miércoles, 4 de diciembre de 2013

IU contra la tasa de la Diputación a las Juntas Vecinales

D. Santiago Ordóñez González, Coordinador Provincial de IU León, domicilio para notificaciones en la calle Ramón y Cajal, nº 29 bajo derecha, CP: 24002 de la localidad de León por la presente expone
Que permaneciendo todavía en período de exposición al público la PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA Nº 21 REGULADORA DE LA TASA SOBRE LAS FUNCIONES DE CONTABILIDAD Y GESTION PRESUPUESTARIA, COMPRENDIENDO LA TRAMITACION DE LOS EXPEDIENTES DE ELABORACION APROBACION Y LIQUIDACION DEL PRESUPEUSTOS, ELABORACION Y APROBACION DE LA CUANTA GENERAL Y LA LLEVANZA DE LA CONTABILIDAD DE LAS JUNTAS VECINALES, presenta la siguiente RECLAMACION oponiéndose a la misma.
JUSTIFICACION
La implantación de esta tasa, al calor de un Decreto de La Junta y León que blindaba este tipo de servicio como propio de las Diputaciones Provinciales, comenzó en la Diputación Provincial de Palencia. Sin embargo, esta misma choca con la misma postura posterior de la propia Junta: el decreto fue retirado en fechas recientes. Cuestión esta que a afectos de legitimidad deja sobre la mesa cuestiones tan sensibles como que la Diputación es competente para ofrecer este servicio, financiado también con fondos de la Comunidad Autónoma, y que su propio carácter como servicio público deja en evidencia cualquier veleidad de pretender su cobro. Otro aspecto a tener en cuenta es el propio agravio que se genera en relación con los ayuntamientos de la provincia. Quienes reciben apoyo del SAM de la Diputación en las cuestiones que puedan necesitar de forma gratuita.
Es verdaderamente chocante que una medida recaudatoria y arbitraria, que ni la Junta apoya, dado que, reitero, ha retirado el decreto que imponía el cobro que aquí nos ocupa, pretenda justificarse en su voluntariedad el ofrecimiento de este servicio, así lo expresó en el pleno el Portavoz del equipo de Gobierno, cuando la Junta ha recordado, y es un hecho conocido, que el SAM es un servicio que ofrecen las Diputaciones a los consistorios y entidades locales menores. Salvo que la Diputación pretenda privatizar el servicio, pretender escudarse en la “voluntariedad” del mismo, cuando un servicio de este tipo es obligatorio y puede considerarse un derecho adquirido por las entidades locales, está fuera de lugar. La voluntariedad tan solo podría imponerse desde la perspectiva de que la Junta se hiciese cargo directamente de la gestión del SAM. Cuestión que el PP no ha previsto en ningún momento.
La Diputación debe exigir medios a la Junta y el Estado Central para potenciar el SAM, no devaluar un servicio gratuito que presta implantando un impuesto revolucionario a las Entidades Locales Menores. Ejemplo de la realidad con que se ofrece este servicio es el número de trabajadores públicos dedicados a esta función. Los informes adjuntos al expediente de esta Ordenanza cuantifican en 6 las personas designadas para esta labor. Realmente son 2. Primer aspecto que se falsea en el Estudio Económico-Financiero que sirve para cuantificar la propia tasa.
Estamos ante un servicio fundamental para la supervivencia de las juntas vecinales y las competencias y servicios municipales. La Diputación no impone una tasa para mejorar el servicio, se coordina con el PP y la Ley de Reforma de Administración Local para comenzar el proceso de vaciado de los municipios, a fin de reforzar la función del SAM como elemento intervencionista para acabar con sus competencias y servicios locales y, sobre todo, como elemento clave en el proceso de supresión de las entidades locales menores.
En este contexto debe analizarse la nueva ordenanza provincial, porque está diseñada para que los concejos no puedan presentar sus cuentas en tiempo y forma y sean suprimidas. No es casualidad que se intente cobrar un fijo de 150 euros y un 0´5% del presupuesto a gestionar. Estamos ante un estudio de mercado para reconocer que juntas vecinales liquidar primero una vez entre en vigor la Ley Antiayuntamientos. Una auditoría inicial para ir contando cuantas y cuales serán suprimidas en el primer corte, unas por no poder presentar las cuentas y otras por sufrir un déficit presupuestario que permita a la Diputación informa desfavorablemente sobre las cuentas al ministerio de Hacienda y así iniciar el proceso de liquidación de cada una de ellas.
Tan solo con echar un vistazo al Estudio Económico-Financiero es fácil comprobar que estamos ante una tasa artificial, sin el más mínimo fundamento. Dicho Estudio cuantifica en 955 las Juntas Vecinales que podrán tener acceso al SAM. Concluye un coste de 22.313,32 euros del servicio y prevé un déficit de 31.313,22 euros anuales. Como todo servicio público el coste no puede superar el real del propio servicio.
Sin embargo este calculo del coste por Junta Vecinal se fundamenta en datos falsos, 6 trabajadores cuando son dos, y un método de lo más original para fijar el “precio”. Sin entrar en más detalles parece risible que el coste de una tasa se calcule sumando el precio del sueldo que cuesta cada hora de trabajo que dedican los funcionarios y laborales a este menester, tomando como referencia que cada ELM necesitará 30 horas de trabajo anuales. Lo risible se vuelve ridículo cuando se entra en los pormenores de los gastos de fotocopias (también inflados), del envío de correo ordinario, el mantenimiento del programa informático, la superficie en metros cuadrados dedicados al SAM, la banda ancha destinada, el consumo energético, el gasto en climatización, agua, teléfono, basuras, alcantarillado y depuración que son necesarios para elaborar las cuentas a los concejos de la provincia de León. Estamos ante un auténtico despropósito político, espectáculo circense en su justificación e intento de eliminación de estas entidades por parte de la Diputación Provincial.
Sírvase por tanto recibir la presente RECLAMACION y la tenga en cuenta a la hora de mejorar la Ordenanza, revisar las tasas, su incremento y exenciones, y servir a su modificación respetando tanto los derechos como los deberes de los usuarios del centro
En León, a 2 de diciembre de 2013

Sin otro particular

Fdo: Santiago Ordóñez González

Coordinador Provincial de IU León

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