Izquierda Unida - León

EXPOSICION DE MOTIVOS

La escasez de recursos que padece la generalidad de las Haciendas Municipales es también palpable en el municipio de León, una deuda superior a los 400 millones. Son muchos e importantísimos los servicios que el ayuntamiento provee a la ciudadanía y estos son aún más importantes si cabe en estos momentos económicamente tan complicados.

Las licencias de programas de software informático suponen un crédito sustancial dentro de las aplicaciones del presupuesto de gastos corriente, más aún si se tiene en cuenta la posibilidad real de prescindir de él.

La administración local debe hacer gala de la aplicación del principio de austeridad. Pero este principio de austeridad debe ser aplicado de forma diametralmente opuesta a la llevada a cabo por el gobierno central y autonómico. Alejado de los adelantos ofrecidos por la auditoría contratada por este consistorio. La tijera del gasto debe aplicarse sobre lo superfluo, nunca sobre lo esencial. Sobre lo esencial nada se puede ni se debe recortar, pues estamos situados en cotas de gasto público social bastante reducidos si nos atenemos a los índices oficiales puestos en comparación con los gastos sociales de otros Estados con PIB similar al nuestro (ejemplo: UE-15).

En palabras de Julio Anguita, la austeridad que debe aplicarse debe ser tal que así: “austeridad como eje del funcionamiento de las Administraciones públicas significa un ejemplo contra el derroche, lo superfluo y la desidia ciudadana. La Austeridad es una racionalización objetivos y medios. Austeridad significa transparencia en las cuentas públicas y combate a la evasión fiscal, revalorización y cuidado de lo público. La Austeridad entendida como sobriedad en lo accesorio y abundancia de recursos bien administrados para las necesidades es una virtud que debe recogerse en los premios, galardones y reconocimientos públicos. Austeridad y Derechos Medioambientales son las dos caras de la mima moneda”.

El software libre ya está incorporado a los equipos informáticos de muchas administraciones públicas como es el caso de la Junta de Extremadura.

Estas medidas son objeto de impulso por la administración central, tal como se deduce de la promulgación de la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a la administración pública y de los Planes de cooperación económica regulados por Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales (artículos 20 y siguientes).

Sabemos que este es un asunto novedoso sobre el cual las administraciones locales en muchos casos se encuentran insuficientemente preparadas. Somos igualmente conscientes de que en la mayoría de los casos esta deficiencia es debida a insuficiencia de información al respecto. Por ello, sería conveniente solicitar (al amparo de lo dispuesto en el Artículo 4º.1 d) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) información y colaboración a otras administraciones públicas que ya se hayan inmersas en este campo como lo son los municipios adheridos a la Red de Municipios Digitales de Castilla y León entre otros, así como al Consejo Superior de Informática y al Consejo Superior de la Administración Electrónica, los cuales pueden asesorar al municipio sobre las posibilidades que el software libre puede reportar a la Hacienda municipal.

Por todo ello, IU, SOLICITA:

• Conocer el grado de desarrollo e implementación actual de las tecnologías de software libre en los equipos informáticos propiedad del Ayuntamiento.

• Conocer el coste total que en la actualidad supone el pago de licencias de programas informáticos no libres ni de dominio público.

• Conocer si desde el equipo de gobierno se está trabajando o se piensa trabajar en el sentido de aumentar la instauración de programas con soporte de software libre en los equipos informáticos municipales y –en su caso- que previsiones temporales, económicas y materiales existen al respecto.