Municipalización de aguas y la polémica de la depuradora
IU denuncia la rapidez del Equipo de Gobierno del PP por liquidar la empresa mixta de turismo o el contrato de gestión de la depuradora y el olvido absoluto de la empresa mixta que gestiona el Agua.
Resulta que la polémica se reduce en exclusiva al segundo regalo del PSOE a Aquagest, la depuradora, y la disolución de la empresa de turismo. Queda claro que la oposición popular a la privatización del agua fue una pose. Si se puede impedir que Aquagest gestione la depuradora es perfectamente posible convertir Aguas León en una empresa íntegramente pública.
Para IU el debate no es si la mujer de un concejal trabajó para Aquagest y la echaron. Tampoco es una cuestión de que Aquagest no gestione la depuradora a favor de otra. El verdadero debate está en que tanto Saleal como el Ayuntamiento de León deben gestionar de forma directa cuestiones tan básicas como el servicio de aguas, alcantarillado y depuración de este servicio básico. La deuda de más de 150 millones generada por las privatizaciones debería justificar un proceso de remunicipalización de toda la gestión pública local y mancomunada.
José María López Benito no puede tomar decisiones que le incumben directamente y debe dejar la Mancomunidad de Saneamiento, pero el PSOE tampoco puede imponer otro regalo a Aquagest después de perder las elecciones. Ambas actitudes son intolerables. Sin embargo estas cuestiones importantes no pueden tapar la necesidad de recuperar el servicio de aguas.
El PP ha olvidado la última subida de un 2´8% en la tasa del agua. Un 1% sobre el IPC previsto que supuso un incremento de un 80% por encima del resto de las tasas municipales.
El equipo de Gobierno debe terminar con las obras que se están cobrando ilegalmente a los vecinos. Hacer cumplir la Ley a Aguas León y recuperar el 49% que permite a Aquagest hacer y deshacer a voluntad.
El PP debe explicar donde se han ido los 20 millones de euros para inversiones que desaparecieron de la empresa una vez constituida. Cifra que debemos devolver a la concesionaria durante los 25 años de vigencia de la concesión.
IU denuncia que las irregularidades en los pliegos se convirtieron en ilegalidadesi manifiestas sin que el nuevo alcalde haya anunciado medidas. Se cobra a los vecinos por obras que ya se incluyen en la tasa, se incrementó la misma un 80% por encima del IPC y encima desaparece el dinero que aseguraría las inversiones sin que nadie pida responsabilidades.
IU ya denunció que la empresa mixta de aguas era un robo manifiesto de nuestro patrimonio, al dictado del Banco de Santander. Ahora es prioritario remunicipalizar el servicio y si de verdad es posible impedir la concesión privada de la depuradora empezar a cumplir lo que se ha anunciado. Existen técnicos y trabajadores perfectamente capacitados para gestionar nuestros servicios e infraestructuras públicas. Las privatizaciones tan solo generan abusos, descontento y deuda. Si nos tomamos en serio eso de la reducción de la deuda el único camino es gestionar directamente y empezar a reducir los 330 millones generados, entre otras cosas y gran medida, por las privatizaciones decretadas por el PSOE y el PP.
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