viernes, 19 de abril de 2013
Manifiesto en defensa de la autonomía local y las juntas vecinales
MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA LOCAL
El
Anteproyecto de Ley para la
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
pretende ajustarse a los principios de austeridad y recortes presupuestarios.
Estos principios fueron consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el artículo 135 de la Constitución Española ,
un artículo modificado a espaldas de la ciudadanía y priorizando el pago de la
deuda a cualquier otro gasto y poniendo, en definitiva, el Gobierno al servicio
de los mercados.
Bajo esa
premisa económica se abordan soluciones de marcado sesgo ideológico y de claro
corte neoliberal. Se vuelve a utilizar la crisis como excusa para imponer una
Ley injusta que va en contra de los intereses de la mayoría de la ciudadanía.
La degradación de los servicios públicos, fruto de las políticas de austeridad,
está afectando a la vida de las personas,
pero también al funcionamiento de una economía cada vez más deprimida y
en recesión. Los recortes no hacen más que ahondar en esta mala situación y
perjudican claramente a las cuentas públicas por la reducción de ingresos.
Mientras, se trasvasan grandes cantidades de dinero y se convierten los
servicios públicos en negocios de los que se beneficiarán unos pocos.
Al mismo
tiempo, se ignoran el principio de autonomía y el principio de subsidiariedad y
se pasan por alto los derechos y las necesidades de la ciudadanía y los niveles
de calidad, eficacia y eficiencia de los servicios que se prestan. Con este
anteproyecto de Ley, las alternativas para la mayoría de los Ayuntamientos
serán las de suprimir servicios públicos o privatizarlos.
La democracia
local, que con tantas dificultades se construyó por todos y todas, está en
peligro por esta reforma de la Administración Local con la que el PP pretende
vaciar la función social de los Ayuntamientos y privatizar los servicios
básicos que aún quedan en manos públicas. Del mismo modo se diseña una trampa
para eliminar las entidades locales menores y el modelo del concejo abierto a
todos los vecinos y vecinas que se practica desde hace siglos en provincias
como León, Burgos, Palencia o Soria. Pierden su personalidad jurídicas y sus
bienes comunales pasarán a municipios vacíos de competencias, a la Diputación y los Montes
de Utilidad Pública a la Junta
de Castilla y León. Un auténtico robo al patrimonio de más de 2000 Juntas
Vecinales
Con esta ‘ley
anti-ayuntamientos’, las Diputaciones asumirán la prestación de servicios de
los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si no atienden a un ‘coste
estándar’ fijado por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que
estará por debajo del coste real de los servicios. Esta reducción tendrá
consecuencias: privatizaciones, menos y peores servicios públicos, así como la
pérdida de empleo municipal. Además, las Diputaciones impondrán en ese caso los
impuestos locales a los municipios. También las ciudades de más de 20.000
habitantes verán mermados sus servicios básicos y deteriorados los empleos municipales
debido a la imposición de ese ‘coste estándar’. En el caso de los pueblos de
menos de 5.000 habitantes se abre la amenaza de la intervención, que hará
desaparecer en la práctica su entidad como municipio.
La pérdida de
la prestación de servicios supondrá, por tanto, un grave retroceso de la
calidad democrática. En un momento donde la ciudadanía reclama mayor
participación en la vida democrática, con este anteproyecto el PP mutila la
participación y la capacidad de decisión
sobre las políticas de proximidad que se desarrollan en los Ayuntamientos.
Por todo
ello, en el día en el que se conmemora el 34 aniversario de la constitución de
los Ayuntamientos democráticos tras la dictadura, hacemos un llamamiento a la
defensa de los pueblos y ciudades para que sean espacios
de ejercicio democrático al servicio de los intereses de sus gentes y no de
quienes quieren hacer negocio a costa de la calidad de vida y los derechos de
los pueblos. Exigimos al Gobierno que retire de manera inmediata el
Anteproyecto de Ley para la Racionalización y
Sostenibilidad de la
Administración Local.
En León, a 19 de abril de 2013
Fdo; Santiago Ordóñez González
Coordinador Provincial IU León
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