Izquierda Unida - León

Manifiesto en defensa de los concejos y las entidades locales menores

(León, a 20 de octubre de 2013)

En el Estado Español existen más de 3700 entidades locales menores, la mayoría en el norte, siendo leonesas una tercera parte. Sin embargo, nos llamemos Parroquias Rurales, Pedanías, Juntas Vecinales y Concejos, o Entidades Locales Menores en general, según nos encontremos en Galicia, León, Asturias, Castilla, Cantabria, Navarra, Euskadi  o en cualquier otro Lugar, todos compartimos una realidad. La Ley de Racionalición y Sostenibilidad de la Administración Local acaba con nuestra personalidad jurídica a pesar de que el artículo 45 de la Ley de Bases de Régimen Local y la jurisprudencia dejan claro que la regulación de los concejos es competencia de las CCAA, y que, leyes aparte, son instituciones tradicionales conformadas secularmente.

Por este motivo decimos NO A LA SUPRESIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES MENORES

Esta Ley, que empieza su debate en el Congreso de los Diputados estos días, y que será defendida por el Diputado del PP por León, Eduardo Fernández, recoge explícitamente la amenaza de supresión de todas las entidades locales menores, el expolio de sus bienes comunales, que pasarían a los Ayuntamientos, el control de la gestión de sus servicios por parte de las Diputaciones o las CC.AA y la imposición de un plazo de 3 meses para entregar sus cuentas si no quieren ser disueltas.

Por este motivo decimos NO A LA PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS

Si esta Ley se aprobase, una Diputación o una CCAA tendría capacidad, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, para decidir cómo se gestionarían los servicios que ofrecen los Ayuntamientos y las entidades locales menores. Podrán imponer su privatización si no se cumplen una serie de requisitos que igualmente nos impondrá el Ministerio de Hacienda.

Por este motivo decimos NO AL EXPOLIO DE LOS BIENES COMUNALES

Las Diputaciones y las CCAA en subordinación al Ministerio de Hacienda, podrán proponer al gobierno autonómico la supresión de las entidades locales menores a las que, por tener déficit presupuestario, se las podrá obligar a aprobar un Plan económico Financiero. Denunciamos el agravio consistente en que los ayuntamientos con déficit presupuestario puedan disolver sus entidades locales menores, cuyo patrimonio pasará a estos mismos consistorios, mientras los alcaldes culpables de esa mala gestión conservan sus cargos.

Si esta Ley se aprobase, cada 1 de noviembre los municipios y las entidades locales menores, ambos por igual, deberán presentar un informe con el “cálculo de coste efectivo de los servicios que presta”. Los criterios para realizar el cálculo nuevamente serán impuestos por el Ministerio. En el caso de un mínimo déficit en cualquiera de estos servicios las entidades locales menores podrán ser disueltas.

Los Concejos, Pedanías, Juntas vecinales y Parroquias Rurales , muchos de ellos se remontan al medievo, recogen un modelo de organización democrática donde el pueblo reunido en asamblea abierta decide, de un modo directo, como se gestiona y mantiene el patrimonio común de sus vecinos y vecinas. Este modelo es, sin duda, la manera más democrática de organizarse que existe en todo el Estado. De hecho, en la mayoría de estas Entidades, los habitantes de cada pueblo además de votar en las urnas para elegir los concejales del ayuntamiento, votan en otra urna para elegir al alcalde pedáneo y los vocales de su Junta Vecinal. Estamos ante una costumbre hecha norma cuya regulación debe extenderse al funcionamiento de todas las administraciones, nunca desaparecer o ser amenazada de supresión por ningún gobierno de turno.

Las Juntas Vecinales son, en gran parte, responsables además de dar servicios a los pueblos. Como el suministro del agua potable en sus localidades, la gestión de los cotos de caza, el reparto y recogida de la madera y la leña de los montes de su propiedad, la administración, prorrateo o alquiler de los pastos de su prados, son incluso los responsables de los campos santos, e incluso de las escuelas donde aun se conservan. Podemos afirmar que entre los montes, prados y eras que están bajo el control y administración de las entidades locales menores, al menos el 55 % de la superficie de la provincia de León están en manos de los concejos, que por otro lado son propiedad comunal de los vecinos y a nivel estatal son propietarias de 3,5 millones de hectáreas.

Suprimir las entidades locales menores significaría el mayor expolio hacia manos privadas del patrimonio público, previo paso por los Ayuntamientos, de la historia. Un robo premeditado y diseñado para asaltar la democracia que representan y generar negocio para una banda de especuladores, acabando con el mundo rural.

Las Entidades Locales Menores, además, no tienen deudas y sus alcaldes no cobran sueldos, su pecado es ser las administradoras de las propiedades y la riqueza ambiental de los vecinos de sus pueblos.