martes, 13 de noviembre de 2012

Resoluciones aprobadas por la XI Asamblea Provincial de IU León


RESOLUCIONES DE LA X ASAMBLEA FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA

A continuación Enrique Javier Díez presenta a la Asamblea para su deliberación una “Resolución pidiendo la dimisión del Ministro de Educación Wert”. La resolución es aprobada por unanimidad, de forma que pasa ahora su discusión a la Asamblea Provincial y Regional en su caso. Adjuntamos aquí copia de la citada resolución:

RESOLUCIÓN PIDIENDO LA DIMISIÓN DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN WERT

Los Presupuestos Generales del Estado para el 2013 recortan nuevamente el presupuesto destinado a educación, muy por encima de la que sufrirán los otros Ministerios (un 64% superior respecto del 8,9% de recorte medio), tras haber aplicado sucesivos recortes en los tres últimos años. Lo que ya había situado a nuestro país por debajo de la media de la OCDE en inversión educativa.

Desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación: 487 millones en diciembre por el acuerdo de no disponibilidad, 663 millones menos en los presupuestos de 2012, 3.736 millones por el Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y 326 millones de menos en los presupuestos 2013. Se recorta en becas y ayudas al estudio (50 millones), en los programas de Compensatoria (un 68.5%), en los programas en Universidad (un 18,2%) y el 14,4% en la investigación científica, I+D+i. El programa Erasmus se recorta de 41 millones a 15 millones y los de atención al alumnado con necesidades especiales han desaparecido. Todos estos recortes han ahondado en la política de deterioro de la educación pública, tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas de personal (merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado, cerca de 100.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el comedor o el transporte escolar).

Si a finales de 2012 la inversión pública educativa en España habrá descendido en casi 8.000 millones de euros, el gasto público educativo en 2015 se situará en torno al 3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 y nos situará a la cola de la OCDE y la Unión Europea. Lo cual revela la pérdida de importancia de la educación en el conjunto de las políticas públicas, especialmente desde que gobierna el Partido Popular.

Estos recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), presentado recientemente por el Ministro Wert para su aprobación parlamentaria. Este Anteproyecto de Ley orgánica es una reforma regresiva, clasista, excluyente y segregadora, que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de  igualdad y supone una vuelta al sistema de enseñanza franquista.

Se ha hecho sin un diagnóstico previo riguroso. Los escasos motivos que se declaran sólo se apoyan en prejuicios o ideas preconcebidas sin base en investigación alguna que las respalde. Se ha hecho sin contar con la comunidad educativa y con una simple consulta on line mínima y trucada, que se ha limitado a facilitar un correo electrónico al que enviar críticas o sugerencias, sin poder confrontarlas ni debatirlas en foros abiertos y plurales. Se plantea sin financiación y tras los brutales recortes señalados anteriormente, que se añaden a los que ya se han hecho estos últimos años a nivel estatal y autonómico. En este contexto, se proclama cínicamente como primer objetivo de esta reforma la “mejora de la calidad educativa”. ¿Qué calidad y para quién?

Este anteproyecto tiene un marcado enfoque mercantilista. El primer párrafo del anteproyecto, donde define la concepción de la educación que marca la ley, muestra claramente cómo se concibe la educación ante todo como “motor que promueve la competitividad de la economía”, o como “una apuesta por conseguir ventajas competitivas en el mercado global”.

Es una reforma que nos retrae a épocas pasadas convirtiendo la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas. Apuesta así por una enseñanza basada en la presión del examen, frente a un modelo educativo centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado para contribuir al éxito escolar de todos y todas. En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje, se concibe la educación como un camino de penitencia y sufrimiento, trufado de pruebas y exámenes continuos, que convierte la educación en un auténtico viacrucis recuperando el espíritu franquista de la “letra con sangre entra”, en el que las condiciones culturales y socioeconómicas familiares van a ser determinantes del éxito escolar. La aplicación de estas reválidas lo que supondrá es un aumento del abandono y el fracaso escolar.

Es una reforma segregadora. Desde los 13 años se abren hasta tres vías selectivas que suprimen la formación común en la etapa obligatoria y atentan contra la igualdad real de oportunidades. Las vías previstas son: Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, desde los 13/14 años, para quienes hayan repetido algún curso y tengan dificultades de aprendizaje. Su formación será “diferente a la establecida con carácter general”, o sea, con un currículo devaluado. Ciclos de Formación Profesional Básica (FPB) a los 15 años, habiendo repetido algún curso, que no dan acceso directo a la FP de grado medio ni se titula en ESO. Dos itinerarios en 4º de ESO, con titulaciones diferenciadas que conducen a FP o Bachillerato. Múltiples datos y estudios internacionales constatan que la segregación temprana, además de injusta por clasista, es ineficaz por obligar a “elegir” a destiempo, cuando aún no se conocen las capacidades que cada estudiante puede desarrollar.

Es una reforma antidemocrática. Se merman las competencias del consejo escolar, quedando relegado a funciones meramente consultivas, arruinando así toda participación democrática. Las funciones decisorias se concentran en una dirección unipersonal, nombrada por la Administración, cuya profesionalización como gerente se potencia pudiendo incluso seleccionar al profesorado de su plantilla.

Es una reforma controladora y que desconfía de la capacidad de los profesionales de la educación. Se recentraliza el currículo, aumentando el porcentaje de contenidos establecidos por el Estado y se controla el currículo que se imparte mediante evaluaciones externas al final de cada etapa que determinan los niveles de exigencia. Todo ello evidencia una profunda desconfianza hacia la profesionalidad del profesorado.

Es una reforma que promueve la gestión empresarial de los centros públicos. Gestionando al profesorado como si fueran “peones” intercambiables, pudiéndose desplazar forzosamente al profesorado de un centro a otro, de una etapa a otra o de una asignatura a otra. Pero sobre todo centrada en fomentar la competitividad entre los centros y su especialización (incluso por “tipología de alumnado”), estableciendo clasificaciones según resultados en rankings, como si de una liga de fútbol se tratara. Además se incentivará a los centros, no ya en función de las mayores necesidades de su alumnado, sino de acuerdo con su puesto en el ranking. Todo ello con el fin de que los “clientes” puedan comparar y supuestamente elegir en ese mercado educativo el centro que más les convenga. 

Es una reforma privatizadora que incluye como parte del sistema educativo a los “agentes privados” que desarrollan funciones de regulación, financiación o prestación del servicio educativo en España. Y se plantean medidas para favorecer a los centros privados concertados, como extender el concierto a la nueva formación profesional básica, al quedar incluida en la enseñanza obligatoria; o dar cobertura legal a los centros concertados que discriminan al alumnado en razón de su sexo, incumpliendo la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

Los principales cambios que introduce esta reforma responden a un pensamiento clasista y segregador. Viejas recetas que no han dado los resultados “esperables” en aquellos países donde se han aplicado y que la comunidad científica internacional viene rechazando de plano. No sirven para construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educación del pasado.

Por ello se pide a la Asamblea que

1.      exija públicamente la dimisión del Ministro Wert, que está desmantelando el sistema educativo público, del cual debería ser garante y firme defensor
2.      exija que el Gobierno y la Junta de Castilla y León, en vez de recortar en educación, destinen un “rescate” similar a educación como están destinando a rescatar a los bancos y grandes grupos financieros, aumentando los Presupuestos para Educación Pública en los PGE de 2013 y en los Presupuestos Autonómicos a la media europea, el 7% del PIB, destinando además un 2% del PIB a la Educación Superior.
3.      exija la retirada inmediata el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) por ser una reforma segregadora, antidemocrática, mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa y social.
4.      exija al gobierno central debatir y alcanzar realmente un diagnóstico compartido con toda la comunidad educativa y las fuerzas políticas y sociales sobre la situación real de nuestro sistema público educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas que aporten su formación en la construcción de un mundo más justo y mejor.



RESOLUCIÓNES DE MONTAÑA CENTRAL

1ª/ Apoyo al Sector del Carbón y a la Comarcas Mineras.

La política energética de Izquierda Unida irá dirigida hacia la consideración de la Energía como un bien Básico y Garantizado. Siguiendo este primer fundamento, la política energética de IU, consistirá en conseguir la nacionalización del sector energético al completo, es decir en las cuatro fases que lo componen; extracción, generación; transporte; y facturación.

En lo referente a la política carbonera Izquierda Unida defenderá la nacionalización de todas las minas y apoyará el mantenimiento de una cantidad de la cuota del mix para este sector. Dicha cantidad será la suficiente para garantizar, en términos de empleo, la vida de las comarcas mineras, al menos mientras este sector sea la única, o más importante, fuente de empleo en dichas comarcas.

En tanto en cuanto se consiguen estos criterios generales, Izquierda Unida propondrá que se redacte un nuevo Plan de Reestructuración de las Comarcas Mineras.
Un Plan del Carbón en el que, respetando los criterios de Sostenibilidad social, se declare el carbón nacional como sector estratégico, y que como tal debe sobrevivir más allá de 2018. Un Plan del Carbón que también reindustrialice efectivamente las cuencas mineras, y que garantice el empleo estable, duradero y de calidad. Un Plan del Carbón que obligue a la investigación pública y privada, por parte de las empresas eléctricas, en busca de medios de combustión más limpios.

Votos 9, Votos SÍ: 9, NO: 0, Abstenciones: 0. Mayoritaria

 2º  Resolución Contra la política de desahucios

La XI Asamblea Provincial de IU, reunida a todos los efectos en León el día 11 de noviembre de 2013, por la presente aprueba por asentimiento la siguiente

RESOLUCION

Izquierda Unida no solo ha mostrado su preocupación por el drama que suponen casi 3 desahucios diarios en la provincia de León, también hemos elaborado propuestas y presentado iniciativas para modificar el cuerpo legislativo que Europa, los afectados y el sentido común considera abusivo y discriminatorio para las víctimas de los bancos. Hemos participado en la paralización social de alguno de ellos, y lo hemos hecho porque para nosotros este es un tema sangrante, estamos hablando de que todas las personas desahuciadas a día de hoy, sumarían tanto como si una población, como por ejemplo de la ciudad de Valencia y su alfoz, fuese expulsada de sus casas. Estamos hablando qué todas las familias de la tercera ciudad de España se vieran en la calle. Pues eso es, a día de hoy, lo que está ocurriendo en España, con unas 500.000 ejecuciones hipotecarias desde el año 2006.
Y siendo esto anterior muy preocupante, en estos últimos días vemos como el circo parlamentario montado alrededor de la alternancia, tan bien ejecutada por el PP y el PSOE, pugnan por acaparar la atención mediática con el único objetivo de paliar las críticas recibidas y olvidándose, intencionadamente, del asunto central, el doloroso drama de los desahucios. Más allá de buscar soluciones definitivas, su preocupación es la de capear el temporal informativo, dejar pasar el boom mediático y proponer soluciones “gatopardianas” de que todo cambie sin cambiar nada.
Izquierda Unida no puede quedar al margen, no lo ha hecho hasta ahora y  debe seguir proponiendo medidas que alivien a aquellos y aquellas que no puedan paga su hipoteca. Una medida de cara al futuro puede ser que ante la más que cercana creación del llamado “banco malo” desde Izquierda Unida se exija que no solo se preste ayuda a la banca, sino también a los hipotecados.
Y debemos defender nuestras propuestas presentadas a lo largo del tiempo y rechazadas sistemáticamente por el PSOE y el PP. Medidas como la presentada contra el sobreendeudamiento y que iba dirigida a establecer límites, necesarios para evitar el abuso bancario, a la concesión de los créditos para adquirir una vivienda (tope del 35%, el porcentaje máximo de los ingresos personales o familiares, máximo de 25 años duración hipoteca, limitación del total del crédito, que no podrá ser superior al 80% del valor de mercado en la vivienda libre, ni al 100% en la protegida, ect).
Recientemente hemos presenciado como un alto tribunal de la UE ha dictaminado, contra el estado español, por permitir “las clausulas hipotecarias abusivas”, abuso en forma de intereses moratorios excesivos, de solicitud de avales o garantías descomunales, o de las arbitrarias comisiones y gastos de estudio para la concesión del préstamo. Pero ni el PP en el gobierno, ni el PSOE en oposición dulce, han hecho valoración alguna entrando en el fondo de esta sentencia, se han limitado, en un gesto de hipocresía, a maquillar sus posiciones y a comprometerse a crear una comisión de estudio de manera urgente.
Izquierda Unida, dentro de la Izquierda Plural parlamentaria, a propuesto, y debe seguir defendiendo, la protección, “inviolabilidad”, del domicilio en caso de  embargo, es decir garantizar que aquellos que no pueden pagar la hipoteca no se queden en la calle, bien sea a través de un alquiler a un precio fijado, o  por medio de la liquidación aplazada.
Debemos seguir luchando porque la Dación en pago se imponga como clausula obligatoria en todas las nuevas hipotecas, y, en la medida de lo posible, hay que buscar la retroactividad.



RESOLUCIONES BIERZO

RESOLUCIÓN COINCINERACIÓN

Ante la continuada intención de instalar la coincineración en las plantas de producción de cemento en la provincia de León, Izquierda Unida, en base a la potencial gravedad de este hecho se opone radicalmente a tal propuesta en base a razones sanitarias, medioambientales y socioeconómicas.

Los daños sobre el sector de la producción ecológica y las actividades agroganaderas serían irreparables. La contaminación que se produciría alteraría la calidad y la cadena de valor de los productos alimenticios, reduciendo la competitividad económica, el avance socioeconómico y del empleo en las comarcas afectadas por la coincineración.

Las graves alteraciones ecológicas y sanitarias a corto y medio plazo, implicarán costes sanitarios y de incidencia en la salud pública de la población afectada inasumibles, afectando muy especialmente y negativamente a los procesos de tipo inmunológico, cardio-respiratorios y de tipo alérgico.


RESOLUCIÓN ANTENAS

El Tribunal supremo según sentencia del 9 de junio de 2012 reconoce que las antenas de telefonía móvil tienen efectos significativos sobre la salud humana y el medioambiente. Dicha sentencia va, por lo tanto, incluso más allá de las recomendaciones emitidas desde instituciones como Parlamento Europeo, Consejo de Europa, Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y Organización Mundial de la Salud que apelan a la aplicación del principio de precaución.

A pesar de la proliferación de estudios promovidos por el poderoso sector de las telecomunicaciones defendiendo la inocuidad de dicha exposición, estos no han logrado la unanimidad entre la comunidad científica sobre los efectos de la exposición prolongada a campos electromagnéticos de alta y baja frecuencia. Tampoco, han conseguido rebatir las afirmaciones de nuevas investigaciones científicas que confirmarían la existencia de efectos biológicos no térmicos a niveles muy por debajo de los actualmente permitidos y que entrañan un importante riesgo para la salud de la población general y especialmente para algunos grupos más vulnerables.

La Conferencia de Salzburgo plantea unos niveles de potencia 10.000 veces inferiores a los admitidos hoy en España. La opción tomada en esta conferencia fuel el permitir la instalación de antenas, respetando distancias de 500 m y con antenas de mucha menor potencia. Estas recomendaciones han sido seguidas en países como Austria, Suiza e Italia, sin que ello haya supuesto que la funcionalidad de los teléfonos sea peor.

Izquierda Unida debe promover una investigación seria e independiente, desde el sector público sobre esta cuestión y mientras no sea definitorio defender el principio de seguridad y aplicar las recomendaciones más restrictivas emitidas a nivel europeo, estableciendo distancias mínimas para las fuentes de emisión, reducción de la potencia de los emisores, defender la planificación pública de los lugares dónde se puedan instalar nuevas infraestructuras emisoras, establecer un sistema público de control fiable e independiente.



http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_558.PDF

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