viernes, 12 de abril de 2013
IU León trae a la provincia las medidas contra los desahucios de sus compañeros andaluces
3:56 | 
Publicado por
IULEON |
El Coordinador Provincial, Santiago Ordóñez,
anuncia una campaña en toda la provincia y en Las Cortes de CyL para defender
las medidas aprobadas en Andalucía por el Gobierno de la Junta a iniciativa de IU.
En este caso no solo presentamos una pregunta
en Las Cortes, registraremos mociones en todos los Ayuntamientos donde tenemos
representación, en el de León y la Diputación para tratar de traer a León y Castilla
y León medidas de verdad contra los desahucios.
La expropiación de uso por razones objetivas
de interés general está plenamente justificado en una situación de emergencia
social donde 400.000 familias de toda España y 2500 alzamientos en León dibujan
un panorama donde la demagogia del PP y el oportunismo del PSOE ya no caben. Es
el momento de tomar el toro por los cuernos y exigir a las inmobiliarias y los
bancos que cumplan sus obligaciones, paren los desahucios y empiecen a saber
que el sistema financiero ha sido rescatado con dinero público y su deuda será
amortizada con los recortes sociales y nuestros impuestos.
Esto no es un cortijo de la banca y si
Andalucía puede y es perfectamente legal en León también.
Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU en León
MOCIÓN AL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ____________
Don/Doña______________________ Portavoz
del Grupo Municipal de IU del Ayuntamiento de ___________ viene a formular
para su aprobación la siguiente MOCIÓN en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El 10 de diciembre 1948 la Asamblea General
de la ONU aprobó
una Declaración Universal en la que se estableció el derecho individual de cada
persona “a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda…».
Posteriormente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 1966 avanzó en este tutela efectiva de este derecho vinculando a
los Estados Parte no sólo al reconocimiento del “derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y
vivienda adecuados” sino también a garantizar las “medidas apropiadas para
asegurar la efectividad de este derecho”.
En este sentido, nuestra Constitución en el
artículo 47 recoge este derecho y la garantía de una vivienda digna y adecuada
que, junto a la función social de la propiedad privada recogido en el artículo
33, constituyen uno de los pilares básicos del pacto social que da origen a la Constitución de 1978.
Hay que tener en cuenta que la asunción de estos
Derechos entraña no sólo el reconocimiento de un derecho individual sino
también la obligación de todas las Administraciones, empezando por la del
Estado, de actuar, con todos los medios a su alcance, para garantizar estos
derechos.
Sin embargo, y a pesar de esta exigencia las
Administraciones durante mucho tiempo han mirado para otro lado y no han
actuado regulando y dirigiendo el mercado de vivienda de manera que se
garantizara para todas las personas una vivienda digna, en propiedad o en
alquiler, donde cada persona pudiera desarrollar su proyecto vital.
La falta de vivienda, la imposibilidad de
emanciparse o como ocurre en la actualidad, la pérdida de la vivienda provocada
por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida, supone la exclusión real de
personas de nuestro sistema económico y social. Y esto a pesar de que nuestro
ordenamiento jurídico, comenzando por nuestra Constitución, no permite el uso
“antisocial de la propiedad” no permite el uso especulativo del suelo o la
vivienda, el enriquecimiento injusto y las condiciones abusivas aprovechándose
de un bien necesario. Por tanto, el uso como mercancía que se ha venido
haciendo por algunos sujetos, especialmente las entidades bancarias, de la
vivienda es un uso indebido y los poderes públicos están obligados a evitarlo.
La función social de la vivienda, en suma, no es un límite externo a su
definición o a su ejercicio, sino una parte integrante del derecho mismo.
Utilidad individual y función social componen de forma inseparable el contenido
del derecho de propiedad.
Pero es que además, la defensa de la función social
de la propiedad y la garantía de una vivienda digna constituyen, hoy más que
nunca, la garantía de la no exclusión de grandes capas de la sociedad y la
defensa de la dignidad para todas las personas. Casi 300.000 familias en todo
el Estado están afectadas por desahucios con una injusta regulación hipotecaria
que hace que las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que encima se
queden con buena parte de la deuda.
Y mientras tanto existe un atesoramiento por parte
de las entidades financieras de dichas viviendas, adquiriéndolas en ejecuciones
hipotecarias a un precio muy inferior al que estas mismas entidades valoraron
en la concesión de sus créditos, y manteniéndolas en muchas ocasiones
desocupadas una vez han procedido al desahucio. Un entramado constituido por
entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, entidades de gestión de
activos, incluidos los procedentes de la restructuración bancaria y entidades
inmobiliarias dedicadas a la utilización de la vivienda como mercancía.
Esta situación puede ser calificada como emergencia
social y económica y por tanto obliga a los Gobiernos que quieran acatar el
contenido de nuestra Constitución a adoptar medidas extraordinarias y urgentes.
En este sentido es necesario extender las medidas adoptadas por el Gobierno Andaluz a
través de la Consejería
de Fomento y Vivienda mediante el
Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda , ante la
inacción demostrada por el Gobierno Central que no adopta las medidas de
salvaguarda de dichos derechos a las que viene obligado y se niega a modificar
la legislación hipotecaria que ha generado en buena parte este problema.
Por tanto tenemos que avanzar en medidas que como
el Decreto andaluz suponen un “plan de choque en salvaguarda del bien jurídico
protegido: el derecho a una vivienda digna”, acciones como obligar a la banca y
sociedades filiales e inmobiliarias a declarar cual es el parque de viviendas
vacías disponibles y sacarlas al mercado del alquiler, sancionar su
incumplimiento o incluso expropiar temporalmente del
uso de las viviendas en aquellos casos que vayan a ser desalojados ciudadanos
en los que concurran circunstancias sociales, tales que su salida del
domicilio, suponga una condena a la exclusión social o una amenaza para la
salud física o psíquica.
ACUERDO
PRIMERO.- El Pleno del Ayuntamiento de____________
insta al Gobierno de la
Comunidad autónoma Castilla y León a
la adopción de medidas legales de similares características a las aprobadas por
el Gobierno de Andalucía recogidas en el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de
Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en la Comunidad Autónoma.
SEGUNDO.- Trasladar el presente acuerdo al Gobierno
de Comunidad Autónoma de Castilla y León
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