lunes, 3 de noviembre de 2014

Las corrupción en la Diputación llega también a la gestión de basurar. Se debe investigar

IU anima a la Audiencia Nacional a ampliar sus pesquisas e incluir la gestión del CTR; y las amistades peligrosas del PP y el PSOE con la UTE a la Operación Púnica.
 
IU propone a la, Asamblea de Gersul, Diputación y la Junta que hagan público el coste total del
traslado del delito ecológico de Sta María del Páramo al CTR. Que porcentaje del coste asumirá cada administración en nuestro nombre y que expliquen si no se avergüenzan de costear con dinero público por segunda vez el tratamiento de una basura que ha sido abonado sobradamente por los vecinos y vecinas de León.
 
Las balas del Busto deben desaparecer pero no a costa de otro nuevo negociete para Florentino y las Koplowitz
IU llevó la una parte de la gestión del CTR a fiscalía antes del verano. Ahora esperamos que todos los chanchullos, acuerdos bajo cuerda y partes oscuras en el sabotaje de FCC y Urbaser al funcionamiento adecuado y la vida útil del CTR, se sumen a la labor que Anticorrupción y la Audiencia Nacional vienen desarrollando.
 
Una vez más, por enésima vez, nos encontramos ante otro caso en que una UTE,  LEGIO VII, se forra a costa del erario público, sin cumplir con el contrato por el que gestiona el CTR. Ni hay recogida selectiva en origen en la provincia, ni el CTR funciona como fue diseñado y, a cambio, la planta se ha convertido en una agencia de colocación para perpetuar el mamoneo y caciqueo político y empresarial montado por PP, PSOE; con el silencio cómplice de mucha gente.

Pagar el traslado de la basura, reduciendo a la nada el vaso del CTR como lo hace; es un robo: porque el tratamiento de esta basura se pagó en su tiempo y duplicar el coste o reducir la vida útil del complejo multiplican el coste y provocan un nuevo incumplimiento de contrato por parte de la UTE. Que debe tratar o trasladar las balas, pero sin cuestionar ni un año de uso del CTR.
 
IU además exige el coste real del nuevo vaso del CTR, saber quien lo pagará.
Suponemos que la decisión es una nueva imposición dictatorial y arbitraria en favor de los intereses empresariales que han provocado la detención de Martínez o la imputación del interventor, la existencia de la Tasa ilegal que nos cobran, para pagar la deuda ilegal asumida por el consorcio. Asi lo ha afirmado hoy el Coordinador Provincial de IU, Santi Ordóñez.
 
Por último sugerimos denunciar a FCC y Urbaser por incumplimiento de
contrato, expulsarles del CTR, optar por la gestión pública y auditar tanto
la gestión de la planta, como su política de personal, para tomar las
medidas legales necesarias que limpien la podredumbre
 
Ricardo Rodríguez Aller. Secretario Provincial de Comunicación

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