viernes, 9 de noviembre de 2012
Moción contra los recortes en educación registrada en la Diputación de León
2:55 | 
Publicado por
IULEON |
MOCION DE IZQUIERDA UNIDA AL PLENO DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON contra los recortes en educación y el
Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE),
pidiendo la dimisión del Ministro Wert
D. Santiago Ordóñez
González, en su calidad de Coordinador Provincial de Izquierda Unida, comparece y presenta a consideración del Pleno para su debate y
aprobación la siguiente Moción sobre los recortes en educación y el
Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE),
pidiendo la dimisión del Ministro Wert.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los Presupuestos
Generales del Estado para el 2013 recortan nuevamente el presupuesto destinado
a educación, muy por encima de la que sufrirán los otros Ministerios (un 64%
superior respecto del 8,9% de recorte medio),
tras haber aplicado sucesivos recortes en los tres últimos años. Lo que ya
había situado a nuestro país por debajo de la media de la OCDE en inversión
educativa.
Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones
de euros en Educación: 487 millones en diciembre por el acuerdo de no
disponibilidad, 663 millones menos en los presupuestos de 2012, 3.736 millones
por el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público
en el ámbito educativo y 326 millones de menos en los presupuestos 2013. Se
recorta en becas y ayudas al estudio (50 millones), en los programas de
Compensatoria (un 68.5%), en los programas en Universidad (un 18,2%) y el 14,4%
en la investigación científica, I+D+i. El programa Erasmus se recorta de 41 millones a 15
millones y los de atención al alumnado con
necesidades especiales han desaparecido. Todos estos recortes han ahondado en
la política de deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las
enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva, precarización
de condiciones laborales del profesorado, cerca de 100.000
docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y
más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor
o el transporte escolar).
Si a finales de 2012 la inversión pública educativa en España habrá
descendido en casi 8.000 millones de euros, el gasto público educativo en 2015
se situará en torno al 3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 y nos situará
a la cola de la OCDE y la Unión Europea. Lo cual revela la pérdida de
importancia de la educación en el conjunto de las políticas públicas,
especialmente desde que gobierna el Partido Popular.
Estos
recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el Anteproyecto de Ley
orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), presentado
recientemente por el Ministro Wert para su aprobación parlamentaria. Este
Anteproyecto de Ley orgánica es una reforma regresiva, clasista, excluyente y
segregadora, que atenta contra el derecho a una educación de calidad en
condiciones de igualdad y supone una
vuelta al sistema de enseñanza franquista.
Se
ha hecho sin un diagnóstico previo riguroso. Los escasos motivos que se
declaran sólo se apoyan en prejuicios o ideas preconcebidas sin base en
investigación alguna que las respalde. Se ha hecho sin contar con la comunidad
educativa y con una simple consulta on line mínima y trucada, que se ha
limitado a facilitar un correo electrónico al que enviar críticas o
sugerencias, sin poder confrontarlas ni debatirlas en foros abiertos y
plurales. Se plantea sin financiación y tras los brutales recortes señalados
anteriormente, que se añaden a los que ya se han hecho estos últimos años a
nivel estatal y autonómico. En este contexto, se proclama cínicamente como
primer objetivo de esta reforma la “mejora de la calidad educativa”. ¿Qué
calidad y para quién?
Este
anteproyecto tiene un marcado enfoque mercantilista. El primer párrafo del
anteproyecto, donde define la concepción de la educación que marca la ley,
muestra claramente cómo se concibe la educación ante todo como “motor que
promueve la competitividad de la economía”, o como “una apuesta por conseguir
ventajas competitivas en el mercado global”.
Es
una reforma que nos retrae a épocas pasadas convirtiendo la educación en una
carrera de obstáculos con continuas reválidas. Apuesta así por una enseñanza
basada en la presión del examen, frente a un modelo educativo centrado en las
necesidades y motivaciones del alumnado para contribuir al éxito escolar de
todos y todas. En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar
al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje, se concibe la educación como
un camino de penitencia y sufrimiento, trufado de pruebas y exámenes continuos,
que convierte la educación en un auténtico viacrucis recuperando el espíritu
franquista de la “letra con sangre entra”, en el que las condiciones culturales
y socioeconómicas familiares van a ser determinantes del éxito escolar. La
aplicación de estas reválidas lo que supondrá es un aumento del abandono y el
fracaso escolar.
Es
una reforma segregadora. Desde los 13 años se abren hasta tres vías selectivas
que suprimen la formación común en la etapa obligatoria y atentan contra la
igualdad real de oportunidades. Las vías previstas son: Programas de mejora del
aprendizaje y el rendimiento, desde los 13/14 años, para quienes hayan repetido
algún curso y tengan dificultades de aprendizaje. Su formación será “diferente
a la establecida con carácter general”, o sea, con un currículo devaluado.
Ciclos de Formación Profesional Básica (FPB) a los 15 años, habiendo repetido
algún curso, que no dan acceso directo a la FP de grado medio ni se titula en
ESO. Dos itinerarios en 4º de ESO, con titulaciones diferenciadas que conducen
a FP o Bachillerato. Múltiples datos y estudios internacionales constatan que
la segregación temprana, además de injusta por clasista, es ineficaz por
obligar a “elegir” a destiempo, cuando aún no se conocen las capacidades que
cada estudiante puede desarrollar.
Es
una reforma antidemocrática. Se merman las competencias del consejo escolar,
quedando relegado a funciones meramente consultivas, arruinando así toda
participación democrática. Las funciones decisorias se concentran en una
dirección unipersonal, nombrada por la Administración, cuya profesionalización
como gerente se potencia pudiendo incluso seleccionar al profesorado de su
plantilla.
Es
una reforma controladora y que desconfía de la capacidad de los profesionales
de la educación. Se recentraliza el currículo, aumentando el porcentaje de
contenidos establecidos por el Estado y se controla el currículo que se imparte
mediante evaluaciones externas al final de cada etapa que determinan los
niveles de exigencia. Todo ello evidencia una profunda desconfianza hacia la
profesionalidad del profesorado.
Es
una reforma que promueve la gestión empresarial de los centros públicos. Gestionando
al profesorado como si fueran “peones” intercambiables, pudiéndose desplazar
forzosamente al profesorado de un centro a otro, de una etapa a otra o de una
asignatura a otra. Pero sobre todo centrada en fomentar la competitividad entre
los centros y su especialización (incluso por “tipología de alumnado”),
estableciendo clasificaciones según resultados en rankings, como si de una liga
de fútbol se tratara. Además se incentivará a los centros, no ya en función de
las mayores necesidades de su alumnado, sino de acuerdo con su puesto en el
ranking. Todo ello con el fin de que los “clientes” puedan comparar y
supuestamente elegir en ese mercado educativo el centro que más les
convenga.
Es
una reforma privatizadora que incluye como parte del sistema educativo a los
“agentes privados” que desarrollan funciones de regulación, financiación o
prestación del servicio educativo en España. Y se plantean medidas para
favorecer a los centros privados concertados, como extender el concierto a la
nueva formación profesional básica, al quedar incluida en la enseñanza
obligatoria; o dar cobertura legal a los centros concertados que discriminan al
alumnado en razón de su sexo, incumpliendo la reciente sentencia del Tribunal Supremo.
Los
principales cambios responden a un pensamiento clasista y segregador. Viejas recetas
que no han dado los resultados “esperables” en aquellos países donde se han
aplicado y que la comunidad científica internacional viene rechazando de plano.
No sirven para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala
educación del pasado.
Por
ello, IU de León eleva al Pleno esta
Moción proponiendo el siguiente acuerdo:
Instar al Gobierno de
España para que, en vez de recortar en educación, destine un “rescate” similar
a educación como está destinando a rescatar a los bancos y aumente el
Presupuesto para Educación Pública en los PGE de 2013 a la media europea, 7%
del PIB, destinando además un 2% del PIB a la Educación Superior.
Instar al Gobierno de
España para que retire de forma inmediata el Anteproyecto de Ley orgánica para
la mejora de la calidad educativa (LOMCE) porque es una reforma segregadora,
antidemocrática, mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa y
social.
Instar al Gobierno
Central a debatir y alcanzar realmente un diagnóstico compartido sobre la
situación real de nuestro sistema público educativo, con el fin de plantear
medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia
un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la
formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas.
Solicitar al Gobierno
Central la dimisión del Ministro Wert que está desmantelando el sistema
educativo público, del cual debería ser garante y firme defensor.
Fdo.
Don Santiago Ordóñez González
Coordinador
Provincial de IU en León
De la presente Moción se
dará traslado al Gobierno Central, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y del
Senado, así como a la Federación de Municipios y Provincias.
Sra.
Presidenta de la Diputación Provincial de León
En León, a
8 de noviembre de 2012
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