Izquierda Unida - León

Tal vez desembarazarse temporalmente del CTR sea la única razón para justificar la maniobra por parte de la Diputación Provincial para obligar al Ayuntamiento de León a hacerse cargo de Gersul. No engaña a nadie que es fruto de un acuerdo entre todos los Grupos Provinciales.

 

Esta huída daría tiempo para sacar administrativamente de la Diputación una patata caliente, que puede echar mucho picante a la trama Púnica, el tiempo suficiente para escurrir el bulto hasta volver a hacerse cargo del consorcio.

 

Máxime cuando la Junta ha regulado los Consorcios Provinciales y todos están en manos de las Diputaciones. Incluso los Consorcios provinciales de servicios recogidos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local conceden una representación del 45% a las propias Diputaciones.

 

Ahora queda en manos de la Asamblea de Gersul aceptar o no el cambio administrativo propuesto por la Diputación. Que deberá reasumir la gerencia y la deuda si de verdad el consorcio se adapta a la Ley.

"Ese es el motivo por el que hubo silencio antes, durante y tras el pleno de la Diputación y por el cual se ha saboteado cualquier posibilidad de auditoría real de la gestión de esta institución. Tan solo una auditoría ciudadana pública, en manos de técnicos de Hacienda, con la decisión vinculante de la ciudadanía sobre las conclusiones, evitará que el pleno tape las ilegalidades de sus decisiones compartidas" ha afirmado hoy Santi Ordóñez, Coordinador Provincial.

 

De hecho no es casual que no asistiese al pleno el Diputado de Medio Ambiente. Ningún grupo provincial puede decir que desconocía el intento de traslado de la infraestructura de GERSUL al consistorio leonés, porque la propia GERSUL proponía en su primer borrador dejar las cosas como estaban. La maniobra de Carrasco contra Emilio Gutiérrez ha resultado cierta, pero tiene cómplices.

 

Ahora la pelota está en el tejado de la Asamblea de GERSUL, que deberá aceptar o rechazar la propuesta de la Diputación.

 

La única realidad es que prácticamente en todas las provincias la Diputación es la institución responsable de tutelar la recogida y el tratamiento de las basuras. Así ha regulado la Junta los Consorcios de Tratamiento de basuras y las oficinas de GERSUL deberían depender de modo solidario de toda la Asamblea del Consorcio. De todas formas, y con la Reforma de la Ley de la Administración Local en la mano, estamos ante una competencia de la Diputación. El Ayuntamiento de León no puede gestionar o tutelar a municipios de menos de 20.000 habitantes en esta materia.

 

"La sensatez y la Ley nos dice que las cosas deben seguir como estaban, que el Ayuntamiento de León debe pagar los 7 millones que se deben y que las vendettas políticas no caben en puntos tan sensibles como el de la basura, con mayor motivo si esto sirve para dañar más todavía a las leonesas y los leoneses" ha defendido Manuel Domínguez Chico, Coordinador Local.

 

IU aprovecha también para exigir a la Asamblea de GERSUL, al Ayuntamiento de León y a la Diputación Provincial, que aprovechen esta crisis para poner sobre la mesa la ilegalidad de la tasa que se nos impone y por la cual, los vecinos y vecinas de León pagamos dos veces por la recogida y tratamiento de basuras.

 

Exigimos también iniciar un proceso para denunciar el incumplimiento de contrato por parte de la UTE Legio VII y romperlo, comenzar la investigación sobre la deuda contraída por el Consorcio y la UTE gracias a los acuerdos "de tapadillo" gestionados por los exdiputados Miguel Martínez y Cipriano Elías, y solucionar el desastre en la gestión de la planta de San Justo de la Vega, que ni trata ni deja tratar la basura, y se ha convertido en un vertedero nauseabundo. La Junta ya ha tenido que advertir que no puede recibir residuos que no sean urbanos.

En definitiva, la Diputación, el Ayuntamiento de León y toda la Asamblea de Gersul tienen la oportunidad de echar a patadas a Urbaser y FCC del CTR y poner luz en todas las ilegalidades alrededor del vertido de "El Busto" y su traslado a San Justo, de auditar y legalizar la deuda generada irregularmente con la UTE y de exigir a la Junta que pague los Fondos Europeos que le negó a la planta en su momento. Es hora de acabar con el clientelismo ejercido en la planta, que ha sido una auténtica oficina de contratación de alcaldes y concejales. Unas prácticas corruptas que huelen igual de mal que la propia Diputación que ahora huye de su gestión.

 

Esperamos que este nuevo ejemplo de "normalidad" dentro del PP sirva para limpiar la gestión que la Diputación ha realizado hasta ahora, con legalidad, sensatez y valorando la necesidad de un Plan Provincial de Tratamiento de Basuras eficaz y que respete el medio ambiente: recogida selectiva en origen, gestión adecuada de la basura y las tres erres, reducir, reciclar y recuperar.

 

Ricardo Rodríguez Aller y José Antonio Cascallana, Secretarios Provincial y Local de Comunicación