viernes, 29 de noviembre de 2013
¿Para cuando el presupuesto del Ayto de León?
IU
denuncia que el PP anuncia y anuncia el presupuesto municipal desde
hace meses pero no terminamos de conocer las cuentas. Nos parece
altamente sospechoso el secretismo que gira alrededor del las
previsiones contables de León para 2014. No sabemos si están
esperando a la aprobación de la Ley Montoro Antiayuntamientos o
simplemente no se ponen de acuerdo sobre las cifras. Sin embargo no
es de recibo hacer anuncios a bombo y platillo para luego retener el
borrador como si quisieran ocultarlo. Salvo que la excusa increíble
de los 40 millones en facturas encontradas en cajones les obligase a
revisar todo el borrador no existe justificación a este retraso.
IU,
fundamentando esta valoración en las cifras que ya han sido
públicas, denuncia que estaremos ante un presupuesto municipal
seguidista, de nuevo opaco y sin la menor participación ciudadana en
su elaboración. IU, como ya hizo el año pasado, solicitará su
devolución y sustitución por unas cuentas que de verdad liberen a
la ciudad de la dictadura de Montoro, los Bancos y los recortes en
políticas sociales. Lo estudiaremos en el plazo de exposición
pública una vez se ha demostrado que es imposible tener acceso a las
cuentas municipales antes de su aprobación en pleno. Un nuevo
ejemplo de falta de transparencia en el equipo de Gobierno del PP.
Si
el déficit estructural desde 2010, la diferencia entre gastos e
ingresos corrientes, ha crecido hasta los 58 millones. El nivel de
ingresos municipal posible se mantiene sobre los 122 millones, como
en 2013, y se prevé de nuevo un presupuesto consolidado de unos 132
millones para 2014. Entonces podemos calcular que el déficit en 2015
puede alcanzar los 68 millones. Una vez el PP ha rechazado todos
nuestros intentos para mejorar los ingresos municipales es evidente
que este nuevo incremento es fruto de la ceguera recortadora del PP y
no fruto de Amilivia y Fernández.
Avisar
además que en 2014, sino lo impedimos, entrará en vigor la
Ley Antiayuntamientos, ya aprobada en el Congreso, que roba
a los municipios sus competencias en materia ambiental, políticas
sociales, empleo, vivienda, sanidad y promoción de la igualdad de la
mujer. Siguiendo estas premisas y sabiendo que estas competencias
pasarán a la Junta; nos encontramos ante la ocultación
interesada de la práctica desaparición de las políticas más
importantes del Ayuntamiento, que lo convierten en un servicio
público. Las Guarderías, los centros de formación en materia
cultural y ambiental, todo lo que no sea residuos, la posibilidad de
desarrollar planes y políticas de acceso al empleo y la vivienda en
León, desaparecerán de un plumazo en un proceso de transferencia y
privatización que el Concejal Rajoy nos oculta de forma torticera.
Torticera porque sus previsiones de sacar a León del atolladero o
cumplir las consignas lanzadas este fin de semana del Alcalde se
fundamente precisamente en este traspaso, privatización o cierre de
servicios municipales. Ni más ni menos. Esto es muy grave.
IU
denuncia de nuevo que no se ha consultado en absoluto a los vecinos
sobre cuales son sus prioridades en las cuentas. Si las inversiones
son como en 2013 simplemente denunciamos que cuando no hay nada que
invertir en la ciudad es difícil consultar a la ciudadanía sobre
como hacerlo. De todas formas insistimos en que los concejales
expliquen y recojan las inquietudes vecinales. Además pedimos que la
exposición pública no se limite al horario de oficina. Si para
poder ver las cuentas solo puedes acercarte al ayto entre las 9 y las
14h será imposible que la gente afectada conozca la Ley anual
más importante del consistorio.
Un
presupuesto seguidista, que repite los mismos errores que el año
pasado, que una vez consolidado rondará los 134 millones, sumiso
como en 2013 a un Plan de Ajuste que se ha convertido a lo
largo de los meses en intervención definitiva por el Ministerio
Montoro que en
2012 el déficit estructural en operaciones corrientes alcanzó
118.176.000 euros en ingresos frente a 148.364.000 euros, 30
millones, que en 2013 ya han alcanzado los 58 millones acumulados y
en 2014 puede llegar a los 68. Salvo que el expolio diseñado por la
Ley Antiayuntameintos le haga el trabajo sucio a Emilio Gutiérrez y
le libere de servicios, sea para recortarlos, privatizarlos o
simplemente cerrarlos.
Por
desgracia nos vamos a encontrar con un presupuesto seguidista,
imposible de cumplir, que sufre la intervención del estado, generará
más déficit y cuyas consecuencias serán la multiplicación de la
deuda municipal mas la liquidación de servicios públicos salvo que
se consume el mayor atentado contra la democracia que ha diseñado
jamás un Gobierno Español, La Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la administración local.
Manuel
Domínguez Chico. Coordinador Local de IU León
Reclamación IU subida salvaje de tasas y política expropiatoria en la Residencia de Mayores de la Diputación
IU
presenta una reclamación a la subida de un 63% en dos años de las
tasas de la residencia Sta Luisa de la Diputación Provincial. Tal y
como hicimos el año pasado, IU se opondrá a la política
expropiatoria y abusiva de esta gestión privadíssisma
de un servicio público por parte de la Institución Provincial.
Estamos
ante un nuevo ejemplo de la reforma del artículo 135 de la
Constitución, pactada por el PSOE y el PP a la sombra de los
intereses de la Troika, de los bancos y de los especuladores que se
benefician de la crisis, de los recortes y de la subida de tasas como
las de este centro asistencial.
Primero,
porque los incrementos son escandalosos en tan poco tiempo. Se puede
subir la tasa pero no en un medida tan exagerada.
Segundo,
porque la Diputación no respeta el marco regulador de la Junta a la
hora de las exenciones en precios, para fijación de los mismos,
aplicación de la Ley de Dependencia y generación de deuda.
La
Diputación actúa como una empresa privada y pretende hacer negocio
con esta residencia pública, de tal forma que genera obligaciones
contra el 100% del patrimonio de los mayores, que después se
traslada a sus familiares. Provocando un régimen expropiatorio
fundamentado en tasas sin exenciones que incumple la Ley de forma
abusiva.
Santiago
Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU León
Luis
Miguel Nistal Tomé. Coordinador Provincial de Áreas.
D. Santiago Ordóñez González,
Coordinador Provincial de IU León, domicilio
para notificaciones en la calle Ramón y Cajal, nº 29 bajo derecha,
CP: 24002 de la localidad de León por la presente expone
Que
permaneciendo todavía en período de exposición al público la
PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA ORDENANZA Nº 4 REGULADORA DEL PRECIO
PÚBLICO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE PERSONAS MAYORES
SANTA LUISA, con objeto de incrementar los precios públicos y
ajustarlos a los costes del servicio se ve en la obligación de
presentar la siguiente RECLAMACION oponiéndose a la misma.
JUSTIFICACION
Primeramente
es necesario recordar que este centro es de titularidad pública. Un
servicio público regulado por la Legislación estatal vigente y por
la autonómica, en el ejercicio de sus competencias en materia de
políticas sociales y dependencia. Esta condición no es baladí, a
pesar de ser un centro público la regulación recogida en la
presente ordenanza disimula muy mal que se regula tomando como
referencia la Resolución de 27 de julio de 2012, de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se establece el
coste máximo de plaza ocupada, relativa a la acción concertada en
materia de reserva de plazas en Centros de Servicios Sociales.
Sin embargo se obvia enteramente o
en su gran medida el contenido del Decreto 70/2011 de 22 de diciembre
de 5 de enero de 2012, de la Consejería de Familia e igualdad de
Oportunidades, donde tanto el acceso como el coste de un centro
público en Castilla y León se regula en función de la capacidad
económica del solicitante y/o beneficiario del servicio público y
su coste se circunscribe en términos generales al 90% de estos
ingresos y al 5% del patrimonio personal o familiar correspondiente.
Sin que en ningún momento la contribución pueda exceder el 90% del
servicio, garantizando unas cuantía mínimas para los gastos
personales previstas en el art. 7 del mismo decreto. A
lo que debe añadirse el abuso que supone haber incrementado hasta
ahora e intentar subir el precio público de un servicio hasta el 63%
desde 2012, como es el caso, y ante lo cual presento oposición por
entrar en contradicción con el fondo, la forma y el espíritu de
toda residencia pública dedicada a mayores y/o dependientes.
Una
situación que se agrava por la sospecha, denunciada por algunos
familiares, de haberse solicitado a algunos de los residentes firmar
en blanco un documento estos días, sin que sus familiares o tutores
sepan porqué. Creando un ambiente de suspicacia sobre un posible
engaño a nuestros mayores.
La diferencia entre la Ordenanza
que nos ocupa y el precio fijado por la Junta de Castilla y León en
los centros públicos que regula es evidente. No tanto en las cifras
globales del coste como en la manera de facilitar el acceso a los
usuarios con menor nivel de renta. De este modo y primeramente
constatar que un centro enteramente público y propiedad de la
Diputación Provincial actúa exactamente igual que un Centro Privado
y concertado si se aplica el presente reglamento. Lo que en opinión
de IU supone un incumplimiento flagrante de la legislación vigente y
un posible fraude a los usuarios y familiares afectados. Dado que
estas condiciones se han ocultado a los usuarios que decidieron
solicitar el acceso al mismo.
Seguidamente recordar que el
Articulo 7.3 recoge taxativamente la generación de una deuda para
cada usuario del servicio, la cual obliga tanto al afectado como la
integridad de su patrimonio, y posteriormente a sus sucesores o
tutores legales en caso de fallecimiento o abandono del centro. Dicho
articulado no solo incumple toda la normativa en esta materia, supone
una medida de cariz eminentemente expropiatorio que define una
ordenanza cuyo articulado debe y será recurrido, salvo
rectificación, por incluir clausulas contractuales abusivas,
estamos ante un contrato entre la administración propietaria y el
usuario o tutores legales, que invalidan este precepto y con él
cualquier relación entre las partes, espero que con anterioridad a
hacer efectivas cuantas acciones legales san necesaria bajo el
derecho del que dispongo a la tutela judicial en caso de ver dañados
mis derechos o el de mis familiares directos. La Diputación
Provincial de León demuestra con este comportamiento mucho más que
afán recaudatorio, pretende hurtar el fruto de una vida a los
mayores afectados generando obligaciones a sus familiares muy
cercanas al denominado coloquialmente como robo. Aquí sería
fundamental recomendar la lectura del Artículo 31 de la Constitución
Española.
Exigir por último, que la
Diputación Provincial revoque la exigencia a los usuarios de
renunciar a los beneficios de la Ley de Dependencia. Recursos que por
otro lado se destinan directamente a la gestión de la Residencia,
por parte de la Junta, sin que la Diputación reparta estos derechos
entre los beneficiarios del servicio, para revisar y adaptar las
tasas dentro las condiciones reguladas por la propia Junta de
Castilla y León.
Sírvase por tanto recibir la
presente RECLAMACION y la tenga en cuenta a la hora de mejorar la
Ordenanza, revisar las tasas, su incremento y exenciones, y servir a
su modificación respetando tanto los derechos como los deberes de
los usuarios del centro
En León, a 28 de noviembre de
2013
Sin otro particular
Fdo: Santiago Ordóñez González
Coordinador Provincial de IU León
La LOMCE se aprueba, pero seguimos movilizados para que no se aplique
La
LOMCE es una ley impresentable.
El
Área de Educación de IU León quiere denunciar, después de la
aprobación definitiva de la LOMCE en el Congreso de los Diputados,
que el PP impone el modelo educativo de los privilegios y de los
privilegiados. El PP legaliza y promueve con la LOMCE un patrón de
sociedad anclado en la injusticia, la segregación y la exclusión.
Se impone el diseño de una enseñanza para élites y el
desmantelamiento de la Educación Pública. Se impone la educación
entendida como oportunidad de negocio económico e ideológico del
sector privado y religioso.
Ante
este ejercicio de coacción reaccionaria Izquierda Unida refuerza su
compromiso con la Educación Pública y promoverá medidas de rechazo
activo a la implantación de la LOMCE. La sociedad no puede tolerar
el ataque a la educación entendida como derecho fundamental y por
ello activaremos medidas de confrontación y promoveremos una campaña
de insumisión a esta ley que conculca derechos constitucionales y
derechos fundamentales. En primer lugar nos desplazaremos mañana a
Madrid para participar en la Manifestación estatal contra esta Ley.
Este que firma, junto a Los Coordinadores Locales y Provincial de
León estaremos en vanguardia de la resistencia contra su
implantación. Somos insumisos a la LOMCE desde este momento.
Cuando
un gobierno promueve una ley y lo hace de espaldas a la ciudadanía y
atendiendo a intereses privados sólo podrá presentarla ante
aquellos para los que fue pensada, pero su ley será impresentable
como una propuesta abierta a la sociedad y sólo viable en el
ejercicio político que utiliza mayorías parlamentarias para desoír
demandas sociales. El PP no puede dar la cara ante la comunidad
educativa y ante la sociedad civil de aquello que no se ha pensado
para todos y todas.
En
el Área de Educación de IU León queremos reiterar el hecho
significativo de la pasada visita a nuestra ciudad de la diputada del
PP Concha Bravo para explicar su ley en un centro de educación
privado de nuestra ciudad. No fueron sus palabras y sí lo fueron sus
prácticas aquel día las que dejaron claro el trasfondo de lo que la
mayoría absoluta de su partido ha sancionado definitivamente en el
Congreso de los Diputados con la aprobación de la LOMCE.
Su
modelo educativo se difunde en centros de educación privada al
tiempo que hacen oídos sordos al rechazo de toda la comunidad
educativa. Y se hace así, y se hace allí, porque se establece el
diseño de una enseñanza para élites y el desmantelamiento de la
educación pública para abrir oportunidades de negocio y espacios de
control hegemónico. La
LOMCE es una ley impresentable ante la sociedad y ante la comunidad
educativa.
Las
mentiras utilizadas reiteradamente para justificar esta reforma
educativa son fácilmente desmentidas en referencia explícita al
texto de la LOMCE. El PP tiene que retorcer la interpretación de su
propio texto para hacerlo compatible con sus discursos mentirosos y
poder dar la cara ante la sociedad. Pero quedó claro entonces que la
LOMCE sólo se puede explicar, contra toda la comunidad educativa que
manifiesta el rechazo unánime a este modelo educativo y lo volverá
a hacer el próximo sábado en Madrid, en un centro de educación
privado porque su ideología educativa es la de la mercantilización
del derecho a la educación y del cuidado de intereses elitistas para
una sociedad de los privilegios.
La LOMCE sólo es explicable en ese contexto y sólo puede ser
defendida en el lugar para el que fue diseñada.
Pero
la LOMCE es impresentable para el conjunto de la sociedad y por eso
la diputada Concha Bravo olvidó intencionadamente, en León, acudir
a un centro de educación pública y olvidó intencionadamente
solicitar un encuentro con los alumnos y las alumnas, las familias y
los docentes de la Escuela Pública para escuchar sus
reivindicaciones y razones, y mostrar, ante ellos, la cara de los
argumentos que justifiquen la LOMCE.
Sus
palabras, como sus leyes, no se dirigen a las familias de la Escuela
Pública que ya sufren las consecuencias de la desprotección que
supone la destrucción de los derechos sociales.
Son palabras, y son leyes, para tranquilizar a los padres y madres de
un centro de educación privada. Sólo en el contexto de un centro
privado de élite se puede hablar de racionalización de la oferta
educativa o se puede justificar la LOMCE con el argumento de que
facilitará a las familias la “libertad” de seleccionar el centro
que más ventajas competitivas le dé a sus hijos e hijas en el
futuro mercado laboral. Son los partidarios de la privatización los
que pretenden convertir la preferencia de selección de colegio en un
derecho fundamental. Detrás de estas manifestaciones se esconde el
rechazo de los privilegiados a la igualdad social, su rechazo a
educar a sus hijos e hijas con los que no son de su misma clase. Un
argumento que esconde la intención de dar a los centros privados la
posibilidad de seleccionar a sus alumnos y alumnas. Y es la LOMCE la
ley que abre esa posibilidad.
La
atención a la diversidad, las necesidades educativas específicas,
los que tienen dificultades de aprendizaje no tienen sitio en un
centro privado, porque estos centros no atienden a esos problemas. Y
por eso la LOMCE olvida las garantías de una educación de calidad
para todos y todas y apuesta por la segregación y la exclusión.
Sólo admiten a quienes tienen éxito escolar o dinero para pagarlo,
pues atender a toda la pluralidad y diversidad de la población les
haría bajar en el ranking de la élite. Y bajaría su demanda por
parte del público selecto que verían como sus hijos e hijas se
“mezclan” con quienes no consideran “adecuados”.
Detrás
de la LOMCE se esconde una concepción selectiva y excluyente de la
educación,
que pasa a identificar el rendimiento académico, cuando se confunde
evaluación con calificación, con los aspectos básicos y
fundamentales del desarrollo personal de los alumnos y alumnas. La
perspectiva de la compensación de las desigualdades, de “una
escuela pública de todos y para todos”, de la atención a la
diversidad y la inclusión educativa que forma parte del trabajo y
responsabilidad de los docentes, queda claramente en suspenso con
esta ley. Y es por esto que sólo en esos centros, tan propensos al
ejercicio de la segregación, se puede hacer la desvergonzada defensa
de quien confunde educación con segregación. Solo en un centro
privado, de élite, que selecciona a su alumnado en función de la
clase social y económica se puede presentar una ley impresentable.
Deteriorar
el sistema de educación público es la mejor garantía para asegurar
el éxito de la educación privada.
La LOMCE significa gestión antidemocrática de los centros,
criterios pedagógicos productivistas al servicio de las empresas,
claudicación frente a las presiones de la jerarquía eclesiástica.
Es el modelo del negocio educativo, es el modelo que prostituye la
educación y es por eso que la LOMCE es impresentable.
En
el Congreso de los Diputados el PP ha dejado clara su apuesta por una
educación de primera (privada) y otra de segunda (pública), y deja
definitivamente claro que tipo de sociedad pretende construir. La
LOMCE es una ley impresentable porque establece la segregación y
exclusión educativa e impone un modelo de sociedad anclado en la
injusticia frente al logro colectivo de una Escuela Pública como
pilar para una sociedad de cohesión e igualdad.
Frente
al dilema que nos imponen, concebir la educación como un derecho
para todos y todas o un privilegio para una élite de los suyos, su
apuesta es clara, pero la nuestra también. Por esto, reiteramos,
Izquierda Unida refuerza su compromiso con la educación pública y
promoverá medidas de rechazo activo a la implantación de la LOMCE.
La sociedad no puede tolerar el ataque a la educación entendida como
derecho fundamental y por ello activaremos medidas de confrontación
frente a una política que destruye uno de los pilares fundamentales
de la justicia social.
José
Antonio Alegre López (Coordinador del Área
de Educación de IU León)
jueves, 28 de noviembre de 2013
IU León y la liquidación de Coto Minero Cantábrico
En
breves fechas, como consecuencia del proceso concursal, el Juzgado
Mercantil nº 5 de Madrid podría aprobar el informe elaborado por
los administradores concursales, que incluye el Plan de Liquidación
de CMC.
En
dicho Plan se recoge la existencia de Unidades Productivas con
posibilidades de viabilidad, y para las que
proponen su venta conjunta o individualizada.
La
recién publicada convocatoria de las ayudas al carbón para el 2013
podría dejar fuera a la empresa Coto Minero Cantábrico, al estar
inmersa en un proceso de liquidación concursal, si el IRMC no
establece alguna solución en la tramitación de las mismas. Esto
unido a las dudas planteadas por los sindicatos respecto a las ayudas
del 2014 y el bloqueo en la aprobación del decreto de suministros
del 2014, lastra las posibilidades de viabilidad de la empresa a
corto plazo.
Con
el objetivo de mantener la actividad minera y principalmente los
empleos en la comarca de LACIANA, Izquierda Unida provincial de León,
a petición de IU en Laciana, dará traslado al grupo de la Izquierda
Plural en las Cortes Generales y a IU en las Cortes de Castilla y
León de esta situación para que se lleven a efecto las siguientes
reivindicaciones al gobierno de Rajoy y de Juan Vicente Herrera
- Izquierda Unida pide que en la venta de las unidades productivas de CMC se valoren fundamentalmente las garantías de estabilidad para el empleo que oferten los empresarios interesados, acreditando su solvencia y compromiso de futuro.
- Izquierda Unida exige que el Ministerio de Industria trabaje por mantener activas las Unidades Productivas de Coto Minero Cantábrico, que cuentan con las mejores reservas de carbón y están entre las más rentables del país. Reclamamos que la SEPI, directamente o a través de HUNOSA, presente oferta de adquisición para la totalidad de los activos de CMC.
- Reclamamos especialmente que la convocatoria de ayudas 2014 se incluyan las unidades de producción (Coto Subterránea, Cantábrico Subterránea y Cielo Abierto Única) con los mismos tonelajes y ayudas que los que le corresponderían a la empresa anterior.
- Además exigimos agilidad al Ministerio en la publicación del “Decreto de Garantías de Suministros” estableciendo los cupos de carbón de la totalidad que las empresas mineras deberán suministrar a las centrales térmicas españolas para 2014. Y pedimos que en el mismo, al menos, se mantengan los tonelajes ayudados de suministro de dichas unidades de producción (157.000 toneladas a Anllares y 565.000 toneladas a Compostilla).
Oscar
Liñán Cuellas. Coordinador Comarcal de IU en Laciana
Santiago
Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU León
Exigimos la dimisión de los Senadores del PP por su engaño a las Juntas Vecinales
IU de
León exige, como ya hizo con los Diputados en su momento, la
dimisión inmediata de lso Senadores del PP por la provincia de León.
Atacar la autonomía municipal es muy grave, permitir que se supriman
las Juntas Vecinales imperdonable, pero encima engañar a los
colectivos que están defendiendo su supervivencia es motivo de
expulsión sumaria de la provincia. Vender que enmendarían, solo, el
artículo 116 bis para evitar la disolución de las entidades locales
menores, para luego generar un adefesio que facilita esta supresión
si existe déficit presupuestario en el ejercicio inmediatamente
anterior y lo dificulta en cuestiones que nada tienen que ver con un
Plan Económico Financiero, más ligadas a los Planes de Ajuste del
Plan Montoro para aparentar que se ponen cortapisas es indecente,
falsario y demuestra que en el PP de León o son un poco lentos de
entendederas o piensan que el resto lo somos. No existe otra
explicación.
IU
denuncia también que el
PP rechazó
todas las enmiendas de IU en defensa de las Juntas Vecinales. Salvo
la ampliación del plazo para presentar las cuentas, que pasa de ser
tres meses a un año y
capítulo vergonzoso del 116 bis,
el
resto de medidas para eliminar de un plumazo las juntas vecinales
pasa de tapadillo, con alevosía y nocturnidad de
nuevo al Congreso.
El clamor de las entidades locales menores no ha sido escuchado, más
bien pisoteado por la mayoría absoluta del PP.
IU solicitó la dimisión
inmediata de los Diputados del PP en el Congreso en su momento por
esta causa. El comportamiento en el Senado merece ser declarados
personas non gratas. Si con la minería se comportaron de forma
miserable, su postura respecto a la defensa de las Juntas Vecinales
les inhabilita como representantes de una provincia donde subsisten
1266 entidades locales menores, que ahora mismo sostiene esta
provincia y son la única esperanza contra la despoblación del mundo
rural leonés. El PP está matando esta provincia imponiendo medidas
leoninas a los concejos, que irán cayendo una a una si no lo
impedimos en el trámite del Senado. Donde insistiremos con nuestras
enmiendas.
Ni
se respeta su personalidad jurídica, ni se eliminan las causas de
supresión por motivo de déficit en cualquiera de sus competencias,
servicios o presupuesto. También se les roba el control del
abastecimiento del agua, pavimento de calles y el cuidado a los
accesos de las localidades, que pasa directamente a las Diputaciones.
Esta
Ley es manifiestamente inconstitucional, las competencias en materia
de regulación de los concejos es exclusiva de la Junta. Si la Junta
de Castilla y León no presenta inmediatamente después de la
aprobación de esta aberración un recurso de inconstitucionalidad
exigiremos igualmente la dimisión de Herrera y su gobierno como lo
hemos hecho con sus Diputados en la circunscripción de León.
Añadir a mayores la
sugerencia a Isabel Carrasco de que pague de sus sueldos la tasa que
pretende imponer a las Juntas Vecinales por tramitar sus cuentas.
Ahora que ni la Junta se atreve a imponer tasas por Decreto, que fue
retirado, es la Diputación quien pretende cobrar por un servicio que
ofrece gratuitamente a los Ayuntamientos. La Diputación de León
debe exigir medios a la Junta para reforzar el SAM y proteger a las
Juntas Vecinales de la Ley Antiayuntamientos y concejos no sumarse de
forma arbitraria al expolio de su patrimonio cobrando por servicios
que debe ofrecer de la misma forma que a los consistorios, como un
derecho que tienen. a ser asesorados y apoyados por las
administraciones públicas sin contrapartidas, porque tanto las
Juntas Vecinales como los Ayuntamientos son tan Estado como la Junta
y la Diputación, no subalternos al servicio de los intereses de
personajes como Isabel Carrasco.
Santiago
Ordóñez González. Coordinador Provincial
Un Plan de Vivienda para León. No a los desahucios
IU
reivindica un Plan Municipal de acceso a la vivienda como
contestación al clamor popular por la inexistencia de políticas
serias sobre vivienda en el ayuntamiento de León. En diciembre se
cumple un año del nacimiento de Stopdesahucios y las medidas de la
Junta en materia de vivienda son francamente insuficientes. León
necesita soluciones de urgencia al drama de los desahucios y no
algunas decenas de pisos de la Junta en la provincia que no
solucionan nada.
La
aprobación de un Plan General de Ordenación Urbana ilegal desde
2004, carente de un Plan de desarrollo y políticas reales de acceso
a la vivienda, la negativa a incrementar el porcentaje de vivienda
protegida más allá del mínimo exigido por las Leyes Estatal y
Autonómica siguen lastrando al urbanismo municipal sin que el PP
quiera revisar el PGOU para dar respuesta a las nuevas situaciones
surgidas por culpa de la crisis.
La
sumisión del PP a intereses privados en materia urbanística y una
oficina de apoyo a los afectados por los desahucios casi clandestina,
ponen en duda la gestión municipal en materia de urbanismo y de
relieve la necesidad de dotar al Ayuntamiento de un Plan Municipal
que incorpore políticas específicas para facilitar el acceso a la
vivienda de los leoneses y leonesas e incremente las viviendas
protegidas y en alquiler a bajo precio un 300% en aquellas zonas
calificadas como Urbano No Consolidado, las más jugosas para
construir y donde tan solo se reserva el 10% cuando podríamos llegar
al 40%.
Sin
embargo, la clave está en realizar un censo de viviendas vacías en
la ciudad y desde este punto incrementar el parque inmobiliario
público, para ponerlo a disposición de la ciudadanía que puede
quedarse sin casa. Este Plan de Vivienda en alquiler se realizará en
colaboración con la Junta pero será gestionado directamente por el
Ayuntamiento desde una doble perspectiva. Disponer de una red de
pisos de tránsito a disposición de quien los necesite y otra mayor
de viviendas en alquiler, por un mínimo de tres años, que permita
cumplir el mandato constitucional de asegurar el acceso a una
vivienda digna. Más de un 40% del parque de viviendas de León
podrían estar vacío en este momento en León.
Estas
son solo unas propuestas urgentes que deberían complementar un Plan
de Vivienda para la ciudad de León, justo en el momento que se lo
necesita.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
La
Constitución Española consagra el Derecho de todos los españoles y
españolas a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Del mismo
modo, recoge la exigencia a los poderes públicos de promover las
condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer
efectivo este derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo
con el interés general, para impedir la especulación, y asegurar la
participación de la comunidad en las plusvalías que genere la
acción urbanística de los entes públicos.
De
este mandato surge la necesidad de una política global en materia de
vivienda y suelo que dote de contenido a los instrumentos de
planificación y gestión urbana incorporados a la legislación
vigente. Así, un Plan General de Ordenación Urbana será ineficaz
sin la constitución de un Patrimonio Municipal de Suelo y, a su vez,
estas herramientas son inservibles sin una serie de medidas concretas
que definan una política municipal en esta materia.
La
falta de un Plan específico dedicado a asegurar un mejor acceso a la
vivienda explica en gran medida el incremento desmesurado
experimentado por el precio de la vivienda en los últimos años.
Datos que contrastan con la evolución del número de viviendas
familiares por cada 1000 habitantes entre 1991 y 2001 (de 324 a 465)
y se contraponen con el crecimiento demográfico de la ciudad, -8,5%
entre 1994 y 2004. El Ayuntamiento de León no ha puesto al día
estos datos desde entonces.
Si
a estas estadísticas añadimos que el 37,5% de las viviendas de León
estaban vacías entonces, porcentaje incrementado en un 65% entre
1999 y 2003, y que tan solo el 22% de las ocupadas estaban en régimen
de alquiler, podemos describir un mercado inmobiliario descompensado
fruto del abandono del mandato constitucional por parte de los
diferentes Equipos de Gobierno Municipales.
Con
la expectativa de solucionar esta situación IU presenta el siguiente
PLAN
MUNICIPAL DE ACCESO A LA VIVIENDA
El
Excmo. Ayuntamiento de León se dotará de un Plan Municipal para el
acceso a la Vivienda como mecanismo que englobará todas las
políticas desarrolladas en el municipio en materia de suelo y
vivienda. El Plan tendrá una vigencia nunca inferior a 4 años y
dispondrá de las partidas presupuestarias necesarias durante este
periodo. Una vez expire el tiempo de vigencia se renovará
inmediatamente por acuerdo del Pleno Municipal.
El
Plan Municipal de Acceso a la Vivienda incorporará una serie de
herramientas y medidas complementarias al PGOU, entre las que se
encontrarán las que siguen:
Se constituirá
el Patronato Municipal de Suelo de León
Este
instrumento permitirá intervenir y regular el mercado inmobiliario
conjuntamente con los ya existentes, disminuyendo el precio del suelo
y la vivienda, facilitar la ejecución y modificación democrática
del PGOU y obtener recursos tanto inmobiliarios, como de suelo para
viviendas públicas en alquiler asequible y cualquier régimen de
protección.
Su
constitución es obligatoria por Ley y permitirá la consecución de
sus objetivos habilitando un inventario separado del resto de bienes
municipales. De este modo podrá realizarse un control pormenorizado
de su gestión anual, que se acompañará de la liquidación de la
cuenta correspondiente de la ejecución del presupuesto.
La
composición del Patronato tendrá la categoría de Consejo Municipal
de Urbanismo y Movilidad, tenderá a la mayor participación social,
y se constituirá en Asamblea con un Órgano ejecutivo elegido en su
seno.
Medidas
concretas que podrían desarrollarse desde el Patronato Municipal de
Vivienda y suelo
- El Ayuntamiento de León renunciará a la subasta del suelo público como mecanismo para la enajenación del patrimonio municipal, única y exclusivamente para sufragar inversiones reales. Para abaratar el coste final se utilizará la modalidad del concurso público.
- El Ayuntamiento de León reservará, como es preceptivo por Ley, un 5% del presupuesto municipal para la adquisición de suelo y patrimonio inmobiliario público
- Como requisito obligatorio para recibir ayudas oficiales se acondicionará para personas con movilidad reducida un 3% de las viviendas de promoción privada. Cualquier porcentaje superior disfrutará de una reducción en los precios de las licencias y tasas municipales. El Ayuntamiento vigilará el cumplimiento de la legislación que ya obliga a este porcentaje en las promociones de vivienda pública.
- El Ayuntamiento de León será garante de la construcción de un porcentaje adecuado de viviendas adaptadas a los nuevos modelos de familia; solteros y solteras, familias monoparentales, etc.
- El Ayuntamiento de León presupuestará anualmente una partida económica específica para fomentar el acceso a viviendas en régimen de alquiler a bajo precio a aquellos sectores sociales con menor disponibilidad de renta (jóvenes, mujeres, parados de larga duración, empleados temporales, familias numerosas, etc.).
Un porcentaje de la
partida anterior permitirá llegar a acuerdos con aquellos
propietarios de inmuebles desocupados en malas condiciones que
quieran sacarlos al mercado. El Ayuntamiento sufragará parte de las
reparaciones a cambio de fijar unos alquileres asequibles. Tomando
como referencia el S.M.I. y fijando el precio en un 20% de este.
El 50% de la
vivienda pública construida en León se destinará a crear un Parque
Municipal de Viviendas en Alquiler a bajo precio. Este Parque se
incrementará adquiriendo para este uso inmuebles subastados
públicamente.
Medidas
relacionadas con el IBI.
Un
aspecto indisociable del resto de iniciativas presentadas en este
Plan es el tratamiento del IBI, reduciéndolo al 0,6 para aquellas
unidades familiares cuyos ingresos estén por debajo de dos veces el
SMI (casi el 25% de la población)y todo el pequeño comercio local.
Por lo cual es imprescindible valorar toda una serie de iniciativas
para acercar a la realidad social y mejorar este impuesto:
- Se incrementará el tipo del IBI hasta el 0.90% para aquellos sujetos pasivos que posean inmuebles desocupados. 18.039 inmuebles en estas condiciones en León en 20024 era una cifra inasumible (37,5% del total) y expresaba una evolución ascendente fruto de la escasez de medidas contundentes para atajarla (+65% entre los años 1999 y 2003).
- Se preverán deducciones al IBI por adaptabilidad para personas con movilidad reducida, el uso de energías limpias…).
- El Ayuntamiento de León aplicará en todo el término municipal e instará a las Cortes Generales a la modificación de la base imponible del IBI y así crear una escala de gravamen en función del valor catastral del inmueble el cual aplicar un tipo impositivo progresivo que tenga en cuente el barrio, destino, ocupación, etc.
- El Ayuntamiento de León tomará las medidas necesarias en coordinación con la Oficina del Catastro para revisar el valor catastral de los inmuebles de León. Con este objetivo los servicios técnicos municipales elaborarán un diagnóstico del porqué el valor catastral de las unidades urbanas leonesas es el segundo más alto de Castilla y León tras Segovia y propondrán medidas para modificar esta situación.
- El Ayuntamiento de León instará a las Cortes de Castilla y León la modificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para darle un carácter progresivo dependiendo de la superficie de la vivienda. Reduciéndolo al 3% en viviendas inferiores a 90 metros cuadrados e incrementándolo hasta el 17% en las viviendas consideradas de lujo.
Medidas contra
los desahucios.
- El Ayuntamiento de León debe insta al Gobierno Central a modificar la ley Hipotecaria, así como toda la legislación estatal necesaria, para evitar el fraude bancario que viene generando la plaga de desahucios que sufrimos por culpa de la crisis especulativa generada por los propios bancos, entre otros.
El Ayuntamiento de
León debe crear una Comisión Mixta integrada por las entidades
financieras, las asociaciones de consumidores, el propio consistorio
y los afectados para favorecer salidas negociadas entre el banco y el
deudor.
“El
Ayuntamiento de León debe aprobar su reconocimiento como ciudad
libre de desahucios y como tal no colaborará en la imposición de
los mismos.”
“El
Ayuntamiento de León debe poner a disposición de los afectados por
los desahucios sus servicios jurídicos así como sus oficinas de
información al consumidor si las tuviera. No solo una oficina
centralizada.”
“El
Ayuntamiento de León tiene que acometer
una reforma de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de
Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía)
para que en caso de desahucio, nunca sea el desahuciado quien pague
la plusvalía.
“El
Ayuntamiento de León aprobará una partida de ayudas de emergencia,
complementaria a la que gestiona en nombre de la Junta, para no solo
apoyar alas personas en riesgo de desahucio por impago del alquiler
o la hipoteca también del IBI y las tasas e impuestos municipales.
“El
Ayuntamiento de León tiene que
retirar los depósitos y créditos con aquellas entidades que
desahucien a personas con insolvencia sobrevenida.
“El
Ayuntamiento de León debe
negar cualquier colaboración o participación de la Policía Local
en cualquier ejecución de desahucios.
“El
Ayuntamiento de León debe instar
al Gobierno Central para que apruebe una moratoria, sin intereses
añadidos, de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual, a
favor de las personas que se hallen en situación de insolvencia
sobrevenida de buena fe.
“El
Ayuntamiento de León debe instara
a la aplicación de la dación en pago regulada en el art. 140 de la
Ley Hipotecaria y que a elección del deudor, se pueda cancelar la
totalidad de la deuda pendiente, aunque no se haya pactado, con la
entrega de la vivienda, de tal forma que se eviten los procedimientos
judiciales hipotecarios, las subastas de viviendas y los desahucios
que están dejando en la calle a miles de familias.
Manuel Domínguez
Chico. Coordinador Local de IU León
miércoles, 27 de noviembre de 2013
Mociones en la provincia en defensa de las juntas vecinales
IU de
León presenta en toda la provincia mociones en defensa de los
concejos con motivo del debate definitivo en el senado de la Ley
Montoro que pretende eliminarlos.
IU de
León añade a la campaña para evitar el robo de competencias y
autonomía municipal de lso Ayuntamientos la necesidad de ir
preparando la resistencia a la Ley si fuera aprobada. Llevamos un año
trabajando sobre un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de
Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Contra
la pérdida de competencias en materia de igualdad de la mujer, medio
ambiente, educación, empleo, políticas sociales de los municipios.
Contra la tutela de las Dipùtaciones en servicios como la recogida y
tratamiento de residuos, el abastecimiento de aguas, la pavimentación
de las calles y los accesoso a las localidades. IU ha comenzado a
desarrolalr una campaña en defensa de las ciudades y los pueblos.
Esta
campaña incorpora esta moción, los primeros pasos para que los
ayuntamioentos de España presenten un recurso de
inconstitucionalidad contra esta Ley (lo llevamos preparando desde
hace un año) y sobre todo una campaña de isumisión de los
Ayuntameintos y las Juntas Vecinales contra la aplicación de la Ley.
Esta moción es solo un primer paso que ya se ha regisrado en
Villaquilambre, Garrafe de Torío y León, pero que se trasladará a
todos los municipios de la provincia de León.
MOCION
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEON
Dña./D.......................,
Portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de ….............,
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN
DE RECHAZO AL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE
LA ADMINISTRACION LOCAL EN LOS ASPECTOS QUE AFECTAN A LAS ENTIDADES
LOCALES MENORES.
Exposición
de motivos
La Ley
Antiayuntamientos o Ley Montoro, presentada por el Gobierno del
Partido Popular, cuya denominación en Proyecto de Ley para la
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; habla
explícitamente e incluye diversas causas de disolución de las
Juntas Vecinales. De este modo el Gobierno Central provoca un
conflicto al inmiscuirse en una competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas, tal y como recoge el Artículo 24 bis de la
propia Ley, la de regulación en su funcionamiento de las entidades
locales menores. Situación que se agrava una vez el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León reconoce como administraciones propias
de Comunidad a los concejos y obliga a la Junta a su defensa y
protección.
De este modo,
el articulado de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, en los aspectos que afectan a las entidades
locales menores no solo regulan materias de las que no son
competentes, además lo hacen para provocar la pérdida de
personalidad jurídica de las mismas, reduciéndolas a meras
herramientas de descentralización de las competencias municipales
(artículo 24 bis). Igualmente el articulo 3, apartado 2, las
excluye del listado de entidades locales, para convertirlas en
entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Cuyas
consecuencias son las anteriormente descritas. Aunque la Disposición
Transitoria Cuarta reconoce dicha personalidad jurídica a las
entidades locales menores preexistentes a la entrada en vigor de la
norma, es importante analizar la serie de exigencias incorporadas a
la redacción, que con una única lectura, queda claro, provocarán
que las mismas, entre ellas los concejos de León, puedan ser
suprimidos de forma individual en un plazo de tiempo muy corto.
La
primera se recoge también en la Disposición Transitoria Cuarta. Las
Juntas Vecinales dispondrán de un plazo de un año, hasta el
31 de diciembre de 2014, para presentar sus cuentas ante los
organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma
respectiva para no incurrir en causa de disolución. La
no presentación de cuentas será causa de disolución. Que a su vez
conllevará: a)
Que el personal que estuviera al servicio de la entidad disuelta
quedará incorporado en el Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial
esté integrada. b)
Que el Ayuntamiento del que dependa la entidad de ámbito territorial
inferior al municipio queda subrogado en todos sus derechos y
obligaciones. c) Conforme a la legislación autonómica que afecta a
los Montes de utilidad Pública se se podría dar el caso de traspaso
definitivo de la titularidad de los mismos a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.
Se
les impone, según reza el articulo 26, apartado 2, la coordinación
de la Diputación en servicios que tradicionalmente son ofrecidos por
las Juntas Vecinales: como es el caso del “abastecimiento de agua
potable a domicilio y evacuación y
tratamiento de aguas residuales”.
Dado que en todos los aspectos legales no regulados expresamente por
la Ley de Régimen Local de Castilla y León, para las entidades
locales menores, se aplicará de forma subsidiaria la normativa
general vigente reguladora de Bases de Régimen Local; esta norma,
redactada en exclusiva para las competencias municipales, se aplicará
igualmente a las Juntas Vecinales. También los apartados del
artículo 116 bis y ter.
Un
artículo el 116 que supone la mayor amenaza contra la supervivencia
de los concejos leoneses. Primero porque un Ayuntamiento que se vea
obligado a formular su Plan económico-financiero deberá incluir en
el mismo ,al menos, “ la supresión de entidades de ámbito
territorial inferior al municipio” entre otra serie de medidas
diseñadas a reducir, degradar o suprimir los servicios y
competencias municipales que ahora mismo ofrecen a la ciudadanía. En
un caso extremo y teniendo en cuenta la jurisprudencia que avala la
aplicación subsidiaria a las Juntas Vecinales de la normativa
general de bases de régimen local; una Diputación podría forzar
la disolución de una entidad local que cumpliese los requisitos
exigibles para formular igualmente un Plan económico-financiero
propio. En vez de suprimir servicios podría desaparecer solo por
verse recogida esta posibilidad en el articulado de esta Ley,
Finalmente
y dado que las entidades locales menores de Castilla y León tienen
competencias propias, derechos y obligaciones reconocidos por la Ley
de Régimen Local Autonómica, se les podría aplicar el apartado ter
del mismo artículo 116. En este caso se les obligará a calcular,
con fecha de 1 de noviembre de cada año, el coste efectivo de los
servicios que prestan. Los criterios para el cálculo serán
impuestos por el propio Ministerio. En el caso de existir déficit de
cualquier tipo se aplicará el apartado bis. Reiterar que las Juntas
Vecinales preexistentes a la Ley conservarán su personalidad
jurídica y a efectos prácticos continuarán siendo entidades
locales. Por lo cual serán víctimas en igual medida de este
articulado, que por otro lado genera el agravio de imponer medidas
leoninas de intervención efectiva, por parte del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, a los municipios que en el
caso de las entidades locales menores supondrá su supresión
definitiva sin posibilidad de ser reconstituidas.
Por
todo lo expuesto, IU propone a este Ayuntamiento, los siguientes
ACUERDOS:
- La negativa expresa a incluir en un supuesto Plan económico-financiero la supresión de cualquiera de las entidades locales del municipio.
- Ofrecer asistencia jurídica a cualquier entidad local menor del municipio amenazada de supresión por cualquiera de lso supuestos recogidos en la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Adminsitraciçón Local.
- Sumarse a cualquier recurso de inconstitucionalidad o iniciativa en contra de esta Ley que surja del ámbito municipal.
En León, a 15de
Noviembre del 2013
Fdo.:
…...............
Portavoz de IU
ILMO.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCEMO. AYUNTAMIENTO DE
El Presupuesto de la Diputación deja en evidencia al Equipo de Gobierno del PP, y al apoyo de la oposición?
IU
quiere denunciar el apoyo explícito del PSOE y no adscritos a un
presupuesto restrictivo en lo social y limitado en las inversiones.
La UPL, al ser profundamente de derechas, tiene pleno derecho a ser
coherente.
También
agradecemos, el pleno se ha llenado de este tipo de deseos, tanto a
UPL pero sobre todo a Isabel Carrasco por habernos dedicado parte de
sus intervenciones esta mañana. La defensa del caciquismo de UPL no
nos sorprende en boca de quien viene pero que Isabel Carrasco
felicite a los votantes por apoyar en las urnas a quienes la apoyan,
a cambio de favores políticos y continuar con la labor generar
clientelismo en la provincia, nos parece un halago para IU, que
luchamos para liberar a los leoneses y leonesas de esta miseria.
Entrando
en lo que es el presupuesto provincial consideramos que las
delegación de 3 personas que asistimos como público a la Diputación
debemos dar una pequeña clase de lo que es un presupuesto de
derechas y otro de izquierdas. Para empezar denunciar que se nos
exija identificarnos a la entrada del pleno cuando es público y a
nadie le interesa quienes asistimos.
Un
presupuesto de izquierdas debería responder a la crisis
multiplicando inversiones y políticas sociales. Este presupuesto es
de derechas precisamente porque retrae dinero que deberían ir a
inversiones y políticas sociales para pagar a los bancos. Si este
presupuesto fuera inversor y social habría aprovechado para negociar
con los bancos dos años de carencia en la amortización de la deuda
para derivar los 13 millones destinados a este fin en 2014 y los de
2015 a invertir en empleo y cobertura social contra la crisis.
No
es un asunto a despreciar, Isabel Carrasco quiere pasar a la historia
por hacer méritos reduciendo las inversiones de su gestión para
pagar la deuda, esta deuda lleva un buen paso en su proceso de
reducción. Las entidades bancarias podrían asumir dos años de
carencia, en la que solo se pagarían intereses, si las inversiones
que se propiciasen permitieran generar actividad económica,
beneficiosa también para estos bancos. Con esta media se tendrían
13 millones de euros para inversiones solo en 2014 y para nada se
dañaría el erario público. La prioridad debe ser la gente que
sufre la crisis, justo los que sufrirán la próxima privatización
de la Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia. Este presupuesto asegura
el negocio bancario y convierte los servicios públicos en un negocio
privado. No nos extraña que no tengan lista de espera, la gente
simplemente ya no quiere estos servicios porque el PP y sus lacayos
ponen todas las pegas del mundo para negarles estos servicio y las
ayudas de emergencia.
Un
presupuesto que podría ser expansivo e inversor se convierte en un
presupuesto restrictivo, sin apenas inversiones, que compra a la
oposición a cambio de darles las migajas de los Planes de
Cooperación. Un presupuesto que oculta su interés exclusivo por dar
negocio a bancos y empresas afines al PP con el acuerdo vergonzoso
logrado con toda la oposición.
Si
las políticas sociales no existen o solo sirven para entregarse a
intereses privados. Si las inversiones tan solo alimentan el
clientelismo de los partidos representados en la Diputación. Si todo
esto es cierto y las competencias impropias ya tienen fecha de
traspaso a la Junta en 2015 tan solo nos queda constatar que el plan
de empleo es parcial y no soluciona el drama en la provincia, es
miserable y parcial porque tan solo genera empleos durante el verano
en algunos ayuntamientos, y el plan de emprendedores paga las
cotizaciones sociales de algunos empresarios. Sin embargo con estas
cifras estamos ante un espejismo y un chiste que oculta la verdad.
La
oposición se ha vendido a la derecha más rancia y los presupuestos
que podrían haber sido inversores tan solo benefician a las
entidades bancarias rescatadas con nuestro dinero y las empresas que
se lucrarán con los servicios que ofrece la Diputación haciendo
caja con el dinero de todos. Este es el presupuesto aprobado hoy en
la Diputación que IU analizará al dedillo para presentar
reclamaciones, si es posible, y conocer para difundir el daño que
provocará en toda la provincia los intereses expúreos del PP, el
PSOE, la UPL y los no adscritos de “la casa”.
Santiago
Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU León
Un Plan de rescate de los leoneses y leonesas de los recortes del PP
IU
mantiene su propuesta reducir el numero de concejalías del
Ayuntamiento de León a 6, sin contar la alcaldía. Rediseñarlas y
con ellas el numero de cargos de libre designacion, asesores y
liberaciones de concejales. Aplicar esta medida o no
indicara en gran medida si el equipo de gobierno quiere reducir
costes de verdad o tan solo trasladar a los leoneses la
irresponsabilidad antisocial del gobierno y su incapacidad para dar
respuesta a la crisis en el municipio.
Esta propuesta se incluyó en el último programa electoral de IU en 2011 y se trasladó un año antes al Equipo de Gobierno PSOE-UPL. IU, que recibe parte de su financiación gracias a que ingresa el 30% de los ingresos de sus cargos públicos, como media, ha dado ejemplo esta legislatura de esfuerzo en la reducción de estas percepciones, como beneficio general. Dado que los cargos de libre designación que tuvo IU en el pasado percibían su bien ganado sueldo y tan solo generaban ingresos a la organización si los cedían de forma voluntaria; estamos dispuestos y así lo transmitimos al resto de grupos políticos a conservar los empleos municipales antes de generar este tipo de empleo de libre designación.
IU
mantiene su propuesta, los hechos nos dan la razón, de desarrollar
un Plan Municipal de remunicipalización de todos los servicios
privatizados. Para mejorar la gestión y ahorrar costes sin afectar
a las condiciones laborales de los trabajadores.
IU
exige que se declare y denuncien los intereses de las deudas avaladas
por el ICO, por encima del interés marcado por el Banco Central
Europeo para prestar dinero a los Bancos. Actualmente es un 0´25% y
los intereses que paga León se encuentran alrededor del 5%.
Igualmente se negociará una quita en la deuda generada por el Plan
Montoro de pago a proveedores a fin de hacer frente a las inversiones
y mantenimiento de lso servicios que ofrece el ayuntamiento.
IU
propone revisar igualmente todos los ingresos municipales. Las tasas
e impuestos. Dando carácter progresivo a los existentes, tal y como
se ha propuesto en numerosas ocasiones, y creando otros que graven a
la banca, a los pisos sin uso, la publicidad en las calles etc.
Dotando de exenciones en razón de los ingresos familiares e
incrementando los coeficientes a las rentas más grandes.
IU
propone elaborar un Reglamento que delimite los ingresos de los
concejales liberados, las medias liberaciones, los ingresos por
asistencia a plenos y comisiones y deje clara la incompatibilidad
entre cualquier tipo de liberación con cualquier otro ingreso fruto
del cargo público que se disfruta en o gracias al Ayuntamiento.
IU
ha propuesto reducir costes los últimos seis años, y partimos de
la base de que no es necesario alimentar el ego de todos y todas las
concejales que sustentan al Equipo de Gobierno. Reducir gastos
reduciendo concejalías significa menos gasto en personal de libre
designación y liberaciones a cambio de aprovechar mejor a los
trabajadores municipales, dentro de la reorganización interna
necesaria para adaptar la plantilla a las nuevas necesidades.
IU ha
venido proponiendo medidas de ahorro en materia de ingresos de los
concejales, reducción de cargos de libre designación, gastos
corrientes, vivienda, empleo, gestión de servicios y aprobación de
herramientas y comisiones para responder a las consecuencias de la
crisis. Insistimos en reducir a 6 las concejalías delegadas. Los
concejales sin delegación podrían adscribirse a las nuevas
concejalías y trabajar en ellas junto a los nuevos y nuevas
responsables.
Proponemos
crear una Concejalía de Entorno Sustentable, movilidad y barreras
arquitectónicas que recoja las competencias en materia ecológica,
urbanismo y movilidad. Asumiría también parte de las delegaciones
ahora repartidas entre Urbanismo, Movilidad, Tráfico, Mayores y
Obras.
Constituir
una Concejalía de Hacienda, empleo y polígonos industriales.
Diseñar
una Concejalía Delegada de Régimen Interior, Organización
municipal y servicios públicos (incluye empresas y consorcios donde
participa el Ayuntamiento).
Una
Concejalía de Asuntos Sociales, mujer, infancia, mayores, juventud,
fiestas, DDHH y Cooperación para el Desarrollo.
Una
Concejalía de Educación, Cultura y Patrimonio.
Una
Concejalía de Participación Social, Consumo, Deportes, Seguridad
Ciudadana y Protección Civil y Bomberos
Estas
son solo unas propuesta generales que hemos detallado en el pasado y
que deben conformar un Plan de Rescate de los leoneses y las leonesas
víctimas de la crisis. No de lso bancos y los intereses de las
empresas y especuladores que han generado la crisis y dictan sus
políticas de recortes al PP y antes al PSOE.
Manuel
Domínguez Chico. Coordinador Local de IU en León
lunes, 25 de noviembre de 2013
IU se moviliza contra la Ley Montoro
IU de
León presenta en toda la provincia mociones en defensa de los
concejos con motivo del debate definitivo en el senado de la Ley
Montoro que pretende eliminarlos.
IU de
León añade a la campaña para evitar el robo de competencias y
autonomía municipal de lso Ayuntamientos la necesidad de ir
preparando la resistencia a la Ley si fuera aprobada. Llevamos un año
trabajando sobre un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de
Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Contra
la pérdida de competencias en materia de igualdad de la mujer, medio
ambiente, educación, empleo, políticas sociales de los municipios.
Contra la tutela de las Diputaciones en servicios como la recogida y
tratamiento de residuos, el abastecimiento de aguas, la pavimentación
de las calles y los accesos a las localidades. IU ha comenzado a
desarrollar una campaña en defensa de las ciudades y los pueblos.
Esta
campaña incorpora esta moción, los primeros pasos para que los
ayuntamientos de España presenten un recurso de
inconstitucionalidad contra esta Ley (lo llevamos preparando desde
hace un año) y sobre todo una campaña de insumisión de los
Ayuntamientos y las Juntas Vecinales contra la aplicación de la Ley.
Esta moción es solo un primer paso que ya se ha registrado en
Villaquilambre, Garrafe de Torío y León, pero que se trasladará a
todos los municipios de la provincia de León.
MOCION
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEON
Dña./D.......................,
Portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de ….............,
al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN
DE RECHAZO AL PROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE
LA ADMINISTRACION LOCAL EN LOS ASPECTOS QUE AFECTAN A LAS ENTIDADES
LOCALES MENORES.
Exposición
de motivos
La Ley
Antiayuntamientos o Ley Montoro, presentada por el Gobierno del
Partido Popular, cuya denominación en Proyecto de Ley para la
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; habla
explícitamente e incluye diversas causas de disolución de las
Juntas Vecinales. De este modo el Gobierno Central provoca un
conflicto al inmiscuirse en una competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas, tal y como recoge el Artículo 24 bis de la
propia Ley, la de regulación en su funcionamiento de las entidades
locales menores. Situación que se agrava una vez el Estatuto de
Autonomía de Castilla y León reconoce como administraciones propias
de Comunidad a los concejos y obliga a la Junta a su defensa y
protección.
De este modo,
el articulado de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, en los aspectos que afectan a las entidades
locales menores no solo regulan materias de las que no son
competentes, además lo hacen para provocar la pérdida de
personalidad jurídica de las mismas, reduciéndolas a meras
herramientas de descentralización de las competencias municipales
(artículo 24 bis). Igualmente el articulo 3, apartado 2, las
excluye del listado de entidades locales, para convertirlas en
entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Cuyas
consecuencias son las anteriormente descritas. Aunque la Disposición
Transitoria Cuarta reconoce dicha personalidad jurídica a las
entidades locales menores preexistentes a la entrada en vigor de la
norma, es importante analizar la serie de exigencias incorporadas a
la redacción, que con una única lectura, queda claro, provocarán
que las mismas, entre ellas los concejos de León, puedan ser
suprimidos de forma individual en un plazo de tiempo muy corto.
La
primera se recoge también en la Disposición Transitoria Cuarta. Las
Juntas Vecinales dispondrán de un plazo de un año, hasta el
31 de diciembre de 2014, para presentar sus cuentas ante los
organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma
respectiva para no incurrir en causa de disolución. La
no presentación de cuentas será causa de disolución. Que a su vez
conllevará: a)
Que el personal que estuviera al servicio de la entidad disuelta
quedará incorporado en el Ayuntamiento en cuyo ámbito territorial
esté integrada. b)
Que el Ayuntamiento del que dependa la entidad de ámbito territorial
inferior al municipio queda subrogado en todos sus derechos y
obligaciones. c) Conforme a la legislación autonómica que afecta a
los Montes de utilidad Pública se se podría dar el caso de traspaso
definitivo de la titularidad de los mismos a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.
Se
les impone, según reza el articulo 26, apartado 2, la coordinación
de la Diputación en servicios que tradicionalmente son ofrecidos por
las Juntas Vecinales: como es el caso del “abastecimiento de agua
potable a domicilio y evacuación y
tratamiento de aguas residuales”.
Dado que en todos los aspectos legales no regulados expresamente por
la Ley de Régimen Local de Castilla y León, para las entidades
locales menores, se aplicará de forma subsidiaria la normativa
general vigente reguladora de Bases de Régimen Local; esta norma,
redactada en exclusiva para las competencias municipales, se aplicará
igualmente a las Juntas Vecinales. También los apartados del
artículo 116 bis y ter.
Un
artículo el 116 que supone la mayor amenaza contra la supervivencia
de los concejos leoneses. Primero porque un Ayuntamiento que se vea
obligado a formular su Plan económico-financiero deberá incluir en
el mismo ,al menos, “ la supresión de entidades de ámbito
territorial inferior al municipio” entre otra serie de medidas
diseñadas a reducir, degradar o suprimir los servicios y
competencias municipales que ahora mismo ofrecen a la ciudadanía. En
un caso extremo y teniendo en cuenta la jurisprudencia que avala la
aplicación subsidiaria a las Juntas Vecinales de la normativa
general de bases de régimen local; una Diputación podría forzar
la disolución de una entidad local que cumpliese los requisitos
exigibles para formular igualmente un Plan económico-financiero
propio. En vez de suprimir servicios podría desaparecer solo por
verse recogida esta posibilidad en el articulado de esta Ley,
Finalmente
y dado que las entidades locales menores de Castilla y León tienen
competencias propias, derechos y obligaciones reconocidos por la Ley
de Régimen Local Autonómica, se les podría aplicar el apartado ter
del mismo artículo 116. En este caso se les obligará a calcular,
con fecha de 1 de noviembre de cada año, el coste efectivo de los
servicios que prestan. Los criterios para el cálculo serán
impuestos por el propio Ministerio. En el caso de existir déficit de
cualquier tipo se aplicará el apartado bis. Reiterar que las Juntas
Vecinales preexistentes a la Ley conservarán su personalidad
jurídica y a efectos prácticos continuarán siendo entidades
locales. Por lo cual serán víctimas en igual medida de este
articulado, que por otro lado genera el agravio de imponer medidas
leoninas de intervención efectiva, por parte del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, a los municipios que en el
caso de las entidades locales menores supondrá su supresión
definitiva sin posibilidad de ser reconstituidas.
Por
todo lo expuesto, IU propone a este Ayuntamiento, los siguientes
ACUERDOS:
- La negativa expresa a incluir en un supuesto Plan económico-financiero la supresión de cualquiera de las entidades locales del municipio.
- Ofrecer asistencia jurídica a cualquier entidad local menor del municipio amenazada de supresión por cualquiera de lso supuestos recogidos en la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Adminsitraciçón Local.
- Sumarse a cualquier recurso de inconstitucionalidad o iniciativa en contra de esta Ley que surja del ámbito municipal.
En León, a 15de
Noviembre del 2013
Fdo.:
…...............
Portavoz de IU
ILMO.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCEMO. AYUNTAMIENTO DE
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