Izquierda Unida - León

El coordinador Provincial de IU, Santiago Ordóñez, reitera la exigencia de retirar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y denuncia las trampas diseñadas para terminar con las entidades locales menores más allá del plazo para presentar sus cuentas.

IU celebra el éxito de la concentración celebrada esta mañana en Botines y que compartimos junto al Frente en defensa de las Juntas Vecinales de León. Este solo puede ser el punto de partida hacia una defensa intensiva de la tradición concejil por parte de la ciudadanía leonesa.

La nueva Ley esta llena de trampas y puede considerarse como un campo de minas en contra de os concejos.

Primero los artículos 3.2 y 45 les niegan su personalidad jurídica y les roban su condición de entidades locales. Convirtiendo a las “entidades de ámbito territorial inferior al municipio” en meras delegaciones de unos ayuntamientos sin medios, competencias y bajo la amenaza constante de perder sus servicios a favor de las Diputaciones o ser disueltos por la Junta.

Tan solo las Juntas Vecinales existentes hasta hoy pueden sobrevivir pero no volvería a constituirse otra jamás. Esto es muy grave. Además las Disposiciones; Adicional 7º Y Final 3º diseñan un procedimiento de disolución al estilo administrativo del fusilamiento ante el paredón. Si una bala no te alcanza otra viene detrás para rematarte.

De este modo se impone un plazo de tres meses para regularizar sus cuentas. De no cumplirse la Junta Vecinal que incumpla será disuelta. Parece que la Junta ha visto que este plazo es una auténtica bomba de relojería imposible de cumplir, porque no se han puesto los medios necesarios para hacerse. Sin embargo, ampliar el plazo solo retrasa lo inevitable.

La segunda bala en la recámara es la valoración de las competencias de las Juntas Vecinales y el hecho de que los criterios para auditarlas se impongan por decreto elaborado por el Ministerio de Hacienda. Este segundo paso explicita que en caso de valoración negativa las competencias pasarán a los ayuntamientos y las entidades disueltas. Una herramienta diseñada para traspasar competencias a las Diputaciones y disolver Ayuntamientos tendrá efectos parecidos a una bomba nuclear en las Juntas Vecinales. El Gobierno pretende acabar con ellas de un modo o de otro y eso debemos tenerlo claro.

Los comunales están en peligro, la tradición de los concejos está en peligro de extinción, el 55% de nuestra provincia puede estar vendida o privatizada antes de 2015 si esta Ley se aprueba. Lo peor de todo es que la Junta se beneficiaría del traspaso de la propiedad de los montes de utilidad pública, montes en proceso de venta por parte de Dolores de Cospedal en La Mancha.

Santiago Ordóñez González.  Coordinador Provincial de IU en León