martes, 24 de julio de 2012
¿Qué pasa con el conservatorio de León?
8:43 | 
Publicado por
IULEON |
El Coordinador Local de IU, Manuel Domínguez Chico, pregunta si han desaparecido las discrepancias entre el Ayuntamiento y
Desde el rechazo del solar en La Palomera por parte de la Junta y la polémica posterior nada conocemos sobre esta infraestructura. Que acumula cuatro años de retraso y no sabemos si será de grado medio o superior
IU mantiene su propuesta de incorporar el actual conservatorio al patrimonio municipal; un edificio perfecto para complementar las actividades de Espacio Vías y crear una Casa de los Jóvenes con un horario más amplio que las 21 horas.
IU propone acelerar la construcción del nuevo conservatorio, debe ser de grado superior, y usar el actual para dedicarlo a un nuevo Patronato Municipal para artistas y creadores locales y para la juventud leonesa.
Con estas iniciativas dotaríamos a León de una manzana completa donde fomentar la cultura, la creación artística autóctona y se facilitaría un desarrollo consensuado de la política cultural del Ayuntamiento de León, a la vez que se amplía la oferta municipal para los jóvenes.
En cuanto al conservatorio exigimos a la Junta y pedimos el apoyo del Equipo de Gobierno del PP para dotar a la ciudad de un Conservatorio de Grado Superior y no mantener el actual de Grado Medio. La constitución del Consejo Escolar Municipal puede ayudar a esta exigencia.
IU considera que dar el paso hacia un acuerdo entre el Ayuntamiento de León, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León es fundamental para incrementar sin más coste la oferta de servicios en nuestra ciudad, mejorar la gestión en áreas abandonadas por los diferentes Equipos de Gobierno Municipales, juventud y cultura, dotándoles de un modelo participativo de gestión y descentralizar a los barrios otros servicios como este centro educativo, en este caso a La Palomera , que repercutirán en la revalorización de estas zonas residenciales y su comercio tradicional.
Manuel Domínguez Chico. Coordinador Local de IU León 
lunes, 23 de julio de 2012
El Área de Juventud opina sobre la disolución de FEVE
EL GOBIERNO ATACA DE NUEVO A LOS JÓVENES DE
LEÓN
Desde
el Área de Juventud de Izquierda Unida de León llegamos a la conclusión de que
el Consejo de Ministros de cada viernes ha reconvertido el juego de “Busca las
7 diferencias” en “Busca los 7 derechos”, de tal manera que, semana tras
semana, nos aniquilan un nuevo derecho social.
Este
viernes, el recorte del gobierno nos toca de lleno a los leoneses en general y
a los jóvenes en particular. El desgobierno del señor Rajoy, ha decidido
cargarse la empresa pública FEVE, el único resquicio de transporte social en
nuestra tierra.
Así,
la ministra Ana Pastor, que busca “racionalizar y mejorar el transporte
ferroviario” va a desmantelar FEVE el 1 de enero, es decir, Ferrocarriles de
Vía Estrecha, simplemente desaparece.
Dice
Pastor que esta empresa sólo cubre el 25 por ciento del coste de sus lineas,
pero lo que no se da cuenta es que cubre el 100% del coste social de zonas
deprimidas y despobladas cuyo único medio de transporte es uno, el tren.
Así,
vemos cómo varias localidades de la montaña oriental leonesa, ya sufren la
reducción de servicios de autobús mientras alcaldes impasibles esperan ver cómo
la Junta termina de destruir el transporte a la demanda.
Desde
el Área de Juventud de Izquierda Unida de León, nos oponemos al
desmantelamiento de FEVE, no sólo por los más de 1.800 empleados que tiene,
además de por el sufrimiento de las zonas afectadas, sino por todo lo que nos
afecta a la juventud.
Son
muchos los jóvenes que no disponen de otro medio de transporte para moverse que
un transporte PÚBLICO.
Por
ello, exigimos al gobierno que se retracte de su decisión y que,
de no hacerlo, que la integración que pretenden hacer con Renfe no sea
traumática para estas zonas, que se respeten los servicios, las lineas y los
puestos de trabajo.
Claudia Solaz Martínez. Coordinadora Local Área Juventud de IU en
León 
Mociones contra Ley de Régimen local y en defensa Juntas Vecinales
IU
presentará mociones en toda la provincia y la Diputación en contra
del anteproyecto de Ley de Bases de Régimen Local. El incumplimiento del
artículo 142 de la constitución, dinamitando la autonomía municipal, se une al
atentado que supone eliminar las Juntas Vecinales.
IU en su
moción solicita retirar el anteproyecto e iniciar un proceso de negociación con
la FEMEP que suponga el reforzamiento de los municipios en competencias y
financiación. Son culpables del 9% del déficit y tan solo gestionan el 12% del
dinero público. Si están arruinados es porque el Gobierno Central y la Junta se
niegan a firmar un Pacto Local que els permita ofrecer los servicios que el PP
pretende desmantelar.
IU además
considera una bomba nuclear a la democracia terminar con las Juntas Vecinales
haciendo desaparecer las entidades locales menores de la Ley de Rñegimen Local.
En este caso apostamos por extender el modelo democrático del Concejo Abierto y
la tradición democrática leones en vez de eliminarla.
El Coordinador Provincial de IU, Santiago Ordóñez,
justifica la presentación de estas mociones en la diputación y los
ayuntamientos popr que si los planes de ajuste eliminan servicios el anteproyecto de Régimen Local vacñia de
contenido a los Ayuntamientos y permite que la Junta los elimine o les robe
competencias para traspasarlas a la Diputación si consideran que no son
viables.
La Junta tiene pleno control económico sobre los
municipios con este anteproyecto de Ley y capacidad para disolverlos. La propia
Ley de Régimen Local modificada les niega a los Ayuntamientos competencias en
materia de promoción de la igualdad de la mujer, educación, cultura, vivienda,
sanidad, medio ambiente y elimina cualquier posibilidad de ejercer residualmente
competencias no atribuidas por la Ley. Los Ayuntamientos se convertirían en
cascarones vacíos que tan solo taparían baches y arreglarían luminarias. El PP
les prohíbe firmar convenios o consorcios sin asegurar su viabilidad económica.
Esta viabilidad quedaría en manos de la Junta también.
Esta capacidad de la Junta para robar competencias
beneficiará a la administración pública menos democrática y más caciquil: la
Diputación. Quien se quedará con la capacidad de ofrecer los servicios de los
ayuntamientos en lugar de las mancomunidades, será la responsables de crear
comarcas solo para este propósito y se quedará con las competencias municipales
de los municipios menores de 20.000 habitantes que decida la Junta.
Los municipios y mancomunidades tendrán un año tras
la aprobación de la reforma legal, sino lo evitamos, para justificar la
viabilidad económica de sus servicios “mínimos” y competencias exclusivas. De
no considerarse viables pasarán a las manos de la Diputación.
En definitiva el PP intenta dar un golpe de mano al
modelo democrático eliminando las Juntas Vecinales, robando su autonomía a los
municipios y dando a las Diputaciones un poder digno de un virreinato. Todo
bajo la tutela de la Junta que hará y deshará eliminando ayuntamientos y
quitando competencias a su libre albedrío.
Es un escándalo que no puede tolerarse. Las Juntas
Vecinales son sagradas y deben reforzarse, los Ayuntamientos deben disfrutar de
un Pacto Local que permita su financiación y las Diputaciones deben ser
sustituidas por un modelo comarcal. IU tan solo puede exigir la retirada de
esta reforma legal para que los municipios sean la administración clave en el
modelo democrático, las más cercanas a los vecinos. no el objeto de
ensañamiento por parte del PP, que prefiere controlarlos y vaciarlos a favor de
modelos menos transparentes y democráticos.
Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU en León 
sábado, 21 de julio de 2012
Llamamiento a la Rebelión Democrática contra las políticas del gobierno el 26 de julio
LLAMAMIENTO PARA
UNA REBELION DEMOCRÁTICA
El día de hoy Izquierda Unida de León llama a
concentrarse contra los recortes frente a la Subdelegación del Gobierno; el
próximo jueves, 26 de julio, desde las 20h de la tarde.
IU de León se hace eco del llamamiento lanzado por IU
Federal para la movilización de todo el Estado Español este día. En la misma se
hará lectura del “Llamamiento por una Rebelión Democrática”.
A la concentración asistirán cuantas personas quieran,
cuantas organizaciones, asociaciones y colectivos deseen sumarse, la militancia
de IU y todas con la libertad de llevar pancartas, cazuelas, pitos, banderas o
cualquier otro artilugio de protesta que les apetezca acercar para
acompañarnos.
- Llamamos a todos los demócratas a derrotar al
Gobierno y sus políticas.
- Llamamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a
incorporarse a esta rebelión, a movilizarse, a participar activamente en
la lucha por otra política con su acción y sus propuestas.
- Recuperemos la dignidad que nos niegan
- ¡Parar los recortes, la regresión social y la
involución democrática es posible!
Del mismo modo que hemos compartido la calle estos
días con diferentes siglas de todo tipo y disfrutado de movilizaciones
históricas en número y participación; volvemos a hacer el mismo llamamiento
para que el 26 de julio de 2012 sea una fecha clave en el objetivo de acabar
definitivamente con este gobierno, con sus políticas y los ladrones que se las
dictan. Todo con la premisa de construir conjuntamente una alternativa de Estado
y sistema económico que responda a las necesidades del pueblo que sufre la
crisis y los recortes.
Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU en León 
Manuel
Domínguez Chico. Coordinador Local de IU León Claudia Solaz Martínez. Coordinadora del Área de Juventud Local de IU
en León Moción contra anteproyecto Ley de Régimen Local y en defensa Juntas Vecinales de IU León; para ayuntamientos y Diputación
D. Santiago Ordóñez González, en su calidad de
Coordinador Provincial de I.U. en León, por la presente somete al Pleno de la Corporación para su
toma en consideración, si procede, la siguiente: MOCION
EXPOSICION
DE MOTIVOS
El PP ha presentado un anteproyecto de Ley que
pretende modificar parte del articulado de la Ley de Bases de Régimen Local, concretamente 14
artículos que afectan a las siguientes materias:
- Delimitación competencial de los municipios
- Gestión de competencias municipales por las diputaciones
provinciales
- La comarca
- Convenios y consorcios.
- Competencias y capacidad de gasto de los
ayuntamientos.
Se propone en el
borrador presentado modificar los siguientes artículos:
ART 2:- Se propone eliminar del texto la actual
referencia al principio de asignación competencial basado en la proximidad de
la gestión a los ciudadanos. Este principio ha sido clave para la evolución en
la gestión de las administraciones locales así como la asunción de
competencias.
ART 7.- Se propone incorporar un nuevo párrafo
que establece que solamente con carácter excepcional podrán las entidades
locales ejercer competencias no previstas en la ley, así como otras actividades
económicas cuando las competencias propias estén suficientemente garantizadas y
cumplan los requisitos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.
ART 8.- Incorpora un nuevo párrafo en el que se
establece que las diputaciones provinciales podrán ejercer competencias
municipales de municipios de menos de 20.000 habitantes.
ART 10.- Se incorpora al texto el principio de
lealtad institucional entre los que han de regir las relaciones entre
administraciones. Se incorpora un nuevo párrafo en el que se establece que la coordinación entre las entidades
locales para ejercer sus tareas se debe regir por el principio de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera y por último se limita la autonomía
local modificando el texto existente en el sentido de establecer la
compatibilidad de la coordinación con la autonomía local pero no su
preeminencia, debilitando gravemente este principio constitucional.
ART 25.- Se realiza una modificación del listado
competencial previsto siendo lo más destacable la total desaparición de las
competencias en materia de educación y sanidad para lo municipios y la
incorporación por ejemplo de bibliotecas, museos y archivos.
Asimismo en este artículo se incorporan varios
nuevos párrafos en los que se establece que se deberá elaborar una ley que
desarrolle esas competencias que debe evaluar la conveniencia de implantación
del servicio conforme al principio de estabilidad presupuestaria. La ley debe
definir las competencias con estricta separación entre administraciones para
evitar supuestas duplicidades. Asimismo la ley
deberá ir acompañada de una memoria
económica que permita definir el coste de los servicios así como, en su
caso, la necesidad de incremento de recursos para garantizar la suficiencia
financiera.
Se permite el recurso al Tribunal Constitucional
si se incumple el principio de estabilidad presupuestaria que podrá interponer
el Gobierno.
ART 26.- Se incorpora un nuevo párrafo que
establece que por Real decreto se fijarán los estándares de calidad para los
servicios previstos en este precepto que
servirán como base para fijar la asignación financiera del Estado a las
entidades locales.
Asimismo se plantea que, a iniciativa de la
comunidad autónoma, se podrá encomendar la realización de todos o algunos de
los servicios municipales de municipios menores de 20.000 habitantes a las diputaciones
provinciales, sin que el ayuntamiento lo haya pedido, cuando considere que su
prestación por parte del municipio es
deficiente.
ART 27.- Se incorporan los principios de
estabilidad presupuestaria, eficacia y ausencia de duplicidades para efectuar la delegación de competencias
en los municipios.
ART 28.- Se elimina este artículo que establecía
la capacidad de los municipios para realizar actividades complementarias en
materia de educación, cultura, promoción
de la mujer, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente.
ART 31.- Se refuerzan las competencias de las
diputaciones provinciales con la posible
asunción de competencias municipales correspondientes a municipios
menores de 20.000 habitantes.
ART 36:- Se modifica en idénticos términos que
el anterior.
ART 42.- Se incorpora a la regulación anterior
de las comarcas la posibilidad de que las diputaciones provinciales cuenten con
ellas para el ejercicio de las competencias municipales de municipios menores
de 20.000 habitantes.
ART 55.-Introduce entre los principios que han
de regir las relaciones entre administraciones el principio de lealtad
institucional y de estabilidad
presupuestaria
ART 57.- Se incorpora la prohibición para las
entidades locales de suscribir ningún tipo de convenio o consorcio sin que esté
efectivamente asegurada la sostenibilidad financiera de la actividad
local. Se incorporan como criterios para
la suscripción de estos acuerdos la eficacia en la gestión, la eliminación de
duplicidades y ser acordes con la
Ley de Estabilidad Presupuestaria.
ART 86.- La reforma limita el ejercicio de
iniciativas públicas para el ejercicio de actividades económicas por parte de
los municipios estableciendo los
siguientes requisitos:
- solo podrá ejercerse si se justifica que la
entidad local presta todos los servicios
obligatorios con arreglo a estándares de calidad.
- que la
iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del municipio.
- se obliga a presentar un estudio de mercado
que analice la oferta existente sobre
la materia y que la actividad prevista
no afecta a la concurrencia empresarial.
- estas iniciativas deben ser aprobadas por el
Pleno del ayuntamiento aunque la aprobación definitiva corresponde al
órgano de gobierno de las CC.AA.
- la Administración del Estado podrá recurrir estos
acuerdos.
DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA.- Se propone su
eliminación. En esta disposición se establecía una competencia residual para
los municipios en todas las competencias no atribuidas por legislación
sectorial a otras administraciones.
SE ESTABLECEN DOS NUEVAS DISPOSICIONES
TRANSITORIAS AÚN SIN NUMERAR
PRIMERA.- Establece la obligación para los
ayuntamientos de realizar en el plazo de un año un informe de evaluación del
conjunto de sus servicios para ajustarlo a la ley de estabilidad presupuestaria
y evitar duplicidades.
A la vista del mismo si no pueden mantenerse
determinados servicios o son deficitarios
- si son facultativos o actividades económicas
se suprimirán.
- si son obligatorios se podrá privatizar.
- si son servicios mínimos en municipios de
menos de 20.000 habitantes sus funciones las asumirá la diputación provincial y
si son de más de 20.000 habitantes se
podrá plantear una formula supra municipal de prestación.
- si el servicio se presta por delegación de
otra administración se reajustarán las condiciones financieras del convenio
suscrito o se podrá rescindir el mismo.
Asimismo la Administración del
Estado podrá someter la aprobación de los planes de ajuste y de los planes económicos financieros al
cumplimiento de las medidas anteriores.
SEGUNDA.- Establece igualmente la obligación de
evaluar los servicios mínimos prestados por las mancomunidades. Cuando la
evaluación determine la inadecuación de la prestación del servicio la comunidad
autónoma podrá encargar la prestación a las diputaciones provinciales.
Finalmente
y con especial incidencia en la
Provincia de León se eliminan las entidades locales menores
de la nueva ley de Bases de Régimen Local. Con esta regulación se traspasa a
los municipios todas las competencias, incluidas las reconocidas sobre su
patrimonio, y de este modo la desaparición de las Juntas Vecinales de la
provincia de León. Cerca de 1400 y el 34% de las entidades locales menores
reconocidas en todo el Estado Español.
A la vista de los antecedentes antes expresados
y el contenido del anteproyecto, la
primera valoración no puede ser más que profundamente negativa y preocupante.
La reforma prevista bajo la excusa de adecuar la Ley de Bases de Régimen Local
a la Ley de Estabilidad
Presupuestaria lo que hace es atacar los principios constitucionales de
autonomía local y suficiencia financiera. Se utiliza la reforma para dar una
vuelta de tuerca al municipalismo
español limitando su capacidad política y de gestión, limitando el contenido
constitucional del principio de autonomía local y eliminando la definición
constitucional de los ayuntamientos como parte del Estado.
En definitiva establece una jerarquía entre
administraciones que en ningún caso viene reconocida en la Constitución y que
rompe con la definición de la estructura territorial del Estado. Con especial incidencia en la
provincia de León al coincidir con el desmantelamiento de la administración más
ligada a la tradición democrática de León y que mejor vertebra las áreas
rurales de la provincia.
En consecuencia avanza en la dirección contraria
a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones de IU: más autonomía,
claridad competencial y más financiación.
Introducir elementos como la posibilidad de que
los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan verse privados de sus
competencias para prestar servicios mínimos por decisión de las comunidades
autónomas, atenta claramente contra el principio de autonomía local, da una
preeminencia jurídica y política a las comunidades autónomas sobre los
ayuntamientos que no tiene sujeción legal y relega al mundo municipal a un
papel residual en el contenido político de la gestión.
Por otro lado, regular que, para llevar a cabo iniciativas públicas de
carácter económico por parte de los ayuntamientos, se tenga que aprobar por los órganos de
gobierno de las CCAA, con unas condiciones tan exageradas y unos sistemas de
control tan exhaustivos, solamente pueden pretender que las mismas no se lleven
a cabo. No debemos olvidar que el PP a través de esta reforma pretende
básicamente poner coto a la actividad municipal, reducirla a la mínima
expresión, llegando al extremo de exigir un estudio de mercado con objeto
de que la iniciativa municipal no afecte
a la concurrencia empresarial. Es decir si la actividad se ejerce desde el
ámbito privado no es necesaria la actividad pública. Toda una declaración de
intenciones y de intereses elevada al rango de ley.
Valgan estos dos ejemplos para ilustrar el
trasfondo de una reforma que lejos de ser una mera adecuación legislativa a la
normativa estatal lo que hace es modificar el modelo constitucional de la
estructura territorial del Estado relegando a los ayuntamientos al mero papel
de delegaciones de las CCAA y del Estado, sin contenido político y sin
capacidad de gestión mas allá de lo que decidan las otras administraciones.
A nuestro juicio este proyecto vulnera lo
establecido en el Art 142 de la
Constitución española y en caso de ser aprobada habría que
cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad.
En segundo lugar, el anteproyecto presentado realiza una
radical modificación sobre el marco
competencial municipal reduciéndolo de un modo lamentable y reservando a los
ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la
ciudad. Desapareciendo otras de gran arraigo en León que sufren estas mismas
consecuencias al ser absorbidas por estos mismos municipios.
En tal sentido hay que señalar que desaparece
expresamente cualquier referencia a las competencias en materia de educación y
de sanidad que vienen contempladas en el actual texto, se eliminan las
relativas a igualdad de la mujer, protección del medio ambiente o vivienda entre otras.
Asimismo se elimina la disposición transitoria segunda de la actual Ley
de Bases de Régimen Local que contiene una cláusula competencial residual que
ha permitido que los ayuntamientos hayan podido realizar políticas en otras
materias además de las estrictamente definidas.
Se incorpora el principio de una administración
una competencia pero no después de un análisis de quién y cómo debería
ejercerlas sino simplemente eliminando la posibilidad de que los ayuntamientos
puedan ampliar su ámbito de actuación en materias de interés para los
ciudadanos. Se olvida la gran experiencia de gestión local en muchas materias
como empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, prevención de la salud,
educación infantil etc, y se obvia
conscientemente que hoy existen estructuras estables de gestión cuya única
alternativa prevista en la Ley
es su desaparición ya que se prohíbe la realización de otras competencias
distintas a las señaladas legalmente.
También y bajo la excusa del control de la
estabilidad presupuestaria el Estado se reserva facultades de intervención
inauditas que pretenden controlar a través del gasto la capacidad política, de
gestión y el programa político de los ayuntamientos.
Por tanto en vez de avanzar en la línea de
construir ayuntamientos más fuertes con más competencias y mayor capacidad de
gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los
ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras
administraciones, las juntas vecinales en cadáveres y abriendo la puerta, aún
más, si cabe, al clientelismo partidista
y al trato arbitrario de las Diputaciones.
En tercer lugar y en contra de la posición
política que ha venido manteniendo siempre IU se refuerza el papel de las
diputaciones provinciales, estructuras obsoletas, cuestionadas políticamente en
muchos casos e inútiles. Se les refuerza en detrimento de las mancomunidades o
consorcios constituidos voluntariamente por los ayuntamientos en el ejercicio
de su autonomía local. El que las diputaciones puedan realizar los servicios
mínimos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes por decisión
autonómica significa darles un papel
político incomprensible ajeno a la estructura territorial del Estado y que solo
se puede entender por razones ocultas no explicitadas.
Nosotros seguimos defendiendo la desaparición de
las diputaciones provinciales, ya que en este momento sus funciones se
suplantan, se confunden y en muchos casos se duplican. No puede ser creíble el
discurso del PP contra las supuestas duplicidades administrativas y que se opte
por reforzar las diputaciones provinciales salvo que el objetivo final no sea
otro que debilitar los municipios, cuya autonomía molesta.
En cuarto lugar no se realiza ninguna mención a
la financiación necesaria para asumir los retos municipales y solamente se
menciona la obligación de cumplir la Ley de Estabilidad
Presupuestaria por encima de todo, no se menciona ni una sola vez a los
ciudadanos y sus derechos y no se aborda la insuficiencia financiera local.
Bien al contrario las disposiciones transitorias previstas en el anteproyecto
establecen la obligación de evaluar el coste de los servicios municipales
estableciendo tres opciones para los ayuntamientos si los mismos son
deficitarios: o se cierran o se privatizan o se intervienen. Filosofía de
gestión del PP elevada a rango de ley.
En definitiva desde IU analizamos con
extraordinaria preocupación este anteproyecto, consideramos que el mismo anula el principio de autonomía local
previsto en el Art 142 de la Constitución que
permitiría, en el caso de que el mismo se apruebe, interponer el
correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Asimismo discrepamos
profundamente del marco competencial previsto y nos oponemos radicalmente al
modelo del PP de regular ayuntamientos
controlados políticamente, sin capacidad de gestión, y elimina las
administraciones más cernazas al ciudadano como las entidades locales menores.
Cuyas competencias deben reforzarse, su capacidad democrática potenciarse y su
proceso de toma de decisiones alimentarse; poniendo como ejemplo la experiencia
de los Concejos Abiertos de la tradición leonesa de las juntas Vecinales.
Pero sobre todo nos oponemos a este anteproyecto
porque es malo para los intereses de los
ciudadanos de nuestro país que a diario utilizan miles de servicios municipales
de carácter educativo, de salud, de empleo de vivienda, deportivos,
culturales, en materia de igualdad, de
promoción de la infancia o la juventud, de carácter social , de atención a los
dependientes, etc… servicios que con este anteproyecto están abocados a desaparecer,
desapareciendo en consecuencia su prestación a los ciudadanos.
Esta contrarreforma supone un paso más en el
objetivo del PP de debilitar el Estado,
de reducir el espacio de lo publico.
En esta época de crisis provocada por otros que
no han sido los ayuntamientos españoles esta propuesta de reforma provocará más pobreza, más desigualdad y
menor cohesión social, a cambio, eso sí,
de una sacrosanta estabilidad presupuestaria que por cierto los
ayuntamiento han cumplido siempre porque legalmente siempre se les ha exigido.
MOCION
“La
Diputación Provincial de León insta al Gobierno de España a la retirada
inmediata de la Propuesta
de Modificación del Articulado de a Ley 7/1985 Reguladora de la Ley de Bases de régimen Local
en relación con las competencias de las entidades Locales. Instará del mismo
modo al cumplimiento del Artículo 142 de la Constitución
Españolala Autonomía Municipal.
“La
Diputación Provincial de León insta al Gobierno de España a respetar la
tradición democrática de los territorios que todavía disfrutan de una
ordenación territorial fundamentada en la existencia de Entidades Locales
Menores; como es el caso de las Juntas Vecinales de la Provincia de León.
Conservando las mismas en la Ley
de Bases de Régimen Local y respetando sus competencias.
“La
Diputación Provincial de León insta al Gobierno de España a modificar el
régimen de ordenación del territorio; iniciando un proceso de eliminación de
las Diputaciones Provinciales a favor de las Comarcas.
“La Diputación
Provincial de León insta al Gobierno de España a iniciar un Proceso de
Negociación de un Pacto Local con la
FEMP que permita la financiación correcta de los Municipios,
la pervivencia de los servicios que ofrecen a la ciudadanía y la desaparición
definitiva de las competencias impropias que deben asumir por la actuación
irresponsable de las Comunidades Autónomas y el propio Gobierno Central. Se
negociará igualmente la adaptación de la
Ley de Régimen Local y Haciendas Locales a esta nueva
realidad.
En León, a 21 de julio de 2012.
Fdo: Santiago Ordóñez
González
Coordinador Provincial de IU
en León
Moción contra el repago sanitario registrada en la ciudad León y su Diputación
D. Manuel Domínguez Chico, en su calidad de
Coordinador Local de I.U. en León, por la presente somete al Pleno de la Corporación para su
toma en consideración, si procede, la siguiente:
MOCION
El artículo 43 de la Constitución Española
El artículo 41 reconoce
textualmente: los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad
social para todos los ciudadanos que garanticen la existencia y prestaciones
sociales suficientes ante situaciones de necesidades, sobre todo en caso de
desempleo. La asistencia y prestaciones serán libres
Estos dos artículos blindan
en la constitución el Principio de Universalidad de la asistencia sanitaria
obligando a la toma de medidas organizativas y financieras para asegurarla.
Una vez que las
prestaciones sanitarias se conciben como DERECHO UNIVERSAL DE TODOS LOS
CIUDADANOS lo más razonable es que el sistema se financie a través de los
presupuestos generales del Estado o de las Comunidades Autónomas mediante
transferencia de sus competencias.
El copago sanitario supone
el abono por duplicado de un servicio que se financia ya con nuestros impuestos
y al cual se añade una exigencia de pago a mayores a los propios beneficiarios.
Una reforma del IRPF que permita asegurar la financiación incrementando las
obligaciones a las grandes fortunas o personas con mayores ingresos aseguraría
el sistema sin necesidad de repago.
Estos preceptos anteriores
dejan clara la apuesta constitucional por un sistema público y universal,
cuestionando el modelo de copago farmacéutico impuesto: ahora debe añadirse las
referencias a los derechos y deberes de los españoles.
El Artículo 14 de la Constitución recoge
literalmente: Los españoles son iguales ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por raza de nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Este artículo cuestiona seriamente
cualquier legislación que pueda retirar los derechos a ser beneficiario de una
tarjeta sanitaria.
El pasado 1 de julio entró en vigor el repago
farmacéutico decretado por el Gobierno del PP. Dicho copago termina con la
gratuidad de los medicamentos y con él con la Universalidad y
gratuidad del sistema público de salud del Estado Español.
Un aspecto que agrava de por si esta decisión
junto a la posibilidad de que esta universalidad desaparezca dejando fuera del
sistema de salud a colectivos enteros de inmigrantes y nacionales es la
obligatoriedad de pago de sus medicamentos para los jubilados y jubiladas. En
clara contradicción con el articulo 14 de la constitución.
A partir del 1 de julio antes referido los jubilados tienen
que abonar el 10% del precio de los fármacos recetados por el médico. Pero hay
unos topes:
-Si su renta es inferior a 18.000 euros anuales, no se
pagará más de 8 euros al mes.
-Si su renta es de entre 18.000 euros y 100.000 euros
anuales, no se pagará más de 18 euros al mes.
-Si los ingresos superan los 100.000 euros al año, el
límite mensual de lo que se tiene que pagar es de 60 euros.
De este modo
y dado que la Tarjeta Sanitaria
-001. Recetas médicas para personas que no tienen que
pagar nada. En estos casos el copago sanitario no se aplica.
-002. Recetas médicas de
pensionistas con una renta anual inferior a los 18.000 euros o de entre 18.000
euros y 100.000 euros.
-003. Recetas médicas para
trabajadores en activo con una renta anual inferior a 18.000 euros. En estos
casos hay que abonar el 40% del valor del medicamento.
-004. Recetas médicas para
trabajadores en activo con una renta anual que se sitúa entre los 18.000 euros
y los 100.000 euros. En estos casos hay que abonar el 50% del precio del
medicamento.
-005. Jubilados y
trabajadores en activo con unas rentas superiores a los 100.000 euros anuales.
En estos casos hay que abonar el 60% del valor del medicamento.
-006. Mutualistas y
funcionarios. En este caso se abona el 30% del valor del medicamento.
En Castilla
y León seguiremos pagando los medicamentos en la farmacia tras haber superado
este límite de pago. En estos casos el Estado tendrá que devolver el dinero que
se ha abonado de más. Aunque la
Junta de Castilla y León se ha comprometido a informatizar el
proceso y abonar en un plazo máximo de 2 o 3 meses la diferencia pagada a
mayores no todo el mundo conoce los topes mensuales y su derecho a recibir la
diferencia.
Los Ayuntamientos pueden y
deben informar a los afectados por este repago y ser garantes de su derecho a
recibir la diferencia si pagan más de lo exigible. Por tanto, si se comprueba
que una receta tiene el código que corresponde (002 para jubilados con rentas
de hasta 100.000 euros y 005 para pensionistas con ingresos superiores), o que
en la farmacia cobran más de lo debido el afectado debe reclamar. Esta información y la posible
reclamación deben ser tramitadas de forma gratuita por medios municipales, sea
una Oficina de Información ex profeso o desde la OMIC
Además, a partir del 1 de
agosto de 2012 tendemos que abonar el 100% del coste de un total de 425
medicamentos. No importa que se sea jubilado o nuestro nivel de renta. Puede
consultarse la lista completa de medicamentos que dejarán de financiarse a
partir del 1 de agosto en el practicograma ‘Cómo son los medicamentos que dejarán de financiarse y
tendrás que pagar'.
Por otra parte, los
medicamentos pertenecientes al grupo ATC serán
costeados por todos los ciudadanos de la misma forma. Se abonará el 10% de su
valor en la farmacia, con independencia del nivel de renta o de si es jubilado,
trabajador en activo o desempleado.
Por todo lo anterior, el
Grupo Municipal de IU, presenta, para su debate y aprobación, si procede la
siguiente MOCION
El Ayuntamiento de León encargará a la OMIC las funciones de
información y tramitación de reclamaciones relacionadas con el copago sanitario.
El Ayuntamiento de León instará a la Junta de Castilla y León a retirar el copago
sanitario impuesto por el Gobierno Central.
El Ayuntamiento de León instará al Consejo de
Ministros a retirar el copago sanitario y a tomar las medidas necesarias para
mantener la gratuidad y universalidad del sistema público sanitario mediante la
reforma y mejora del IRPF y los ingresos del Estado.
En León, a 20 de julio de 2012.
Fdo: Manuel Domínguez Chico
Coordinador Local de IU en
León
viernes, 20 de julio de 2012
FEVE se privatizará junto a Renfe y Adif
IU considera que los anuncios de la
liberalización del sistema tranviario para el 1 de julio de 2013, más el
perpetrado hoy de la disolución de FEVE en RENFE y ADIF definen el principio
del fin del sistema público y seguro de transporte público por ferrocarril en
España.
En este caso se declarara el acta de
defunción del sistema público ferroviario para optar por un modelo muy parecido
al que ha provocado tantos muertos y accidentes en Inglaterra. Ahora que los
británicos dan marcha atrás es España quien vende a precio de saldo su red
ferroviaria.
Ley de Liberalización del Sistema Ferroviario
que debatirá el Consejo de Ministros hoy es el último legado del Gobierno Aznar
y de las primeras leyes aprobadas por Zapatero. Significa dividir RENFE en dos:
ADIF con dinero público se encarga del mantenimiento de la red y RENFE se
subdivide en líneas deficitarias, para desaparecer como ya ha ocurrido, o con
beneficios para trasladar su gestión a empresas mixtas que permitan ganar
dinero a base de subidas en los billates que ya han comenzado.
El problema de todo esto no es solo el
peligro que conllevará este proceso de privatización, el problema es que este
mismo modelo se va a imponer a la empresa FEVE. Con la absorción que se va a
llevar a cabo damos por comenzado el proceso de desmantelamiento de las líneas
deficitarias de vía estrecha y la privatización del resto, su desaparición
definitiva como servicio público que vertebra la provincia de León y la
culminación de un proceso de desaparición que se inició con la retirada de
inversiones, abandono de la integración real en León, olvido de su carácter
metropolitano con la reducción de 18 trenes y la reiterada alusión a su déficit
para justificar aquello que hoy nos encontramos. El PSOE y el PP ya amenazaban
los casi 880 trabajadores de los talleres ferroviarios de León, ahora suman la
plantilla de FEVE y sus talleres de Cistierna. Puede que tras las decisiones de
hoy nos veamos abocados a la desaparición de la tradición ferroviaria leonesa o
reducida a la nada.
IU se opondrá a este atropello y se pone a
disposición de los usuarios y trabajadores de las empresas FEVE y RENFE/ADIF
para colaborar en la respuesta que diseñen contra la aplicación de esta locura.
Empezando por apoyar la Huelga convocada para el 3 de agosto próximo.
Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU en León 
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