Izquierda Unida - León

Allá por el año 2000 e incluso años antes, la empresa Coto Minero Cantábrico explotaba alegremente el cielo abierto denominado “El Feixolín”.  Lo hacía cometiendo graves infracciones urbanísticas y medioambientales, según se ha demostrado posteriormente.  Tras numerosas sentencias judiciales que ordenaban su cierre, llega el año 2007, en el que el entonces alcalde  Guillermo Murias impone, amparado por un mandato judicial, la sanción de 129 millones de euros, que constituye la mayor sanción administrativa impuesta hasta esa fecha en España. Dicha cantidad, está calculada en base a un informe, que la propia empresa había presentado ante los tribunales con las ganancias obtenidas diarias por la explotación de la corta y así mismo de las pérdidas que ocasionaría el cierre de la misma.  Dicha sanción fue recurrida por Coto Minero Cantábrico y en el 2011, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de León, estimo la legalidad de la misma pero la rebajó de 129 millones a 800.000 euros. Dice en la sentencia que “existe una enorme dificultad para concretar la existencia de un beneficio referido a la explotación y que en todo caso, si existiera, la restauración absorbería dicho beneficio”.  Causándonos un cierto malestar dicho fallo (como a gran parte de los lacianiegos) por la importancia de dicha rebaja, vemos perplejos como desde el Ayuntamiento de Villablino (ya gobernado por el PSOE) no se recurre dicha sentencia, como si hace Coto Minero Cantábrico ante el TSJ.

Quizás en este momento la alcaldesa podría haber solicitado el pago provisional de la multa, mientras el TSJ continuaba con la tramitación del recurso.

Y el tiempo transcurre hasta llegar al día 28 de septiembre de 2012, día en que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por fin resuelve definitivamente el asunto a favor del Ayuntamiento de Villablino, al frente del cual se encuentra la alcaldesa Ana Luisa Durán Fraguas, que curiosamente da una callada por respuesta, sin comunicar dicha sentencia al resto de la corporación y ciudadanía, y abordar inmediatamente el cobro de la misma.

Es nuestro grupo, Izquierda Unida, quien en vista de que a quién correspondía no comunicaba este asunto, decide trasladar la noticia de la sentencia, en el mes de noviembre a los medios y claro acompañada de unas cuantas preguntas,  dirigidas a  la alcaldesa, que se llevaron al pleno posteriormente celebrado el 3 de diciembre.

¿Por qué en el pleno, que se celebró el 26 de octubre, no detalló que conocía la sentencia y el camino que se iba a seguir al respecto?

En el Pleno extraordinario celebrado el pasado lunes 3 de diciembre (porque según nuestra alcaldesa no  pudo celebrar el ordinario que estaba fijado para el 30 de noviembre, por tener asuntos personales que atender, como viene sucediendo reiteradamente dificultando la labor de fiscalización y control de la oposición) y a la anterior pregunta la alcaldesa responde, que esperaba de su letrado aclaraciones e informes sobre dicha sentencia, aunque ya era firme, luego el resultado ya era conocido y no iba a cambiar, luego habría sido más adecuado y transparente incluso para sus intereses, ante la importancia del asunto, el hecho de haberlo comunicado inmediatamente a los grupos de la oposición, aunque tenemos nuestras dudas de si en su propio grupo, conocían todos dicho resultado de la sentencia.

Otra pregunta que hicimos, en el pleno, fue ¿por qué en su día no se recurrió desde el Ayuntamiento la sentencia ante  la importante reducción que había sufrido, de 129 millones de euros a 800.000 euros?, a lo que Ana Luisa contesta que porque su letrado le había aconsejado que no se iba a conseguir nada más con el recurso y que dicho recurso podría tener un coste elevado a las arcas municipales. Cuando este Ayuntamiento se caracteriza por la cantidad de juicios perdidos, sobre todo en materia de personal laboral, que se recurren en los juzgados  y que  suponen un gasto muy elevado, mientras que este recurso nos parece mucho más importante.

A nuestra pregunta de ¿cuándo  va a pedir la ejecución de la sentencia, el cobro de la misma y en que se va a emplear dicho dinero? nuestra alcaldesa y con el tono un poco elevado en todo momento alega que Coto Minero Cantábrico ha presentado una garantía hipotecaria ante el juzgado y que puede hacer frente al pago con bienes, asegura que esta multa la puede abordar así y que remotamente lo hará en metálico. Claro a nadie se nos escapa que los bienes con los que nos pueden pagar no tengan el valor suficiente para compensar los 800.000 euros, pero además expusimos ante el pleno que el Ayuntamiento de Villablino ya tiene numerosos edificios e instalaciones sin mantener (pese a haberse aprobado hace meses nuestra moción exigiendo la aprobación de un plan de mantenimiento de los mismos), que suponen gastos inabordables y en la época que vivimos muchas de las posibles cesiones inmobiliarias de CMC no tienen interés público y lo que necesita el Ayuntamiento es dinero en metálico para afrontar los débitos. Además la mayoría de las construcciones e instalaciones de CMC están sobre terrenos comunales de nuestros pueblos, que son de su propiedad al término de las respectivas concesiones administrativas. Pero tampoco muestra la Alcaldesa un interés especial por hacer hincapié en que pondrá de su parte todo su esfuerzo por conseguir que se pague en metálico dicha multa. Ante esto, hacemos mención según establece la Ley, que los pagos se realizarán prioritariamente en efectivo y que la administración podrá tomar medidas ante el impago de las deudas, como son la retención de ingresos públicos (subvenciones del IRMC a CMC).

Nuestro grupo, por su parte insto al equipo de gobierno a ejecutar la multa lo más pronto posible, y que el cobro sea en metálico, a que lo emplee primero en pagar  a los empleados, a los que se les deben atrasos, en acondicionar los edificios del Ayuntamiento en precarias condiciones, y a ayudar a las juntas vecinales de los pueblos del municipio en las obras más necesarias y aparte de quedarnos solos en la votación, pues solo los cinco concejales de izquierda unida votaron a favor como era lógico, pues la propuesta era nuestra,  el resto de formaciones PP, PSOE y MASS votaron en contra o se abstuvieron.

Las garantías hipotecarias citadas fueron exigidas por el juzgado a CMC como aval para poder tramitar su recurso, siendo totalmente independientes del procedimiento de cobro de la multa ahora que la  sentencia es firme. En estos momentos el cobro de la multa es competencia exclusiva y responsabilidad de la alcaldía del Ayuntamiento de Villablino.

El proceso es el siguiente: el Ayuntamiento debe comunicar urgentemente a CMC el expediente de recaudación de la deuda, si esta Compañía no efectúa el pago en efectivo de la sanción en el plazo legalmente estipulado, debe iniciar el procedimiento de recaudación ejecutiva con los recargos e intereses correspondientes, iniciando el proceso de embargo de todos sus bienes y derechos (subvenciones, facturación, cuentas bancarias, etc.).  Siendo la última opción, el embargo de bienes inmuebles ante una improbable insolvencia empresarial.

Nuestro grupo, desde este comunicado y una vez más, seguimos exigiendo a nuestra alcaldesa que inicie el procedimiento de cobro de la multa, voluntario o ejecutivo según el plazo que corresponda, como actúa con el resto de ciudadanos o bien, en base al convenio con la Diputación, solicitar a este organismo que inicie a su vez el procedimiento de cobro ejecutivo de dicha multa, amparados en su labor de apoyo y colaboración de las administraciones locales de la provincia.

Queremos también desde aquí, anunciar que en caso de incumplimiento de dichos procedimientos, IU se reserva la toma de medidas oportunas ante los organismos o juzgados competentes.

Y por último una vez se haya realizado el cobro, esperamos aprobar en pleno la modificación del presupuesto municipal (o la aprobación del presupuesto de 2013), donde IU volverá a exigir que se proceda al pago de los atrasos a los trabajadores.

GRUPO DE IZQUIERDA UNIDA EN VILLABLINO