martes, 21 de julio de 2009

IU DENUNCIA LA PERSECUCIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO A LOS VECINOS Y VECINAS EXPULSADOS DE LOS PLENOS. SE UNE A LAS 7 MULTAS INTERPUESTAS CONTRA UNA VECINA POR LAS PEGADAS DE CARTELES SIN QUE PARTICIPARA EN ELLAS.
Algunas de las personas obligadas o invitadas a desalojar los plenos del Ayuntamiento, tuvieses algo que ver con la privatización del agua o no, han empezado a recibir notificaciones del Ayuntamiento avisando del inicio de expedientes sancionadores contra sus personas por esta causa.
La multa puede ascender entre los 300 y 6000 euros. Aquellos que han recibido la notificación tienen 15 días para presentar alegaciones.
En dichas denuncias nada se dice de cualquier tipo de comportamiento incívico salvo que se impidió el desarrollo del pleno correspondiente, en este caso hablamos del celebrado el 8 de junio y que supuso la ruptura de relaciones entre CCOO, el Ayuntamiento y el PSOE. La situación es tan dantesca que cualquier persona identificada antes de estos plenos puede sufrir este trato, hubieran o no colaborado en la protesta o hubieran o no sido desalojados por la fuerza.
Para IU el régimen dictatorial, policial y digno de la mejor tradición de ultraderecha nos remiten a comportamientos ahora muy conocidos por los hechos de Honduras. Allí el presidente fue secuestrado de madrugada y metido en un avión, aquí se ha secuestrado la democracia para defender los mismos intereses económicos inconfesables que en Honduras y se persigue sin pruebas ni argumentos a quienes se enfrentan a la conversión de León en un cortijo particular, del capataz de los Señoritos, intentando además la mayor de las desfachateces. Crear una nueva tasa municipal en forma de denuncia que sirva para recaudar dinero a costa de quienes se están convirtiendo en la última resistencia contra la venta de la ciudad al interés privado.
Las denuncias no van a servir para nada por falta de pruebas, ni siquiera el circuito cerrado del Salón de Plenos puede demostrar nada porque la protesta en los plenos ha sido una tradición en León desde 1977, en pocas ocasiones se desalojó desde entonces y ha ocurrido ahora lo ha sido por la pérdida de papeles y escasa cintura de un Alcalde sobrepasado por los compromisos contraídos antes de llegar a la alcaldía y que nada tienen que ver con el bienestar de la ciudad.
La situación la ha provocado el Equipo de Gobierno, por seguir la misma política que el PP, por empecinarse en robarnos el patrimonio de todos y no escuchar las alternativas ofrecidas de buena fé. Que después haya recibido contestación popular es un síntoma de que en León la gente todavía lee y defiende sus derechos. Si el Equipo de Gobierno quiere imponer la venta del 100% de la gestión del agua puede hacerlo, pero no gratis y la contestación ciudadana y los tribunales son recursos que no pueden ser coartados por nadie ni siquiera por un partido político y un pobre hombre que empieza a dar más pena que otra cosa.

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