viernes, 9 de noviembre de 2012

Moción contra los recortes en educación registrada en la Diputación de León


MOCION DE IZQUIERDA UNIDA AL PLENO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON contra los recortes en educación y el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), pidiendo la dimisión del Ministro Wert
D. Santiago Ordóñez González, en su calidad de Coordinador Provincial de Izquierda Unida, comparece y presenta a consideración del Pleno para su debate y aprobación la siguiente Moción sobre los recortes en educación y el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), pidiendo la dimisión del Ministro Wert.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 recortan nuevamente el presupuesto destinado a educación, muy por encima de la que sufrirán los otros Ministerios (un 64% superior respecto del 8,9% de recorte medio), tras haber aplicado sucesivos recortes en los tres últimos años. Lo que ya había situado a nuestro país por debajo de la media de la OCDE en inversión educativa.

Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación: 487 millones en diciembre por el acuerdo de no disponibilidad, 663 millones menos en los presupuestos de 2012, 3.736 millones por el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326 millones de menos en los presupuestos 2013. Se recorta en becas y ayudas al estudio (50 millones), en los programas de Compensatoria (un 68.5%), en los programas en Universidad (un 18,2%) y el 14,4% en la investigación científica, I+D+i. El programa Erasmus se recorta de 41 millones a 15 millones y los de atención al alumnado con necesidades especiales han desaparecido. Todos estos recortes han ahondado en la política de deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado, cerca de 100.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor o el transporte escolar).

Si a finales de 2012 la inversión pública educativa en España habrá descendido en casi 8.000 millones de euros, el gasto público educativo en 2015 se situará en torno al 3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 y nos situará a la cola de la OCDE y la Unión Europea. Lo cual revela la pérdida de importancia de la educación en el conjunto de las políticas públicas, especialmente desde que gobierna el Partido Popular.

Estos recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), presentado recientemente por el Ministro Wert para su aprobación parlamentaria. Este Anteproyecto de Ley orgánica es una reforma regresiva, clasista, excluyente y segregadora, que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de  igualdad y supone una vuelta al sistema de enseñanza franquista.

Se ha hecho sin un diagnóstico previo riguroso. Los escasos motivos que se declaran sólo se apoyan en prejuicios o ideas preconcebidas sin base en investigación alguna que las respalde. Se ha hecho sin contar con la comunidad educativa y con una simple consulta on line mínima y trucada, que se ha limitado a facilitar un correo electrónico al que enviar críticas o sugerencias, sin poder confrontarlas ni debatirlas en foros abiertos y plurales. Se plantea sin financiación y tras los brutales recortes señalados anteriormente, que se añaden a los que ya se han hecho estos últimos años a nivel estatal y autonómico. En este contexto, se proclama cínicamente como primer objetivo de esta reforma la “mejora de la calidad educativa”. ¿Qué calidad y para quién?

Este anteproyecto tiene un marcado enfoque mercantilista. El primer párrafo del anteproyecto, donde define la concepción de la educación que marca la ley, muestra claramente cómo se concibe la educación ante todo como “motor que promueve la competitividad de la economía”, o como “una apuesta por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”.

Es una reforma que nos retrae a épocas pasadas convirtiendo la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas. Apuesta así por una enseñanza basada en la presión del examen, frente a un modelo educativo centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado para contribuir al éxito escolar de todos y todas. En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje, se concibe la educación como un camino de penitencia y sufrimiento, trufado de pruebas y exámenes continuos, que convierte la educación en un auténtico viacrucis recuperando el espíritu franquista de la “letra con sangre entra”, en el que las condiciones culturales y socioeconómicas familiares van a ser determinantes del éxito escolar. La aplicación de estas reválidas lo que supondrá es un aumento del abandono y el fracaso escolar.

Es una reforma segregadora. Desde los 13 años se abren hasta tres vías selectivas que suprimen la formación común en la etapa obligatoria y atentan contra la igualdad real de oportunidades. Las vías previstas son: Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, desde los 13/14 años, para quienes hayan repetido algún curso y tengan dificultades de aprendizaje. Su formación será “diferente a la establecida con carácter general”, o sea, con un currículo devaluado. Ciclos de Formación Profesional Básica (FPB) a los 15 años, habiendo repetido algún curso, que no dan acceso directo a la FP de grado medio ni se titula en ESO. Dos itinerarios en 4º de ESO, con titulaciones diferenciadas que conducen a FP o Bachillerato. Múltiples datos y estudios internacionales constatan que la segregación temprana, además de injusta por clasista, es ineficaz por obligar a “elegir” a destiempo, cuando aún no se conocen las capacidades que cada estudiante puede desarrollar.

Es una reforma antidemocrática. Se merman las competencias del consejo escolar, quedando relegado a funciones meramente consultivas, arruinando así toda participación democrática. Las funciones decisorias se concentran en una dirección unipersonal, nombrada por la Administración, cuya profesionalización como gerente se potencia pudiendo incluso seleccionar al profesorado de su plantilla.

Es una reforma controladora y que desconfía de la capacidad de los profesionales de la educación. Se recentraliza el currículo, aumentando el porcentaje de contenidos establecidos por el Estado y se controla el currículo que se imparte mediante evaluaciones externas al final de cada etapa que determinan los niveles de exigencia. Todo ello evidencia una profunda desconfianza hacia la profesionalidad del profesorado.

Es una reforma que promueve la gestión empresarial de los centros públicos. Gestionando al profesorado como si fueran “peones” intercambiables, pudiéndose desplazar forzosamente al profesorado de un centro a otro, de una etapa a otra o de una asignatura a otra. Pero sobre todo centrada en fomentar la competitividad entre los centros y su especialización (incluso por “tipología de alumnado”), estableciendo clasificaciones según resultados en rankings, como si de una liga de fútbol se tratara. Además se incentivará a los centros, no ya en función de las mayores necesidades de su alumnado, sino de acuerdo con su puesto en el ranking. Todo ello con el fin de que los “clientes” puedan comparar y supuestamente elegir en ese mercado educativo el centro que más les convenga. 

Es una reforma privatizadora que incluye como parte del sistema educativo a los “agentes privados” que desarrollan funciones de regulación, financiación o prestación del servicio educativo en España. Y se plantean medidas para favorecer a los centros privados concertados, como extender el concierto a la nueva formación profesional básica, al quedar incluida en la enseñanza obligatoria; o dar cobertura legal a los centros concertados que discriminan al alumnado en razón de su sexo, incumpliendo la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

Los principales cambios responden a un pensamiento clasista y segregador. Viejas recetas que no han dado los resultados “esperables” en aquellos países donde se han aplicado y que la comunidad científica internacional viene rechazando de plano. No sirven para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educación del pasado.

Por ello,  IU de León eleva al Pleno esta Moción proponiendo el siguiente acuerdo:
Instar al Gobierno de España para que, en vez de recortar en educación, destine un “rescate” similar a educación como está destinando a rescatar a los bancos y aumente el Presupuesto para Educación Pública en los PGE de 2013 a la media europea, 7% del PIB, destinando además un 2% del PIB a la Educación Superior.

Instar al Gobierno de España para que retire de forma inmediata el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) porque es una reforma segregadora, antidemocrática, mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa y social.

Instar al Gobierno Central a debatir y alcanzar realmente un diagnóstico compartido sobre la situación real de nuestro sistema público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas.

Solicitar al Gobierno Central la dimisión del Ministro Wert que está desmantelando el sistema educativo público, del cual debería ser garante y firme defensor.



Fdo. Don Santiago Ordóñez González
Coordinador Provincial de IU en León

De la presente Moción se dará traslado al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a la Federación de Municipios y Provincias.
Sra.  Presidenta de la Diputación Provincial de León

En León, a 8 de noviembre de 2012

Moción contra los recortes en educación registrada en el Ayto de León


MOCION DE IZQUIERDA UNIDA AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEON contra los recortes en educación y el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), pidiendo la dimisión del Ministro Wert
D. Manuel Domínguez Chico, en su calidad de Coordinador Local de Izquierda Unida, comparece y presenta a consideración del Pleno para su debate y aprobación la siguiente Moción sobre los recortes en educación y el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), pidiendo la dimisión del Ministro Wert.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 recortan nuevamente el presupuesto destinado a educación, muy por encima de la que sufrirán los otros Ministerios (un 64% superior respecto del 8,9% de recorte medio), tras haber aplicado sucesivos recortes en los tres últimos años. Lo que ya había situado a nuestro país por debajo de la media de la OCDE en inversión educativa.

Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación: 487 millones en diciembre por el acuerdo de no disponibilidad, 663 millones menos en los presupuestos de 2012, 3.736 millones por el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326 millones de menos en los presupuestos 2013. Se recorta en becas y ayudas al estudio (50 millones), en los programas de Compensatoria (un 68.5%), en los programas en Universidad (un 18,2%) y el 14,4% en la investigación científica, I+D+i. El programa Erasmus se recorta de 41 millones a 15 millones y los de atención al alumnado con necesidades especiales han desaparecido. Todos estos recortes han ahondado en la política de deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado, cerca de 100.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor o el transporte escolar).

Si a finales de 2012 la inversión pública educativa en España habrá descendido en casi 8.000 millones de euros, el gasto público educativo en 2015 se situará en torno al 3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 y nos situará a la cola de la OCDE y la Unión Europea. Lo cual revela la pérdida de importancia de la educación en el conjunto de las políticas públicas, especialmente desde que gobierna el Partido Popular.

Estos recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), presentado recientemente por el Ministro Wert para su aprobación parlamentaria. Este Anteproyecto de Ley orgánica es una reforma regresiva, clasista, excluyente y segregadora, que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de  igualdad y supone una vuelta al sistema de enseñanza franquista.

Se ha hecho sin un diagnóstico previo riguroso. Los escasos motivos que se declaran sólo se apoyan en prejuicios o ideas preconcebidas sin base en investigación alguna que las respalde. Se ha hecho sin contar con la comunidad educativa y con una simple consulta on line mínima y trucada, que se ha limitado a facilitar un correo electrónico al que enviar críticas o sugerencias, sin poder confrontarlas ni debatirlas en foros abiertos y plurales. Se plantea sin financiación y tras los brutales recortes señalados anteriormente, que se añaden a los que ya se han hecho estos últimos años a nivel estatal y autonómico. En este contexto, se proclama cínicamente como primer objetivo de esta reforma la “mejora de la calidad educativa”. ¿Qué calidad y para quién?

Este anteproyecto tiene un marcado enfoque mercantilista. El primer párrafo del anteproyecto, donde define la concepción de la educación que marca la ley, muestra claramente cómo se concibe la educación ante todo como “motor que promueve la competitividad de la economía”, o como “una apuesta por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”.

Es una reforma que nos retrae a épocas pasadas convirtiendo la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas. Apuesta así por una enseñanza basada en la presión del examen, frente a un modelo educativo centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado para contribuir al éxito escolar de todos y todas. En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje, se concibe la educación como un camino de penitencia y sufrimiento, trufado de pruebas y exámenes continuos, que convierte la educación en un auténtico viacrucis recuperando el espíritu franquista de la “letra con sangre entra”, en el que las condiciones culturales y socioeconómicas familiares van a ser determinantes del éxito escolar. La aplicación de estas reválidas lo que supondrá es un aumento del abandono y el fracaso escolar.

Es una reforma segregadora. Desde los 13 años se abren hasta tres vías selectivas que suprimen la formación común en la etapa obligatoria y atentan contra la igualdad real de oportunidades. Las vías previstas son: Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, desde los 13/14 años, para quienes hayan repetido algún curso y tengan dificultades de aprendizaje. Su formación será “diferente a la establecida con carácter general”, o sea, con un currículo devaluado. Ciclos de Formación Profesional Básica (FPB) a los 15 años, habiendo repetido algún curso, que no dan acceso directo a la FP de grado medio ni se titula en ESO. Dos itinerarios en 4º de ESO, con titulaciones diferenciadas que conducen a FP o Bachillerato. Múltiples datos y estudios internacionales constatan que la segregación temprana, además de injusta por clasista, es ineficaz por obligar a “elegir” a destiempo, cuando aún no se conocen las capacidades que cada estudiante puede desarrollar.

Es una reforma antidemocrática. Se merman las competencias del consejo escolar, quedando relegado a funciones meramente consultivas, arruinando así toda participación democrática. Las funciones decisorias se concentran en una dirección unipersonal, nombrada por la Administración, cuya profesionalización como gerente se potencia pudiendo incluso seleccionar al profesorado de su plantilla.

Es una reforma controladora y que desconfía de la capacidad de los profesionales de la educación. Se recentraliza el currículo, aumentando el porcentaje de contenidos establecidos por el Estado y se controla el currículo que se imparte mediante evaluaciones externas al final de cada etapa que determinan los niveles de exigencia. Todo ello evidencia una profunda desconfianza hacia la profesionalidad del profesorado.

Es una reforma que promueve la gestión empresarial de los centros públicos. Gestionando al profesorado como si fueran “peones” intercambiables, pudiéndose desplazar forzosamente al profesorado de un centro a otro, de una etapa a otra o de una asignatura a otra. Pero sobre todo centrada en fomentar la competitividad entre los centros y su especialización (incluso por “tipología de alumnado”), estableciendo clasificaciones según resultados en rankings, como si de una liga de fútbol se tratara. Además se incentivará a los centros, no ya en función de las mayores necesidades de su alumnado, sino de acuerdo con su puesto en el ranking. Todo ello con el fin de que los “clientes” puedan comparar y supuestamente elegir en ese mercado educativo el centro que más les convenga. 

Es una reforma privatizadora que incluye como parte del sistema educativo a los “agentes privados” que desarrollan funciones de regulación, financiación o prestación del servicio educativo en España. Y se plantean medidas para favorecer a los centros privados concertados, como extender el concierto a la nueva formación profesional básica, al quedar incluida en la enseñanza obligatoria; o dar cobertura legal a los centros concertados que discriminan al alumnado en razón de su sexo, incumpliendo la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

Los principales cambios responden a un pensamiento clasista y segregador. Viejas recetas que no han dado los resultados “esperables” en aquellos países donde se han aplicado y que la comunidad científica internacional viene rechazando de plano. No sirven para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educación del pasado.

Por ello, la Asamblea Local de IU en León eleva al Pleno esta Moción proponiendo el siguiente acuerdo:
Instar al Gobierno de España para que, en vez de recortar en educación, destine un “rescate” similar a educación como está destinando a rescatar a los bancos y aumente el Presupuesto para Educación Pública en los PGE de 2013 a la media europea, 7% del PIB, destinando además un 2% del PIB a la Educación Superior.

Instar al Gobierno de España para que retire de forma inmediata el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) porque es una reforma segregadora, antidemocrática, mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa y social.

Instar al Gobierno Central a debatir y alcanzar realmente un diagnóstico compartido sobre la situación real de nuestro sistema público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas.

Solicitar al Gobierno Central la dimisión del Ministro Wert que está desmantelando el sistema educativo público, del cual debería ser garante y firme defensor.


Fdo. Don Manuel Domínguez Chico
Coordinador Local de IU en León

De la presente Moción se dará traslado al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, así como a la Federación de Municipios y Provincias.
Sr/a. Alcalde  Presidente del Excmo. Ayuntamiento de León

En León, a 8 de noviembre de 2012


miércoles, 7 de noviembre de 2012

IU lleva la crisis de UMINSA y del carbón de nuevo al Congreso


IU presentará dos iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados en defensa de los trabajadores del grupo Alonso y del carbón autóctono en general.

Aparte de las enmiendas presentadas en los PGE a favor de las cuencas, aparte de la exigencia de un Plan del Carbón 2013-2018, aparte de exigir su reconocimiento como sector estratégico y teniendo como objetivo al supervivencia de la comarcas mineras nacionalizando la actividad; IU suma a estas incontables iniciativas en defensa de las cuencas dos preguntas al Gobierno relativas a la situación creada a la limón por los recortes del Gobierno y la indecencia de Vitorino Alonso.

IU presentará dos preguntas que pueden resumirse en la exigencia de explicaciones por la imposición de los recortes en las ayudas a las empresas a los trabajadores en un porcentaje prácticamente idéntico porcentaje y si coinciden exactamente se tengan en cuenta las consecuencias de los mismos.

En el caso de las dos iniciativas que presentará Gaspar Llamazares tras la reunión celebrada ayer con una delegación de 4 trabajadores de UMINSA, una versará sobre si el Ministerio de Industria conoce y es consciente de los ERE y despidos perpetrados por el Grupo Vitorino Alonso y el resto de empresas mineras afectadas por sus recortes y la segunda interrogará al mismo ministerio sobre el comportamiento de este empresario y su actuación cuasi mafiosa en las cuencas de Vitorino Alonso, aprovechándose de sus trabajadores para defender sus intereses para darles después el mismo hachazo que el Ministerio ha perpetrado en el Plan del Carbón

Santiago Ordóñez González.  Coordinador Provincial de IU en León 
martes, 6 de noviembre de 2012

Medidas IU contra los deshaucios

El Coordinador Provincial de IU, Santiago Ordóñez, exige a los Ayuntamientos  y a la Diputación que tomen medidas urgentes contra los desahucios y recuerda la batería de medidas contra esta lacra que se han presentado desde la legislatura pasada.

321 deshaucios diarios, entre dos y tres en León, más de 100.000 deshaucios desde el comienzo de la crisis merecen algo más que reuniones entre el PP y el PSOE cuando gran parte del daño está hecho y organizaciones sociales como Stop Desahucios o el nuevo grupo nacido en el Bierzo llevan años peleando por la dación en pago.

IU recuerda que lleva más de dos años insistiendo y que el reciente informe emitido por el Consejo General del poder Judicial nos da la razón. Precisamente por ese motivo la Izquierda Plural ha solicitado las comparecencias en el congreso del Presidente del CGPJ y el Ministro de Justicia y se han remitido otras dos preguntas al gobierno sobre este particular.

IU espera que la reciente llegada a la sensatez del PSOE y PP sirvan de algo y el informe de los Jueces debe ser la guía para modificar la Ley. Son embargo los ayuntamientos y la Diputación tienen un papel relevante contra los desahucios.

IU tienen pendiente que se acepte su enmienda  a la Ley del Banco Malo para implantar la dación en pago y para los desahucios. Este puede ser el camino para implantar otras medidas urgentes.

Sean algunas de ellas la implantación de la dación en pago obligatoria a los bancos, de periodos de carencia en el pago de las hipotecas, reducciones provisionales del tipo de interés, negociación de quitas de la deuda, destinar parte del rescate a los bancos a los clientes sobre endeudados “de buena fe”, impedir que los bancos puedan adjudicar viviendas frutos de los desahucios a precio de saldo, posibilidad de permanencia en la vivienda a cambio de un alquiler social y por último crear Comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor, en las que formen parte las asociaciones de consumidores y las administraciones.

En este último caso el papel de la Diputación es fundamental y de los Ayuntamientos imprescindible para crear un cuerpo legal que proteja a los más débiles frente a la hipocresía de los bancos.

IU exige responsabilidad a los municipios y la propia Diputación y propone que estas comisiones mixtas se constituyan a todos los niveles, tanto en los municipios mayores de 20.000 habitantes como en la Diputación para dar cobertura a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. Este puede ser un paso para terminar con la dictadura bancaria en materia de desahucios.

Santiago Ordóñez González.  Coordinador Provincial de IU en León 

Más hechos y menos maquillaje en la gestión del Ayto de León


El Coordinador Local de IU, Manolo Domínguez Chico, exige al PP que se dedique menos al maquillaje y más a los hechos. El abandono de la Agenda 21 Local a favor del anuncio de convenios con REE o integrarse en la “Red de ciudades que caminan” demuestran que los hechos son secundarios para el Alcalde y que empezar la casa por el tejado su modo de trabajo.

Lo habitual es tener el instrumento para llevar a cabo, con participación activa de la sociedad civil, en funcionamiento: La Agenda 21 Local y su Plan de Actuación. Después, una vez sabes lo que quieres y como hacerlo, entonces te unes a redes, firmas convenios e intentas dar ejemplo.

En León hablamos de preocuparnos por el peatón pero nada de tomar medidas para crear paseos peatonales salvo un cinturón verde que no aporta nada, se habla de movilidad y accesibilidad pero se niegan a planificar carriles bici y no hay un Plan de eliminación de Barreras arquitectónicas para la ciudad. Se dice que León pertenecerá a organizaciones que puedan pagarse para compartir iniciativas pero ni tiene instrumentos ni nada que compartir con el resto de municipios.

Esto puede trasladarse a toda la gestión municipal de León, esconder la cabeza bajo la tierra de la deuda, no tomar ni una sola iniciativa y sobre todo manchar con toneladas de maquillaje una gestión inexistente salvo cuando se suben impuestos, se recortan servicios o se despide gente.

Este es el legado que dejará el PP esta legislatura. Sobre todo cuando la deuda se incremente otros 30 millones anuales en 2014 gracias a los créditos avalados por el ICO para pagar a algunos proveedores y a las grandes empresas concesionarias que han generado la deuda que ha arruinado el ayuntamiento fruto de las privatizaciones.

 Manuel Domínguez Chico. Coordinador Local de IU León 

Insistimos en municipalizar la recogida de basuras de León


El Coordinador Local de IU, Manuel Domínguez Chico, insiste en que una Empresa de Servicios que asuma la recogida y limpieza viaria es más rentable que sacar el servicio a concurso.

El Plan de Ajuste que ya se anuncia incumplido en León ya el primer año de aplicación recogía la reducción de un 50% en el coste del servicio. Ahora el PP pide recortes del 20% y despidos de trabajadores. Si el PP pretende endurecer todavía más este recorte no existe otra opción que recuperar la recogida de basuras y limpieza viaria, incorporar la plantilla a una empresa 100% pública municipal y con eso reducir los costes del IVA (21%), los beneficios empresariales y los sueldos estratosféricos de algunos encargados de Urbaser.

De no tomarse esta medida simplemente nos podemos encontrar ante una situación cercana al no ofrecimiento del servicio. Lo mejor que le puede pasar a León, el erario público municipal y la propia razón es gestionar directamente el servicio y ahorrar en burocracia e intereses  privados que tan solo pretenden enriquecerse con dinero de todos.

La deuda de 80 millones pagados a Urbaser con aval ICO y el sobre coste al ciudadano que sufrimos deberían ser razones suficientes como para recuperar el servicio. El Plan de Ajuste ya incumplido pretendía reducir, en principio a la mitad, el coste y sacar a concurso la recogida de los RSU y la limpieza viaria por separado. Con estas decisiones tan solo se pretende encarecer los contratos que ahora suman en el presupuesto vigente 5.827.150 euros para Urbaser en materia de recogida de RSU y 13.678.120 para limpieza viaria. Una barbaridad.

Ahora mismo un vecino de León paga 135 euros anuales frente a los 68 de Burgos por la recogida y tratamiento de su basura. La razón es porque la recogida y tratamiento municipal de esta ciudad fue modernizada, con medios públicos, en la etapa de gobierno de IU. En su momento gestionamos precisamente esta delegación y las inversiones en la modernización del servicio dieron sus frutos. Mientras León mantenga el modelo de gestión privado esta modernización será imposible.

Los años nos vienen dando la razón, la gestión privada en León es un desastre, ha generado casi 180 millones de deuda, no ha mejorado la prestación de los servicios y encima han provocado graves problemas legales al consistorio. La recogida de basuras es el vivo ejemplo de este desastre. Más de 80 millones de duda reconocida pagada con el Plan Montoro para conservar un servicio caro y que necesita modernizarse para reducir costes..
Estos objetivos serán imposibles de alcanzar sin cambiar drásticamente el modelo de gestión. Esto solo se logrará con el control municipal del servicio y la toma de medidas muy serias para solucionar la cuestión del CTR y el cobro de su tasa.

La modernización de los servicios públicos siempre se ha ligado a la gestión pública y fórmulas como las empresas controladas por los Ayuntamientos son las que han conseguido unir eficacia con reducción de costes. Esta es la medida que debe tomar el Equipo de Gobierno si quiere conservar y mejorar el funcionamiento consistorial reduciendo al mismo tiempo la deuda. De otro modo tan solo continuaremos por el mismo camino que ha arruinado al Ayuntamiento de León a cambio de desmantelarlo un poco más.


 Manuel Domínguez Chico. Coordinador Local de IU León 
lunes, 5 de noviembre de 2012

Agenda IU León 6 y 7 de noviembre

El martes 6 de noviembre se desarrollarán hasta dos movilizaciones importantes en León. Animamos a participar en las mismas.

A las 12h delante de las oficinas de la FELE en Independencia. Concentración de trabajadores y trabajadoras de Industria reivindicando la firma del convenio del metal que afecta a 5000 personas.

A las 18h de la tarde en Botines los trabajadores públicos tomarán el relevo en una nueva concentración, asamblea y manifestación en defensa de los Servicios Públicos.

El miércoles además tenemos otras dos convocatorias.

A las 11h delante de la Subdelegación del Gobierno,  bancarios afectados por los despidos diseñados por el Gobierno en las entidades nacionalizadas se concentrarán en defensa de sus puestos de trabajo.

A las 19:30h se inaugura en La Robla la exposición dedicada a Manuel Azaña que ha preparado IU junto a la Asociación Manuel Azaña.

Un saludo

Santi Ordóñez
Coordinador Provincial

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