martes, 22 de abril de 2014

IU contra la Ley de Autoridad del Profesorado

Izquierda Unida quiere denunciar que el PP enmascare tras la “Ley de Autoridad del Profesorado” una política de desautorización permanente de la labor docente.
Parece un esperpento, cuando no un insulto, que aquellos que desautorizan al profesorado con sus políticas de recorte en el gasto educativo pregonen ahora el beneficio que aportará una ley vacía de contenido y que responde, al parecer, a la problemática que, por ejemplo, representan las 133 incidencias del curso escolar 2011/12. La lamentable realidad es que el Gobierno de la Comunidad ha pretendido con la "Ley de Autoridad del Profesorado", nacida de un planteamiento sesgado y parcial, distorsionar y distraer la percepción de la realidad educativa.

Esta ley no ha tenido como objetivo solucionar los conflictos y desarrollar la convivencia educativa en los centros, sino lanzar una campaña propagandística de apoyo a un profesorado que, con esta ley aprobada, seguirá en la misma realidad de deterioro grave de sus condiciones laborales. Estamos ahora asistiendo al intento de rentabilización mediática.

La Consejería de Educación elude su responsabilidad en las consecuencias que la reducción del gasto público educativo está teniendo en el deterioro de la convivencia en los centros escolares. Se está pretendiendo desviar la atención y ocultar las circunstancias reales que, desde la responsabilidad de la Administración, están provocando que el trabajo de los docentes se enfrente a dificultades que hacen imposible el ejercicio adecuado de su labor.

El profesorado se está enfrentando a aulas masificadas y de gran complejidad sociológica porque la administración ha decidido “proteger” la autoridad docente aumentando las ratios y recortando en la contratación de personal. Y cuando se deterioran las condiciones de trabajo del profesorado, además de desautorizar a profesoras y profesores, se cercena el derecho del alumnado a recibir una educación de calidad. La autoridad del profesorado y el derecho fundamental a la educación se protegen asegurando una Educación Pública dotada de recursos suficientes y no con imposiciones y modelos de convivencia basados en el autoritarismo.

Lo que de verdad necesita la Educación Pública y sus profesionales son más medios, más inversión y menos recortes, y no una figura legal que declare al profesorado como "autoridad pública". La autoridad del profesorado no es una cuestión de ley, es algo mucho más complejo y vinculado a los medios y recursos con que éste cuente para el desempeño de sus funciones. El verdadero reconocimiento de la labor del profesorado pasa por dotarlo de las herramientas y los instrumentos que precisa para responder adecuadamente a la problemática que se vive en las aulas. La dignificación de la labor de maestras y maestros, profesoras y profesores, la mejora de la convivencia en colegios e institutos exige un fuerte aumento del gasto público en educación, justo lo contrario de lo que están haciendo las distintas administraciones y Gobiernos del PP.

Cuando se aumentan las ratios, cuando disminuyen los recursos para la atención de la diversidad, cuando aumentan las horas lectivas, cuando tardan en cubrirse las sustituciones, cuando menguan las plantillas o se cierran centros de formación del profesorado, se está privando al profesorado de recursos para ejercer adecuadamente su labor docente. Esto es lo que se pretende ocultar.

Para lograr el mejor clima de convivencia democrática en los centros educativos habría que intervenir sobre la escolarización (para evitar la acumulación de alumnado con necesidades de compensación); sobre la organización de los centros (aumentando su autonomía pedagógica y organizativa para adecuarse a las características y necesidades del alumnado y las comunidades sociales del entorno); sobre la ratio (para evitar aulas masificadas y poder desarrollar auténticos procesos de enseñanza personalizados y adaptados a las necesidades y características del alumnado); sobre los perfiles profesionales (reforzando los equipos y departamentos de orientación e incorporando nuevos profesionales de intervención social, como educadores sociales, trabajadores sociocomunitarios, mediadores interculturales, etc.); sobre el profesorado (aumentando el número de profesores y profesoras para poder atender a la diversidad y mejorar su formación inicial y permanente en este tipo de estrategias de resolución de conflictos y habilidades de comunicación y convivencia); sobre el alumnado y las familias (estableciendo mecanismos de participación real que permitan involucrarse activamente en la elaboración democrática de los planes de convivencia y mediación escolar y los mecanismos de regulación de la misma) y contemplando espacios y tiempos para la convivencia y las relaciones personales.

¿Qué novedades nos están planteando? ¿Qué aporta esa ley a los centros educativos? ¿Qué significa que el profesorado sea autoridad pública? ¿Alguien puede creerse que por el simple hecho de convertir en autoridad pública al profesorado van a desaparecer los problemas de convivencia de los centros donde los hubiere? ¿Sólo por hacerles autoridad pública?


Esta ley se ha pensado con la irresponsable intención de ocultar los verdaderos problemas de la Educación Pública, que no son otros que los que provocan las políticas de ajuste y recortes sangrantes de las que está siendo víctima, y los verdaderos problemas del profesorado, que se tiene que enfrentar a situaciones de cada vez más difícil desempeño en un contexto, ya constatado, de desprotección y desconsideración por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Castilla y León. Lo que el profesorado necesita son actuaciones que aumenten la consideración social de la función docente, y ello sólo puede lograrse con medidas de carácter integral que refuercen su labor docente, les dote de herramientas personales adecuadas y de los apoyos humanos y materiales necesarios, inexistentes hoy, para que, entonces sí, se sientan apoyados. Es entonces cuando los 6.500 profesores de la provincia tendrían algo que aplaudir.

  1. José Antonio Alegre López (Coordinador del Área de Educación de IU Castilla y León)

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