martes, 13 de noviembre de 2012
Resoluciones aprobadas por la XI Asamblea Provincial de IU León
4:05 | 
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IULEON |
RESOLUCIONES DE LA X ASAMBLEA
A continuación Enrique Javier Díez presenta a la Asamblea para su
deliberación una “Resolución pidiendo la
dimisión del Ministro de Educación Wert”. La resolución es aprobada por
unanimidad, de forma que pasa ahora su discusión a la Asamblea Provincial
y Regional en su caso. Adjuntamos aquí copia de la citada resolución:
RESOLUCIÓN PIDIENDO LA DIMISIÓN DEL MINISTRO
DE EDUCACIÓN WERT
Los
Presupuestos Generales del Estado para el 2013 recortan nuevamente el
presupuesto destinado a educación, muy por encima de la que sufrirán los otros
Ministerios (un 64% superior respecto del 8,9% de recorte medio), tras haber
aplicado sucesivos recortes en los tres últimos años. Lo que ya había situado a
nuestro país por debajo de la media de la OCDE en inversión educativa.
Desde la
llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en
Educación: 487 millones en diciembre por el acuerdo de no disponibilidad, 663
millones menos en los presupuestos de 2012, 3.736 millones por el Real Decreto
Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito
educativo y 326 millones de menos en los presupuestos 2013. Se recorta en becas
y ayudas al estudio (50 millones), en los programas de Compensatoria (un
68.5%), en los programas en Universidad (un 18,2%) y el 14,4% en la
investigación científica, I+D+i. El programa
Erasmus se recorta de 41 millones a 15 millones y los de
atención al alumnado con necesidades especiales han desaparecido. Todos estos
recortes han ahondado en la política de deterioro de la educación pública,
tanto en el desarrollo de las enseñanzas como en las políticas de personal
(merma retributiva, precarización de condiciones laborales del profesorado, cerca de
100.000 docentes menos, más horas de clase y más estudiantes por aula; menos
becas y más tasas en etapas no obligatorias y en servicios esenciales, como el
comedor o el transporte escolar).
Si a finales de
2012 la inversión pública educativa en España habrá descendido en casi 8.000
millones de euros, el gasto público educativo en 2015 se situará en torno al
3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 y nos situará a la cola de la OCDE y la Unión Europea. Lo
cual revela la pérdida de importancia de la educación en el conjunto de las
políticas públicas, especialmente desde que gobierna el Partido Popular.
Estos recortes se quieren justificar ideológicamente mediante el
Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE),
presentado recientemente por el Ministro Wert para su aprobación parlamentaria.
Este Anteproyecto de Ley orgánica es una reforma regresiva, clasista,
excluyente y segregadora, que atenta contra el derecho a una educación de
calidad en condiciones de igualdad y
supone una vuelta al sistema de enseñanza franquista.
Se ha hecho sin un diagnóstico previo riguroso. Los escasos motivos que
se declaran sólo se apoyan en prejuicios o ideas preconcebidas sin base en
investigación alguna que las respalde. Se ha hecho sin contar con la comunidad
educativa y con una simple consulta on line mínima y trucada, que se ha
limitado a facilitar un correo electrónico al que enviar críticas o
sugerencias, sin poder confrontarlas ni debatirlas en foros abiertos y
plurales. Se plantea sin financiación y tras los brutales recortes señalados
anteriormente, que se añaden a los que ya se han hecho estos últimos años a
nivel estatal y autonómico. En este contexto, se proclama cínicamente como
primer objetivo de esta reforma la “mejora de la calidad educativa”. ¿Qué
calidad y para quién?
Este anteproyecto tiene un marcado enfoque mercantilista. El primer
párrafo del anteproyecto, donde define la concepción de la educación que marca
la ley, muestra claramente cómo se concibe la educación ante todo como “motor
que promueve la competitividad de la economía”, o como “una apuesta por
conseguir ventajas competitivas en el mercado global”.
Es una reforma que nos retrae a épocas pasadas convirtiendo la educación
en una carrera de obstáculos con continuas reválidas. Apuesta así por una
enseñanza basada en la presión del examen, frente a un modelo educativo
centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado para contribuir al
éxito escolar de todos y todas. En vez de buscar estrategias y formas de
motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje, se
concibe la educación como un camino de penitencia y sufrimiento, trufado de
pruebas y exámenes continuos, que convierte la educación en un auténtico
viacrucis recuperando el espíritu franquista de la “letra con sangre entra”, en
el que las condiciones culturales y socioeconómicas familiares van a ser
determinantes del éxito escolar. La aplicación de estas reválidas lo que
supondrá es un aumento del abandono y el fracaso escolar.
Es una reforma segregadora. Desde los 13 años se abren hasta tres vías
selectivas que suprimen la formación común en la etapa obligatoria y atentan
contra la igualdad real de oportunidades. Las vías previstas son: Programas de
mejora del aprendizaje y el rendimiento, desde los 13/14 años, para quienes
hayan repetido algún curso y tengan dificultades de aprendizaje. Su formación
será “diferente a la establecida con carácter general”, o sea, con un currículo
devaluado. Ciclos de Formación Profesional Básica (FPB) a los 15 años, habiendo
repetido algún curso, que no dan acceso directo a la FP de grado medio ni se titula
en ESO. Dos itinerarios en 4º de ESO, con titulaciones diferenciadas que
conducen a FP o Bachillerato. Múltiples datos y estudios internacionales
constatan que la segregación temprana, además de injusta por clasista, es
ineficaz por obligar a “elegir” a destiempo, cuando aún no se conocen las
capacidades que cada estudiante puede desarrollar.
Es una reforma antidemocrática. Se merman las competencias del consejo
escolar, quedando relegado a funciones meramente consultivas, arruinando así
toda participación democrática. Las funciones decisorias se concentran en una
dirección unipersonal, nombrada por la Administración ,
cuya profesionalización como gerente se potencia pudiendo incluso seleccionar
al profesorado de su plantilla.
Es una reforma controladora y que desconfía de la capacidad de los
profesionales de la educación. Se recentraliza el currículo, aumentando el
porcentaje de contenidos establecidos por el Estado y se controla el currículo
que se imparte mediante evaluaciones externas al final de cada etapa que
determinan los niveles de exigencia. Todo ello evidencia una profunda
desconfianza hacia la profesionalidad del profesorado.
Es una reforma que promueve la gestión empresarial de los centros
públicos. Gestionando al profesorado como si fueran “peones” intercambiables,
pudiéndose desplazar forzosamente al profesorado de un centro a otro, de una
etapa a otra o de una asignatura a otra. Pero sobre todo centrada en fomentar
la competitividad entre los centros y su especialización (incluso por
“tipología de alumnado”), estableciendo clasificaciones según resultados en
rankings, como si de una liga de fútbol se tratara. Además se incentivará a los
centros, no ya en función de las mayores necesidades de su alumnado, sino de
acuerdo con su puesto en el ranking. Todo ello con el fin de que los “clientes”
puedan comparar y supuestamente elegir en ese mercado educativo el centro que
más les convenga.
Es una reforma privatizadora que incluye como parte del sistema educativo
a los “agentes privados” que desarrollan funciones de regulación, financiación
o prestación del servicio educativo en España. Y se plantean medidas para
favorecer a los centros privados concertados, como extender el concierto a la
nueva formación profesional básica, al quedar incluida en la enseñanza
obligatoria; o dar cobertura legal a los centros concertados que discriminan al
alumnado en razón de su sexo, incumpliendo la reciente sentencia del Tribunal
Supremo.
Los principales cambios que introduce esta reforma responden a un
pensamiento clasista y segregador. Viejas recetas que no han dado los
resultados “esperables” en aquellos países donde se han aplicado y que la
comunidad científica internacional viene rechazando de plano. No sirven para
construir la escuela del futuro, sino para restaurar la mala educación del
pasado.
Por ello se pide a la Asamblea que
1.
exija
públicamente la dimisión del Ministro Wert, que está desmantelando el
sistema educativo público, del cual debería ser garante y firme defensor
2.
exija
que el Gobierno y la Junta
de Castilla y León, en vez de recortar en educación, destinen un “rescate”
similar a educación como están destinando a rescatar a los bancos y grandes
grupos financieros, aumentando los Presupuestos para Educación Pública en los
PGE de 2013 y en los Presupuestos Autonómicos a la media europea, el 7% del
PIB, destinando además un 2% del PIB a la Educación Superior.
3.
exija la
retirada inmediata el Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la
calidad educativa (LOMCE) por ser una reforma segregadora, antidemocrática,
mercantilista y hecha a espaldas de la comunidad educativa y social.
4.
exija al
gobierno central debatir y alcanzar realmente un diagnóstico compartido con
toda la comunidad educativa y las fuerzas políticas y sociales sobre la
situación real de nuestro sistema público educativo, con el fin de plantear
medidas efectivas para extender y mejorar la educación pública, avanzando hacia
un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado y a la
formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas que
aporten su formación en la construcción de un mundo más justo y mejor.
RESOLUCIÓNES DE
MONTAÑA CENTRAL
1ª/ Apoyo al Sector del Carbón y a la Comarcas Mineras.
La política energética de Izquierda Unida irá dirigida hacia
la consideración de la Energía como un bien Básico y Garantizado. Siguiendo
este primer fundamento, la política energética de IU, consistirá en conseguir
la nacionalización del sector energético al completo, es decir en las cuatro
fases que lo componen; extracción, generación; transporte; y facturación.
En lo referente a la política carbonera Izquierda Unida
defenderá la nacionalización de todas las minas y apoyará el mantenimiento de
una cantidad de la cuota del mix para este sector. Dicha cantidad será la
suficiente para garantizar, en términos de empleo, la vida de las comarcas
mineras, al menos mientras este sector sea la única, o más importante, fuente
de empleo en dichas comarcas.
En tanto en cuanto se consiguen estos criterios generales,
Izquierda Unida propondrá que se redacte un nuevo Plan de Reestructuración de
las Comarcas Mineras.
Un Plan del Carbón en el que, respetando los criterios de
Sostenibilidad social, se declare el carbón nacional como sector estratégico, y
que como tal debe sobrevivir más allá de 2018. Un Plan del Carbón que también
reindustrialice efectivamente las cuencas mineras, y que garantice el empleo
estable, duradero y de calidad. Un Plan del Carbón que obligue a la
investigación pública y privada, por parte de las empresas eléctricas, en busca
de medios de combustión más limpios.
Votos 9, Votos SÍ: 9, NO: 0, Abstenciones: 0. Mayoritaria
RESOLUCION
Izquierda Unida no solo
ha mostrado su preocupación por el drama que suponen casi 3 desahucios diarios
en la provincia de León, también hemos elaborado propuestas y presentado
iniciativas para modificar el cuerpo legislativo que Europa, los afectados y el
sentido común considera abusivo y discriminatorio para las víctimas de los
bancos. Hemos participado en la paralización social de alguno de ellos, y lo
hemos hecho porque para nosotros este es un tema sangrante, estamos hablando de
que todas las personas desahuciadas a día de hoy, sumarían tanto como si una
población, como por ejemplo de la ciudad de Valencia y su alfoz, fuese
expulsada de sus casas. Estamos hablando qué todas las familias de la tercera
ciudad de España se vieran en la calle. Pues eso es, a día de hoy, lo que está
ocurriendo en España, con unas 500.000 ejecuciones hipotecarias desde el año
2006.
Y siendo esto anterior
muy preocupante, en estos últimos días vemos como el circo parlamentario
montado alrededor de la alternancia, tan bien ejecutada por el PP y el PSOE,
pugnan por acaparar la atención mediática con el único objetivo de paliar las
críticas recibidas y olvidándose, intencionadamente, del asunto central, el
doloroso drama de los desahucios. Más allá de buscar soluciones definitivas, su
preocupación es la de capear el temporal informativo, dejar pasar el boom
mediático y proponer soluciones “gatopardianas” de que todo cambie sin cambiar
nada.
Izquierda Unida no
puede quedar al margen, no lo ha hecho hasta ahora y debe seguir
proponiendo medidas que alivien a aquellos y aquellas que no puedan paga su
hipoteca. Una medida de cara al futuro puede ser que ante la más que cercana
creación del llamado “banco malo” desde Izquierda Unida se exija que no solo se
preste ayuda a la banca, sino también a los hipotecados.
Y debemos defender nuestras
propuestas presentadas a lo largo del tiempo y rechazadas sistemáticamente por
el PSOE y el PP. Medidas como la presentada contra el sobreendeudamiento y que
iba dirigida a establecer límites, necesarios para evitar el abuso bancario, a
la concesión de los créditos para adquirir una vivienda (tope del 35%, el
porcentaje máximo de los ingresos personales o familiares, máximo de 25 años
duración hipoteca, limitación del total del crédito, que no podrá ser superior
al 80% del valor de mercado en la vivienda libre, ni al 100% en la protegida,
ect).
Recientemente hemos
presenciado como un alto tribunal de la
UE ha dictaminado, contra el estado español, por permitir
“las clausulas hipotecarias abusivas”, abuso en forma de intereses moratorios
excesivos, de solicitud de avales o garantías descomunales, o de las
arbitrarias comisiones y gastos de estudio para la concesión del préstamo. Pero
ni el PP en el gobierno, ni el PSOE en oposición dulce, han hecho valoración
alguna entrando en el fondo de esta sentencia, se han limitado, en un gesto de
hipocresía, a maquillar sus posiciones y a comprometerse a crear una comisión
de estudio de manera urgente.
Izquierda Unida, dentro
de la Izquierda
Plural parlamentaria, a propuesto, y debe seguir defendiendo,
la protección, “inviolabilidad”, del domicilio en caso de embargo, es
decir garantizar que aquellos que no pueden pagar la hipoteca no se queden en
la calle, bien sea a través de un alquiler a un precio fijado, o por
medio de la liquidación aplazada.
Debemos seguir luchando
porque la Dación
en pago se imponga como clausula obligatoria en todas las nuevas hipotecas, y,
en la medida de lo posible, hay que buscar la retroactividad.
RESOLUCIONES BIERZO
RESOLUCIÓN COINCINERACIÓN
Ante la continuada intención de
instalar la coincineración en las plantas de producción de cemento en la
provincia de León, Izquierda Unida, en base a la potencial gravedad de este
hecho se opone radicalmente a tal propuesta en base a razones sanitarias,
medioambientales y socioeconómicas.
Los daños sobre el sector de la
producción ecológica y las actividades agroganaderas serían irreparables. La
contaminación que se produciría alteraría la calidad y la cadena de valor de
los productos alimenticios, reduciendo la competitividad económica, el avance
socioeconómico y del empleo en las comarcas afectadas por la coincineración.
Las graves alteraciones
ecológicas y sanitarias a corto y medio plazo, implicarán costes sanitarios y
de incidencia en la salud pública de la población afectada inasumibles,
afectando muy especialmente y negativamente a los procesos de tipo
inmunológico, cardio-respiratorios y de tipo alérgico.
RESOLUCIÓN
ANTENAS
El Tribunal supremo según sentencia del
9 de junio de 2012 reconoce que las antenas de telefonía móvil tienen efectos
significativos sobre la salud humana y el medioambiente. Dicha sentencia va,
por lo tanto, incluso más allá de las recomendaciones emitidas desde instituciones
como Parlamento Europeo, Consejo de Europa, Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer y Organización Mundial de la
Salud que apelan a la aplicación del principio de precaución.
A pesar de la proliferación de estudios
promovidos por el poderoso sector de las telecomunicaciones defendiendo la
inocuidad de dicha exposición, estos no han logrado la unanimidad entre la
comunidad científica sobre los efectos de la exposición prolongada a campos
electromagnéticos de alta y baja frecuencia. Tampoco, han conseguido rebatir
las afirmaciones de nuevas investigaciones científicas que confirmarían la
existencia de efectos biológicos no térmicos a niveles muy por debajo de los
actualmente permitidos y que entrañan un importante riesgo para la salud de la
población general y especialmente para algunos grupos más vulnerables.
Izquierda Unida debe promover una
investigación seria e independiente, desde el sector público sobre esta
cuestión y mientras no sea definitorio defender el principio de seguridad y
aplicar las recomendaciones más restrictivas emitidas a nivel europeo,
estableciendo distancias mínimas para las fuentes de emisión, reducción de la
potencia de los emisores, defender la planificación pública de los lugares
dónde se puedan instalar nuevas infraestructuras emisoras, establecer un
sistema público de control fiable e independiente.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_558.PDF
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