martes, 9 de junio de 2009





AL ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LEÓN

D. Santiago Ordóñez González, Coordinador Local de IU, con CIF.: G-78269206, con domicilio a efectos de recibir notificaciones en LA AVENIDA Ordoño II, 8,2º H, CP: 24001 de León . Comparece, y dice,
Que en relación al anuncio de “CORRECCIÓN de errores de la información pública del Ayuntamiento de León, relativo a la Memoria justificativa de la conveniencia y oportunidad del cambio en la forma y modo de gestión del Servicio Municipalizado de Aguas del Ayuntamiento de León: aprobación inicial del Reglamento del Servicio y los Estatutos de la Sociedad de Economía Mixta a crear” que fue publicado en el B.O.C. y L. - Nº. 86, el 11 de mayo de 2009, y posteriormente en el B.O.P., núm. 88, el 13 de mayo de 2009, a los efectos oportunos, expone las siguientes,

ALEGACIONES
En primer, esta asociación quiere manifestar su rechazo a la forma en que se ha tomado la decisión, por parte del equipo de gobierno municipal, sobre el cambio del modelo de gestión del Servicio de Aguas.
Esta decisión se tomó en contra de los programas electorales de los dos partidos que formaron coalición para gobernar el Ayuntamiento de León y en contra de la palabra que el entonces candidato a la alcaldía, Sr. Francisco Fernández, comprometió personalmente ante distintos sectores de la sociedad leonesa; compromiso que sin duda le ayudó a obtener el escaso margen de votos que en esta ciudad decide el color de la alcaldía. Este acto de indignidad democrática dio lugar al cese de la Concejala de Medio Ambiente, días después de que la decisión se hiciera pública.
A efectos prácticos el cambio de gestión del agua se decidió con la operación de refinanciación de la deuda municipal, llamada “factoring-confirming”, pactada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León con el banco de Santander. Esta operación, de la que se hicieron eco los medios de comunicación a finales del año 2008, suponía la liberación por la entidad bancaria de 70 millones de euros, a cambio –entre otras cosas- de la venta del 49% del servicio de Aguas a una empresa privada por 20/25 millones de euros, cantidad aleatoria y prematura, salvo que existieran contactos previos. Se trata de una decisión que deviene de una operación financiara opaca, realizada de espaldas a la ciudadanía y obviando el debate político y la discusión con las organizaciones ciudadanas.
Por lo tanto y porque la decisión de cambiar la gestión del agua se adopta en contra de lo prometido en los programas electorales, no dudamos en calificarla de arbitraria, ilegítima y antidemocrática ya que además, se ha impuesto sin mediar un estudio técnico solvente y riguroso, que diera fundamento a la actuación municipal y que, una vez facilitado a los agentes sociales interesados (partidos políticos, asociaciones de vecinos, sindicatos, empresarios, profesionales, ecologistas, etc.) hubiera servido para la apertura de un debate público, de modo que la decisión finalmente adoptada tuviera, realmente, un amplio respaldo social.
Además, calificamos la decisión tomada de irresponsable porque cualquier cambio en la administración de un Bien Común y un Derecho Básico como es el agua, tiene que obedecer a la mejora real del servicio, no a la obtención de financiación, con la que enjugar, momentáneamente, el déficit municipal mediante el cobro del cánon que pague la empresa privada (primer argumento esgrimido públicamente por las autoridades locales para justificar esta operación).
Otros motivos que se han hecho públicos, como el desfase entre el agua suministrada y el agua facturada, la existencia de fugas, o la necesidad de incorporar tecnología punta, no justifican por sí mismos la cesión de la explotación al sector privado y, menos, en el caso de León donde, -incomprensiblemente y en contra de la mejor eficiencia y racionalidad que se obtienen del control del ciclo hídrico completo-, sólo se cederá la distribución del agua potable (que da beneficios), manteniéndose pública la gestión de las aguas residuales. ¿Por qué no se incluye el saneamiento en la gestión de la empresa mixta?.

Sobre el “cuento” de las fugas se omite decir que es por decisión política por lo que el Ayuntamiento no está facturando el agua que suministra a servicios básicos (fuentes públicas, riego de parques y jardines), edificios y dependencias municipales, a colegios, guarderías, instalaciones deportivas, e incluso a la empresa privada que desde hace años se encarga del baldeo de las calles., es obvio que tal decisión podría cambiar en cualquier momento sin necesidad de crear una empresa mixta.

En cuanto a las futuras tarifas, está claro que el beneficio de la empresa mixta saldrá del recibo del agua, a través de un impuesto nada progresivo: pagarán más los domicilios en los que haya más individuos y se resentirán de las subidas aquellos que tienen menos ingresos.
El servicio del Agua atiende necesidades básicas de la población que no deben someterse a las reglas del mercado, ni pueden, ya que la distribución del agua al ser inevitablemente monopolística, anula las posibles ventajas derivadas de la libre competencia. Dicho de otro modo: los ciudadanos no tienen alternativa. Por esta razón, el control de las administraciones públicas se hace imprescindible para evitar abusos y casos de corrupción.

La empresa mixta gestionará el abastecimiento de agua por un periodo de 25 años. Concesiones a tan largo plazo hipotecan la capacidad de decisión de futuras corporaciones municipales en tanto que un tema tan vital como el agua quedaría fuera de los márgenes de decisión política. Podemos votar cada cuatro años y cambiar a los que gobiernan pero, paradójicamente, no podremos decidir sobre el agua a pesar de que su gestión no resulte satisfactoria.
El actual servicio de aguas de León es un servicio de calidad y eficiente -así se infiere de datos estadísticos comparativos acerca del precio y la pureza del agua en la ciudad y de la ausencia tanto de reclamaciones como de expedientes sancionadores- e incluso genera cuantiosos beneficios. El servicio público del Agua es una conquista social conseguida con el esfuerzo común de varias generaciones de leoneses; su buen funcionamiento se debe al buen uso que hacen los ciudadanos y a la buena gestión de los gobernantes municipales a los que elegimos para que asuman esa responsabilidad y no para que deleguen en terceras personas.
Por otra parte, resulta obligado llamar la atención sobre la crisis ecológica que vive el planeta y que -lo queramos o no- hará cada vez más impredecibles los riesgos por contaminación y por alteraciones climáticas. Los mecanismos de transparencia, control y regulación, así como el compromiso y la participación ciudadana -inexistente de hecho en la gestión privada- se harán imprescindibles para administrar con equidad los periodos de escasez y las situaciones límite.
Asimismo, la planificación de inversiones que cubran los riesgos medioambientales, sociales y económicos, requerirá que todos los beneficios del agua se reinviertan en racionalizar los abastecimientos en función del ahorro (reducción de la demanda) y del mantenimiento de la calidad del agua y de los recursos hídricos, y no en función de la obtención de beneficios económicos privados.
El negocio del Agua está dominado por cuatro o cinco empresas transnacionales que controlan el 90% de la facturación mundial. En España Aguas de Barcelona (Agbar) y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) controlan más del 80% del negocio privado de la gestión del agua, directamente o a través de empresas filiales en cuyo accionariado participan. El poder de estos dos grandes grupos, verdaderos oligopolios multiservicios, y su capacidad de presión ante las instituciones están condicionando las reglas de la libre concurrencia, afectando a la neutralidad y rigor de las adjudicaciones, a la calidad de los Pliegos de Condiciones de los Concursos y de las Ofertas, y al ejercicio efectivo del control, por parte de las Administraciones, de la calidad del servicio prestado.

Acuerdos público-privados o empresas mixtas, como la que se quiere implantar en León, reducen el nivel de competencia real puesto que incluso en los casos en que se mantiene la mayoría pública en la propiedad, se entrega el control de la gestión a la compañía transnacional, que tiende a bloquear la competencia en mercados secundarios pero necesarios para realizar la prestación del servicio (mantenimiento, suministros, tecnología, contratas, etc.) en los que se genera buena parte del jugoso "negocio del agua”.

En resumen, después de tres décadas de privatizaciones, los resultados dentro y fuera de nuestras fronteras hablan por si mismos: incremento en las tarifas, superiores a los comprometidos; pérdida de control sobre los operadores privados y la imposibilidad de participación de los Ayuntamientos y de la ciudadanía en la gestión del agua.. Además, donde se han privatizado servicios públicos eficientes, siempre se ha producido deterioro de la prestación del servicio, reducción y precarización de las plantillas, y pérdida de la calidad del agua suministrada.
A pesar de todo esto, resulta llamativo que en León se siga invocando la modernidad para justificar la privatización, cuando por ejemplo en Francia, el país de origen de las más poderosas multinacionales del agua (Suez y Veolia) ciudades como Toulouse, Burdeos, o París hayan decidido la vuelta a la gestión pública por razones de eficiencia y ahorro. Concretamente en París la remunicipalización culminará en 2010.

Es por lo que SOLICITA:
1.-Que se proceda a la anulación de todas las actuaciones emprendidas y todas las decisiones tomadas por los órganos del Ayuntamiento de León, cuando el Pleno del Ayuntamiento se pronuncia sobre las alegaciones a la Memoria Justificativa de transformación del Servicio Municipalizado de Aguas de León en empresa mixta.
2.-Se me considere parte interesada, se estime mi petición y se me de traslado de cuantas resoluciones se adopten y todo lo demás que en derecho proceda.

En León, a 10 de junio de 2009.

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