miércoles, 16 de noviembre de 2011

PROGRAMA ELECTORAL IU LEON ELECCIONES GENERALES

PROGRAMA ELECTORAL LA IZQUIERDA PLURAL GENERALES 2011

La sociedad leonesa no es, ni puede ser, ajena a la realidad global. Marcada por una crisis estructural en el modelo capitalista que, como tal, determina todos los ámbitos sociales, económicos, políticos y de la totalidad de la humanidad y, por ende de la ciudadanía leonesa.

Desde esta perspectiva, la Izquierda Plural a través de la convocatoria social ha participado junto con la sociedad en la generación de un programa político elaborado desde las bases sociales y para todas las ciudadanas y ciudadanos. Porque es el momento de rebelarse.

Propone una forma justa y democrática de hacer política, sirviendo de herramienta y canalizador de las inquietudes del pueblo. Poniendo de esta manera el conjunto de nuestros esfuerzos y trabajos al servicio de las personas y no al contrario.

Una propuesta de siete revoluciones para cambiar la injusta realidad y abrir una puerta a un futuro de justicia social y equidad que destierre para siempre desmanes y abusos de quienes todos sabemos en esta provincia.

  1. REVOLUCION ECONÓMICA

La revolución económica como base de una alternativa global al capitalismo.

1 PROPUESTAS PARA UNA REFORMA FISCAL. DÉFICIT PÚBLICO

Nuestra propuesta no es más o menos impuestos, es justicia fiscal: que todas las rentas tributen de la misma manera, sean del capital o del trabajo, y que paguen más los que más tienen y más ganan.

1. Elevación al 50% del tipo marginal para el tramo más alto del impuesto. Equivaldría a algo menos de 60.000€ anuales de ingresos brutos de un contribuyente sin hijos a su cargo.

2. Reducir en un 25% la cuota del IRPF de todos los contribuyentes con ingresos inferiores a

21.000 € anuales. Esto afectaría a 12,5 millones de contribuyentes, un 65% del total.

3. Tributación igual para las rentas del trabajo y las del capital

4. Derogar la legislación fiscal sobre las SICAV y situarlas en régimen de transparencia fiscal.

5. Sustituir el impuesto de patrimonio por uno efectivo sobre las grandes fortunas.

6. Aumento de la contribución fiscal del beneficio de los bancos, las grandes empresas y las transacciones financieras.

7. Limitar de manera rigurosa las subvenciones de las cotizaciones al empresariado.

8. Impedir la práctica en fraude de ley consistente en despedir a los 11 meses de contrato para que sea el Estado el que abone las vacaciones.

9. Introducir medidas de fiscalidad verde para gravar las actividades que perjudiquen el medio ambiente e incentivar las que tengan efectos favorables. Incorporar un IVA ecológico.

10. Reducir el IVA del 8 al 4 % en los bienes de primera necesidad, así como en los artesanales de consumo nacional.

Nos oponemos a las salidas propuestas, como el Pacto del Euro o la reforma constitucional, que pretende limitar la acción de los Estados al imponer un límite en el déficit, con el que no estamos de acuerdo.

Proponemos actuar en dos líneas: lucha contra el fraude fiscal y actuaciones sobre el déficit, que si sirve para atender gasto social y el gasto productivo y que adquiere un valor social fundamental.

2 PROPUESTAS PARA UNA BANCA PÚBLICA

No se cubrirá con dinero público la deuda externa privada de las instituciones financieras. La crisis del sector financiero es la expresión de la bancarrota de las políticas neoliberales y, por tanto, la fórmula necesaria pasa por la nacionalización de las entidades insolventes y la creación de una nueva banca pública que intervenga en el flujo de dinero, pudiendo inyectar liquidez a los autónomos y las

PYMES.

Los elementos esenciales de un modelo progresista de Banca Pública son:

1.Criterio predominante de rentabilidad social, compatible con la eficiencia y los resultados positivos.

2.Modelo de gestión que excluye cualquier operativa especulativa y/o vinculada a paraísos fiscales.

3.Participación democrática en la gestión de los impositores, en su caso, y de los trabajadores.

4.Vinculación a los objetivos de desarrollo acordados democráticamente. La ley de presupuestos debe incorporar un apartado sobre prioridades de los recursos financieros públicos.

De acuerdo con ello, proponemos:

1.Constitución a partir del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de Agencias Públicas de Inversión en todas las CCAA; recuperación de la Banca Pública Especializada (Banco de Crédito Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco Exterior); renacionalización de la Caja Postal de Ahorros (actualmente Bancorreo).

2.Transformación de las Cajas de Ahorro en un Sistema de Banca Pública, desbancalizándolas mediante la nacionalización de las mismas.

3.Colaboración con la Banca Social y ética.

PROPUESTAS PARA ACABAR CON LA ECONOMÍA SUMERGIDA E IMPULSAR LA ECONOMÍA REAL

Debemos combatir la economía sumergida y el fraude fiscal mediante un Plan con objetivos cuantificados y periodificados y para ello es necesario una reforma de la legislación tributaria sancionadora e inspectora. Proponemos:

1.Mejorar los recursos de la inspección, sus competencias y estructura interna hasta homologarla con otras agencias europeas. Control parlamentario de la Hacienda Pública.

2.Prohibición y persecución de las operaciones en los paraísos fiscales.

3.Supresión de los billetes de 500€

4.Fiscalización de todas las operaciones en metálico superiores a 1.000€ tanto entre particulares como en las relaciones comerciales.

5.Elaboración y publicación de un Libro Blanco sobre la Economía Sumergida y el Fraude Fiscal en España.

Impulso de la economía real mediante:

1.Pago a los proveedores y a los subcontratistas de las deudas de las Administraciones Públicas en un plazo máximo de 60 días (30 días para las pequeñas empresas y autónomos).

2.Adopción de medidas para garantizar que autónomos y pequeñas y medianas empresas dispongan de financiación suficiente para que puedan seguir desarrollando su actividad y vuelvan a crear empleo.

3.Plan de empleo-formación para las personas en paro de larga duración.

4.Plan de empleo juvenil para los menores de 35 años, con subvención de las cotizaciones a la seguridad social en el caso de los contratos indefinidos.

5.Plan de rehabilitación de viviendas residenciales.

6.Plan de inversiones en infraestructuras de proximidad intensivas en mano de obra.

7.Plan de reforestación y regeneración de cauces y riberas.

Delimitación de la deuda pública y la deuda externa privada (especialmente la de las instituciones financieras). La Unión Europea debe proceder a la compra de deuda soberana de los países miembros y emitir bonos propios hasta donde sea necesario para impedir la especulación. La deuda financiera privada debe ser renegociada en función de los activos de las instituciones endeudadas.

4 PROPUESTAS PARA UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO PARA LA PROVINCIA DE LEÓN. NO QUEREMOS SER UN ASILO.

1. Queremos defender lo público y el papel de lo público en la economía. Proponemos:

1.Recuperar para el sector público empresas públicas privatizadas. El agua, las energías y los recursos básicos y estratégicos no pueden ser mercancía.

2.Desarrollar la protección social, la Seguridad Social y los servicios sociales.

3.Garantizar la eficiencia y el desarrollo de los servicios públicos, con propiedad y gestión públicas.

2. Proponemos un cambio del modelo de relaciones laborales que es en la provincia el rasgo más negativo del modelo productivo, mucho más que la especulación inmobiliaria. Una parte esencial del cambio en el modelo de relaciones laborales es la reforma empresarial y no la reforma laboral. Hay que cambiar la gestión empresarial en esta provincia: hay que penalizar el modelo de salarios bajos, precariedad y desregulación. Consideramos el pleno empleo, digno y de calidad, como el eje determinante del nuevo modelo productivo con políticas de reparto del trabajo y producción sostenible. Proponemos:

1.Derogación de la Reforma Laboral.

2.Recuperación de la primacía de la negociación colectiva.

3.Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. Trabajar menos para trabajar tod@s.

4.Jubilación a los 65 años y reducción progresiva a los 60. Cotización máxima a los 35 años y período de cotización de 15 años. Equiparación de las pensiones mínimas a un salario mínimo interprofesional digno, no menos de 1100 euros.

5.Racionalización de los horarios de trabajo. Abolición de la jornada partida.

6.Control y limitación de las horas extras.

7.Elevación del salario mínimo a 1.100 €/mes.

8.Limitación general de los salarios máximos. Tope de retribuciones en las Administraciones

Públicas y organismos vinculados y dependientes con dos criterios: retribución máxima, la del Presidente del Gobierno y principio de una única retribución pública.

9.Reforzamiento del Sistema Público de Pensiones.

10.Eliminación de la figura del becario. Contratos en regla para todo tipo de trabajo.

11.Supresión de las ETTs.

12. Reforma de la ley de prevención de riesgos laborales.

13. Sustitución progresiva de las subvenciones directas a las empresas por un modelo efectivo de créditos blandos.

3. Proponemos introducir la democracia en la economía, desde la planificación sostenible del desarrollo hasta la gestión de cada empresa concreta. Defendemos la participación democrática de los trabajadores en la planificación económica y en la gestión de las empresas. Apostamos decididamente por la economía social.

4. Queremos desarrollar legalmente la exigencia de cumplimiento de los derechos subjetivos establecidos en la Constitución Española: derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, etc. Reconocimiento de la eficacia de los derechos subjetivos establecidos en el art.

27 y 35 de la Constitución Española. El desarrollo del artículo 35 implica el reconocimiento del derecho al trabajo y alternativamente una prestación económica digna y suficiente y una formación durante todo el período de duración del desempleo.

5. Priorización de sectores productivos:

Los sectores básicos: Industrias Energéticas, Turismo y Hostelería, Construcción, Industrias Agroalimentárias y Química verde. Estos sectores son imprescindibles para mantener el empleo en León y deben afrontar importantes procesos de modernización y de cambio. Son sectores esenciales en un cambio de modelo productivo en nuestra provincia, tanto por su importancia en el PIB como en la generación de empleo.

1. Nacionalización del carbón, considerándolo como un sector estratégico más allá del 2018. Auditoría completa del plan MINER, revisión del plan del carbón y de la ley de actuación minera. Incorporar al convenio de la minería a los más de mil productores que se han quedado fuera.

2. Apuesta por las energías renovables y aprovechamiento del medio. Energías solar, eólica, hidráulica de baja potencia, biomasa…

3. Plan de ordenación de recursos mineros de la pizarra. Plan específico para el desarrollo de la comarca de la cabrera.

4. Plan de regenación de empleo cualificado y estable alrededor de planes ARI (Areas de rehabilitación integral) y las ITV a edificios antiguos. Protección y promoción de la arquitectura tradicional en zona rural como motor del relanzamiento de estas comarcas.

5. Desarrollo y creación de industrias ligadas a la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento forestal.

6. Plan provincial para el desarrollo industrial y tecnológico. Desarrollo racional del parque tecnológico de León y otro más en el Bierzo.

7. Plan provincial, incorporando el criterio territorial y técnico, para la extensión de las nuevas tecnologías y la comunicación.

8. Gestión cooperativa de nuevas empresas así como de aquellas que pretendan deslocalizarse, caso de LM. Fomento del autoempleo y teletrabajo.

9. Modernización de los Sectores de la Hostelería y el Turismo. Adaptarlos a la realidad del siglo XXI. Siete Revoluciones para el turismo y la hostelería como generadores de futuro en León:

1. Profesionalizar y formar para un turismo de calidad, derogando la ley de hostelería vigente.

2. Potenciar el turismo rural como motor de futuro para las comarcas.

3. Crear el corredor turístico Puebla de Lillo – San Isidro conectando toda la montaña. Como ejemplo de otros corredores que aprovechando estructuras y núcleos urbanos ya existentes generen un nicho de riqueza y empleo.

4. Dotar a las ciudades patrimoniales de infraestructuras logísticas y humanas para ofertar un turismo de altura.

5. Proyectar la gastronomía autóctona y sus productos.

6. Integrar el medio ambiente en las promociones turísticas cosiendo la provincia con rutas verdes.

7. Dignificar la profesión.

6. Para alcanzar todo lo anterior debemos dotar a León de infraestructuras:

1. Plan provincial de movilidad sostenible. Potenciación del tren convencional y de cercanías.

2. Ampliación de la integración del ferrocarril en León y San Andrés del Rabanedo. Asegurar su ejecución con financiación pública.

3. Ejecución del centro logístico de Torneros. Defensa del empleo en los talleres ferroviarios de León.

4. Consolidación de FEVE (León – Bilbao y Ponferrada – Villablino) en la triple vertiente de transporte de mercancías, viajeros y turismo; convirtiendo a FEVE en un verdadero transporte metropolitano en la capital y su alfoz.

5. Eliminación de los peajes León – Astorga y León – Campomanes.

6. Construcción de la conexión con Portugal por el vial León – BraganÇa.

7. Acelerar la ejecución de la autovía León – Valladolid, asegurando la protección de los restos de Lancia.

8. Construcción de La Espina – Villablino – Ponferrada y conexión con Portugal por la Cabrera.

9. Finalización de la ronda sur de León y estudio informativo sobre la ronda noroeste.

10. Reapertura del ferrocarril vía de la plata.

5 PROTECCIÓN A LOS DESEMPLEADOS Y DESEMPLEADAS

Tenemos que considerar la creación de empleo y la protección a los parados como el objetivo prioritario de la política económica del país, tanto en el nivel del Gobierno central como en los Gobiernos autonómicos en el marco de sus competencias. Para ello es necesaria la aprobación de planes de urgencia y de estrategias a medio plazo con las adecuadas dotaciones presupuestarias.

Rechazamos los ERE,s en las empresas con beneficios en sus cuentas de resultados.

Suspensión de todos los procedimientos de ejecución del embargo de la vivienda habitual o de corte de suministro de electricidad, gas, agua y teléfono para las personas en situación de desempleo.

Transporte público gratuito para las personas en situación de desempleo.

Desahucios

1. Reforma de la ley de enjuiciamiento civil en materia de desahucios, con la incorporación de la fórmula de la dación en pago como liquidación de la deuda con la entrega del bien hipotecado.

2. Fortalecer las acciones sociales movilizadoras para bloquear los procesos de desahucio en curso, paralizando los lanzamientos y reivindicando la vivienda como un derecho fundamental en los casos en que se trata de la vivienda de residencia.

3.Suspensión o interdicción de todos los desahucios de manera que ningún núcleo de convivencia quede sin vivienda, haciendo efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna.

Una fuerza de izquierdas alternativa debe tener como objetivo la consecución de una democracia avanzada, en el marco de un Estado federal, republicano y solidario que amplíe los marcos de libertad y participación y garantice el bienestar económico, social y cultural de los ciudadanos. Una sociedad que establezca un nuevo modelo de desarrollo ecológicamente sostenible, donde las grandes opciones socioeconómicas sean reguladas democráticamente.

Estamos ante un ciclo histórico en el que se pone de relieve que los cambios no se consiguen el

Parlamento, se consiguen cuando existe la fuerza social para conseguirlos.

Sabemos que para cambiar el régimen económico tiene que haber cambios políticos y hacer políticas para los millones que sufren la crisis. Por ello, en este momento más que nunca, debe estar ligado el trabajo institucional con el social para avanzar hacia una democracia plena.

2. REVOLUCION DEMOCRÁTICA

1 PROPUESTAS PARA CAMBIAR LA LEY ELECTORAL

Hay que adecuar la composición de las instituciones representativas a la voluntad popular, expresada a través de sus votos y democratizar el funcionamiento de estas instituciones. Ese es nuestro objetivo, por lo que:

-Proponemos la reforma del sistema electoral, encaminada a garantizar la proporcionalidad en el reparto de escaños, para que todos los votos valgan por igual.

- Reforma del Senado de manera que sea verdaderamente la Cámara de representación Territorial.

2 PROPUESTAS PARA AVANZAR HACIA LA III REPÚBLICA

La Transición se ha constituido en todo un Régimen que ha ido consolidando aspectos conservadores de la misma como: la no ruptura política, moral ni económica con el franquismo, el modelo monárquico, el protagonismo de una Iglesia católica sufragada con fondos públicos, el modelo electoral de 1977, el control conservador de colectivos fundamentales como el poder judicial.

Hay que incorporar el problema de la impunidad del franquismo, así como recuperar la memoria histórica, que apareje reconocimiento e indemnizaciones a las mujeres y hombres que lucharon contra el franquismo.

Mientras, algunas conquistas de la izquierda para el texto constitucional no son hoy más que papel mojado. La Constitución del 78 recoge derechos como: el derecho a un trabajo suficientemente remunerado (art. 35), el derecho al acceso a la cultura (art. 44), derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47) y que los poderes públicos “establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción” (art. 129) y que “el Estado, mediante Ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución” (art. 131.1).

En los últimos años son varios los síntomas de colapso del modelo, en medio de una crisis económica y política, un vaciamiento de la democracia representativa al evidenciarse que las decisiones clave las adoptan las grandes fortunas, capaces de hundir o reflotar una moneda, y organismos europeos y mundiales que no responden a ninguna legitimación democrática.

Necesitamos un cambio político sustancial que conlleve un giro económico, social, cultural y ético radical. A tal cambio la izquierda le llama III República.

Es la afirmación de una radicalidad democrática: sólo es legítimo el régimen que es república, cosa pública, cosa de todos, en cuyo cuidado y gobierno todos están comprometidos ejerciendo la responsabilidad de su virtud ciudadana.

No existe libertad si no se dan las condiciones materiales que la hagan posible, por ello defendemos la afirmación antitiránica frente a toda forma de dominación y una convivencia basada en las virtudes cívicas. La libertad republicana es la ausencia de dominación, tanto en los ámbitos públicos como privados, por eso entendemos que el Estado republicano debe ser un Estado social.

Para ello, proponemos el inicio de un proceso constituyente que devuelva la voz y el poder de decisión a los ciudadanos.

3 PROPUESTAS PARA ACABAR CON LA CORRUPCIÓN

La regeneración de la vida democrática sólo será posible:

- auditoría social de las administraciones en todos los ámbitos: ético, económico, etc

- reformando las formas de hacer política

- recuperando su concepción de debate de alternativas ante los grandes problemas

- frenando la tendencia a la autonomía de la denominada “clase política”

- reforzando las relaciones representantes-representados

- acercando el poder y la capacidad de decisión a los ciudadanos

- desarrollando los distintos sujetos sociales de la sociedad civil

- democratizando los aparatos e instituciones del Estado

- anteponiendo la legitimidad y la razón jurídica a la razón de Estado y la corrupción

- dignificando la actividad pública.

Esta regeneración no será posible sólo con cambios legales o institucionales, deberá acompañarse de un cambio cultural y de una autorreforma de los propios partidos políticos.

La corrupción es un cáncer para la democracia y causa de desprestigio de la política y lo público. Es un fenómeno estructural del capitalismo. La corrupción no es sólo un problema moral sino estructural con raíces económicas y sociales. La tolerancia social frente a la corrupción tiene que cambiar.

-Medidas para asegurar el comportamiento ético de los cargos públicos: regulación estricta de incompatibilidades, medidas contra el transfuguismo, declarar los bienes patrimoniales, ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas, etc. Los cargos públicos deben ser revocables.

-Reforma del sistema de elección de los órganos de gobierno de las instituciones en cuya determinación intervienen las Cortes Generales o los Parlamentos Autonómicos (p.e. el Consejo

General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el consejo de administración de RTVE, el Consejo de Seguridad Nacional, etc.) a fin de evitar las cuotas de partido y su permanente politización.

-Democratización del funcionamiento de las Cortes Generales, de los Parlamentos Autonómicos y de los Plenos Municipales, a fin de asegurar la transparencia en la toma de decisiones, la participación de las minorías y el control de las actividades del poder ejecutivo y la participación de la sociedad en los mismos.

4 PROPUESTAS PARA UNA DEMOCRACIA PLENA

Proponemos el Estado Social Participativo que, manteniendo la centralidad de lo público, promueva el interés colectivo, la equidad y la solidaridad con vocación de superar los rígidos esquemas burocráticos del Estado del Bienestar, mediante la descentralización del poder y la articulación de mecanismos participativos que permitan un proceso de toma de decisiones más coproducido, más consensuado con los propios ciudadanas y ciudadanos.

Un modelo de democracia avanzada necesita una sociedad civil fuerte y vertebrada, en la que las organizaciones y colectivos sociales contribuyan a la democratización y transformación de la sociedad.

Se trata de avanzar hacia una democracia participativa que ponga a los ciudadanos en el centro de la política y posibilite su participación en las decisiones de los Gobiernos, en la planificación y ejecución de las políticas públicas y en la gestión de los servicios públicos. Para ello es imprescindible extender la democracia participativa a las empresas públicas y privadas. Queremos cambiar la tendencia actual neoliberal de convertir a los ciudadanos en sujetos pasivos y acríticos, “consumidores” de servicios.

La participación requiere:

-potenciar la organización de la sociedad civil.

-mecanismos de participación a todos los niveles de la esfera pública;

-adecuar la estructura y el funcionamiento de las administraciones públicas al proyecto participativo.

-fomentar la participación de las mujeres para asegurar una democracia paritaria. Paridad en los ámbitos de representación.

-fomentar espacios públicos para la participación.

-crear instrumentos de evaluación de las políticas públicas.

Entendemos que se podría complementar la democracia participativa con la democracia deliberativa y que algunas decisiones deban ser objeto de un debate general en toda la sociedad. La democracia participativa tiene que estar tamizada por el objetivo de perseguir el bien común.

La reforma de los mecanismos de participación directa de los ciudadanos (Iniciativa Legislativa

Popular, incluyendo la modificación de leyes orgánicas, Referéndum y consultas populares a nivel municipal) a fin de que puedan ser instrumentos adecuados, factibles y vinculantes para canalizar dicha participación.

Supresión de las diputaciones a favor de un modelo comarcal.

Presupuestos Participativos por Ley deben:

-Ser autorreglamentados y vinculantes, con elección de delegados con mandato imperativo de la asamblea y democracia directa (un hombre o una mujer un voto).

-Contarse con espacios deliberativos previos al proceso asambleario.

-Establecer sistemas de seguimiento de lo aprobado y control social, es decir, establecimiento de rendición de cuentas.

-Ir encaminados a la inclusión social y a la superación de las desigualdades.

-Generar información para la aprobación del proceso por parte de la ciudadanía, poniendo al servicio del proceso a las instituciones y a su maquinaria administrativa.

-Tener perspectiva género.

-Recuperar el papel de los barrios como célula básica de la actividad municipal, con la participación de los movimientos vecinales y sociales y en particular con las organizaciones de mujeres.

-Crear la figura del Defensor del Ciudadano para agilizar la respuesta de los ayuntamientos cuando la ciudadanía considere vulnerados sus derechos.

-Garantizar las consultas populares vinculantes.

Debemos fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos. Los bienes comunes exigen formas de propiedad pública socializada. Se trata de crear una nueva forma de gestión pública que permita a los ciudadanos a participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de los servicios públicos.

Autonomía financiera de las administraciones locales:

Cumplir los pactos de la FEMP, en la política de los tres tercios, para hacer efectiva la suficiencia financiera de los ayuntamientos, como administración más cercana a la ciudadanía y garantizar la atención a los vecinos. Pedimos una Ley de Financiación Local que defina los recursos y las competencias de las administraciones locales.

Recomponer la actual estructura del gasto, que condena a las administraciones locales a una

subfinanciación estructural que deja herida la autonomía local y a la prestación de servicios por los ayuntamientos, los cuales asumen competencias impropias a causa de la presión social y la dejadez de las otras administraciones.

Avanzar cara a racionalizar la estructura administrativa del Estado: eliminación de las diputaciones y reducción del número de ayuntamientos mediante procesos de fusión.

5 LAICIDAD

El laicismo supone la existencia de las condiciones políticas, jurídicas y sociales que permiten garantizar el derecho al pleno ejercicio de la libertad de conciencia en cualquiera de sus manifestaciones y en un plano de igualdad.

Hoy no existen tales condiciones porque el carácter aconfesional aludido en la Constitución viene negado con la afirmación del Art. 16.3 de que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Esas relaciones se sustentan en: Concordato del año 53, los Acuerdos con la Santa Sede en 1979 y en la ley de Libertad Religiosa de 1980 que amparan subvenciones, privilegios fiscales, presencia y simbología religiosa en instituciones públicas..., negando el principio de separación entre Iglesias y Estado. Proponemos:

-Eliminar cualquier tipo de financiación pública, exención fiscal o administrativa, donación de suelo público o subvención directa a instituciones religiosas.

-Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos y espacios públicos.

-Los actos confesionales no tendrán carácter “oficial”. Ningún funcionario público participará en su condición de tal. No debe haber ninguna ostentación de fe en la Jefatura del Estado.

-Respetar en la escuela el pluralismo ideológico y la libertad de conciencia de alumnado y profesorado, suprimiendo el adoctrinamiento religioso o la exhibición de símbolos confesionales.

La formación religiosa, para quien la desee, debe quedar fuera de la enseñanza oficial.

-No puede haber financiación pública para los centros educativos con ideario religioso u otro que suponga exclusión y segregación ideológica o de cualquier otro tipo para el alumnado.

-Suprimir la obligación de declarar sobre las creencias, o sobre la ausencia de ellas, en cualquier tipo de documentación civil.

-Excluir de los centros públicos la presencia institucional de clérigos.

-Facilitar que cualquier ceremonia civil pueda celebrarse dignamente al margen de connotaciones religiosas.

-Para fortalecer la convivencia en un plano de igualdad reivindicamos: incorporar conmemoraciones civiles al calendario laboral y escolar, nombres de personas ilustres de todas las tradiciones al callejero municipal, denominación neutra de las vacaciones escolares, igual acceso a los medios de comunicación públicos, eliminando el privilegio de trato concedido a sectores confesionales.

1 PROPUESTAS DE PLANIFICACIÓN URBANA. Alquiler social de la vivienda

Es necesario democratizar la ordenación del territorio y establecer su planificación política con participación del tejido social, que defina necesidades industriales, agrícolas, ganaderas, turísticas, de servicios, etc. Debemos favorecer estrategias para generar una red de ciudades medias y un mundo rural productivo, y de evitar la concentración grandes aglomeraciones urbanas que son insostenibles.

La ciudad es un espacio de relación, de encuentro entre las personas, donde es importante definir la localización de las viviendas, las actividades productivas y las infraestructuras, los usos del suelo, la proximidad y accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas y la protección del medio físico.

-La ciudad debe ser compacta, equilibrada, destinada a la vida social, diseñada de forma participada y con criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental. Donde se garantice la calidad de vida, la libertad y el ejercicio de los derechos humanos desde la corresponsabilidad, recuperando espacios para un proyecto de libertad, solidaridad y responsabilidad ecológica.

Se trata de configurar ciudades para vivir, con un óptimo equipamiento colectivo, dotado de servicios públicos de calidad y amplias zonas verdes que unan campo y ciudad.

-El alquiler social es el principal camino para la satisfacción del derecho constitucional a la vivienda. Para ello debe implantarse un gravamen específico para sacar al mercado de alquiler las viviendas desocupadas. Implantar la figura del arrendamiento forzoso por interés común.

-La crisis económica que sufrimos desde 2007 ha hecho que el número de desahucios supere las 140.000 viviendas. La ONU asegura que los embargos en España fueron en 2010 un 197% más que los de 2007 y que 180.000 familias fueron afectadas por este fenómeno en 2009. En especial, aquellas familias en las que uno o varios de sus miembros estaban en paro o habían agotado la prestación por desempleo. Con los desahucios se niega expresamente el derecho a la vivienda establecido en la Constitución, al poner por delante los derechos al beneficio de la entidad financiera o de la propiedad del inmueble. Hoy existen en el territorio español 4.000.000 viviendas vacías, siendo un millón de ellas viviendas nuevas.

3.REVOLUCION AMBIENTAL

2 PROPUESTAS PARA UN TRANSPORTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

La función del transporte es garantizar la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, independientemente del lugar donde vivan, renta, edad o género. Crear accesibilidad con la mínima movilidad, sin generar más movilidad que la necesaria con un sistema de transporte de universal y público.

-El ferrocarril es el modo de trasporte público colectivo que, junto a la marcha a pie y la bicicleta, nos puede ayudar a reducir las emisiones.

-Es necesario sustituir los desplazamientos realizados en los medios de transporte de mayor impacto (automóvil) por desplazamientos en transporte público colectivo y reducir la demanda de desplazamientos. Para ello planteamos dos estrategias: reducir la necesidad de desplazamientos de grandes distancias, crear condiciones para los desplazamientos a pie y en bicicleta e implantar transporte público colectivo entre todos los núcleos urbanos y estaciones ferroviarias.

La época de energía barata ha provocado una forma de vida basada en el “más rápido y más lejos” incrementando los desplazamientos de personas y mercancías y las distancias recorridas en cada desplazamiento: se ha incrementado la movilidad.

-A pie, en bicicleta y en tren normal, como modos y medios fundamentales, y automóvil, moto, furgoneta, camión, autobús, avión, tren de alta velocidad, como modos y medios complementarios.

3 PROPUESTAS PARA OTRO MODELO ENERGÉTICO

Debemos potenciar la generación distribuida, la producción cerca del consumo, las redes inteligentes de distribución y las microrredes de ámbito municipal y comarcal.

Nacionalizar la producción y distribución de energía, en el cado de León el carbón y red eléctrica española.

Empezando por sustituir las centrales nucleares, considerar seriamente el problema las centrales térmicas de carbón, petróleo y gas, y el transporte en vehículos de baja capacidad y motores de combustión interna

Debemos impulsar la energía fotovoltaica en techo, la energía solar térmica para climatización y agua sanitaria, la energía minieólica y la geotérmica, la solar termoeléctrica con posibilidad de cogeneración, la geotérmica, la undimotriz y la mareomotriz. Aumentando en 10.000 MW la generación de electricidad a partir de energías renovables se puede prescindir en España, en 2020, de las centrales nucleares.

La energía fotovoltaica en tejado permite la autoproducción con instalaciones de escasa potencia eléctrica, como si fueran un electrodoméstico. Se debe facilitar la conexión a red de pequeñas instalaciones de energía fotovoltaica sobre tejado, que también incluya la minieólica y la microgeneración. Favoreciendo en la microgeneración la de biomasa, “motor stirling” o célula de combustible con hidrogeno producido por electrolisis a partir de energías renovables. No deben existir cupos que limiten el número de instalaciones fotovoltaicas.

No son energías renovables los combustibles sólidos recuperados, CSR, que fomentan la incineración de basuras y residuos sólidos urbanos que contaminan la atmósfera. Bajo una gestión adecuada, podrían ser reutilizados o reciclados.

La energía es un bien público universal y no una mercancía. Se debe fomentar la generación de electricidad a partir de renovables con aplicación de tarifas progresivas, con fijación de precios máximos y servicios mínimos.

Debe establecerse el programa de cierre de las centrales nucleares por los altos riesgos que implica su funcionamiento y los residuos radiactivos que generan. La participación de las centrales nucleares en el modelo energético mundial es muy pequeña. La industria atómica no ha sido capaz de encontrar una solución ni a los porblemas de seguridad ni a problema que supone generar residuos radiactivos. Los residuos radiactivos son la prueba más clara de la insostenibilidad de la energía nuclear. Además, el uranio es, como el petróleo, un recurso finito y con pocas reservas

4 PROPUESTAS PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA

El agua es un bien común que debe gestionarse como un recurso público no mercantil, un bien universal con acceso garantizado como un derecho humano. La nueva cultura del agua reclama el principio de la recuperación de costes, incluidos los ambientales en todos los servicios relacionados con el agua, según la Directiva Marco del Agua. Para ello reivindicamos la gestión pública (municipal) de este recurso básico.

El agua es más que un recurso aprovechable, es un bien público, una parte del paisaje y el elemento fundamental para el soporte de la vida y los ecosistemas.

Una política de uso social, racional y sostenible del agua debe primar la eficiencia, el ahorro, la reutilización y la depuración integral; y mantener la capacidad de renovación de los ríos, humedales, aguas costeras de transición, y acuíferos, asegurando los caudales ecológicos y la los planes de cuenca.

5 PROPUESTAS PARA PROTEGER EL ENTORNO Y UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE

Basadas en el cumplimiento de los tres pilares fundamentales de la política agraria comunitaria (PAC):

1º. Soberanía alimentaria. Alimentos suficientes y de calidad.

El sistema agroalimentario actual genera contaminación de agua y suelo, pérdida de biodiversidad, deforestación y desertificación, eutrofización de lagos y mares, pérdida del derecho a la soberanía alimentaria.

No depender de semillas híbridas que pertenecen a la importación.

No consumir cantidades ingentes de energía para producir alimentos y contaminar el medio ambiente, sino volver a sistemas de producción tradicionales con tecnología moderna.

2º. Fijar población en el medio rural.

Desarrollo de sistemas cooperativos para el trabajo. Valoración de los valores naturales.

Un factor clave es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circuitos cortos de comercialización, con especial atención a las bases productivas de cada territorio. Fomentar la agricultura y ganadería ecológica como factor de calidad.

3º. Protección medioambiental.

La agricultura industrial, o agronegocio, de uso intensivo en cuanto a energía, agua, fertilizantes y agroquímicos ha aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero. Es posible adaptar la agricultura para que emita mucha menor cantidad de gases con efecto invernadero y para que se convierta en un sumidero de carbono.

Utilizar la agricultura y la ganadería como factor valorador y recuperador del medio ambiente. Minimizar o eliminar los monocultivos. Ligar la ganadería a la tierra. Explotar correctamente las masas forestales como fuentes de riqueza. Todo ello contribuye de forma esencial en la prevención y control de los incendios forestales.

El sistema para conseguir una agricultura y ganadería sostenible pasa por informar, formar y participar.

Informar de todas las posibilidades del medio rural.

Formar a las personas para convertirles en profesionales.

Crear un sistema de trabajo asociado participado por todos sectores productivos.

Modernización de las explotaciones agrarias, dando prioridad a las cooperativas.

Eliminación de la financiación por parte de espectáculos que contemplen el maltrato y muerte pública de animales. Por tanto, no se financiará ni se dará publicidad a las corridas de toros, a las peñas taurinas o a las escuelas taurinas. Ley marco de protección animal y modificación del código penal para todos los casos de maltrato a los animales.

PROPUESTAS PARA LA PROVINCIA DE LEON

  1. Impulso de la Red Natura 2000 y dotar de contenido, con financiación suficiente, lñas Reservas de la Biosfera de la Provincia de León.
  2. NO rotundo a la construcción de la Autopista de Alta Tensión Sama-Velilla y eliminación de todos los tendidos eléctricos persistentes tanto en zonas rurales como urbanas.
  3. Conversión en Estación de Esquí de Fondo del proyecto de San Glorio y respeto de la legislación ambiental vigente.
  4. Plan de Recuperación, Vegetación y Restauración real de cielos abiertos, escombreras y otros atentados ecológicos. El montante total del Plan será sufragado por las empresas responsables de cada explotación o vertido.
  5. Implicar al Ministerio de Medio Ambiente en la subsanación y exigencia de responsabilidades respecto al funcionamiento del CTR de San Román de la Vega.
  6. desmantelamiento inmediato del Campo de Tiro del Teleno.
  7. Aplicación del Principio de Precaución en la instalación de antenas de telefonía móvil. Modificando los contratos y las tecnologías acordadas por las empresas y el Estado Central.
  8. Cumplimiento de los Acuerdos internacionales sobre emisiones firmados por la UE.
  9. Aplicación de la Ley de Desarrollo Rural con criterios de sostenibilidad.
  10. Recuperación y consolidación de las vías pecuarias.
  11. Modificar el enlace de la Ronda Norte de León con la carretera de Carvajal para respetar al Parque del Monte de San Isidro.
  12. Modificación de las Directivas Europeas para suprimir el modelo de incineración como alternativa de valorización de residuos.
  13. Prohibición de la práctica del Fracking para la obtención de Gas Natural.

3. REVOLUCION POR LOS SERVICIOS PÚBLICOSPPP1 PRP

PROPUESTAS PARA UNA EDUCACIÓN PÚBLICA Y LAICA

Apostamos por la escuela pública como garante del ejercicio del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. Proponemos un gran acuerdo social en materia educativa que se concrete en las siguientes propuestas para una educación pública, laica, democrática y de calidad:

1. El Sistema Público de Educación debe ser el eje fundamental del sistema educativo, mediante una red de centros docentes públicos. Hay que impedir las cesiones de suelo municipal para los centros privados concertados. Proponemos la reducción progresiva de los conciertos educativos.

2. Calidad con equidad para evitar el fracaso y el abandono escolar.

3. Evaluación como estrategia de mejora.

4. Escuela pública inclusiva e intercultural.

5. Escuela pública laica.

6. Formación profesional pública.

7. Educación de personas adultas

8. Apoyo y motivación del profesorado.

9. Escuela pública democrática.

10. Universidad pública al servicio de la sociedad.

11. Ley de financiación del sistema educativo.

12. Garantizar un número suficiente de plazas públicas entre 0 y 3 años.

13. Ampliación del programa de becas.

14. Gratuidad de los libros de texto.

15. Institutos de Educación secundaria en todas las cabeceras de comarca.

16. Asegurar la integración de las minorías e hijos de inmigrantes en igualdad de condiciones que cualquier otro estudiante.

17. Ley de Reconocimiento de los Derechos de la Infancia

2 PROPUESTAS PARA UNA SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSAL

Entendemos la Salud como una categoría que va más allá de la ausencia de enfermedad y se considera

“un estado completo de bienestar físico, mental y social”.

Nos pronunciamos en defensa del Sistema Nacional de Salud en todo su carácter conquistado: público, universal, de calidad, integral, solidario y de equidad garantizada. Consideramos que su objetivo irrenunciable es el de dar la cobertura y servicios para garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a la protección de la salud, sin discriminación de ningún tipo. Y no sólo en la vertiente reparadora o curativa sino también en las acciones de prevención y promoción de salud.

Entendemos que la salud es un derecho y no una mercancía. Por lo que defendemos la universalización de la sanidad como prestación no contributiva y derecho subjetivo.

Defendemos a la Sanidad Pública

-Defendemos el carácter público del sistema nacional de salud, sin “híbridos- mixtos” ni fórmulas parasitarias, siempre orientadas hacia el beneficio del mercado. Queremos acabar con el desequilibrio existente entre las CCAA en gasto per cápita en Sanidad.

-Exigimos la derogación de la Ley 15/97, para recuperar la Sanidad Publica y para acabar con la privatización y reivindicamos una sanidad libre del co-pago.

-Planteamos acabar con el déficit de profesionales sanitarios y con la precariedad en sus condiciones de trabajo. Por otro lado, consideramos que es necesario revertir las mutuas privadas a la sanidad pública para garantizar los derechos sanitarios, sociales y laborales de los trabajadores.

-Defendemos incluir como parte de la sanidad pública, la atención a la salud sexual y reproductiva.

-Prohibición de la Objeción de Conciencia en la Sanidad Pública.

-Plan de Atención bucodental público

-Ley de incompatibilidades para los trabajadores y trabajadoras de la Sanidad.Pública.

En León proponemos.

-Asegurar la financiación para la construcción de sendos hospitales públicos en la Montaña Central y para La Bañeza y la Maragatería.

-Asegurar la financiación pública para revisar el mapa sanitario provincial y construir nuevos centros de salud. Ampliación de las Urgencias de Atención Primaria

-Moratoria contra la concertación de camas privadas y aprovechamiento real de los hospitales públicos. León está a la cabeza en las estadísticas estatales relativas a este tipo de conciertos.

3 PROPUESTAS PARA UNOS SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

Debemos garantizar que los servicios sociales públicos sean la referencia para el desarrollo de la protección social, que no debe verse interferida por una privatización de servicios destructiva para la cobertura universal de las necesidades sociales.

Instamos a transformar los servicios sociales actualmente existentes, para que no sean un mecanismo funcional al sistema capitalista, que favorece la existencia de un ejército de reserva de excluidos sociales. Reivindicamos unos servicios sociales participativos y bien gestionados desde lo público.

Los servicios sociales deben luchar contra la pobreza y la desigualdad en cuatro espacios: sociolaboral,

sociosanitario, socioeducativo y sociocultural, y desde una perspectiva preventiva y de género.

  • Para ello, la primera medida ha de ser la de aumento del gasto social, al menos hasta equipararlo a la media europea y hasta alcanzar el 7% del PIB.
  • Elaboración de una Carta de Derechos Sociales y su instrumentación jurídica para que se definan los derechos exigibles subjetivamente por los ciudadanos.
  • Queremos una Ley de Servicios Sociales Estatal, concibiendo los servicios sociales como un derecho instituido.
  • Sistemas de rentas mínimas de amplia cobertura y de relevante dotación presupuestaria
  • Proponemos la renta básica de ciudadanía o bien un salario social
  • Exigimos financiación y gestión pública de la Ley de Dependencia, que toda persona afectada pueda elegir ser atendida en su domicilio por especialistas o en un centro adecuado a sus necesidades y que el tiempo de espera no exceda de los seis meses. Queremos evitar la aplicación perversa que se está haciendo de la Ley de Dependencia que promueve la “feminización de los cuidados” mediante la “prestación a la cuidadora”.
  • Las políticas de apoyo a la discapacidad deben implicar una apuesta radical por la promoción de la autonomía personal y por la igualdad de derechos.
  • Defendemos unos servicios sociales 100% públicos que redunden en beneficio de los usuarios, pero también en el de los profesionales, como trabajadores públicos con derechos y garantías y no como trabajadores precarios de subcontratas privadas.

En León proponemos.


  • Apertura del Centro de Referencia Estatal de Fabero
  • Recuperar la gestión pública del Centro para Grandes Discapacitados de San Andrés del Rabanedo.
  • Asegurar la viabilidad como Centro de Referencia público de la ciudad del Mayor, recuperando su modelo original para ejecutarlo en el barrio de La Inmaculada de León.

4 PROPUESTAS PARA QUE LA VIVIENDA SEA UN DERECHO

-Consideramos la vivienda como un derecho y exigimos desarrollar mediante Ley Orgánica el artículo 47 de la Constitución que garantiza este derecho.

-Proponemos que el Estado y las CC.AA. adquieran anualmente un paquete de viviendas construidas y terminadas proporcionales a la demanda de viviendas a precio de coste.

-Fomentar la autoconstrucción de viviendas.

-Todos los desahucios serán suspendidos en el caso de trabajadores y trabajadoras en paro con la finalidad de evitar la ejecución del lanzamiento de la vivienda. Se establecerá un sistema de mediación que permita que los afectados puedan continuar en su vivienda mediante un pago que en ningún caso superará el 30% de sus ingresos.

-Exigimos la dación en pago en el caso de un desahucio

5 PROPUESTAS EN PARA UNAS PENSIONES JUSTAS

No hace falta recortar las pensiones, ni elevar la edad de jubilación ni ampliar los años para calcular la pensión. Lo que hace falta es reforzar y consolidar el sistema.

Defendemos el sistema de pensiones como un mecanismo de redistribución de la riqueza y no como uno acumulativo, como en el caso de las pensiones privadas. Debemos defender, informar y concienciar de que este sistema de pensiones es sostenible económica y socialmente.

Estamos en contra de cualquier congelación de las pensiones, es más, creemos que es necesario revalorizarlas. Nos oponemos a cualquier modificación para el acceso y cálculo de las mismas, por ello proponemos:

-Eliminar los topes máximos de cotización y acercar la cotización a los salarios reales.

-Que no se aumente la edad de jubilación por encima de los 65 años.

-Que no se incremente el período de cómputo para calcular la pensión más allá de 15 años. Defendemos no aumentar los años necesarios de cotización, sino su disminución

-Que las pensiones se revaloricen al menos lo mismo que aumenten los precios (IPC) y más aún para las pensiones más bajas.

-Flexibilizar la edad de jubilación de forma voluntaria en determinadas actividades profesionales, incentivando en ese caso la pensión.

-En última instancia, el Sistema Público de Pensiones puede ser parcialmente financiado con los impuestos. Exigimos la creación de una Ley Orgánica del régimen de pensiones de la Seguridad

Social, que supere el Pacto de Toledo y que las garantice y mejore.

6 PROPUESTAS PARA REFORMAR LA JUSTICIA

El sistema constitucional español ha sido incapaz de conseguir la independencia del Poder Judicial. La utilización partidista de órganos tan importantes como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o el Fiscal General del Estado es tan clara que la crisis producida está minando la credibilidad de la propia Justicia.

La corrección de esta situación obliga a reformar el sistema de elección de estos órganos, haciendo desaparecer las cuotas de partido. En el caso del Fiscal General del Estado, su elección y cese debería depender de las Cortes Generales. Se debería cambiar el modelo de Ministerio Fiscal, atribuyendo la instrucción al propio fiscal. Otro problema constitucional respecto al diseño de la Justicia es la permanencia de Tribunales procedentes del franquismo, como la Audiencia Nacional y los Tribunales Militares, que deberían desaparecer y pasar sus atribuciones a la jurisdicción ordinaria.

Existe un rechazo corporativo de una parte importante de la judicatura, de ideología conservadora y a veces totalitaria, a la aplicación de la Justicia Universal y la presión que ejerce para mantener la impunidad de los crímenes franquistas. La persecución y clarificación de los crímenes el franquismo y la restitución del honor de las víctimas es un deber moral que tiene el Estado democrático.

Existe un distanciamiento progresivo de la Justicia respecto a los ciudadanos que se concreta su opacidad y las dificultades que tiene el ciudadano para disponer de información y poder acceder a ella de forma directa, sin tener que contratar a un procurador o un abogado.

Proponemos democratizar la Justicia y transformar su Administración en un servicio público transparente, ágil y de calidad, cercano al ciudadano. Tenemos que alertar sobre los planes de privatización y liquidación del derecho constitucional a la “justicia gratuita” que se suministra a través del Turno de Oficio.

En León proponemos


  • Nuevos juzgados de primera instancia, de lo contencioso administrativo, Sección 4º de la Audiencia Provincial y Fiscalía en el área de Ponferrada.
  • Modificar la composición de las Oficinas de Asesoría Jurídica Gratuita y sustitución del Colegio de Abogados como responsables a favor de funcionariado especializado.
  • Apertura de un Juzgado Especializado en Violencia de Género en León.

5. REVOLUCION PARA LA IGUALDAD

1 PROPUESTAS PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El feminismo, como filosofía y práctica política, debe ser un eje vertebrador y transversal de nuestra política de transformación. Nuestra agenda y prioridades políticas deben estar enmarcadas en un concepto feminista que atraviese nuestro discurso y nuestra práctica. Sólo así podemos ser creíbles ante cien por cien de la sociedad.

El feminismo plantea alternativas a la democracia, a las relaciones, al modelo económico, al empleo, a la salud, a la educación, a la imagen, a la cultura… El feminismo es el discurso global que unifica a las personas en opciones y posibilidades. El feminismo es la estrategia política que demandamos para conseguir elementos definitivos y consolidables de igualdad para todas y todos.

Derechos políticos, democracia paritaria y presupuestos participativos

-Recuperación del Ministerio de Igualdad.

-Modificación de la ley de Régimen Electoral General para garantizar que las listas electorales contemplen realmente un 50% de mujeres.

-Desarrollo efectivo de la democracia participativa, a través la puesta en marcha de los Presupuestos Participativos con Perspectiva de Género.

-Desarrollo del Consejo Estatal de las Mujeres, compuesto exclusivamente por asociaciones feministas, de mujeres por la igualdad y consejos autonómicos de mujeres.

-Reglamento marco que instaure obligatoriamente la paridad institucional y en los órganos y consejos de participación ciudadana, con una perspectiva más amplia al ámbito institucional

Hasta ahora la política “democrática” sigue concebida de forma patriarcal: los derechos de ciudadanía de las mujeres son derechos políticos aún pendientes. Las oportunidades y las libertades de las mujeres están relacionadas directamente a las auténticas democracias.

La democracia participativa significa para las mujeres la posibilidad de incidir directamente en las formas y en el qué de la política. Y una forma de implementar las políticas participativas, paritarias y transversales son los presupuestos participativos con perspectiva de género. Hacer viable el principio de una persona un voto, significa crear el entorno político para que las mujeres estén integradas de manera plena en un ámbito de decisión directa. Paridad, propuestas transversales, responsabilidad directa, respeto de los derechos humanos específicos de las mujeres... son factores facilitadores de una democracia participativa y feminista.

Derechos sociales y económicos de las mujeres

-Erradicación de la brecha salarial entre mujeres y hombres.

-Lucha contra la segregación laboral y la precarización de los sectores laborales más feminizados.

-Servicios Públicos que posibiliten la conciliación de la vida laboral y privada.

-Equiparación de las Empleadas de Hogar al Régimen General.

-Presupuestos no inferiores al 5 %, para la realización de políticas específicas de igualdad de las mujeres.

La crisis capitalista ataca directamente las condiciones de vida aparentemente consolidadas y entre los sectores más vulnerables se encuentran las mujeres. Por ello, la independencia económica, la estabilidad laboral, la igualdad salarial, tienen hoy más sentido, si cabe, puesto que lo que se pretende es arrebatar no sólo los logros conseguidos, sino incluso los conceptos vindicados por las mujeres.

Las medidas que se están adoptando están agravando las desigualdades entre los sectores más vulnerables de la población y entre mujeres y hombres. Debemos plantear propuestas totalmente confrontadas a las decisiones políticas neoliberales y patriarcales, construyendo sociedades que inviertan en bienestar social, a través de un presupuesto público progresivo que redistribuya los recursos y la riqueza

En este contexto de transformación y concienciación social debemos apostar por inversión pública en infraestructuras sociales, convertir el derecho constitucional al empleo en un pilar, desarrollar medidas para acabar con la brecha salarial, con la precarización de los sectores más feminizados.

Debemos generar unos sistemas públicos de calidad que además garanticen empleos dignos.

Frenar la violencia de género y la exclusión social

-Modificación de la Ley Integral que reconozca la violencia de género en todas sus manifestaciones y la defina como un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, encuadrado en un marco de las relaciones de dominación.

-Modificación y puesta real en funcionamiento del Fondo de Pensiones de Alimentos en parejas divorciadas

.-Desarrollo de políticas activas contra la explotación sexual de las mujeres y por la abolición de la prostitución

-Respeto a la diversidad. Políticas dirigidas a inmigrantes.

En una democracia nadie debiera vivir bajo la amenaza de la violencia, tampoco las mujeres. Este principio debiera ser el que guiara la determinación de las políticas públicas. Las relaciones entre mujeres y hombres siguen sustentando en una desigualdad en la que las conquistas de las mujeres se convierten para el patriarcado en un ataque. La violencia de género es una violación de los Derechos Humanos y engloba a toda la Sociedad.

Las violencias ejercidas contra las mujeres son muy variadas y distintas en sus formas. La idea de igualdad entre los sexos, aunque presente en el imaginario común, aún no se ha construido de manera estructural. De ahí que la fuerza de la opresión sexista se sienta de manera interminable.

Para erradicar la violencia de género es imprescindible erradicar también el pilar fundamental que la sustenta: la desigualdad.

Derechos sexuales y reproductivos.

-Despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

-Garantizar la práctica de la IVE dentro de la red sanitaria pública y a cargo de la Seguridad Social.

-Respeto a las opciones sexuales.

-Educación sexual reglada.

Los derechos sexuales y reproductivos garantizan la libre decisión sobre cómo vivir el propio cuerpo. Incluyen la libre decisión de las mujeres a practicar la sexualidad sin estereotipos sexistas y sin la coerción social que determine forzosamente la maternidad. Son los derechos que las mujeres tenemos a compartir sexualmente nuestra vida sin determinaciones morales o religiosas prefijadas o impuestas.

Esto significa la despenalización total en el Código Penal de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, partiendo del reconocimiento del derecho a la IVE basado en la libre decisión de la mujer y que garantice su práctica en las 24 primeras semanas en la Sanidad Pública. Además esta cobertura debe estar garantizada en cualquier momento de la gestación si supone un peligro para la vida de las mujeres.

Consideramos además que el heterosexismo, como construcción social imperante, sigue siendo la forma predominante de relaciones sexuales que no compartimos. No sólo por lo que significa de desigualdad entre los sexos, ya que la imposición heterosexual sigue siendo una forma de opresión contra las mujeres, sino porque defendemos relaciones amorosas, afectivas y sexuales de las personas, independientemente de su sexo biológico.

Para garantizar los derechos sexuales consideramos que la enseñanza, desde la primaria hasta la universitaria, tiene que estar reglada la educación sexual, de manera que se naturalice el concepto de igualdad y se generen los valores éticos y políticos que construyan una sociedad sin tabúes ni sesgos sexuales en todas las edades.

2 PROPUESTAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES

Muchos inmigrantes se encuentran en una posición de vulnerabilidad con graves riesgos de exclusión debido a dos factores: la irregularidad y el desempleo. La exclusión jurídica y la marginación laboral.

Migrar no es un delito, delito son las causas que originan las migración. Para conseguir la plena integración y ciudadanía para las personas migrantes proponemos:

-La regularización de todas las personas migrantes sin papeles.

-Garantizar la igualdad de derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes.

-Extender los derechos de Ciudadanía a los residentes no comunitarios.

-Promover una ley por la que los migrantes que residan tres o más años en España de forma regular tengan derecho a voto en las elecciones generales y puedan presentarse como candidatos a cargos públicos.

-La aplicación de la Convención Internacional sobre Derechos de las personas migrantes y sus familias.

-Homologar los títulos educativos.

-El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

-Garantía en la defensa y control judicial de las expulsiones o retornos, así como la prohibición de las expulsiones colectivas.

-Modificación de la Directiva de Reagrupación Familiar para que haga realmente efectivo el ejercicio de este derecho.

-Normas para el tratamiento de los Menores Extranjeros no acompañados que respeten la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

-Medidas contra la trata de seres humanos que protejan y no penalicen a las víctimas.

-La ampliación jurídica de las causas que se reconocen como asilo, refugio y trata de personas. Demandamos el cumplimiento de las condiciones que el Derecho Internacional exige para el retorno de los refugiados.

-La denuncia de los convenios de expulsión que a menudo conllevan violaciones de los derechos, ruptura familiar, represalias de las autoridades del país de origen y un grave desarraigo de las personas migrantes.

-Exigimos la derogación de la Ley de Extranjería.

3 PROPUESTAS PARA LA IGUALDAD DE DERECHOS LGTBI

El capitalismo se sostiene como sistema apoyado en múltiples dominaciones que refuerzan el sometimiento de amplias franjas de la humanidad. El heteropatriarcado contribuye a esta causa, colocando a una parte fundamental de la humanidad, especialmente a las mujeres pero también a quienes difieren del patrón heterosexual, en condiciones desventajosas, acostumbrándonos a la discriminación, el sometimiento y la normalización del modelo hegemónico masculino-heterosexual.

A pesar de las leyes y la conciencia social sobre la diversidad sexual siguen existiendo actitudes e ideas erróneas. Además, la Iglesia Católica continúa siendo un residuo franquista que pretende imponer su moral en lo referente a los derechos y libertades en ciudadanía. Ante esta situación nos comprometemos a:

-Luchar contra LGTBI- fobia en las escuelas, institutos y centros de trabajo y exigir una ley integral contra la LGTBI-fobia que penalice las discriminaciones por orientación sexual o identidad de género.

-Dar visibilidad a la doble discriminación de las lesbianas.

-Luchar por la despatologización de la transexualidad. Reivindicamos cambiar la Ley de Identidad de Género.

-La “despatologización” de la orientación sexual.

-Apoyar al moviendo LGTBI.

6. REVOLUCION POR LA CULTURA

LA CULTURA EN LEON

IU de León disfruta de un recorrido contrastado en apoyo y colaboración con el mundo de la cultura.

El aspecto central de nuestra propuesta gira alrededor de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Regulando sus condiciones laborales como autónomos o asalariados, un ejemplo de abuso e ilegalidad es la Política de Contratación del MUSAC de León.

Junto a este principio inicial proponemos:


  • Revisión de las partidas económicas estatales para la rehabilitación de la Casona de Víctor de los Ríos y defensa del CCAN.
  • Defensa de la cesión sin límites de los espacios públicos para su disfrute y utilización cultural
  • Software Libre
  • Ligar el Teatro Emperador de León a la cultura permitiendo su utilización por la sociedad leonesa y sus creadores y creadoras.
  • Defensa de una Cultura Libre, sin derechos de autor.
  • Construcción del Museo del Ferrocarril en los Terrenos de la estación de Clasificación de Mercancías de León.
  • Creación de una Red suficiente de Bibliotecas públicas y revocación de cualquier tipo de tasa por el préstamo de libros.
  • Fiscalización y control de las Fundaciones y aportaciones privadas ligadas a la cultura. Poniendo énfasis en los derechos laborales de los beneficiarios.
  • Conversión en Biblioteca UNESCO de la cárcel del Parque

Patrimonio


  • Plan urgente para la recuperación del Patrimonio Artístico, monumental y arqueológico de la provincia de León. Dicho bien puede musealizarse o destinarse a la investigación según el contexto y posibilidades de cada inmueble o yacimiento.
  • Conservación y creación de un equipo permanente de expertos ligados a la ciudad de Lancia.
  • Potenciar el camino de Santiago y la ruta de la Plata.6.66lución Cultural

DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La democratización de los medios de comunicación es la otra cara de la reforma de la ley electoral como condiciones imprescindibles para una auténtica democracia.

-La Ley General de la Comunicación Audiovisual garantizará el reparto equitativo de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y Estatal. Apuesta por radios y televisiones alternativas y de gestión comunitaria.

- Establecer un modelo definitivo de financiación para RTVE con recursos suficientes que la rentabilidad social de su neutralidad garantice un servicio público estatal que fortalezca una democracia de calidad con ciudadanos bien informados.

-Abrir un debate público sobre la pretensión de imponer un reglamento que impide el desarrollo de las iniciativas sociales en la radio y la televisión.

-Constituir el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) al que la Ley General de la Comunicación Audiovisual encarga la supervisión del servicio público, la vigilancia de los negocios audiovisuales, la correcta aplicación del derecho de acceso y la extensión de la alfabetización audiovisual para que el conocimiento sobre los medios facilite que los ciudadanos los utilicen para controlar al poder económico y político.

-Garantizar la buena formación universitaria, la autonomía profesional y las dignas condiciones laborales de las plantillas laborales de la comunicación para impedir que su precariedad contribuya a la desinformación de los ciudadanos.

7. REVOLUCION PARA LA PAZ

LA PAZ, LA COOPERACIÓN Y LA SOLIDARIDAD

La dramática crisis que vive la Humanidad (alimentaria, energética y financiera), consecuencia del ha acentuado los rasgos antidemocráticos de las instituciones internacionales: ha potenciado el uso de la fuerza contraviniendo el derecho internacional, el retraso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el aumento sustancial del gasto destinado a armamento y a la I+D en programas militares, y la guerra como herramienta para garantizar que los países dependientes cuenten con los canales de suministro de recursos energéticos.

La Carta Fundacional de las Naciones Unidas o el derecho internacional son burlados sistemáticamente al no contar con un “gobierno democrático del mundo”, con unas Naciones Unidas rediseñadas, reformuladas, que sean la auténtica expresión democrática del mundo del siglo XXI.

La concentración de la riqueza en muy pocas manos, (la acumulación del capital impulsada por las políticas neoliberales del Consenso de Washington y Bruselas), no sólo es depredadora de las conquistas sociales alcanzadas en el siglo XX, sino que también destruye la biodiversidad,la paz y empobrece a pueblos enteros.

Izquierda Unida ante esta coyuntura agresiva para el conjunto de la Humanidad defiende la necesidad de acordar agendas comunes de actuación alternativa con las organizaciones políticas y sociales anticapitalistas de todos los continentes para avanzar aún más para conseguir una mayor coordinación en la lucha común frente a las políticas neoliberales, la guerra y el hambre

Naciones Unidas

Queremos contribuir al rediseño y reconstrucción de la Naciones Unidas para que sus 193 Estados miembros sean quienes decidan realmente el gobierno del mundo. Abolir el Consejo de Seguridad.

La OTAN y las bases norteamericanas en el mundo

Desde la Cumbre de Washington a la última de Lisboa, la OTAN mantiene un Concepto Estratégico que le permite actuar en cualquier parte del mundo sin la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en contra del derecho internacional.

La OTAN supone una amenaza para la Paz.

Tanto su última actuación en Libia como la realizada sobre la Antigua Yugoslavia, convierten a la

OTAN en una organización criminal que actúa en contra del derecho internacional.

Las bases aeronavales de los Estados Unidos de América desplegadas en todos los continentes cumplen una función vital de control, espionaje y avituallamiento de las fuerzas de intervención en cualquier parte del mundo.

La democratización de las instituciones internacionales exige la disolución de la OTAN y el cierre de todas las bases estadounidenses en el mundo.

El desarme y la paz.

Nos encontramos ante el nivel más alto de gasto en armamento de la historia. Con tan sólo una reducción del 1% del gasto militar se podría cubrir la financiación requerida para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

El arsenal de armas de destrucción masiva ABQ sigue siendo una amenaza para la Humanidad y la proliferación y el descontrol del comercio de armas convierte a los países industrializados en cómplices necesarios en la mayoría de los conflictos.

La guerra es un negocio rentable para la industria y la investigación armamentísticas.

Proponemos la realización de una Convención Internacional para el Desarme que concrete:

-La prohibición y destrucción ecológica de todo el arsenal de armas de destrucción masiva ABQ.

-La reducción drástica de programas industriales e I+D armamentistas hasta llegar al punto 0.

-La aplicación rigurosa del Código de Conducta en materia de Exportación de Armas.

-La prevención diplomática de los conflictos, la renuncia a la guerra.

-El desmantelamiento inmediato del campo de Tiro del Teleno

-Impedir la Especulación del Ministerio de Defensa con el Cuartel de Almansa en León e incorporar su superficie sin uso para la defensa al patrimonio público municipal de la ciudad.

La solidaridad y cooperación

Denunciamos que el retraso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es la consecuencia lógica del sistema capitalista, que requiere de la expoliación de los recursos naturales de los países empobrecidos.

El ahorro en el gasto armamentístico debe ser una de las fuentes básicas de financiación para cumplir los plazos de los ODM.

La financiación para localizar el empleo, los servicios básicos, la educación y cultura contribuirá a poner fin al drama de las migraciones masivas, que son tratadas por el sistema como una amenaza.

Coincidimos con Jean Ziegler en calificar cada muerte por hambre como un asesinato. Nos sumamos a su idea de crear un tribunal internacional para sentar en el banquillo tanto a los especuladores financieros como a los del precio de alimentos.

Exigimos destinar un 1% del PIB a estos objetivos y con esta medida pagar los atrasos acumulados por el incumplimiento reiterado del objetivo del 0´7%.

Nos opondremos a todos los acuerdos comerciales que pretenda alcanzar la UE que no tengan en cuenta las asimetrías entre regiones, el comercio justo y la complementariedad. La actual Unión Europea está más preocupada por establecer mecanismos de libre comercio que privilegian a unos pocos que por avanzar y garantizar el cumplimiento de los derechos más básicos

Política Exterior y de Vecindad de la UE

La llamada PESC (Política Exterior y de Seguridad Común), defendida durante más de diez años en el seno de la UE ha saltado por los aires con la guerra de Libia.

La UE no es un actor de paz, sino que alienta el rearme de los Estados miembros y ni está ni se la espera en iniciativas que conduzcan a la democratización de las Naciones Unidas, la paz, el desarme y el incremento sustancial de la cooperación para poner fin al hambre y la pobreza, armas de destrucción masiva por excelencia.

Desde Izquierda Unida nos comprometemos a cambiar sustancialmente la actual Política Exterior y de Vecindad de la UE. Ésta debe basarse en la paz, el desarme, la cooperación y las relaciones internacionales democráticas.

0 comentarios:

IU León en Facebook

Seguidores

Archivo del blog

ADMINISTRAR

Con la tecnología de Blogger.