viernes, 26 de septiembre de 2014

¿Pretende la Junta industrializar o mejorar la administración pública?

IU reprocha a la Junta la absoluta inexistencia de una política real de industrialización que beneficie a la provincia y de una administración pública representativa de la gente. Tal y como ha descrito hoy el Coordinador Provincial, Santi Ordóñez

La Ley de Industria recientemente aprobada por Las Cortes no es más que otra estrategia para mantener las cosas como están y seguir desmantelando el futuro económico de la provincia. Desde IU, por contraste, defendemos la capacidad constitucional de la Junta para planificar la política de empleo e industria en la comunidad, creando un Sector Público industrial que el PP rechaza desde la irresponsabilidad ideológica prototipo de la derecha más rancia y neoliberal. Influir en la economía desde el sector público bancario y empresarial es el a,b,c de cualquier salida social a la crisis. IU defiende además considerar industria a la centrada en el I+d+i, el proyecto de la Junta le negaba esta categoría, potenciar la creación de empleo desde las industrias: agroalimentaria, pesquera, pecuaria, forestal, las PYMES y la industria tecnológica ambiental... entre otras.

Defendemos igualmente asegurar una política industrial mediante el aseguramiento de las inversiones necesarias dentro de un Plan Económico-Financiero recogido en los presupuestos de la Junta y la sustitución de las subvenciones directas por créditos blandos para expulsar a los cazadores de subvenciones de provincias como León. Fidelizando las inversiones a los territorios beneficiados, impidiendo los ERES fraudulentos y las deslocalizaciones. Todas estas medidas están incluidas en nuestras propuestas para el desarrollo rural y la creación de empleo.
 
IU defiende además terminar con los chiringuitos del PP en la Junta: erradicando las externalizaciones y privatizaciones en forma de encomienda de gestión, como quiere imponer la Junta, y eliminar la administración paralela que suplanta funciones de las consejerías, deriva una parte de la deuda autonómica a fundaciones, institutos y empresas dependientes de la Junta y sirve de agencia de colocación para el PP. Son entes innecesarios, ejemplo de este despilfarro y de mala gestión; el ITACYL y la Fundación Siglo, que deben desaparecer y sus funciones traspasadas a las consejerías de que dependen ahora mismo
 
Ricardo Rodríguez Aller. Secretario Provincial de Comunicación.

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