martes, 7 de agosto de 2012
Mociones en toda la provincia contra la liquidación de la Ley de Dependencia
3:57 | 
Publicado por
IULEON |
IU presentará mociones en toda la provincia contra
el desmantelamiento de la Ley de Dependencia.
La ley 39/2006, (LAPAD)
supone el mayor avance en protección social en España en los tres últimos lustros,
generando derechos subjetivos y habiendo dictaminado a más de un millón de
personas en situación de dependencia, de los que 760.000 ya son beneficiarios
de una prestación o servicio. IU impuso al PSOE la probación de este cuarto
pilar del Estado del Bienestar que finalmente no colmó las expectativas pero
abrió la posibilidad de cubrir realmente y de forma universal las necesidades
de los Dependientes.
Sin embargo, estos avances y el propio sistema está
siendo descuartizado a golpe de Real Decreto, generando inseguridad en las personas, en las instituciones e incluso en
las empresas que actúan en el sector.
Estamos, de hecho, una
derogación encubierta de la Ley que va a reducir el Sistema a la mínima
expresión, reduciendo sus costes y anulando este impulso de modernización del
Estado con sus beneficios en la protección social y calidad de vida de las
personas en situación de dependencia y sus familias, y también en convergencia
con los países de nuestro entorno en cuanto al modelo económico y la generación
de empleo.
El Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, publicado el 14 de julio de
2012, en lo referido al Sistema de Atención a la Dependencia contiene medidas
que son desalmadas y crueles con las personas más vulnerables, al tiempo que
son antieconómicas, por lo que la utilización en el texto legal de expresiones
como “mejorar” o “sostenibilidad” son un insulto y una mofa hacia la sociedad
en su conjunto y muy especialmente hacia las personas dependientes, sus
familiares y hacia los/as profesionales del sector de los servicios sociales.
Entre las medidas
adoptadas, destacan como especialmente inútiles y sangrantes las siguientes:
-La ampliación a dos años el plazo para resolver
las ayudas hará que decenas de miles de dependientes mueran sin atención. (3 de
4 beneficiarios son mayores de 65 años, y el 54% mayores de 80)
-El incremento de las aportaciones de los
usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, llevando al límite
de la capacidad real las economías familiares. El copago incrementa de manera
importante las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas
dependientes provocando la descapitalización de las familias.
-La eliminación de las compatibilidades entre
servicios, que impide la complementariedad entre servicios y la necesaria
flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes.
-La reducción de la cuantía de las prestaciones
económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. El Ministerio se ha
permitido incluso criminalizar a los familiares que atienden a las personas
dependientes hablando públicamente de “fraude” en estas prestaciones, poniendo
en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de
familiares de afectados/as en España. La reducción afecta a 435.180 personas
que verán reducidas las prestaciones que reciben una media de 55 € al mes.
-Además el Estado deja de financiar la Seguridad
Social de los cuidadores familiares que afecta a 180.000 personas, el 94%
mujeres.
- En materia de financiación del sistema, se
reduce el nivel mínimo en más de un 13%. A los 283 millones recortados del
nivel acordado, debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel
mínimo garantizado y 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores
que se dejarán de abonar.
Todas estas medidas,
además de suprimir niveles, bajar intensidades y eliminar incompatibilidades,
suponen de manera inmediata un recorte de 1.000 millones de euros y la
desatención a los más de 270.000 del “limbo de la dependencia“ – personas que
se les ha reconocido el derecho y están pendientes de recibir la prestación o
servicio- que no recibirán ayuda en los próximos dos años y medio por lo que se
puede afirmar con absoluta desolación que el descuartizamiento de la Ley de
dependencia supone el fin del mayor avance en protección social que se había
producido en España en los últimos años.
Considerar inviable la
promoción de la Autonomía Personal y Atención de la Personas en situación de
dependencia que la Ley reconoce como un derecho, representa un paso atrás de
dimensiones históricas en el concepto constitucional del Estado Social,
cargando de nuevo sobre las familias el cuidado de las personas en situación de
dependencia sin apoyo alguno, y trasladando la cobertura de las necesidades más
básicas de las personas a las iniciativas caritativas y solidarias de la propia
ciudadanía. Eso es retroceder a las prácticas predemocráticas asistenciales y
de beneficencia que marcaron el retraso de España con respecto a países
europeos de nuestro entorno.
Por este motivo
presentaremos mociones en todos los Ayuntamientos de la provincia exigiendo:
La retirada los últimos recortes impuestos a la
LAPAD en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de
las Administraciones públicas y en el ámbito financiero.
Exigiendo al Gobierno que no aplique los recortes
y la eliminación de las partidas de financiación del Nivel Acordado,
suprimiendo la aportación que la Administración General del Estado realizaba
para la financiación de la Ley de Dependencia para toda España por un valor de
283 millones de euros.
Que cualquier
medida de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia que
afecte a algunas de sus esencias, se lleve a cabo mediante su tramitación,
debate y, en su caso aprobación en el Parlamento, sin utilizar el atajo de la
modificación a través de Decreto. Y que se lleven a cabo con un nivel de
consenso similar, al menos al que se logró en su aprobación.
Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU en León 
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