viernes, 21 de febrero de 2014
Una opinión muy informada de como reparte el dinero la Diputación de León
TRIBUNA DE OPINION
Oscuros repartos
El pasado 29 de
enero el pleno de la Diputación de León aprobó el reparto del
dinero correspondiente al Plan Provincial de Cooperación Municipal
2014 entre los municipios de la provincia. Una vez más, dicho
reparto se ha realizado sin establecer previamente los criterios,
“objetivos y equitativos”, por los que tendría que regirse, tal
como exige el artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local. El
resultado, como es fácil de suponer, ha sido, como en pasadas
convocatorias, arbitrario e injusto. Hay diferencias en las
cantidades asignadas que saltan sospechosamente a la vista. Por otra
parte, si un ayuntamiento se considera perjudicado en la cuantía
recibida, ¿a qué puede agarrarse para presentar su reclamación?
Las “Bases generales reguladoras de la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en la Diputación
provincial de León”, por las que se rigen las convocatorias
anuales, ordenan: “Las subvenciones se adjudicarán teniendo en
cuenta los criterios objetivos y la ponderación entre ellos que se
establezca en las bases específicas de cada convocatoria”. Pues
bien, el pleno de la Diputación incumple, año tras año, este
mandato. En la convocatoria de este año, como en las de años
anteriores, no hay ni rastro de tales criterios y de tal ponderación.
Lejos de atenerse al procedimiento legalmente
establecido, la Diputación actúa, al parecer, de la siguiente
manera: 1.
Distribuye la suma total del dinero de las subvenciones entre los
grupos políticos representados en la Diputación, de forma más o
menos proporcional - se supone - al número de habitantes de las
localidades regidas por un alcalde o alcaldesa del respectivo
partido. 2. Las diputadas y diputados de cada grupo
político reparten el montante que les ha sido asignado entre
los ayuntamientos de su mismo partido. 3. Los ayuntamientos cuyos
alcaldes no pertenezcan a ninguno de los grupos políticos
representados en la Diputación quedan a merced de los gustos - o
disgustos - de la presidenta de la Diputación.
¿A qué viene
esta distribución por identidad política de las alcaldías, cuando
los municipios en sí, únicos destinatarios legítimos de las
subvenciones, no tienen color político alguno ya que están
formados por el conjunto de su ciudadanía? ¿Con qué criterios
reparten los dineros los diputados y diputadas de cada grupo
político? En ninguna parte se dice. Queda a la discrecionalidad
de quienes mandan en el partido, pudiendo favorecer o postergar a su
antojo. Y ay de aquel alcalde o alcaldesa que ose poner en cuestión
alguna de las actuaciones de quienes tienen mando en la Diputación.
Esta forma de actuar contribuye a fomentar el clientelismo político,
algo que habría que erradicar definitivamente. Los
ayuntamientos se convierten fácilmente en simples lacayos de la
Diputación, compitiendo entre sí para ver quién saca más tajada,
aunque sea a costa del ayuntamiento de al lado.
He realizado un
muestreo por las convocatorias de los planes provinciales de
cooperación municipal de unas cuantas diputaciones de España y en
ninguna he visto un reparto semejante al que hace la de León. En
todas, al menos en las que yo he visto, se establecen diversos
criterios, que pueden ser más o menos acertados, pero criterios que
intentan ser objetivos y equitativos, de manera que las corporaciones
municipales saben a qué atenerse y cómo reclamar en caso de
discrepancia con la cuantía asignada.
En los medios
de comunicación se acostumbra a aplaudir el reparto del dinero de
los planes provinciales que lleva a cabo la Diputación de León por
el hecho de que dicho reparto cuenta con el apoyo unánime de todos
los diputados y diputadas, como si la unanimidad fuera el argumento
definitivo. La unanimidad en este caso puede basarse en el interés
que los grupos políticos tienden a compartir: tener amarrados a sus
propios alcaldes y alcaldesas, ser los dueños del control del
dinero. Para valorar la idoneidad de estos repartos habría que
comprobar si se han realizado de acuerdo con criterios objetivos y
equitativos, análisis que no suele hacerse.
De forma
diferente actúa la Diputación en los Planes de Empleo que también
convoca anualmente. En estos sí se establecen criterios objetivos.
El número de puestos de trabajo y meses de duración queda fijado
por determinadas franjas en el número de habitantes. Es cierto que
en este caso es mucho más fácil marcar pautas claras de actuación.
Pero, salvando las diferencias, algo así tendría que hacerse en lo
que respecta a los Planes de Cooperación Municipal. Al número de
habitantes, criterio principal con los correspondientes atenuantes,
habría que añadir algunos otros. Alardea la Diputación de León de
ser la más transparente de España. Mucho tendrá que cambiar para
serlo de verdad.
Feliciano
Martínez Redondo
Concejal
(Agrupación
Electores Otro
Aire) del Ayuntamiento de Villaquejida
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