jueves, 17 de enero de 2013

IU Villaquilambre organiza una charla este sábado en defensa de la sanidad pública


IU de Villaquilambre organiza este sábado, 19 de enero del 2013 en el salón de actos de la Casa de Cultura de Navatejera a las 19.00h, una charla informativa y de debate titulada LA SALUD AMENAZADA que estará a cargo de Alberto del Pozo.

 Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y miembro desde hace casi 30 años de la FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública).

La finalidad es informar a la ciudadanía sobre las graves consecuencias que derivan del  desmantelamiento de la Sanidad Pública, universal y gratuita que estamos sufriendo y que supone un paso atrás definitivo en lo que se refiere a la protección de la Salud como derecho constitucional conquistado, derecho que el gobierno del PP está intentando hacer desaparecer a marchar forzadas.


Alfonso José Morán, concejal de IU en el Ayto. De Villaquilambre

IU León en defensa de la sanidad pública


               MOCIÓN EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA


DON Manuel Domínguez Chico, Coordinador Local de IU en León, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCION, que tiene su fundamento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Pleno del Congreso del día 17 de mayo de 2012 se aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.”
Este Real Decreto Ley ha supuesto un cambio significativo en la concepción de la atención sanitaria y se ha llevado a cabo sin un debate previo no solo en el Parlamento sino también con entidades profesionales y sociales en este campo.
En el Capítulo I, concretamente en el artículo primero, se establecen las condiciones para acceder al “derecho a la asistencia sanitaria en España”, unas condiciones que están en vigor desde el 1 de septiembre y que restringen el derecho a múltiples colectivos como:
· Personas con nacionalidad, mayores de 26 años residentes en España que nunca han estado en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social.
· Personas con nacionalidad de alguno de los países miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que carezcan de certificado de residencia en España y/o no puedan acreditar su situación de paro involuntario.
· Extranjeros nacionales de países terceros que carezcan de autorización de residencia en España.
Para éste último colectivo, cifrado en unas 150.000 personas, el Real Decreto prevé únicamente la atención sanitaria de urgencias (salvo en el caso de mujeres en proceso de gestación y los menores) como único supuesto de asistencia médica, volviendo a una concepción restrictiva que no aporta valor alguno a nuestra sociedad y que se erradicó en el año 2000 con la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000.
Esta situación, supone el paso atrás mencionado y, en la práctica, además de un cambio en la concepción de Universalidad en el acceso a la salud pública, una vulneración del principio de equidad que guiaba hasta el momento las políticas de sanidad de este país. Esta situación puede provocar no sólo el colapso de las zonas de urgencia de los hospitales españoles, aumentando –paradójicamente- los costes en la atención sanitaria a la población, sino también dividir a la sociedad en ciudadanos de plenos derechos y no-ciudadanos o ciudadanos sin derechos.
Asimismo, la propuesta de la atención de estas personas a través de convenios entre las Comunidades Autónomas y ONG sigue vulnerando la vocación de universalidad de nuestro sistema sanitario y no haría sino ahondar en la brecha arriba señalada creando sistemas de atención sanitarias paralelos.

ACUERDOS:
1. Desde el Ayuntamiento de León manifestamos nuestra disconformidad con el contenido de este Real Decreto Ley.
2. Exigir al Gobierno a que retire este Real Decreto Ley.
3. Instar al a la Junta de Castilla y León, para que retire de su agenda política cualquier pretensión de avanzar en la privatización de la gestión de la sanidad pública CyL.
4. Dirigirse  a los Grupos Parlamentarios presentes en les Cortes de CyL con la finalidad de promover, ante el Gobierno del Estado, un PACTO POR LA SANIDAD que consolide nuestro Sistema Nacional de Salud y que asegure la cohesión social y la equidad para todos los ciudadanos. Un pacto que incluya a las fuerzas políticas, sindicales y de profesionales, a la industria y a los colectivos de pacientes que permita que nuestro SNS siga siendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.
5. Dar traslado de los acuerdos de esta moción:
- Al Presidente del Gobierno y Junta de Castilla y León.
- A Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y de les Cortes de CyL
-                A la Ministra de Sanidad.



Fdo. Doña/Don Manuel Domínguez Chico
Coordinador Local de IU en León


En León  a 11 de Enero del 2013



ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCEMO. AYUNTAMIENTO DE LEON

IU en defensa de la sanidad pública en el Congreso


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente. 

Señora ministra, señorías, las cosas se conocen por su origen. El origen de este recorte, recorte sanitario y recorte educativo, no está, señorías, en esta Cámara, ni siquiera está en el Gobierno. Este recorte es una enmienda de totalidad de los fondos europeos y de la Unión Europea al presupuesto general del Estado de su Gobierno, un Gobierno que fue a Europa diciendo que iba a conseguir un porcentaje de déficit y volvió con una enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado. Ese es el origen de estas medidas, ninguna reforma sanitaria, 10.000 millones de euros que hay que repartir entre sanidad y educación. 

Señora ministra, no voy a referirme a ninguna publicación española. Hoy tenemos la satisfacción de que el British Medical Journal diga lo que es este decreto español. Dice: Es el principio del fin del servicio nacional de salud español. Y los británicos saben mucho de esto, saben mucho de esto porque soportaron a Margaret Thatcher. Por tanto, señoría, ni siquiera necesito referirme a su propio decreto, que usted parece que decía que no me había leído. Vuelvo a repetirle que su artículo 3 dice claramente que la asistencia ya no es universal, sino que se garantiza a aquellas personas que ostenten la condición de asegurados. Asegurados no son todos los ciudadanos sino una parte de los mismos y por tanto resulta falso decir -como dice y repite usted- que todos los ciudadanos españoles tendrán cobertura sanitaria. Según su decreto no es cierto, no todos los ciudadanos españoles tienen cobertura sanitaria. Por tanto, en primer lugar, es una contrarreforma sanitaria, una contrarreforma sanitaria como dije ayer desalmada, porque, señorías, se ceba en los más débiles.

Señora ministra, me referiré a la prueba de ello. Usted me dijo que no me había leído el decreto y que me habría leído un panfleto -en una muestra también de buen tono y de buen rollito en esta Cámara-. Pues resulta que sí me lo he leído y resulta además que, para mi desgracia, me he leído sus correcciones de errores. Señoría, una cosa es la corrección de errores y otra cosa es un error garrafal, que es lo que es su decreto. Mire, señoría, presenta usted, a un decreto de 10 artículos y algunas disposiciones adicionales, 73 correcciones de errores: a corrección de errores por línea, señorías, con lo cual no se trata de una corrección de errores, sino de un gran error -ese -real+ decreto-, de una falta de rigor absoluta en ese decreto, de una precipitación digna de mejor causa. 

Decía usted ayer, señora ministra, que lo que decíamos los portavoces -y lo que decimos hoy- no era verdad. Yo no voy a entrar en verdad y mentira porque eso lo tendrá que arreglar con su confesor, pero sí voy a entrar en lo que significa decir a esta Cámara algo que no se corresponde con el decreto. No se corresponde con el decreto lo que usted le ha dicho a esta Cámara. Decía usted que los de veintiséis años en el decreto tienen garantizada la tarjeta sanitaria. Modificación número 66 de sus correcciones de errores, modificación que dice que a partir de la corrección de errores tendrán tarjeta sanitaria individual. No tenían tarjeta sanitaria, señoría, y a partir de esta corrección de errores parece que pueden tenerla, si una corrección de errores pudiera cambiar aspectos sustanciales de un decreto, cosa de la que me permito dudar. De la misma manera, cambian ustedes en la corrección de errores lo relativo al límite de prótesis y de transporte sanitario. Cambian algo que me parece realmente ilegal y es que permiten a los centros sociales dispensar fármacos hospitalarios, ¡dispensar fármacos hospitalarios! Realmente no sé de dónde lo ha sacado.


La mayor parte de las modificaciones que aborda usted en este decreto es todo aquello que nos dijo ayer que era mentira, que mentíamos cuando lo denunciábamos en esta Cámara y cuando le decíamos que la mejor forma de modificarlo no era el reglamento. Señora ministra, usted no es Romanones -Romanones era muy liberal-. Usted es peor que Romanones. Usted no lo modifica por reglamento. Lo modifica, como lo está modificando hoy, a través de una corrección de errores más allá de la legalidad, más allá de la legalidad. (Aplausos). 

Pero no quiero quedarme en sus errores. Usted nos dijo ayer y nos intentó convencer de que sus medidas significaban la solución a la insostenibilidad del sistema sanitario. Permítame que rompa estas dos hojas, porque esta contiene lo que aprobaron en Consejo de Ministros y esta otra es la parte relativa a la memoria económica de su decreto. ¿Sabe usted qué diferencia hay, en unas horas, entre el Consejo de Ministros y la memoria económica del decreto? 500 millones de euros. Mire usted (El señor Llamazares Trigo muestra una hoja), Consejo de Ministros: ahorro global, 7.767 millones. Memoria económica (Muestra otra hoja): ahorro global, 7.267 millones. ¿Dónde está el problema? En medidas de eficiencia, en las TIC, plataforma de compras y energía. Señoría, qué poca seriedad. Da la impresión de que esto, por llamarlo de alguna manera, son las cuentas del Gran Capitán. De estos 7.000 millones ni la mitad, señora ministra, porque únicamente se han dedicado a maquillar las cifras para presentarlas ante la Unión Europea, y demostrar que son ustedes los primeros de la clase en recortar a los ciudadanos y en mejorar la situación de los bancos. En eso parece que ustedes quieren dar lecciones a todo el mundo. 

Señora ministra, no quisiera terminar mi intervención sin plantearle los grandes problemas de este decreto. En primer lugar, usted no tiene derecho a decirle a esta Cámara que ha propuesto un pacto de Estado. Porque, en términos de su grupo parlamentario, yo diría que este es un pacto trampa, porque nos propone un pacto de Estado con una agenda cerrada, y además cerrada en las materias que más me importan. Si usted me cierra la agenda en la universalidad de la atención, es decir, en el derecho de todos los ciudadanos a la atención sanitaria; si usted me cierra la agenda en la accesibilidad de la atención, es decir, en el derecho a ser atendidos independientemente de la situación económica o geográfica, con el transporte sanitario, si hace todo eso, yo no tengo nada que negociar con usted, señora ministra. Su propuesta de pacto de Estado es una propuesta hipócrita y falsa, porque no pretende el acuerdo. Lo ha dicho hoy claramente; ha introducido un elemento nuevo que no me ha pasado de largo, porque lo propusieron ya en el Pacto de Toledo y no se lo aceptamos, y es que, además de los diputados, haya una comisión de expertos: Fedea, señora ministra; Fedea es la que nos va a decir cómo vamos a mejorar nuestro sistema sanitario. Pues no, señora ministra, no aceptamos ni un pacto trampa ni las lecciones de Fedea en materia de reforma sanitaria. No los aceptamos. (Aplausos). 

Señora ministra, es un decreto desalmado que no se modifica únicamente por la corrección de errores. Siguen cebándose en los sectores más débiles de la sociedad española -se lo dije el otro día y se lo vuelvo a decir-, que lo están pasando especialmente mal por la crisis, y ustedes se ceban en ellos. En los crónicos, en los pensionistas, en los pacientes que necesitan tratamientos a largo plazo, en los que necesitan transporte sanitario, en todos ellos se ceban para obtener un magro -porque es la cuenta del Gran Capitán- resultado de ingresos para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Señora ministra, usted sin embargo tenía otras posibilidades, de hecho las mezcla en el decreto, pero francamente sin mucho conocimiento. Tenemos márgenes para mejorar la financiación del sistema sanitario y ustedes no los utilizan; márgenes que tienen que ver con el sistema general de impuestos que hacen que los más ricos y los más sanos financien a los más pobres y a los que tienen más enfermedades, base del Sistema Nacional de Salud. También tienen posibilidades de abordar una mayor eficiencia en materia de gasto farmacéutico. No se preocupen tanto porque se pongan aquí las cajas de los fármacos. El problema no es que se pongan aquí los nombres de los fármacos, el problema es que se haga propaganda de los fármacos entre quienes prescriben en el sistema sanitario público, y que no tengan información pública para saber qué fármaco es el más adecuado y el más barato. Esa es la cuestión fundamental. Tienen también margen en relación con la duplicidad de los sistemas de seguro dentro del sistema sanitario; ahí también hay margen para ahorrar. Por tanto tenían margen para ahorrar, pero han preferido cebarse en los más débiles y usar la reforma del sistema sanitario para, como dice el British Medical Journal, hacer un asalto al sistema sanitario, hacer el principio del fin del sistema sanitario público. Así no, señora ministra, así no hay pacto de Estado de la sanidad, así no es posible el acuerdo.


Muchas gracias.
miércoles, 16 de enero de 2013

IU León pide explicaciones al Ayuntamiento y la Diputación por la subasta del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Onzonilla


Los Coordinadores Local y Provincial de IU, Manolo Domínguez Chico y Santiago Ordóñez, exigen explicaciones a Emilio Gutiérrez e Isabel Carrasco por el voto favorable del Ayuntamiento y la Diputación al desmantelamiento del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI).

En la reunión mantenida entre IU y representantes de los trabajadores del Centro quedó claro que Tomás Villanueva lleva más de un año intentando desmantelar el CEEI y que tanto el Ayto de León como la Diputación apoyaron con su voto la subasta del mismo. Expulsando a 10 empresas y poniendo 6 empleos en peligro.
El CEEI mantiene una de deuda de 700.000 euros provocada por la deuda generada por el impago de todos los accionistas menos la Junta, incluidos entre los morosos al Ayto y la Diputación. A su vez exigimos explicaciones por la hipoteca de 690.000 euros que sufre el edificio y cuyo crédito fue solicitado después de amortizar el inmueble.

Todo este cúmulo de intenciones por parte de la Junta y desidia por parte del resto provocó que el Consejo de Administración del pasado 26 de diciembre decidiera disolver el centro una vez ninguna institución o empresa tomó la iniciativa de pagar sus deudas. La Diputación fue más hipócrita que el resto al anunciar que pagaría solo si los demás lo hacían.

Todo esto ha generado que la Viceconsejero de Economía anunciase a los trabajadores que s e pretende centralizar todavía más el servicio ofrecido por e CEEI creando equipos especializados que cubrirán las necesidades de la comunidad.

Nos encontramos ante un capricho de Tomás Villanueva para conservar el edificio de Valladolid mientras se subasta el de León para pagar las deudas. Para Liquidar los servicios del CEEI para poner la creación y asesoramiento a empresas y emprendedores en manos del ILDEFE y ADE. Para echar  a la calle o recolocar en Valladolid una parte de los trabajadores que ahora ofrecen sus servicios en Onzonilla. Por último para renunciar a un instrumento fundamental e insustituible en la creación de riqueza y empleo que ahora se encuentra infrautilizado y podría servir como herramienta contra el paro en toda la provincia si la Junta no pretendiera liquidarlo.

IU denuncia que las políticas de empleo del Ayuntamiento de León y la Diputación son una declaración de intenciones sin contenido, sin vergüenza y con más ánimo de destruir empleo que crearlo con las empresas públicas que ya existen y desarrollan una labor ejemplar. Igual por eso le sobran a la Junta con la complicidad del resto del PP de León


Manuel Domínguez Chico. Coordinador Local de IU León
Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU León

SOLICITUD A LA DIPUTACION

D. Santiago Ordóñez González, Coordinador Provincial de IU en León, domicilio para notificaciones en la calle ramón y Cajal, nº 29, bajo de León, por la presente

SOLICITA


Los Informes técnicos, económicos y justificación política por las que la Diputación Provincial de León se ha negado a pagar sus obligaciones como consejera del Centro Europeo de Empresas e Innovación de CyL ubicado hasta ahora en el Polígono de Onzonilla de León.
Idéntica documentación sobre la decisión apoyada por esta institución provincial de disolver el CEEI y subastar el inmueble que lo cobija.
Finalmente solicitamos el acta del órgano de Gobierno que tomó el acuerdo de no abonar estas obligaciones y provocar su disolución posterior.
Por último pregunto si la Diputación Provincial es consciente del perjuicio que supone estas decisiones para las 10 empresas que se ubican en el CEEI y los 6 trabajadores que serían despedidos por esta causa.

En, León a 16 de enero de 2012



Sin otro particular, le saluda



Santiago Ordóñez González
Coordinador Provincial de IU León

SOLICITUD AL AYUNTAMIENTO

D. Manuel Domínguez Chico, Coordinador Local de IU en León, domicilio para notificaciones en la calle ramón y Cajal, nº 29, bajo de León, por la presente

SOLICITA


Los Informes técnicos, económicos y justificación política por las que el Ayuntamiento de León se ha negado a pagar sus obligaciones como consejera del Centro Europeo de Empresas e Innovación de CyL ubicado hasta ahora en el Polígono de Onzonilla de León.
Idéntica documentación sobre la decisión apoyada por este consistorio de disolver el CEEI y subastar el inmueble que lo cobija.
Finalmente solicitamos el acta del órgano de Gobierno que tomó el acuerdo de no abonar estas obligaciones y provocar su disolución posterior.
Por último pregunto si el Ayuntamiento de León es consciente del perjuicio que supone estas decisiones para las 10 empresas que se ubican en el CEEI y los 6 trabajadores que serían despedidos por esta causa.

En, León a 16 de enero de 2012



Sin otro particular, le saluda



Manuel Domínguez Chico
Coordinador Local de IU León


martes, 15 de enero de 2013

Amago de nuevo ERE en el Ayto de León


El Coordinador Local de IU, Manolo Domínguez Chico, exige al Equipo de Gobierno que de la cara y asuma directamente la reorganización de la plantilla municipal. No solo incumple el Plan de Ajuste, no ha elaborado un nuevo organigrama de la corporación ni una RPT acorde a las necesidades del municipio. Lo que ha hecho es privatizar la negociación colectiva para dinamitarla y amagar con más despidos que afectan a servicios públicos pero sin conocer exactamente donde la plantilla municipal está sobredimensionada y donde es insuficiente.

El punto 13 del Plan de Ajuste anuncia la modificación de la organización de la corporación local. Con un nuevo organigrama y la modificación de las RPT de los funcionarios y los laborales. Hasta que este trabajo no esté realizado no podrán realizarse estudios de “optimización” de los recursos humanos disponibles. En tanto no se den las condiciones anteriores, no es posible cuantificar el ahorro que se puede obtener de la implantación de medidas organizativas.

Muy bien, este punto se ha ejecutado de esta manera. Se ha contratado a precio de oro una empresa, Baker&McKenzie, cuya última minuta supera los 156.000 euros para imponer un ERE el año pasado. El resultado ha sido más de 52 decretos de despidos y un ERE que han sumado 269 plazas de trabajadores desaparecidas en 2012.

Estas medidas han afectado o cerrado los siguientes servicios públicos: Centro de Oficios, Escuelas Deportivas, Laboratorio Municipal, Clínica Deportiva, Residencia de Ancianos, Albergue de Peregrinos y Escuela de Música entre otros.

IU exige al equipo de Gobierno municipal que revoque el acuerdo con esta empresa y a la Concejala de Régimen Interior que asuma sus responsabilidades directamente. Que no se esconda detrás de testaferros que tan solo destruyen pero no aportan nada. Que negocie con la plantilla esta reorganización pendiente y mejore los servicios municipales junto a los trabajadores y trabajadoras.

El nuevo amago de ERE en el Ayto de León tan solo demuestra que cuando IU ha denunciado que el PP quiere librarse de 500 plazas de trabajadores entre 2012 y 2013 no se había equivocado. El Ayuntamiento de León necesita reorganizarse y una RPT legal pero para mejorar los servicios que ofrece no para desmantelarlos.



 Manuel Domínguez Chico. Coordinador Local de IU León 

IU León en defensa de la sanidad pública en la Diputación


               MOCIÓN EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA


DON Santiago Ordóñez González, Coordinador Provincial de IU en León, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCION, que tiene su fundamento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Pleno del Congreso del día 17 de mayo de 2012 se aprobó el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.”
Este Real Decreto Ley ha supuesto un cambio significativo en la concepción de la atención sanitaria y se ha llevado a cabo sin un debate previo no solo en el Parlamento sino también con entidades profesionales y sociales en este campo.
En el Capítulo I, concretamente en el artículo primero, se establecen las condiciones para acceder al “derecho a la asistencia sanitaria en España”, unas condiciones que están en vigor desde el 1 de septiembre y que restringen el derecho a múltiples colectivos como:
· Personas con nacionalidad, mayores de 26 años residentes en España que nunca han estado en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social.
· Personas con nacionalidad de alguno de los países miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que carezcan de certificado de residencia en España y/o no puedan acreditar su situación de paro involuntario.
· Extranjeros nacionales de países terceros que carezcan de autorización de residencia en España.
Para éste último colectivo, cifrado en unas 150.000 personas, el Real Decreto prevé únicamente la atención sanitaria de urgencias (salvo en el caso de mujeres en proceso de gestación y los menores) como único supuesto de asistencia médica, volviendo a una concepción restrictiva que no aporta valor alguno a nuestra sociedad y que se erradicó en el año 2000 con la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000.
Esta situación, supone el paso atrás mencionado y, en la práctica, además de un cambio en la concepción de Universalidad en el acceso a la salud pública, una vulneración del principio de equidad que guiaba hasta el momento las políticas de sanidad de este país. Esta situación puede provocar no sólo el colapso de las zonas de urgencia de los hospitales españoles, aumentando –paradójicamente- los costes en la atención sanitaria a la población, sino también dividir a la sociedad en ciudadanos de plenos derechos y no-ciudadanos o ciudadanos sin derechos.
Asimismo, la propuesta de la atención de estas personas a través de convenios entre las Comunidades Autónomas y ONG sigue vulnerando la vocación de universalidad de nuestro sistema sanitario y no haría sino ahondar en la brecha arriba señalada creando sistemas de atención sanitarias paralelos.

ACUERDOS:
1. Desde la Diputación Provincial de León manifestamos nuestra disconformidad con el contenido de este Real Decreto Ley.
2. Exigir al Gobierno a que retire este Real Decreto Ley.
3. Instar al a la Junta de Castilla y León, para que retire de su agenda política cualquier pretensión de avanzar en la privatización de la gestión de la sanidad pública CyL.
4. Dirigirse  a los Grupos Parlamentarios presentes en les Cortes de CyL con la finalidad de promover, ante el Gobierno del Estado, un PACTO POR LA SANIDAD que consolide nuestro Sistema Nacional de Salud y que asegure la cohesión social y la equidad para todos los ciudadanos. Un pacto que incluya a las fuerzas políticas, sindicales y de profesionales, a la industria y a los colectivos de pacientes que permita que nuestro SNS siga siendo uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.
5. Dar traslado de los acuerdos de esta moción:
- Al Presidente del Gobierno y Junta de Castilla y León.
- A Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y de les Cortes de CyL
-                A la Ministra de Sanidad.



Fdo. Doña/Don Santiago Ordóñez González
Coordinador Provincial de IU en León


En León  a 11 de Enero del 2013



A/A DE LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON

IU León contra las tasas judiciales en la Diputación


MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO A QUE PROMUEVA LA RETIRADA DE LA LEY 10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXILOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES.

De acuerdo con lo previsto en el reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales: Don Santiago Ordóñez González, Coordinador Provincial de IU en León, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCION

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 22 de noviembre entró en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Tras una tramitación de vértigo en el Parlamento, con evidente afán de ocultación a los ciudadanos y ciudadanas, su contenido constituye una muestra más de la voluntad del Gobierno de llevar a cabo un desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, cuestionando a su vez el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales.
La Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales, erradicó de nuestro ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial, para propiciar que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social.
 Mediante la contrarreforma emprendida por el Grupo Popular, este cambio normativo tan radical se produce sin haberse aceptado ninguna propuesta de los Grupos Parlamentarios a lo largo de su tramitación en ambas Cámaras, extendiéndose el pago de las tasas judiciales a toda persona física y jurídica, así como a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso-administrativo y social.
Si bien el Tribunal Constitucional en Sentencia de fecha 16 de febrero de 2012, consideró constitucional la reintroducción de la tasa hecha por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, también afirmó que “Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se demostrase que la cuantía de las tasas.../..., son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuesto en el fundamento jurídico 7. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia”. En consecuencia, la cuantía de las tasas no deben impedir u obstaculizar el acceso a la Justicia.
Recientemente, el Sr. Manuel Cachón Cadenas, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Barcelona, decía que: “Si el legislador, mediante la imposición de tasas judiciales o de otra forma, pone dificultades para que un ciudadano que ha sufrido una lesión de sus derechos pueda acudir a los tribunales a pedir protección, esto significa que ese legislador está favoreciendo a quien ha lesionado aquellos derechos. Por ello, la existencia de tasas judiciales fomenta la morosidad y, en general, el incumplimiento de las obligaciones. En la medida en que un sistema de tas judiciales dificulte la obtención de tutela judicial, en esa misma medida está beneficiando a los que incumplen sus obligaciones”.
 El objetivo recaudatorio que persigue esta Ley es desproporcionado con la limitación del derecho de acceso a la Justicia, y puede convertirse en un obstáculo impeditivo para la obtención de la tutela judicial efectiva.

Por todo ello, Izquierda Unida de León, somete a votación, para su aprobación la siguiente:

MOCIÓN

·         Pedir al Gobierno que promueva la retirada de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dejando sin efecto la misma.
·         Pedir al Gobierno que garantice que nadie vea limitado su derecho de acceso a la Justicia por no poder hacer frente al pago de una tasa judicial.
·         Remitir copia de la presente moción al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del Gobierno de España




Fdo. Don Santiago Ordóñez González
CoordinadorProvinciall de IU León

En León a 10  de Enero del 2013




A/A DE LA PRESIDENTA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON

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