Izquierda Unida - León

MOCIÓN
“SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR”

D: Santiago Ordóñez, como Coordinador de Izquierda Unida, CIF: G-78269206, ante el Pleno del Ayuntamiento de León

EXPONE:
Uno de los objetivos en las últimas décadas del movimiento feminista, ha sido que las mujeres podamos vivir la sexualidad sin el temor a embarazos no deseados y que la inmensa mayoría de las mujeres, independientemente de sus creencias puedan vivir la maternidad como una opción personal y libre, y no como una imposición.
Los propios organismos internacionales reconocen entre los derechos fundamentales, el derecho de las mujeres a decidir sobre las cuestiones relativas a su sexualidad y a su capacidad reproductiva, y a decidir libremente respecto a las mismas sin verse sujetas a la coerción o a la discriminación. Se trata pues de que tanto social como legalmente se respete el derecho de las mujeres a decidir ser madres o no, y se garanticen los medios y servicios públicos para que puedan llevar adelante sus propias decisiones reproductivas y sus proyectos de vida.
Si bien es cierto que se han dado avances con una relativa normalización en la prestación de interrupciones voluntarias de embarazos, también es cierto que la normativa española en esta materia, con más de 25 años de vigencia, necesita actualizarse y adecuarse a la realidad social. En definitiva reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas y de dar solución a los problemas que se han venido dando, en la aplicación de la actual legislación, cuando las mujeres han querido ejercer libremente su derecho.
En el actual proceso abierto de elaboración de una nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo estamos asistiendo, por una parte, a una “cruzada” antiabortista que pretende hasta anular esos derechos legalmente reconocidos poniendo incluso en grave peligro la salud y la vida de las propias mujeres imponiendo una decisión a la voluntad de la propia mujer, y anulando su capacidad para decidir libre y voluntariamente, desde las autodenominadas organizaciones “pro vida” y desde diversos estamentos de la Iglesia Católica.
Y por otra parte, a una falta de determinación del Gobierno a presentar un Proyecto Legislativo, donde se recoja el pleno respeto a la libre decisión de las mujeres y que sitúe a la legislación española a la cabeza de las legislaciones europeas, en esta materia.
No tiene sentido que después de tantos años de una legislación obsoleta e hipócrita, ya que si bien, nuestra normativa estaba entre las más restrictivas de Europa, la práctica ha sido de las más permisivas, ahora pretendamos quedarnos en el tramo medio de las legislaciones europeas, que en la mayoría de los casos son legislaciones con varias décadas y con demostrada insuficiencia en diversos ámbitos de cobertura.
Por todo ello entendemos que es necesario que se apruebe una Ley que garantice, sin tutelas, la libre decisión de las mujeres y que nos situé a la cabeza de los países europeos.
De ahí que elevemos al Gobierno Estatal, los siguientes ACUERDOS:
· Que la IVE deje de estar tipificada como delito, y por lo tanto deje de estar contemplado como tal en el Código Penal.
· Que en la futura Ley de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se reconozca la libre decisión de las mujeres como precepto general para la interrupción voluntaria del embarazo.
· Que su cobertura por la Sanidad Pública, se regule en torno a un sistema de plazos. Esta cobertura debe estar garantizada en cualquier momento del embarazo si supone un peligro para la salud de la mujer.
· Que se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública. Garantizando la equidad territorial mediante la elaboración de un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud
· Que se reconozca la autonomía en la decisión de las menores a partir de los 16 años, en sintonía con la pautas generales marcada en la Ley de Autonomía del Paciente, y suprimiendo por tanto la IVE de las excepciones recogidas en el apartado 4, del artículo 96 de la citada Ley (41/2002).
· Que se incluya el aborto en los estudios de medicina, enfermería y otras profesiones socio-sanitarias, desarrollando acciones formativas que normalicen esta práctica.
· Que se realicen campañas permanentes sobre educación e información en salud sexual y reproductiva, sobre todo entre jóvenes, que disminuyan las situaciones de riesgo y los embarazos no deseados.


En León, a 30 de mayo de 2009