Izquierda Unida - León

PREGUNTA ESCRITA PARA LAS CORTES DE CYL

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 19 de octubre de 2012 la Presidenta de la Diputación Provincial de León y dos representantes de Iberdrola firmaron un “Convenio de cesión de instalaciones eléctricas y resarcimiento frente a terceros”.

Además de la evidente cesión misma de las instalaciones de la nueva línea de Alta Tensión y sus varios anexos a la compañía distribuidora, por parte de la Diputación Provincial de León, que realizó la instalación, el objetivo real del convenio es, por parte de la Diputación Provincial de León, hacer pagar a los usuarios y nuevos vecinos el costo de la construcción de dichas instalaciones, de forma tal que la diputación provincial “recupere”, en 25 años, la inversión realizada.

Pretende así la Diputación usurpar las funciones de las empresas suministradoras de electricidad y que los nuevos usuarios (y los actuales que pretendan incrementos de potencia superiores a 10 Kw.) paguen 3 veces su consumo de electricidad, imposición que algunos casos puede suponer el pago de hasta 14.000 euros por dar de alta el servicio de suministro de electricidad en las viviendas afectadas:

La nueva línea eléctrica y sus instalaciones anejas ha sido realizada únicamente para hacer frente a las necesidades de la Estación de San Isidro y, sobre todo, a las nuevas urbanizaciones y construcciones en su entorno que la especulación inmobiliaria ha hecho surgir como champiñones en el Ayuntamiento de Puebla de Lillo (León), ya que resulta evidente que sin estas últimas, incluso las necesidades de la propia Estación de Esquí hubieran quedado o bien cubiertas, o bien resueltas con mejoras en la red existente.

Izquierda Unida de León y su Asamblea Local en Puebla de Lillo no ha dejado de denunciar, desde hace años, tanto los últimos desarrollos urbanísticos especulativos desarrollados en el municipio y la caótica y abusiva urbanización de los altos de San Isidro. Los hechos son tozudos y nos han dado la razón:…no se trata únicamente de razones medio-ambientales las que esgrimía Izquierda Unida. Señalábamos que estas actuaciones obligarían a las Administraciones a realizar cuantiosas inversiones para hacer viables las urbanizaciones citadas.

Izquierda Unida también se ha opuesto desde el primer momento el Proyecto de la línea de alta tensión que nos ocupa, tanto en su trazado, como su carga, ya que resulta estar escandalosamente sobre-dimensionada. La Diputación Provincial de León ha dado pruebas, una vez más, de su probada incompetencia técnica a la que hay que añadir tanto el cinismo con el que han manejado el señuelo del abastecimiento también a la Estación de Fuentes de Invierno para justificar la necesidad de una línea de estas características.

La pretensión de la Diputación Provincial de hacer pagar a los futuros usuarios el costo, no solo de su conexión a la nueva línea de alta tensión, sino también la propia línea desafía al más elemental sentido común. Esta pretensión de que sus inversiones, realizadas con el dinero de los contribuyentes, sean pagadas por éstos dos veces es del todo ilegal e inverosímil. Sin duda pretende imponer con este “auto gratis total” maquillar sus deudas y camuflar sus erráticas políticas de inversión. ¿Es ese el camino que piensa seguir la Diputación de León y todas las administraciones gobernadas por el PP para “resarcirse” de sus inversiones en carreteras, infraestructuras y servicios públicos que el Proyecto de Ley de Reforma de las Administraciones Locales pretende dejar en manos de las Diputaciones Provinciales?

Este Convenio de ”Resarcimiento” es un ejercicio de irresponsabilidad y de frivolidad, que merece la intervención del Gobierno Central y la Junta de Castilla y León; ya que podría incurrir en numerosas irregularidades, entre las que no es la menor de ellas la auto-atribución de competencias para el establecimiento de “resarcimientos” en la Red de Alta Tensión ni el agravio comparativo inaceptable que padecerían no solamente los propietarios de bienes inmuebles en el municipio, sino también cualquier proyecto de implantación o ampliación de actividades productivas y generadoras de empleo, pues, de hecho, el resarcimiento previsto (más de 10 Millones de €) afectaría casi únicamente al Municipio de Puebla de Lillo. Al respecto, resulta particularmente escandalosa, la Estipulación 4.2 del Convenio, por la cual la Diputación Provincial se reserva, de hecho, la potestad de exceptuar del pago del “resarcimiento” a quien considere oportuno, que, conocidas las prácticas caciquiles imperantes en este municipio, constituye una verdadera “patente de corso” aún más inaceptable.

Pero la “Operación Resarcimiento” no sería posible sin la activa complicidad del Ayuntamiento de Puebla de Lillo, que está amenazando (p-e- acuerdo plenario de 20 de junio de 2013) a los propietarios de viviendas en urbanizaciones que se alimentan o alimentaban con generadores con su inminente retirada, con el fin de que acepten el abusivo “resarcimiento” que se les pretende imponer. El Alcalde de Puebla de Lillo, lejos de acudir en defensa de su municipio, lejos de asumir sus responsabilidades, se ha puesto de lado de la Diputación en este lamentable episodio. Era de esperar a la vista de su trayectoria. Era de esperar, pero resulta inadmisible. Tan inadmisible como el apoyo que ha recibido del PSOE para actuar de esta manera.

Formas que suponen la conculcación reiterada de la normativa urbanística vigente por parte del Ayuntamiento a la hora de cumplir con sus obligaciones rotacionales en las urbanizaciones afectadas, a la vista de las recepciones de urbanización, concesión de licencias municipales de obras y primera ocupación otorgadas.

PREGUNTAS

¿Tiene conocimiento la Junta de las nuevas funciones que usurpa la Diputación Provincial en materia de suministro energético?

¿Está dispuesta la Junta a investigar los hechos aquí recogidos y tomar las medidas oportunas para investigar y tomar las medidas oportunas, en el caso de existir irregularidades en materia urbanística, tanto por parte del Ayuntamiento de Puebla de Lillo como en la construcción de la línea eléctrica por parte de la Diputación?

¿Está la Junta dispuesta a actuar contra este convenio para restituir, en la medida de sus competencias, la legalidad y los derechos de los vecinos y vecinas afectados por el Convenio firmado por al Diputación Provincial de León e Iberdrola?