones del Estado; tanto en el uso de las redes sociales e Internet como en fórmulas de democracia directa o potenciación de los referendums vinculantes y las ILP.
  7. Implantar procesos de revocabilidad de los cargos públicos tanto temporalmente, en casos de imputación con sentencia de inocencia, como definitivos en casos por ejemplo de grave incumplimiento de sus programas electorales. Dicha revocabilidad afectará a todos los cargos electos a mitad de cada legislatura, cuando sus actas se pondrán a disposición de la ciudadanía para auditar su gestión. ¿Será algún día el ejercicio de una responsabilidad política o cargo público un agravante en caso de sentencias de culpabilidad de tipo penal?
  8. Denunciar el abandono por parte del Gobierno de la ciencia básica y de las humanidades; significa llevar al país a un retroceso sin parangón y difícil de recuperar en generaciones.
  9. ¿Sabe usted lo que es el medio ambiente? ¿ Lo considera una fuente de riqueza y empleo? ¿Está usted en contra de las energías renovables? ¿Qué opina sobre las Reservas de la Biosfera? ¿Se deben tomar medidas contra las escombreras y cielos abiertos ilegales? ¿Debemos mejorar la política de incendios apoyando a las Comunidades Autónomas?
  10. ¿Tiene Usted manía a la juventud? Se llena la boca anunciando que son la generación mejor formada pero la realidad que es que lo son pero para emigrar. Subida de tasas universitarias y en FP o el 53% de paro que sufren son razones suficientes para requerirle una respuesta. ¿Considera tolerable que los jóvenes no emancipados pierdan su derecho a la Justicia Gratuita a causa de los ingresos de sus padres?
  11. ¿Le han hecho algo las mujeres? Sus políticas son hasta el momento discriminatorias y misóginas. Los recortes afecta eliminan las políticas de igualdad. Se “violan” las Leyes de Igualdad, contra la Violencia de Género, se les imponen nuevas Tasa Judiciales, s conculca el derecho a conciliar la vida laboral y familiar, se mantiene la discriminación salarial, no se asegura por Ley el acceso público al 1º Ciclo de educación primaria (guarderías), suben las becas de comedor en las escuelas, se maltrata a las familias monoparentales.
  12. ¿Cuándo admitirá que la reforma laboral solo roba derechos? Aquí es donde se muestra la verdadera ideología del PP.
  13. ¿Cuándo dimitirá? A perdido su legitimidad en el ejercicio de su cargo.
  14. ¿Considera una prioridad de su gobierno el mantenimiento de las infraestructuras de comunicación terrestre existentes? ¿Piensa que su conservación y mantenimiento para asegurar su seguridad son menos importantes que el AVE, las autopistas de peaje o las inversiones en aeropuertos vacíos? Está dispuesto a aplicar una moratoria sobre las nuevas autopistas de peaje por ejecutar a favor de invertir en transporte público convencional y de cercanías por ferrocarril.
  15. Por último tan solo recordar los grandes temas nacionales que consideramos deben incluirse en el debate y donde IU está destacando en las construcción de alternativas al Gobierno: la reforma educativa, el concordato con la Iglesia Católica y sus privilegios, los recortes en sanidad y su privatización, la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, la despoblación de las zonas rurales y provincias como León, lucha contar el desempleo y medidas contra los desahucios.
  16. Al mismo tiempo y para finalizar solicitamos se incluya en el Debate y se considere la presentación de una resolución por parte del Grupo de La Izquierda Plural en defensa de las Juntas Vecinales de León y las entidades locales menores en general. Dicha resolución ha sido redactada tomando como referencia el borrador del anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración Local que conocimos antes de su aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero.

PROPUESTA DE RESOLUCION

El pasado 15 de febrero de 2015 el Gobierno del PP aprobó el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que reforma el Texto Refundido de Ley de Bases de Régimen Local. Dicha Ley no solo ataca directamente al papel de los ayuntamientos También pone en cuestión el modelo democrático que representan las entidades locales menores.

El primer aspecto a tener en cuenta es el plazo de tres meses para regularizar las cuentas y evitar la apertura de expediente de disolución que sufren. Los municipios que tampoco cumplan este requisito serán intervenidos. Una medida desproporcionada e indudablemente política para atacar a las administraciones más cercanas a los ciudadanos.

Estamos ante un proyecto de Ley que ataca de forma salvaje a las entidades locales menores y marca dos plazos muy concretos para eliminarlas. Una tres meses después de la entrada en vigor de la Ley y otra dentro de un año, cuando se presenten las auditorías sobre la capacidad para ejercer sus competencias. De no pasarlas desaparecerán igualmente. Esta Ley ha permitido que el PP se quite la careta por fin y demuestra que no se recorta en gastos ni se ahorra, tan solo se recorta democracia y participación ciudadana.

A mayores destacar que la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local del PP afecta directamente a los concejos la propia nomenclatura de la división territorial que utiliza el Gobierno en su anteproyecto. Limita la administración del Estado a las Diputaciones, Cabildos, Islas y municipios en un espacio más secundario. Las entidades locales menores pierden su carácter de “Estado” al pasar a considerarse como “entidades de ámbito territorial inferior al municipio”. Este aspecto cuestiona la jurisprudencia existente que considera a las entidades locales menores como municipios en todos los aspectos que no están expresamente regulados por la normativa autonómica.
A pesar de que el artículo 45 de la Ley de Bases de Régimen Local y la jurisprudencia defiende la regulación de los concejos por parte de las CCAA el Gobierno Central incorpora una cuña entre las mismas regulando competencias exclusivas de las CCAA. Muchas de ellas incorporadas a sus Estatutos de Autonomía; como es el caso de Castilla y León

Esta nueva consideración no es baladí la disposición adicional décima impide la constitución de nuevas entidades locales menores con personalidad y competencias propias limitándolas al papel “de órganos de gestión desconcentrada del municipio y carecerán de personalidad jurídica”. No pasarían de ser meros órganos de gestión de competencias del consistorio controladas por este.

Este problema legal se puede trasladar a aquellas entidades menores en proceso de constitución. La disposición adicional cuarta impone que se legislarán según el contenido del artículo 45 de la Ley de Bases de Régimen Local que transcribo.
La traducción práctica de este precepto reduce el nivel de autonomía de cualquier nueva Junta Vecinal en materia económica y puede poner en solfa la legislación vigente en Castilla y León. Esto no quiere decir que se elimine la elección directa de los alcaldes pedáneos pero si su capacidad para designar a los vocales que conforman la Junta Vecinal. Que podrían ser designados por el Ayuntamiento correspondiente. Este precepto choca con el modelo de elección recogido en la Ley de Régimen Local de Castilla y León

Siguiendo con los efectos de la nueva Ley en las entidades locales menores, la disposición adicional tercera recoge que una entidad que no remita sus cuentas a los órganos de control público anualmente serán disueltas. Estamos ante un atropello y una medida desproporcionada. Cualquier ayuntamiento que incumpla esta obligación será intervenido. Una autñentica agresión a la autonomía municipal. Pero una entidad local menor que incumpla será disuelta. Esto demuestra que el objeto de la nueva regulación no es facilitar a los concejos cumplir sus obligaciones, es eliminarlas mediante un proceso administrativo sumarísimo y desproporcionado.
Para terminar debemos analizar la disposición adicional séptima; que impone a las entidades de ámbito territorial inferior al municipio al proceso de evaluación económica que impone procesos de supresión y privatización de las competencias municipales.

Por literalidad del texto y analogía respecto a las competencias antes descritas si una entidad de este tipo sufre un proceso de avaluación negativo dicha administración deberá ser suprimida. Para lo cual se aplicará finalmente la disposición adicional tercera a la que antes hice referencia.

El resultado en ambos casos será el mismo: El personal pasará al Ayuntamiento correspondiente. Así como sus derechos y obligaciones.
Aquí es necesario recordar que la regulación aprobada por la Junta para los montes de utilidad pública permitirán, como es el caso de Castilla y León, que la Comunidad Autónoma asuma la titularidad de todos los montes de utilidad pública.

Estamos ante un ataque incruento a la tradición de los concejos. La disposición adicional cuarta del anterior borrador disolvía de un plumazo las entidades locales menores. El anteproyecto del Gobierno les deja sin autonomía y limita su capacidad jurídica tanto en las que se encuentran en proceso de constitución como aquellas que se creen en el futuro. La posibilidad de modificar por imposición la elección de los vocales de las juntas vecinales afectadas por el artículo 45 de la Ley es muy grave.

Sin embargo los aspectos más sibilinos debemos encontrarlos en las disposiciones adicionales séptima y tercera. La primera impone una evaluación que de forma arbitraria según las condiciones recogidas en el articulo 26.3, que amenaza pero no describe cuales serán los estándares de calidad impuestos por el Ministerio de Economía y Hacienda. Haciendo imposible cumplir estos requisitos si la administración central así lo dispone. En el segundo de los casos se obliga a cumplir requisitos que ya existían pero no recoge la facilitación de medios para hacer efectiva esta obligación de cumplir con las obligaciones presupuestarias de las entidades. Imposible será cumplir sin los medios necesarios para ello.

En  nuestra opinión estamos ante un proceso de vaciado de los municipios a favor de las Diputaciones donde las entidades locales menores sobran y pierden hasta su nombre, con ello su estatus legal de entidades locales. El proceso de evaluación se ha diseñado para evitar movilizaciones en defensa de los concejos mientras se imponen condiciones leoninas imposible de cumplir por parte de las entidades que desaparecerán una por una en el doble plazo previsto de tres meses por causa de la presentación de sus cuentas y de un año por razones y criterios que en su momento se impondrán por decreto.

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