lunes, 11 de marzo de 2013
Moción para la revalorización de las pensiones en la Diputación de León
AL PLENO DE LA DIPUTACION
PROVINCIAL DE LEON
Don Santiago
Ordóñez González, Coordinador Provincial de IU en León, al
amparo de lo dispuesto en el ROFRJEL y en el Reglamento Orgánico Municipal,
presenta para su discusión y aprobación esta PROPOSICIÓN/MOCIÓN en base a los
siguientes
ANTECEDENTES Y MOTIVOS
La decisión del Gobierno, de no
revalorizar las pensiones en España en la cuantía equivalente a la desviación
entre el IPC a 30 de noviembre y la previsión de inflación abonada a principio
de año, del 1%, vuelve a incidir en disminuir la renta disponible de los
pensionistas en el marco de las políticas de ajuste para cumplir con los
objetivos de déficit.
Para ello, ha aprobado un Real
Decreto Ley de Medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de Seguridad
Social, motivando la presentación de un Recurso de Inconstitucionalidad por
parte de la mayoría de Grupos Parlamentarios, entre ellos Izquierda Unida.
Igualmente, se modifica la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Para Izquierda Unida esta medida
constituye un perjuicio claro para uno de los colectivos más vulnerables, el de
los pensionistas. Es, además de inconstitucional, una medida injusta e ineficaz
y se enmarca en la continuada política de ajustes que está intensificando los
negativos efectos de la crisis, deprimiendo la demanda interna y afectando
intensamente a la actividad económica y el empleo. Con ella, se retiran de
manera inmediata 2.000 millones de potencial consumo, en el caso de la
pensiones la práctica totalidad se destina a ese fin, y otro tanto solo a lo
largo de 2013.
Igualmente, el Gobierno ha cedido
a las exigencias del núcleo más conservador de la Unión Europea y de los
mercados, cuya actividad especulativa sigue provocando que la economía, no se recupere
y que los trabajadores/as, los pensionistas y jubilados sigan perdiendo poder
adquisitivo y unos derechos sociales que conseguimos durante muchos años de
lucha.
También el Gobierno cambia la Ley
Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para establecer que durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 no
resultará de aplicación el límite del 3 por 100 de la nómina de pensiones
contributivas y gastos de gestión del sistema, que pueden ser dispuestos para
atender el pago de dichas pensiones. Durante esos años el límite será el que
determine y prevea la Intervención General de la Seguridad Social.
Una medida que se hace sin
explicación previa alguna a los grupos parlamentarios que integran la Comisión
de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo ni a las organizaciones
sindicales y empresariales, como debería ocurrir.
Por todo ello, se debe exigir que
se mantenga el espíritu de consenso del Pacto de Toledo, pues las medidas del
Gobierno perjudican a las personas más débiles y no se toma, ni una sola medida
que afecte a los culpables de la crisis tan brutal que tenemos en estos
momentos y que no son precisamente los trabajadores/as, ni los pensionistas y
jubilados.
Existe una gran preocupación
cuando vemos el impacto que la crisis está haciendo en las personas mayores. El
progresivo envejecimiento de la sociedad española plantea uno de los
principales retos socioeconómicos y políticos del Estado de Bienestar, ya que
dibuja un escenario de nuevas necesidades sociales a las que tenemos que dar
respuesta para asegurar los derechos democráticos de la ciudadanía.
El aumento de la proporción de
personas mayores en la sociedad implica fortalecer los diferentes pilares sobre
los que se sostiene el derecho a un envejecimiento digno y de calidad: las
pensiones, la sanidad, la atención a la diversidad funcional o las medidas de
servicios sociales…. que este Gobierno está recortando.
Las principales políticas públicas
llevadas a cabo en los últimos años, a partir de la irrupción de la crisis, y
sus efectos en la vida de las personas de 65 y más años, está siendo demoledor,
llevando a un gran número de pensionistas y jubilados a la pobreza y a la
exclusión social.
Hay que fortalecer la solidaridad
intergeneracional para asegurar la calidad de vida de nuestra población mayor y
poner fin a las injustas políticas de austeridad, como vía para una salida de
la crisis de manera democrática y sostenible económica y socialmente.
El gobierno debe tener en cuenta
que los más de 8.800.000 pensionistas y jubilados españoles, en la inmensa
mayoría de los casos, tienen en sus pensiones la principal y/o única fuente de
ingresos, que además sirve para el sustento de sus familiares en paro o en
serias dificultades económicas, por lo que se hace necesario que recuperen el
IPC perdido injustamente.
Por todo lo expuesto, Izquierda
Unida eleva al Pleno la siguiente
MOCIÓN
1º El Ayuntamiento de León insta
al Gobierno de la Nación a retirar el Real Decreto Ley 28/2012, de 30 de
noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad
Social, manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones.
2º Que el Gobierno de la Nación
proceda al abono de las cantidades dejadas de percibir por aplicación de la
citada Ley.
3º El presente acuerdo se remitirá
al Presidente de Gobierno, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de
Diputados y a las asociaciones de Pensionistas y Jubilados del municipio.
Fdo. Don Santiago Ordóñez González
Coordinador
Provincial de IU León
En León a 5 de Marzo del 2013
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