Izquierda Unida - León

El Coordinador Provincial de IU, Santiago Ordóñez, junto al experto municipalista y urbanista, Mario Nolla,  y el Portavoz de IU, Nacho Liébana, participará esta tarde en el Concejo Abierto organizado por la Asamblea Local de IU en Puebla de Lillo sobre el Futuro de las Juntas Vecinales que se desarrollará en la Casa del Pueblo de Lillo desde las 19h.

Durante la Asamblea analizaremos la exigencia de la Junta a exigir la defensa de su estatuto de Autonomía, que recoge como administración propia a defender las Juntas Vecinales, criticaremos que el Estado Central entre a regular las entidades locales menores cuando su regulación es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Tal como recoge el art. 45 de la Ley de Bases de Régimen Local.

También criticaremos el galimatías sin sentido del modelo de ordenación del territorio de la Junta. Que amenaza a la Comarca del Bierzo e impone áreas y mancomunidades de servicios dignos de l reparto de África pero fuera de la realidad leonesa.

Sin embargo el plato fuerte será el futuro de nuestras Juntas Vecinales.

El Consejo de Ministros del Gobierno del PP por fin ha conseguido presentar un Proyecto de Ley de Reforma de la Administración Local. A la cuarta ha sido la vencida. En el último año hemos conocido hasta cuatro borradores del anteproyecto de Ley.

El primero eliminaba las entidades locales menores simplemente borrándolas del mapa de la Ley de Bases de Régimen Local. El segundo las disolvía. El tercero les robaba su personalidad jurídica y ponía condiciones imposibles para sobrevivir. A la cuarta va la vencida y no difiere demasiado de la intentona anterior.

Suele decirse que a la tercera va la vencida. En este caso la resistencia de los ayuntamientos, junto a las movilizaciones de las entidades locales menores, y la actuación leal de algunas fuerzas políticas ha provocado que esta Ley se retrase lo justo y se presente en las condiciones adecuadas para provocar su modificación si el PP vuelve a la cordura.

Uno de los aspectos clave, en los que el sentido común de la democracia más cercana, debe prevalecer es en la defensa de las hasta ahora denominadas entidades locales menores. Decimos hasta ahora porque hasta el nombre se les niega en la Ley. Una Junta Vecinal hasta ahora era una entidad local menor, con personalidad jurídica y competencias propias. Desde la entrada en vigor de esta Ley todo esto puede cuestionarse.

Para empezar el artículo 3.2 de La Ley de Bases de Régimen Local niega a nuestras Juntas Vecinales su carácter de entidad local. Desaparecen del listado como tal. Por tanto y tal y como reza el articulo 45: pasan a denominarse “entidades de ámbito territorial inferior al municipio”, “que carecerán de personalidad jurídica” y limitarán su actuación a convertirse en una “forma de organización descentralizada” de los municipios.

Es verdad que las Juntas Vecinales existentes podrán sobrevivir manteniendo sus competencias, derechos y obligaciones, pero ¿en qué condiciones y por cuánto tiempo?

Este mismo articulo 45, en su apartado 3, deja claro que “solo podrán crearse este tipo de entidades si resulta una opción más eficiente para la administración desconcentrada de núcleos de población separados…” Si se disolviese cualquier Junta Vecinal desde la entrada en vigor de la Ley nunca podría ser recuperada. Cualquier Junta Vecinal disuelta con anterioridad a esta norma jamás será reconstituida.

Sin embargo, y a pesar de la gravedad de todo lo anterior, la trampa diseñada por el PP está un poco más adelante: en una Disposición adicional y otra transitoria.

La disposición adicional 7º define la necesidad de una evaluación de los servicios prestados por las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. En su punto 2 expone literalmente. “Cuando de la evaluación de los servicios prestados por las entidades ámbito territorial inferior al municipio resulte la inadecuación de la prestación del servicio en su ámbito, corresponderá al municipio la prestación del mismo y la entidad de ámbito inferior al municipio quedará disuelta”. Los requisitos para evaluar estos servicios serán aprobados por Decreto del Gobierno. Podemos imaginarnos que con los antecedentes que hemos sufrido será poco menos que imposible cumplirlos.

La Disposición Transitoria Tercera regula la disolución de las entidades de ámbito inferior al municipio.

Su primer punto permite a las existentes mantener su personalidad jurídica.

El punto segundo impone un plazo de tres meses para presentar sus cuentas a los órganos de control estatal y autonómico. “Presentadas sus cuentas se procederá a la evaluación inmediata de los servicios prestados por estas entidades”.

El tercer epígrafe recoge que de no presentarse las cuentas en este plazo serán disueltas.

Nos encontramos ante un movimiento de claro carácter autoritario que disuelve de facto a los municipios como administraciones clave en la ordenación territorio y administrativa del estado. Que refuerza a las Diputaciones, da capacidades a las Comunidades Autónomas cercanas a la arbitrariedad para disolver o extirpar competencia a cualquier tipo de entidad local o inferior a ella y que por último se ha diseñado para disolver las Juntas Vecinales intentando utilizar la herramienta de un procedimiento administrativo arbitrario y diseñado para recentralizar el Estado.

En este contexto las entidades locales menores pierden este carácter, pasan a ser entidades de ámbito territorial inferior al municipio, su personalidad jurídica y quedan como meras delegaciones de unos ayuntamientos sin apenas competencias. Las entidades existentes aparecen en la Ley como una excepción a perseguir y disolver mediante evaluaciones sumarísimas individuales imposibles de superar y requisitos razonables sobre sus cuentas para las que no existen ni s e ponen los medios que permitan su cumplimiento.

Aquellas Juntas Vecinales que puedan presentar sus presupuestos y liquidaciones de cuentas antes de tres meses tras la aprobación de la nueva Ley de Bases de Régimen Local deberán enfrentarse a una nueva criba diseñada para traspasar competencias a las diputaciones Provincial. El resultado será el mismo; la disolución sin posibilidad de volver a ser constituidas.

Estamos ante el mayor atentado a la democracia desde 1936. Tal vez incruenta, sin sangre, pero profundamente dictatorial para robar a la ciudadanía sus ayuntamientos y sobre todo para acabar con la democracia directa que representan los concejos. No nos engañemos, la presentación de las cuentas es el pretexto, pero la evaluación de las competencias es la justificación real de un proceso de disolución sumarísimo; que traspasará a los Ayuntamientos sus derechos y obligaciones, los Montes de Utilidad Pública a la Junta de Castilla y León, finalmente pondrá en manos de las Diputaciones los servicios básicos que ahora ofrecen las Juntas Vecinales.

Debemos exigir a la Junta que defienda su propio Estatuto, que recoge a las Juntas Vecinales como entidades propias de la Comunidad Autónoma y que deben ser protegidas. Tenemos que imponer  ala Junta que defienda sus competencias exclusivas en la regulación de las Juntas Vecinales, Qué pinta el gobierno regulando sobre la vida y la muerte de entidades en las que no pinta nada. Por último debemos exigir al Gobierno que retire esta Ley, respete a nuestros concejos y se dedique a gobernar para la gente y no para los mercados y los especuladores. Que dejen de robarnos lo que es nuestro para que pueda caer en manos de cualquiera, porque ese es el camino que impone esta ley y para nosotros el patrimonio de los concejos es de todos y de todos debe seguir siendo.

IU inicia en Puebla de Lillo una segunda fase de asambleas por la provincia para explicar las consecuencias de las políticas del PP, sus iniciativas en Las Cortes y el Congreso en defensa de las Juntas Vecinales y la negativa a tolerar que el Gobierno dinamite las entidades locales menores sin que León luche para conservarlas.

Santiago Ordóñez González.  Coordinador Provincial de IU en León