jueves, 23 de mayo de 2013

Las Juntas Vecinales en el proyecto de Ordenación del Territorio de la Junta


EL Coordinador Provincial de IU, Santiago Ordóñez, denuncia que el proyecto de ordenación del territorio de la Junta pactado con el PSOE incorpora el ataque a las Juntas Vecinales del Gobierno Central.

En vez de defender sus competencias exclusivas en materia de regulación de las Juntas Vecinales, artículo 45 de la LRBRL, o poner sobre la mesa el deber de defensa de las Juntas Vecinales recogido en el Estatuto de Autonomía, la Junta ha redactado el punto 3 del artículo 61 del Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio como sigue:

La obligación de cohesión territorial y solidaridad desaparecerá en supuesto de supresión de una entidad local menor, en la forma y con los requisitos previstos en la legislación básica de régimen local, sin perjuicio de que se especifique el destino de sus bienes y la atribución de su titularidad y aprovechamientos al respectivo municipio en el Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se suprima”.

Hasta el día de hoy las causas de desaparición de una Junta Vecinal vienen recogidas en la Ley de Régimen Local de Castilla y León. Si Las Cortes permitiesen aprobar este artículo como está redactado la Junta simplemente estará permitiendo que el Estado Central imponga su criterio en competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma, de facto se permitirá que una Ley Ordinaria pase por encima de una Ley Orgánica de rango superior como el Estatuto de Autonomía y finalmente se vislumbra un acuerdo cerrado entre el PP de CyL y el Gobierno Central, junto con el PSOE, para permitir que las Juntas Vecinales empiecen a desaparecer una a una en medio del campo de minas diseñado por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Como ya hemos denunciado esta Ley roba su personalidad jurídica reduciendo su categoría de “entidades locales menores” a “entidades de ámbito territorial inferior al municipio”. Tan solo las entidades locales menores conservarían sus competencias actuales pero con unos condicionantes muy duros para no ser disueltas. Primero presentar sus cuentas en los primeros tres meses tras la aprobación de la Ley, segundo pasar una evaluación de las competencias que ejercen bajo la premisa de unos estándares de calidad que se fijarán por Decreto, una vez pasen esta evaluación aquellos servicios que ofrezcan tendrán el examen de la imposición de unos precios y costes fijados también por el Ministerio de Hacienda. Si no se cumpliesen los requisitos de déficit cero en uno de estos servicios, el agua pública por ejemplo, también se disolvería la Junta Vecinal.

Por tanto, un mecanismo diseñado para intervenir municipios de menos de 5000 habitantes y fusionarlos, para privatizarlos en el resto de los casos, o traspasarlos a las Diputaciones se aplicaría a las Juntas Vecinales bajo la amenaza de disolución. Una herramienta para terminar con los concejos que la Junta asume en su acuerdo con el PSOE para imponernos un modelo de Ordenación del Territorio que simplemente no hay por donde coger.


Santiago Ordóñez González.  Coordinador Provincial de IU en León      

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