viernes, 21 de febrero de 2014

Una opinión muy informada de como reparte el dinero la Diputación de León

TRIBUNA DE OPINION

Oscuros repartos

El pasado 29 de enero el pleno de la Diputación de León aprobó el reparto del dinero correspondiente al Plan Provincial de Cooperación Municipal 2014 entre los municipios de la provincia. Una vez más, dicho reparto se ha realizado sin establecer previamente los criterios, “objetivos y equitativos”, por los que tendría que regirse, tal como exige el artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local. El resultado, como es fácil de suponer, ha sido, como en pasadas convocatorias, arbitrario e injusto. Hay diferencias en las cantidades asignadas que saltan sospechosamente a la vista. Por otra parte, si un ayuntamiento se considera perjudicado en la cuantía recibida, ¿a qué puede agarrarse para presentar su reclamación?

Las “Bases generales reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en la Diputación provincial de León”, por las que se rigen las convocatorias anuales, ordenan: “Las subvenciones se adjudicarán teniendo en cuenta los criterios objetivos y la ponderación entre ellos que se establezca en las bases específicas de cada convocatoria”. Pues bien, el pleno de la Diputación incumple, año tras año, este mandato. En la convocatoria de este año, como en las de años anteriores, no hay ni rastro de tales criterios y de tal ponderación.

Lejos de atenerse al procedimiento legalmente establecido, la Diputación actúa, al parecer, de la siguiente manera: 1. Distribuye la suma total del dinero de las subvenciones entre los grupos políticos representados en la Diputación, de forma más o menos proporcional - se supone - al número de habitantes de las localidades regidas por un alcalde o alcaldesa del respectivo partido. 2. Las diputadas y diputados de cada grupo político reparten el montante que les ha sido asignado entre los ayuntamientos de su mismo partido. 3. Los ayuntamientos cuyos alcaldes no pertenezcan a ninguno de los grupos políticos representados en la Diputación quedan a merced de los gustos - o disgustos - de la presidenta de la Diputación.

¿A qué viene esta distribución por identidad política de las alcaldías, cuando los municipios en sí, únicos destinatarios legítimos de las subvenciones, no tienen color político alguno ya que están formados por el conjunto de su ciudadanía? ¿Con qué criterios reparten los dineros los diputados y diputadas de cada grupo político? En ninguna parte se dice. Queda a la discrecionalidad de quienes mandan en el partido, pudiendo favorecer o postergar a su antojo. Y ay de aquel alcalde o alcaldesa que ose poner en cuestión alguna de las actuaciones de quienes tienen mando en la Diputación. Esta forma de actuar contribuye a fomentar el clientelismo político, algo que habría que erradicar definitivamente. Los ayuntamientos se convierten fácilmente en simples lacayos de la Diputación, compitiendo entre sí para ver quién saca más tajada, aunque sea a costa del ayuntamiento de al lado.

He realizado un muestreo por las convocatorias de los planes provinciales de cooperación municipal de unas cuantas diputaciones de España y en ninguna he visto un reparto semejante al que hace la de León. En todas, al menos en las que yo he visto, se establecen diversos criterios, que pueden ser más o menos acertados, pero criterios que intentan ser objetivos y equitativos, de manera que las corporaciones municipales saben a qué atenerse y cómo reclamar en caso de discrepancia con la cuantía asignada.

En los medios de comunicación se acostumbra a aplaudir el reparto del dinero de los planes provinciales que lleva a cabo la Diputación de León por el hecho de que dicho reparto cuenta con el apoyo unánime de todos los diputados y diputadas, como si la unanimidad fuera el argumento definitivo. La unanimidad en este caso puede basarse en el interés que los grupos políticos tienden a compartir: tener amarrados a sus propios alcaldes y alcaldesas, ser los dueños del control del dinero. Para valorar la idoneidad de estos repartos habría que comprobar si se han realizado de acuerdo con criterios objetivos y equitativos, análisis que no suele hacerse.

De forma diferente actúa la Diputación en los Planes de Empleo que también convoca anualmente. En estos sí se establecen criterios objetivos. El número de puestos de trabajo y meses de duración queda fijado por determinadas franjas en el número de habitantes. Es cierto que en este caso es mucho más fácil marcar pautas claras de actuación. Pero, salvando las diferencias, algo así tendría que hacerse en lo que respecta a los Planes de Cooperación Municipal. Al número de habitantes, criterio principal con los correspondientes atenuantes, habría que añadir algunos otros. Alardea la Diputación de León de ser la más transparente de España. Mucho tendrá que cambiar para serlo de verdad.

Feliciano Martínez Redondo

Concejal (Agrupación Electores Otro Aire) del Ayuntamiento de Villaquejida

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