Izquierda Unida - León

El Coordinador Provincial de IU, Santiago Ordóñez, exige responsabilidades por la inexistente política de prevención de incendios de la Junta. Tanto a nivel provincial como dos veces en las Cortes IU ha exigido medidas urgentes a la Junta para iniciar la campaña de invierno contra incendios y de prevención para el verano.

Ahora nos enteramos de que la Consejería lleva 8 meses sin pagar los trabajos forestales que ha encargado a las empresas del sector. Tan solo ha abonado el 10% del total y hay empresas que llevan 6 meses sin pagar a su plantilla. 1500 trabajadores de la provincia dependen del cumplimiento de la Junta.

Una Red de Parques de Bomberos coordinada con la Diputación y los municipios mayores de 20.000 habitantes podría acabar con este problema. El problema es que la Junta prefiere contratar empresas privadas y no pagar a crear una brigada profesionalizada que cuide de las zonas forestales todo el año.

Se necesitan al menos 500 personas en toda Castilla y León para evitar este desastre, aunque mantener una brigada de 1500 personas en todas las comarcas de la provincia proporcionaría un servicio ágil y eficaz.. Sin embargo la Junta juega cada año con casi 5000 familias que dependen directamente de la administración y las empresas forestales. Existen 20 empresas que cobran de dinero público: con influencia directa en esos 1500 trabajadores y trabajadoras a los que hemos hecho referencia.

La dejadez, impagados y abandono, junto a las condiciones laborales indecentes que soportan los trabajadores de los operativos ya están amenazando los valores paisajísticos y naturales de la provincia y con ello su potencial turístico. Tan solo el 10% de funcionarios pueden ser profesionales reales en León, el resto, los más cualificados, deben trasladarse a otras comunidades autónomas para ejercer su profesión de forma digna.

En el resto de comunidades existe, o existía, un dispositivo profesional y permanente durante todo el año que se encarga de todo tipo de emergencia ocurridas en el medio rural (nevadas, inundaciones, recates, labores preventivas contra incendios,… y por supuesto apagar los incendios que haya. Aquí solo se contrata a gente (no profesionales) en verano con lo que no se hace ningún servicio a los núcleos rurales (ni prevención ni extinción en invierno que suele haber unos 500 incendios, ni se atiende a nevadas, inundaciones, rescates, e impide fijar población rural.

Al parecer los únicos que salen ganando con los incendios son los gerentes de las empresas forestales (muchas de ellas en manos de políticos o altos cargos de la Junta). Teniendo capacidad para presionar a la administración como han hecho anunciando paros patronales.  

En el resto de España, como es lógico, esto no ocurre. En vez de empresas privadas (incluyendo entre ellas a Tragsa a pesar de ser pública) que lo único que pretenden es producir beneficios aunque sea a costa de reducir la operatividad del servicio de extinción, a costa de las condiciones laborales, lo llevan entes públicos. Pudiéndolo hacer de varias formas, llevando el peso bomberos (casos de Madrid, Asturias, Cataluña,…), la Administración (casos de Extremadura, Canarias,…), o empresas privadas (casos de Andalucía, Castilla la Mancha, Aragón,…). Ellos optimizan los recursos que les son concedidos ya que no generan beneficios por lo que nadie, a parte del monte, sus trabajadores y la sociedad, ganan algo.

En el resto del país se garantiza una continuidad para la mayoría de los trabajadores profesionalizando así el operativo. En León esto no se fomenta.

IU apuesta por profesionalizar el sector, garantizar la continuidad del trabajador realizando labores de prevención de incendios, aquí casi olvidadas, hasta llegar a trabajar los 12 meses de trabajo a año y gestionar el operativo desde alguna ente pública o, en el peor de los casos, subrogando las obras, es decir, que la empresa que se quede la obra tenga la obligación contratar al personal que antes las estaba realizando con otra empresa. Esto supone un coste cero a la Administración y garantiza la continuidad del personal y profesionalización del sector. Además fijaría población rural que es un objetivo de la Junta, esto ya se realizó así en otras comunidades y funcionó por lo que no es entendible que no se haga en Castilla y León.

El monte es fuente de riqueza tanto por el turismo como la caza como los distintos aprovechamientos (madera, piñas, comestibles,….) y protegerlo además de producir un bien directo para la sociedad sobretodo rural también produciría un beneficio indirecto ya que personal joven en edad de trabajar fijarían sus residencias en núcleos rurales evitando la despoblación y aportando riqueza a la zona.

El operativo de extinción de incendios de Castilla y León está obsoleto y debe cambiar para evitar las consecuencias de los incendios forestales. Una vez conseguido el objetivo podremos hablar de cómo recuperar el turismo en nuestras comarcas, de que consecuencias provocan la perdida del monte (riadas, potabilizar las aguas, impacto visual,…), en resumen de como recuperarlo. Los incendios son un fenómeno muy frecuente (en Castilla y León unos 2000) y no prepararse para combatirlos es un error ya que se demuestra que aunque una zona lleve tiempo sin arder acabará haciéndolo.

Santiago Ordóñez González.  Coordinador Provincial de IU en León