jueves, 28 de febrero de 2013
La Junta sigue cubriéndose de gloria liquidando el carbón.
El Coordinador
Provincial de IU, Santiago Ordóñez, une a la exigencia de la dimisión inmediata
o el cese del Director General de Energía y Minas de la Junta la reprobación
provincial a Tomás Villanueva.
Las declaraciones
profundamente hipócritas de ayer, en una supuesta defensa del carbón
frente al corte de las ayudas del
gobierno, provoca vergüenza ajena. Una pieza clave en la defensa de las cuencas
mineras, el Consejero de Economía, mantiene en su puesto a Rodríguez Mantero y
tiene la desfachatez de denunciar aquello que ya conoce de antemano y no ha
hecho nada por impedir. Parece que el Consejero de Economía y Empleo de la Junta olvida que forma parte
del PP, que nadie se cree sus denuncias vacía y que él es una parte en el
desmantelamiento y muerte de las cuencas. Tomás Villanueva debería callarse o
marcharse pero no intentar salvar su imagen a costa de criticar algo de lo que
es corresponsable.
Al mismo tiempo
reitero la necesidad de cesar o exigir la dimisión de su Director de Energía y
Minas. Sus palabras miserables de esta misma semana ya son el ejemplo claro de
la campaña del PP para acabar con la minería del carbón, con los mineros, con
las comarcas mineras y todo en connivencia con el mayor cáncer que sufre la cuenca
minera junto al Gobierno del PP en España y Valladolid. El único reconocimiento
que merecen es su falta de hipocresía, son más sinceras que las del Consejero.
Pero por eso les iguala, uno negando lo evidente y otro admitiendo su culpa.
El PP quiere acabar
el trabajo iniciado por el PSOE. Eso es evidente. Por lo menos que no intenten
contarnos milongas y mentirnos. O el PP de León y Castilla están contra el
gobierno y se rebelan contra él o serán cómplices de destruir la minería. Ya no
hay término medio.
Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU en León
IU León y un 8 de amrzo en defensa de las políticas de igualdad en los ayuntamientos
MOCIÓN “CONTRA LOS RECORTES EN POLITICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD”
D: Manolo Domínguez Chico, como Coordinador Local de
Izquierda Unida, ante el Pleno del Ayuntamiento de León
EXPONE:
El Anteproyecto de reforma de la Ley 7/1985 de Bases del
Régimen Local, pretende la reducción general de las competencias municipales,
centralizar en las diputaciones provinciales o a las 7 Comunidades Autónomas
uniprovinciales las competencias de los ayuntamientos pequeños, y, en un paso
posterior, reducir el número de concejales y concejalas, porque supone:
1.- la reducción de lo público, ya vemos lo que
supone el lema “mas mercado, menos Estado”: privatizar las ganancias,
socializar las pérdidas
2.- la centralización territorial, pese a que los
ayuntamientos gestionan solo el 13% del gasto público en España, muy inferior a
la media europea, y a que la
Asamblea de municipios y regiones de Europa celebrada en
Cádiz, en septiembre de 2012 acordó que la Descentralización ,
Desarrollo y Democracia deben ser las líneas de trabajo.
3.- la pérdida de democracia, que la Carta Europea de
Autonomía Local define como acercamiento de las decisiones a la ciudadanía y
“el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales integradas por
miembros elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal –sin
perjuicio de los cauces locales de participación directa de los ciudadanos- de
ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco
de la Ley , bajo
su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”.
4.- discriminación del medio rural, ya que pierde
prácticamente la institución municipal.
Pero, además,
la reforma tiene una incidencia negativa en la igualdad entre mujeres y
hombres, porque:
a)
Suprime el artículo 28, que ha permitido desde hace tres décadas a la mayoría
de los ayuntamientos tener Concejalías, actividades y planes de promoción de la
igualdad, en consonancia con el mandato del artículo 9.2 de la Constitución de
promover activamente la igualdad (sobre su aplicación a los ayuntamientos, ver
las sentencias del Tribunal Constitucional STC 216/1991 y STC 12/2008 FFJJ 5º y
2º).
b) Limita a los ayuntamientos de más
de 20.000 habitantes (art. Siete.2.5 del borrador de 22.12.12) la posibilidad
de ejercer “por delegación de la Comunidad Autónoma ” la promoción de la igualdad
de la mujer, lo que supone una discriminación de las mujeres del medio rural,
una reducción de esfuerzos igualitarios y un alejamiento de las decisiones
políticas respecto a la ciudadanía.
c) Además de restringir la autonomía
local para responder a las demandas ciudadanas y de ignorar el mandato
constitucional a todos los poderes públicos de promover la igualdad en el
ámbito de sus competencias, esta reforma contraviene la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y
Hombres en la vida local (Consejo de Municipios y Regiones de Europa, 2006),
que promueve las políticas municipales de igualdad, con objetivos relevantes y
evaluables, y recursos humanos y materiales propios y adecuados.
d) Dificulta el cumplimiento de la Ley integral contra la
violencia de género de 2004, cuyo artículo 19, para la asistencia social
integral, exige la concurrencia de los ayuntamientos.
e) Atenta contra la Democracia paritaria,
ya que la elección de 68.462 concejalías constituye el ámbito más extenso de
participación de mujeres directamente elegidas, la inmensa mayoría no
retribuidas, en la toma de decisiones.
El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es la fecha propicia,
para que este Ayuntamiento/Diputación muestre verdaderamente su voluntad de
enfrentarse y poner freno a los recortes en políticas de igualdad y mostrar así
su voluntad decidida y comprometida, para que la igualdad de las mujeres no sea
la cabeza de turco de todas las políticas de “austeridad” de las
Administraciones.
Por ello Izquierda Unida, propone al Pleno,
ACUERDO:
Mostrar nuestro más firme rechazo a cualquier propuesta de supresión de
las políticas municipales de igualdad.
Mostrar nuestro compromiso firme y decidido a aumentar los recursos
materiales y humanos en políticas de igualdad.
A NIVEL MUNICIPAL:
- Aumentando
el presupuesto destinado a políticas transversales y específicas
destinadas a conseguir la igualdad entre mujeres y hombres
- Aumentando
los recursos materiales y de personal para la prevención y atención de las
mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad
A NIVEL ESTATAL:
- Elevar al Gobierno del Estado, la exigencia de no restringir los derechos de las mujeres y paralizar cualquier reforma regresiva de la ley de Bases del régimen Local.
Fdo.: Manuel Domínguez Chico
Coordinador Local de IU
miércoles, 27 de febrero de 2013
Moción IU en defensa de los Ayuntamientos y las Juntas Vecinales
AL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE LEON
Don Manuel Domínguez Chico, Coordinador Local de IU en el
Ayuntamiento de León, al amparo de lo dispuesto en el ROFRJEL
y en el Reglamento Orgánico Municipal, presenta para su discusión y aprobación
esta MOCIÓN en base a los siguientes:
ANTECEDENTES Y MOTIVOS
El Consejo de Ministros del pasado
15 de febrero recibió un Informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas sobre el Anteproyecto de “Ley para la racionalización y la
sostenibiliad de la Administración Local”. Tal informe proviene de un nivel de
Estado, como es el gobierno central, para modificar radicalmente otro nivel
diferente, el local, sin contar con este ni con la administración autonómica,
que tiene en muchos casos las competencias en exclusiva en materia de régimen
local. En dicho informe se establecen las líneas principales de lo que supone
la demolición del modelo de gestión pública que se inició en España con los
Ayuntamientos democráticos desde 1.979, y que, grosso modo, ha supuesto un
avance en el desarrollo del país desde el impulso dado en el ámbito municipal.
En lugar de ello, se procede a un desmantelamiento controlado de la experiencia
democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión
autoritaria del actual gobierno. Un ejemplo de este intento de dinamitar la
democracia más cercana es la amenaza que supone esta reforma para las entidades
locales menores y el intento de disolverlas imponiendo condiciones imposibles
de cumplir sin los medios necesarios para ello.
La denominada reforma de la
administración local no es una reforma: es una demolición. Desprecia el
principio rector que ha movido con mayor o menor ambición la normativa de
desarrollo de los Ayuntamientos: el de la administración más cercana. Los
municipios españoles en 1979, antes el único reducto eran los concejos, fueron
la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país: miles
de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos,
accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la preocupación por
satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos, y también, ante la falta
de definición constitucional de las competencias locales, a afrontar aquellos
retos y actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese
principio de administración más cercana, se configuraron los Ayuntamientos y
las Juntas Vecinales como la entidades que visualizaron la democracia en
nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora
irreversible, de descentralización política.
La famosa y trágica, por sus
consecuencias, reforma del artículo 135 de la Constitución Española en
septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, recoge el principio de
estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las administraciones
públicas, y a esta obsesión se somete ahora a la administración local a través
de esta reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza
y deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente
en las capas populares.
En el informe se defiende que se
clarifican por primera vez las competencias municipales por ley, cuando en
realidad ya la segunda generación de Estatutos de las Comunidades Autónomas,
cuyos ejemplos más palmarios los representan los Estatutos de Cataluña y
Andalucía reformados, han definido las competencias propias de los municipios,
en una suerte de segunda descentralización con un sentido profundamente
municipalista. Estatutos que son Leyes Orgánicas aprobadas por las Cortes y
forman parte del bloque constitucional.
Habla el informe de que elimina
duplicidades y competencias impropias, para ajustar la Administración Local a
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el citado artículo 135 de la CE. Sin
embargo, no se eliminan duplicidades -pues existen las competencias compartidas
y se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier
servicio-, sino que en todo caso se eliminan competencias propias de los
municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud,
empleo, vivienda, igualdad de la mujer o servicios sociales, para pasarlas a
las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación, pues asocia el
gobierno el ahorro de 3.282 millones de euros a la eliminación de dichas
duplicidades. Hablan de duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de
servicios. Hablan de clarificación de competencias cuando quieren decir
reducción a la mínima expresión de la administración local.
La reforma respira tutelaje de una
administración sobre otra. Ignora las competencias autonómicas sobre régimen
local y desprecia a los Ayuntamientos y las entidades locales menores como
parte del Estado en pie de igualdad con las demás administraciones. La
intervención sobre la obsesión de la sostenibilidad financiera recorre todos
los aspectos normativos de dicha reforma. Habla de racionalizar la estructura
organizativa cuando quiere decir privatizar servicios y entes instrumentales, y
reconoce como uno de los objetivos el favorecer la iniciativa económica
privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Aquí reside
la clave de bóveda de la reforma: debilitamiento de la democracia local a
través de la reducción de sus competencias, anteposición de los principios
financieros neoliberales sobre cualesquiera otra consideración en la gestión
municipal, intervención y fortalecimiento de una entidad decimonónica, asociada
al clientelismo y la falta de transparencia y control democrático, como son las
Diputaciones Provinciales, y privatización de los servicios públicos por esta
en los municipios que pierdan la titularidad de sus competencias. Llaman
profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito
local.
La reforma huele a moderantismo
del siglo XIX, a vuelta al caciquismo y el elitismo en la representación
política, y desvían la radicalidad antidemocrática de sus propuestas en la base
del ahorro de gastos en cargos públicos, cuando ese ahorro, si es que se
produce, supondrá como mucho el 2% del total. Hablan de limitación de
remuneraciones al 82% de los cargos públicos locales cuando esa ausencia de
remuneración ya existe en esos porcentajes entre los 68.285 concejales y
concejalas de los 8.116 municipios españoles. Una realidad que se traslada a la
totalidad de las entidades locales menores amenazadas de disolución.
La reforma refleja, finalmente,
los prejuicios neoliberales, carentes de conexión con la realidad de los
Ayuntamientos, de que sobra Estado y municipios -36.000 hay en nuestro país
vecino, Francia- o están muy endeudados -El porcentaje de deuda local en
relación con la deuda de las administraciones públicas, antes de estudiar el
impacto de los planes de ajuste, es del 4,5%, y de este porcentaje, el 40% lo
suman 10 ciudades de más de 250.000 habitantes, excepto Ceuta, empezando por
Madrid, con el 22,5% de la misma-.
Ningún dato avala el cumplimiento
del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros entre los años 2013 a 2015,
a no ser con el coste en recortes en forma de competencias, recursos,
eliminación de servicios y destrucción de empleo público municipal.
En definitiva, la reforma de la
administración local supone el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en
la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a la centralización
y al papel tradicional de aquéllos como meros ejecutores de las políticas del
gobierno central. El Consejo de Ministros, con esa iniciativa, pretende
convertir en una excepcionalidad histórica la experiencia democrática de los
ayuntamientos españoles iniciada en 1979.
Esta reforma elimina el poder de
lo más cercano, aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público, y fortalece
la deriva autoritaria, el alejamiento de la política de una población que exige
más participación, más democracia y más transparencia. El gobierno responde con
más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos.
En este sentido, el borrador de la
reforma que se pretende está impregnado de los principios del reformado
artículo 135 de la Constitución Española así como de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestara y Sostenibilidad financiera, que
condiciona todas las actuaciones relacionadas con las competencias, servicios y
atención a la ciudadanía que los Ayuntamientos vienen prestando, desde la
pretendida intención de eliminar competencias impropias.
Desde su constitución en 1979, los
Ayuntamientos democráticos han ido desarrollando sus actuaciones en el servicio
de la comunidad a la que gobiernan en dirección a una permamente aunque
desigual descentralización, asumiendo competencias en aras a la mejora de la
vida de la ciudadanía a la que sirven y gobiernan.
Esta reforma pretende el
desmantelamiento de la referencia más cercana a la ciudadanía, el primer nivel
de acceso a la representación popular, y lo sustituye por la eliminación de
competencias y servicios consolidados, así como por una ausencia de
financiación que aboque a la privatización de los que queden. En resumen,
provoca:
1. Vaciamiento y disminución de
competencias de Ayuntamientos y de las Entidades Locales menores supervivientes
a sus imposiciones.
2. Reforzamiento de
administraciones de elección indirecta como las Diputaciones.
3. Intervención de Ayuntamientos
de menos de 5.000 habitantes y pérdida de competencias entre los menores de
20.000 habitantes y las juntas vecinales en favor de las Diputaciones.
4. Dos tipos de Entidades Locales
Autónomas.
5. Recentralización del
funcionariado de la administración local con habilitación de carácter estatal.
6. Apuesta por la privatización de
los servicios públicos y desmantelamiento de la administración local.
7. Supresión, entre otras, de las
competencias en servicios sociales, empleo, vivienda, igualdad de la mujer,
cultura, sanidad, educación o promoción del medio ambiente.
8. Supresión del principio de
autoorganización municipal y autonomía local.
9. Supresión de la capacidad de
los Ayuntamientos para la dinamización de la economía local.
10. Introducción de indicadores de
calidad puramente financieros, sin contemplar criterios de atención a la
ciudadanía de carácter social o de derechos humanos básicos.
Por
todo lo cual, este grupo municipal eleva al Ayuntamiento Pleno los siguientes
ACUERDOS:
1.- Mostrar su
rechazo al texto del Anteproyecto de Ley para la Racionalización y
Sostenibilidad de la administración local.
2.- Exigir la
convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de la FEMP para tratar este asunto
y sobre el presente y futuro del municipalismo.
3.- Elevar al
Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las
entidades locales deberá contar con la participación de las mismas, incluidas
las menores, tanto directamente como a través de las Comunidades Autónomas en
el ámbito de sus competencias.
4.- Comunica
igualmente al gobierno Central la necesidad de que se reúna la Conferencia
Sectorial para Asuntos Locales para debatir este Anteproyecto de Ley y promover
una Ley de Financiación Local que resuelva el fortalecimiento de las
competencias locales y su financiación.
5.- Adherirse a
las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta reforma
incluido en su caso el recurso de inconstitucionalidad.
6.- Adherirse a
cuantas plataformas se pongan en marcha en defensa de un municipalismo
democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía. Sea para proteger al
municipio como base fundamental de nuestro modelo territorial y administrativo,
como la autonomía municipal o la supervivencia de las juntas vecinales.
7.-
Convocatoria inmediata de una reunión con las tres Juntas Vecinales del
municipio para explicar, debatir y poner los medios necesarios para que ninguna
Junta Vecinal desaparezca por causa de esta reforma legal.
8.- El
Ayuntamiento de León pondrá sus servicios jurídicos a disposición de las
entidades locales menores de la capital para cumplir la Ley y elaborarán
enmiendas a la Ley de Racionalización y Soostenibilidad de la Administración
Local para su remisión posterior a los Grupos Políticos del Congreso y Senado y
su presentación en el trámite de aprobación de la norma en las Cortes
Generales.
De estos acuerdos se dará traslado al Presidente de
Gobierno y a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales.
Fdo. Don Manuel
Domínguez Chico
Coordinador
Local de IU León
En
León a 27 de Febrero del 2013
ILMO. SR.
ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCEMO. AYUNTAMIENTO DE LEON
Esta es la política de pactos de IU León
El
Coordinador Provincial de IU, Santiago Ordóñez, quiere expresar públicamente
cual es la política de pactos de su organización. Empieza a ser cansino
escuchar ataques velados, mentiras y recriminaciones sin fundamento, la mayor
parte de ellas bastante “desatinadas” respecto a IU. El último mentando
explícitamente a Fabero. Por tanto expreso, espero que por última vez, cual es
la política de pactos de IU.
No
volveré a hacer ningún tipo de declaraciones ni expresaré opiniones sobre
posibles mociones de censura en la provincia salvo que haya algo que decir y se
deba explicar junto con el resto de actores que puedan acompañarnos en las
mismas, si estas se producen.
El
fundamento es frenar a la derecha en los territorios donde sea posible, en este
caso hablamos de siglas y políticas, porque la definición de derecha e
izquierda tiene mucho que ver con actitudes, comportamientos y el ejercicio
diario de la labor política. Aún más allá, una diferencia fundamental debe
buscarse en la intención de defender los servicios públicos del ataque de la
reforma de la administración local pactada por el PP y el PSOE, aunque ahora se
desmarque, y democratizar dando participación directa a la gente frente a la
opacidad que suele imponer la derecha para defender intereses privados por
encima de los públicos en los ayuntamientos.
Desde
este punto IU siempre tiene voluntad de desalojar a la derecha bajo unos
requisitos mínimos:
- No pactamos con imputados y
presuntos delincuentes. Sobre todo si las denuncias son nuestras.
- Cualquier pacto debe sustentarse
en un acuerdo entre los agentes que tienen la soberanía para llegar a
ententes. En este caso son las asambleas de base de cada municipio donde
se toma la iniciativa y quienes llegan a cualquier tipo de acuerdo. Esto
será respetado siempre.
- Nunca habrán acuerdos sin uno
previo programático. Es evidente que por encima del reparto de
responsabilidades de gobierno están las políticas que se van a
desarrollar. En este sentido el programa de IU se pondrá sobre la mesa en
todo momento y desde ahí podrá hablarse de concertaciones. Pero en ningún
caso se llegará a ningún pacto que mantenga los fundamentos programáticos
y lo hechos del Equipo de Gobierno al que se quiere desplazar de la alcaldía
o sustituir tras unas elecciones.
Sirva de resumen que IU no puede ni debe ser quien ceda
siempre en cualquier tipo de acercamiento, eso es cosa de dos, tres o cuatro.
Si el programa pactado no tiene el beneplácito de todos y todas es evidente que
entonces no se está fundamentando un acuerdo, simplemente se está ejercitando
un quítate tú para ponerme yo sin mayores diferencias que el mero detalle a
estos niveles municipales. IU quiere recuperar la política no colaborar más en
su desprestigio.
En el caso de no cumplirse estos requisitos la respuesta
de IU será siempre la misma. Los presuntos delincuentes serán desplazados de
las alcaldías por higiene democrática y en el resto de los casos nos
limitaremos a no pactar con nadie y luego defender nuestras políticas.
Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU en León
martes, 26 de febrero de 2013
IU estudiará presentar alegaciones al órgano gestor de la basura de León defendiendo sus alternativas de gestión
El Coordinador
Local de IU, Manolo Domínguez Chico, estudiará y presentará alegaciones al
nuevo órgano gestor de la recogida de basura y limpieza viaria de León.
Del mismo modo
estaremos atentos a los problemas que puedan surgir tras la subrogación de la
plantilla.
Es sabido que el
modelo de municipalización por el que apuesta IU es completamente distinto al
elegido por el PP. Dada la poca costumbre de un partido privatizador por
recuperar la gestión directa nos parece adecuado recordarle como se debe hacer
correctamente y permitiendo la máxima transparencia y participación ciudadana.
Por tanto
adjuntamos la moción recientemente registrada en el Ayuntamiento de León donde
proponemos un modelo de gestión pública para León que supere a la decisión de
recuperar la basura para iniciar un proceso de mejora en la gestión y ahorro
que beneficie a toda la ciudad de León.
NUESTRO MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA EN FORMA DE MOCIÓN
D.
Manuel Domínguez Chico, Coordinador Local de I.U. en León, a tenor de lo
establecido en los Artículos 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986, del 28 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno de la Corporación para su
toma en consideración, si procede, la siguiente MOCION
EXPOSICION DE MOTIVOS
Izquierda
Unida, desde las primeras elecciones municipales democráticas, ha venido
diseñando un modelo propio; público, transparente, eficaz y participativo para
ejecutar las competencias en materia de servicios públicos municipales que los
Ayuntamientos ofrecen a sus vecinos y vecinas.
Precisamente
en el momento donde se inicia un proceso de municipalización parcial de los
servicios ofrecidos por el Ayuntamiento de León debe recordarse que la deuda
reconocida por el último presupuesto municipal ronda los 359 millones, 120
fruto del remanente negativo acumulado, 42 fruto de la deuda con proveedores, y
el resto de las obligaciones contraídas con entidades bancarias. La cifra
provocada por las deudas generadas por las privatizaciones puede rondar los 180
millones. Por este motivo es necesario poner sobre la mesa la necesidad de
iniciar un proceso urgente de recuperación de los servicios ahora en manos
privadas y con ello diseñar un instrumento de gestión local que permita la
mayor transparencia y participación posible.
Tan
solo analizar el pago de 80 millones a Urbaser dentro del Plan Montoro a causa
de la deuda generada por el servicio privatizado de basura, y el conflicto que
se mantiene en el Juzgado por otros 14 millones en intereses de mora exigidos
por la empresa, y reconocidos en su momento por el Equipo de Gobierno PSOE-UPL,
no permite concluir que las privatizaciones de servicios son una sangría que
debe acabar.
Además,
volviendo a los Planes de Ajuste impuestos por el Plan Montoro a los
municipios, 148 millones en León, junto con la negativa de la Junta de Castilla y León y
el propio Gobierno Central a pactar con los consistorios un Pacto Local que
asegure su financiación han provocado una pérdida de servicios y unas
imposiciones financieras, ligadas a la ley de Estabilidad Presupuestaria y
suficiencia financiera que prácticamente han atado de pies y manos a los
municipios. No es necesario redundar en el daño a la ciudadanía en forma de
cierre de servicios, despidos y subida de tasas que sufre la ciudadanía
leonesa.
La
gestión directa ha permitido el mantenimiento del gran parte del empleo en
tiempos de crisis en muchos ayuntamientos, creando un marco de diálogo
permanente con los trabajadores y la ciudadanía. De este modo la calidad de los
servicios ha sido la prioridad en todo momento frente a los recortes.
El
modelo ofrecido por IU desde los años 70 en Córdoba y cuyos referentes actuales
se pueden encontrar en los ayuntamientos de San Fernando de Henares y Rivas
Vaciamadrid; comienza por la constitución de un instrumento de gestión público
que podrá denominarse Sociedad Pública Municipal de Servicios. Dicha sociedad
que debe formar parte en el organigrama municipal y ejercer sus funciones
dentro del modelo de autonomía, que el pleno le designe, puede constituirse como
empresa mercantil 100% pública, según el modelo existente de la Sociedad Limitada
(S.L), o ejercer sus competencias con el CIF del Ayuntamiento.
Dicha
empresa dispondrá de un gerente funcionario de carrera nacional y su consejo de
administración será en todos los casos el pleno municipal. De este modo se
asegura la independencia absoluta de intereses partidistas y la mayor
transparencia posible sin que sus reuniones supongan ningún gasto a mayores al
erario público. Las empresas públicas creadas en Córdoba incorporan además,
este aspecto se regulará reglamentariamente, una representación de los
sindicatos y las asociaciones vecinales del municipio en el propio consejo de
administración, con voz y con voto en el mismo. Este aspecto asegura además la
participación ciudadana y de los trabajadores en la gestión diaria de la sociedad.
La
transparencia, la participación ciudadana y la autonomía de gestión, permiten
que el único objetivo de la sociedad sea ofrecer los mejores servicios que el
ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía: desde la iluminación y el
mantenimiento de las calles, a la limpieza viaria, pasando por la recogida de
basuras o el transporte público…….
Todo
dentro de un proceso de municipalización de todas las competencias municipales.
A
estos beneficios debe unirse la reducción de los costes en el pago del IVA, se
reducen al 10%, y los ligados a los empresariales privados; que han generado
una parte importantísima de la deuda municipal como se ha recordado más arriba.
Por los motivos anteriores, IU en el
Ayuntamiento de León presenta la siguiente
MOCION
“El Ayuntamiento de León constituirá una
Sociedad Pública Municipal de Servicios que ejecutará las competencias del
consistorio en materia de servicios”
“El Ayuntamiento de León firmará un
convenio con el ECYL para que dicha sociedad constituya un Taller de Formación
permanente en colaboración con los Centros educativos y de formación del
municipio. Especialmente para desempleados. Dicho Taller facilitará la
experiencia necesaria para el alumnado de estos centros y personas sin empleo y
estará a disposición de su plantilla para mejorar las prestaciones de los
trabajadores y trabajadoras municipales.
“El Ayuntamiento de León iniciará a su
vez un proceso de remunicipalización de los servicios en régimen de concesión
privada cumpliendo con los requisitos legales exigibles para ello. Primero
anunciando que no se prorrogarán las concesiones en vigor y segundo emitiendo
informes jurídicos sobre la legalidad de los pliegos de condiciones y el nivel
de cumplimiento de los mismos por parte de las empresas privadas que ofrecen
estos servicios. En el caso de incumplimiento el Ayuntamiento de León lo denunciará
como paso previo para la ruptura de la concesión y su recuperación para la
gestión directa municipal”.
En León, a 29 de enero de 2013.
Fdo. Manuel Domínguez Chico
Coordinador Local de IU León
En defensa del Hospital Veterinario de la Universidad de León
El Coordinador
Local de IU, Manolo Domínguez Chico, exige
a la Junta
de CyL que informe al “liquidador” de la Fundación del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de León de
la necesidad de mantener abierta esta infraestructura educativa.
IU considera que León no puede perder su Hospital
Veterinario, que debe encajarse en la Facultad Veterinaria
de León, que debe financiarse con dinero público porque la Junta debe incluir su
viabilidad en sus previsiones de financiación de la ULE , que debe ampliar su
actividad para asegurar no solo prácticas y complemento de formación; debe
aportar y potenciar la investigación en la Facultad de León, atrayendo expertos de todo el
planeta para colaborar en la consecución de máximos de excelencia académica en
León.
El problema del Hospital Veterinario de la ULE va más allá de eliminarlo
justo antes de las prácticas para el alumnado, va más allá de perpetrarse justo
antes de la visita de al Comisión de la EAEVE , va mucho más allá del retraso de un año
para conseguir un aprobado que asegure el prestigio y el futuro de los alumnos
de la Facultad
de León, lo verdaderamente importante es la política de la Junta : primero crea una
Fundación que no viene a cuento para después desmantelarla y poner a los pies
de los caballos a los alumnos que cada vez pagan más por sus matrículas y ven
como sus esfuerzos se ponen en cuestión porque la Junta consideró en su
momento que quería negarle financiación directa para crear una Fundación que
redujese su deuda.
Ahora es el momento de rectificar, incluir el Hospital
Clínico Veterinario en la
Facultad de la que debe depender, ampliar sus prestaciones
para elevar la calidad de la formación, asegurar la mejor investigación y, por
último, recuperar a León como una de las Facultades de Veterinaria más
prestigiosas del Estado. Nadie puede poner en duda que León no cumple los
requisitos mínimos para estar en la élite de las Facultades de Veterinaria; ni
por este motivo ni por ningún otro.
Exigimos al Rector que asuma estas reivindicaciones y
ponga las verdades sobre la mesa del Consejero recortador de la Junta. Una provincia ganadera
como León no puede cuestionar de esta manera un centro de formación e
investigación como este. Menos aún con el potencial de veterinarios ganaderos
que pueden colaborar con la ULE
para desarrollar aún más sus estudios veterinarios.
El Hospital Clínico Veterinario de León no se cierra.
Manuel Domínguez Chico. Coordinador Local de IU
León
IU Laciana y la intervención de Coto Minero Cantábrico
NOTA DE PRENSA CONSEJO
POLITICO COMARCAL IZQUIERDA UNIDA LACIANA
1. En primer lugar tenemos que
manifestar nuestra denuncia en cuanto a las actuaciones del Grupo
Victorino Alonso, que mantiene actitudes dictatoriales y el chantaje como
arma contra sus trabajadores. Planteando despidos de cientos de trabajadores
y cierres de minas, coaccionando a sus trabajadores para que acepten
rebajas inasumibles en sus derechos y condiciones laborales y por ello reclamamos
la investigación de la
Inspección de Trabajo de León.
2. Izquierda Unida siempre ha
apostado por el sector minero como fuente de empleo en las cuencas mineras,
pero la actitud del empresario y la pasividad de la Junta de Castilla y León
está finiquitando el sector y con ello el futuro de Laciana. Seguimos reclamando
la retirada inmediata de las concesiones mineras abandonadas por el
Grupo Alonso en Laciana.
3. Mantenemos nuestra exigencia
de apertura de una mina de interior en Laciana, que ante la deplorable
actitud de este “empresario” consideramos debe ser abordada con la retirada de
sus concesiones mineras y la nacionalización de las mismas. Izquierda
Unida está manteniendo también contactos que acreditan el interés de varios
empresarios para la reapertura de la concesión minera municipal en San
Miguel, una vez aprobada su licitación por el pleno del
Ayuntamiento de Villablino, a
propuesta de Izquierda Unida. Valoramos positivamente la puesta en marcha por
el gobierno del proceso para reabrir minas de lignito en Teruel y reclamamos el
mismo apoyo para la recuperación de las concesiones mineras abandonadas.
4. Denunciamos también la desidia
del PP y del Ministro Soria hacia Laciana, no solamente con los retrasos en el ingreso
de las ayudas del 2012, con la excusa del impago del IRPF o de la Seguridad Social
por algún “empresario” o la “desaparición” de 500.000 toneladas de carbón
propiedad del estado, a través de Hunosa, almacenado en las instalaciones del
Grupo Alonso, perjudicando al resto que si cumplen con sus obligaciones y
con sus trabajadores. Reclamamos se den explicaciones claras sobre la
verdadera causa del retraso, se investiguen los posibles fraudes, se
realice el pago de lo adeudado del 2012 a las empresas mineras que cumplen con sus
obligaciones y urgentemente se convoquen las ayudas del 2013.
5. Lamentamos la postura del
Director General de Minas de la
JCYL , defendiendo los intereses de un presunto empresario, que acarrea un importante
historial de condenas y procesos judiciales, investigaciones y chantajes a sus
espaldas (como relata El Pais 24-2-2013); por despidos (declarados ilegales en la Gran Corta de Fabero),
por fraude fiscal(por la compra de maquinaria a través de subcontratas), por
explotaciones ilegales a cielo abierto (multa del Feixolín, paralización Nueva
Julia), por fraude en los suministros a las térmicas (millones de euros a
Fenosa en La Robla )
y como denunció en su día Nemesio Fernández Cuesta en el Congreso.
Enfrentándose así el señor Mantero a la gestión de sus compañeros del PP en la
dirección de una empresa pública nacional. Reclamamos su destitución
por el presidente Herrera, con el nombramiento de un nuevo Director, que
defienda con rotundidad los intereses públicos y que aproveche esta
situación para reclamar al Ministerio la intervención pública de CMC y
UMINSA, lo que supondría la salvación de los empleos y la actividad minera de
Laciana.
6. Reclamamos al Ministerio de
Industria la intervención de Uminsa y CMC, de forma que se recuperaría el carbón propiedad
del estado, se levantaría el bloqueo de las ayudas de 2012, se solventarían las
posibles deudas con Hacienda y Seguridad Social (declaraciones de
parlamentarios del PP), se garantizaría la continuidad en la explotación de
carbón, se recuperaría una importantísima reserva energética, se daría
estabilidad a los mineros y un futuro a las comarcas mineras, sin incrementar
el coste para las arcas públicas. La intervención de MSP ya fue propuesta por
Izquierda Unida y aprobada en pleno el 30-10-1999 en Villablino (adjuntamos
copia) y de haberse llevado a cabo en lugar de entregar MSP al Grupo Alonso,
hubiera evitado el caos socioeconómico imperante en Laciana y ahorrado miles de
millones de dinero público.
7. Exigimos que el gobierno
inicie la negociación del Plan del Carbón 2013-2018 . Asimismo solicitaremos a los
diputados de Izquierda Unida presenten diversas enmiendas a la
normativa que tramita el Ministerio de Medio Ambiente sobre las centrales
térmicas (reclamando la aplicación de condiciones favorables para el consumo de
carbón nacional.
8. Agradecemos, aunque lleguen
tarde, el interés del PSOE de Laciana y del equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Villablino en considerar nuestro PLÁN DE DESARROLLO ESPECÍFICO
PARA LACIANA, a pesar de haberlo considerado una entelequia cuando lo
defendíamos durante la ultima campaña electoral como una de nuestras
propuestas.
9. Izquierda Unida de Laciana
apoya y continuará apoyando las reivindicaciones de los trabajadores de CMC ,
UMINSA y de todas sus subcontratas, tales
como sus actuaciones ante las instituciones, animando a los afectados a iniciar
todas las actuaciones y medidas de presión que consideren necesarias (denuncias
a inspección de trabajo, movilizaciones, demandas judiciales, etc), algunas de
ellas ya ganadas ante la
Audiencia Nacional. También queremos animar a estos
trabajadores a perder el miedo y unir sus esfuerzos hacia el verdadero y
máximo culpable, que no es otro que Victorino Alonso, exigiendo al Gobierno la
retirada de las concesiones mineras de este empresario y una posterior
nacionalización de sus empresas mineras, esto es a nuestro juicio la única
solución para el sector en Laciana.
10. Agradecer por ultimo la elevada
participación en las recientes jornadas sobre minería que IU celebro en
Villablino.
El Coordinador comarcal
Oscar Liñán Cuellas
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