jueves, 20 de febrero de 2014
Moción IU León para nacionalizar a las eléctricas
4:46 | 
Publicado por
IULEON |
AL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEON
Don
Manuel Domínguez Chico, Coordinador Local de IU León, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presenta para su aprobación la siguiente
MOCIÓN
Relativa a la nacionalización del sector energético.
EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS
La
factura de la electricidad de España es la tercera más cara de
Europa, después de Irlanda y Chipre, y las compañías eléctricas
españolas de UNESA tienen un margen de beneficios del doble de las
europeas. Las grandes empresas eléctricas ya se beneficiaron de los
ingresos por costes de transición a la competencia, la moratoria
nuclear, las ayudas al gas, entre otras; y todo ello, según se
decía, en la búsqueda de más competencia, al compás marcado por
la OCDE y de las Directivas de la UE, para lograr un mercado más
eficiente y conseguir una reducción de costes que deberían
trasladarse a los precios.
Las
empresas eléctricas españolas tienen unos ratios de rentabilidad
bastante superiores a la de sus homólogas europeas. No es lógico
que en nuestro país, con la crisis económica que estamos
soportando, todas las grandes empresas eléctricas españolas sigan
teniendo más beneficios que las grandes empresas europeas. De hecho
los datos correspondientes a 2012 (los de 2013 globales no están
todavía) señalan que Iberdrola
y Endesa fueron la segunda y la tercera eléctricas europeas que más
beneficio obtuvieron en 2012, solo por detrás de la francesa EDF y
por delante de grupos como GDF Suez, National Grid, E.ON o Enel.
Desde
el estallido de la crisis, los márgenes del sector en las grandes
empresas europeas han ido retrocediendo con fuerza a ritmos de doble
dígito anual, mientras que en
España estos márgenes aumentaron en 2008, apenas cayeron en los
ejercicios de 2010 y 2012
y todo apunta a que el cierre del ejercicio de 2013 volverá a darles
beneficios. De hecho, en los tres primeros trimestres del año 2013,
las
principales compañías eléctricas españolas, aunque aseguran estar
sufriendo mermas multimillonarias en sus cuentas de resultados,
reconocen unos beneficios de 7.638 millones de euros. Por ejemplo
Endesa, que vuelve a repartir dividendos, ha obtenido un beneficio
de 1.551 millones hasta septiembre. El beneficio neto obtenido por
Iberdrola hasta septiembre es de 2.275 millones y el de Gas Natural
Fenosa llega hasta los 1.120 millones de euros.
Esta
evidencia se da en unos momentos en los que, la crisis y las
políticas neoliberales puestas en marcha con la justificación de
ella, provoca que el 10% de
la
población sufra pobreza energética. Más en una provincia como León
que es productora y exportado de energía sin que recoja ningún
beneficio en forma de tasas o inversiones en industrialización de
nuestras comarcas. Al revés, se las amenaza con inversiones
innecesarias como la autopista de alta tensión Sama-Velilla.
Es
urgente abordar una reforma, en profundidad, del sistema energético.
Es necesario planificar, en el corto y medio plazo, medidas
estructurales de reforma del mercado eléctrico. Los múltiples
cambios regulatorios que ha puesto en marcha el Gobierno no han
solucionado el problema del déficit, han agravado el drama social,
económico y ciudadano que significa el insoportable encarecimiento
de la factura energética. Un drama que también se traslada al
ataque furibundo perpetrado por el PP contra el sector del carbón
nacional, en forma de sabotaje a las empresas, recortes y la
imposición de un Plan de Cierre programado antes de 2018.
Hasta
ahora, la benevolencia del regulador con las empresas eléctricas
queda demostrada por la falta de control y por la generosidad en los
criterios de fijación de tarifas: el resultado es que, a pesar de la
liberalización teórica, al menos el 50 % son precios regulados
para remunerar inversiones en generación, transporte y distribución,
además de los costes de transición a la competencia y de la
moratoria nuclear entre otros.
No
es ajena a la situación la cuestión del déficit tarifario.
Déficit tarifario, por otra parte, que consideramos ilegítimo por
cuanto no es nada evidente que el origen del déficit
tarifario, la famosa diferencia entre coste real y el calculado,
que
“justifica”
un presunto déficit de miles de millones de euros, se
haya valorado de forma correcta ya que se basa en acumulaciones
sucesivas al valor de origen (Marco Legal Estable), y además esa
cifra se
ha alcanzado a partir de los datos de las propias compañías que han
dado por buenos los sucesivos gobiernos del estado y que reconoce
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
El
“presunto” déficit tarifario existente es de naturaleza
regulatoria y no económica tal y como la propia Comisión Europea
afirmaba en la evaluación del programa nacional de reformas enviado
por el Gobierno, en la que atribuía el problema del déficit
tarifario a que el sistema de tarificación de la electricidad sigue
siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia
insuficiente. Es necesaria una auditoría energética, pública
y rigurosa, que determine las causas reales, si las hay, del déficit
tarifario.
El
Gobierno, en varias ocasiones, ha anunciado su intención de
presentar antes una nueva reforma del sector eléctrico, que es
realmente necesaria pero que, para que sea efectiva, debe abordarse
en profundidad para que nuestro mercado esté basado en la
eficiencia, la independencia energética, las energías autóctonas
como el carbón y su compatibilidad con las energías limpias. El
nuevo sistema debe eliminar de la factura que paga la ciudadanía,
aquellos conceptos de la tarifa que hoy se muestran innecesarios como
son los costes por interrumpibilidad, o los pagos por capacidad o los
de compensación por los Costes de Transición a la Competencia
cobrados de más por las eléctricas que han sido cifrados en 3.400M€
por la CNE.
Esta
reforma debería garantizar un mix energético en el que, junto a la
reserva estratégica de fuentes primarias de energía autóctona,
como el carbón, y que favorezca la implantación progresiva de las
energías renovables.
También
se hace necesario favorecer el autoconsumo de energía con balance
neto, que además de reducir las emisiones contaminantes y de CO2,
mejorar la balanza comercial al tener que importar menos petróleo y
gas, disminuir la dependencia energética y asegurar el suministro
energético, supone una clara mejora en la eficiencia
energética
al generar la energía en el punto de consumo, logrando una
producción descentralizada; y a medio plazo supondría una reducción
de los costes medios del kW, democratizaría el sistema energético y
fomentaría el desarrollo local, generando empleos en el sector.
Tenemos,
en estos momentos, una posibilidad de actuar para solucionar el
problema, para evitar el drama de la pobreza energética, para evitar
las repercusiones negativas que sobre la ciudadanía, sobre los
servicios públicos y sobre la actividad económica tienen los
excesivos costes del suministro eléctrico. Se trata de aplicar lo
que recoge el Artº 128 de la Constitución.
Por
lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de León, adopta los
siguientes acuerdos:
1º.-
El Ayuntamiento insta al Gobierno Central a aplicar al sector
privado energético español lo recogido en el Artº 128.2 de la
Constitución y, por consiguiente:
- Acuerde la inmediata intervención de las empresas del sector energético para preservar el interés general de un servicio esencial. Desde la producción al transporte
- Presente de forma inmediata un Proyecto de Ley ante el Congreso de los Diputados, que reserve para el sector público la totalidad de los servicios energéticos.
- Abra una mesa de diálogo y negociación, con participación de los agentes sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos parlamentarios, al objeto de acordar la necesaria reforma del sector energético español.
2º.-
El Ayuntamiento insta al Gobierno Central a adoptar todas las
medidas legislativas oportunas para que quede garantizado el
suministro básico esencial de energía y nadie más pueda verse
privado de este servicio básico por carencia constatada de recursos
económicos.
3º
- Dar traslado de este dicha resolución, además de al Gobierno de
la Nación, a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de
Diputados.
En
León, a 20 de febrero de 2014
Fdo.:
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