viernes, 21 de noviembre de 2014

La Diputación de León; ejemplo para que sean disueltas estas administraciones anacrónicas

500.000 euros pagados a la empresa de la Alcaldesa de Maraña, implicación de la expareja de Carrasco, dos sonadas imputaciones y una detención, funcionarios y cargos de confianza testificando.
 
Esto es solo una pequeña muestra de lo que el Presidente del PP llama normalidad en la Diputación Provincial. Una normalidad que está siendo gestionada por el heredero de una monarquía consistorial en Valdelugueros, que cobra más de lo que le corresponde, inventa empadronados para sacar más votos, malversa dinero para restaurar monumentos franquistas y se acompaña de imputados en su propio gobierno como el alcalde de Carracedelo.
 
A estos últimos acontecimientos hay que sumar el cúmulo de sándalos acumulados durante la presidencia de Carrasco: el uso ilícito de la tarjeta del grupo popular, las contrataciones en San Isidro para conservar la alcaldía de Puebla de Lillo y los escándalos ligados a su línea eléctrica, el deterioro y atención deficiente en los centros asistenciales provinciales, a causa de los recortes y subida de tasas, el estancamiento de la política en cuanto a las juntas vecinales, que puede provocar la disolución de muchas por no poder presentar sus cuentas  a tiempo, la judicialización a la que ha llevado su política de personal, el reparto "a lo pirata" de los planes de obras ... una lista inacabable.
 
Este cúmulo de cacicadas han sido llevadas a cabo por una satrapía en la que rige una "omertá" mafiosa, que provoca decisiones como las tomadas en el último pleno. Unas decisiones dirigidas a evitar que se investigue realmente cómo todos los Grupos de la Diputación han infectado la institución para defender sus cuotas de poder en toda la provincia, sus intereses creados y sus redes clientelares. El caso del Alcalde de Matallana de Torío es un ejemplo, defendido sin rubor por PP y PSOE hasta el último minuto. Todavía esperamos la denuncia contra él anunciada por el grupo socialista el viernes pasado, lanzada para ganar un titular junto a IU, sin haber hecho otra cosa que apoyar a Donoso hasta la fecha.
 
Para IU esta legalidad política basada en el chantaje y el soborno a los pueblos, que se sustenta en el concepto de Diputación Provincial, sobra. Pero mientras siga existiendo que exista al menos un mínimo control político y, más importante aun, un control social.

Insistimos en la intervención de la misma por parte de la Junta y el Gobierno Central, que se aparte de sus cargos a los diputados y diputadas corruptos para luego proceder a realizar una Auditoría Ciudadana elaborada por funcionarios públicos del Consejo y el Tribunal de Cuentas y cuyas conclusiones queden a cargo de cada leonés y leonesa que quiera participar en el proceso. Hay medios de sobra para llevarla a cabo con rigor y máxima participación ciudadana.
 
De otro modo el piensa mal y acertarás estará plenamente justificado.
 
Santi Ordóñez. Coordinador Provincial.

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