jueves, 12 de diciembre de 2013

IU contra la Ley Montoro: por la autonomía municipal y en defensa de las juntas vecinales

El Coordinador Provincial, Santiago Ordóñez, denuncia que estamos ante un Golpe de Estado contra la democracia y la desaparición de facto de cualquier autonomía municipal. Esta es una Ley para generar negocio privatizando servicios, esa es la única razón, y contra la democracia, al convertir los Ayuntamientos en cascarones vacíos, sin contenido ni autonomía.
Además se mantiene la amenaza de disolución de las Juntas Vecinales por mucho que mientan los senadores del PP. Estas entidades sobran porque la dictadura del PP no comprende lo que significan y desprecian su modelo democrático de gestión. Lo único que han hecho es complicar la redacción del articulo 116 bis pero para nada paralizan la posibilidad de suprimir una entidad local menor por el déficit de un ayuntamiento. También se ha ampliado el plazo de presentación de las cuentas. Que tan solo alarga unos meses la historia de una muerte anunciada diseñada por la Ley. Las mentiras del PP solo merecen la dimisión de sus diputados y senadores y la traición a esta provincia y su modelo propio de democracia el exilio, si esto fuera posible. Nos conformamos con la consideración de personas non gratas en su propia tierra.
Los municipios, todos los municipios pierden cualquier capacidad para ofrecer servicios que no sean competencias propias recogidas por la nueva Ley. Hasta ahora existía la posibilidad de ofrecer los servicio que la Junta y el Estado se niegan o no pueden ofrecer. Ahora mismo nadie los ofrecerá, con el consiguiente daño al interés de las víctimas de la crisis que más los necesitan. La política social pasa a ser asistencialismo porque la competencia es autonómica, las políticas de empleo, medioambiente, formación, igualdad de la mujer y vivienda desaparecen. Eso quiere decir que se deberán traspasar a la Junta o cerrar todos los centros de formación municipal, el ILDEFE y el FULDEFE de León, políticas ambientales que no sean recogida y tratamiento de basura, las guarderías y la residencia de ancianos simplemente desaparecerán o serán traspasados o privatizados con la entrada en vigor de Esta Ley
Si esta Ley se aprobase las Diputaciones tendrían capacidad para decidir (lo llama coordinar) como se gestionarán los servicios de recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua, accesos a los núcleos de población y pavimentación de las vías. Lo que significa que los municipios menores de 20.000 habitantes y las juntas vecinales perderán toda capacidad para decidir en estos aspectos.
Las Diputaciones no solo se verán reforzadas en su capacidad para gestionar servicios, también en recaudación de tasas e impuestos y en materia de toma de medidas contra los ayuntamientos y juntas vecinales a los que se obligue por tener déficit presupuestario a aprobar un Plan económico Financiero.
Estamos ante la intervención definitiva de los ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda, que junto y en coordinación con las Diputaciones, podrá impugnar cualquier acuerdo municipal o de junta vecinal que incumpla la ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cualquier ayuntamiento o junta vecinal que sufran la imposición de un Plan de Ajuste o Económico Financiero podrá sufrir la imposición de supresiones de servicios deficitarios, cambios de gestión que el ministerio considere (PRIVATIZACIONES MASIVAS), subidas de tasas o despidos de trabajadores (racionalización organizativa). También y esto es muy grave, podrá suprimirse una junta vecinal por esta causa. Esto se mantiene incluso enmendando el articulo 116 bis que recoge este aspecto.
Si esta Ley se aprueba, cada 1 de noviembre los municipios y juntas vecinales deberán presentar un informe con el “calculo de coste efectivo de los servicios que presta”. Los criterios para realizar el cálculo se aprobará por medio de una Orden Ministerial. En el caso de déficit se aplicarán los aspectos anteriores o se impondrá la privatización del servicio para los consistorios. Las pedanías serán disueltas. La Ley priorizará la gestión privada y tan solo admitirá la gestión pública si no existe déficit, según criterios arbitrario del Ministerio de Montoro. La iniciativa privada tendrá prioridad sobre la gestión pública en todos los casos.
Finalmente, denunciar la pérdida de personalidad jurídica de las entidades locales menores, que tan solo las existentes y las que iniciaron su proceso de constitución antes del 1-1-2013 mantendrán su capacidad legal, que les roban sus servicios de abastecimiento de aguas a favor de las Diputaciones, que de no presentar sus cuentas en el plazo de 1 año tras la entrada en vigor de la Ley serán disueltas por la Junta, que su liquidación significaría que sus derechos, obligaciones y propiedades pasarían a los municipios y sus Montes de Utilidad Pública a la Junta y por último que cualquier tipo de déficit en el ejercicio de sus competencias supondrá también su disolución.
Estamos ante el robo del 55% de la provincia de León y la Junta ya debería estar amenazando con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad solo por la injerencia intolerable del Gobierno en las pedanías.

Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU en León

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