jueves, 7 de marzo de 2013
El Frente en defensa de las Juntas Vecinales llama a movilizarse en su defensa el 9 de marzo
2:45 | 
Publicado por
IULEON |
El Frente en defensa de las Juntas
Vecinales llama a toda la provincia de León y sus pueblos, a las gentes que
sostienen a León desde los concejos y que quiere defenderlos ante la agresión
del Gobierno Central, a movilizarse masivamente este sábado, 9 de marzo, en la
primera concentración en defensa de las Juntas Vecinales que se celebrará en la
capital.
A las 12h comenzará en Botines una
movilización necesaria para demostrar que los concejos, responsables de la
gestión y mantenimiento del 55% de la provincia, tienen el apoyo de León, de
sus gentes y que no vamos a tolerar su eliminación. Sea por un procedimiento
administrativo o por la imposición de exigencias imposibles de cumplir mediante
decreto.
El manifiesto, además, será leído por el
periodista del Diario de León, Marco Romero, persona que jamás dice no a las
causas justas, incluso cuando algunos las consideran perdidas, y que no duda en
sumarse a cualquier movilización en beneficio del común. Tras la lectura del
manifiesto hemos preparado algunas sorpresas más festivas pero igualmente
reivindicativas de nuestra tradición concejil.
A continuación describimos los daños que
la Ley , aprobada
en Consejo de Ministros y que deberá debatirse en las Cortes Generales en
breve, puede suponer para las 1260 Juntas Vecinales de la provincia de León.
El
Consejo de Ministros del Gobierno del PP por fin ha conseguido presentar un
Proyecto de Ley de Reforma de la Administración
Local.
El
primero eliminaba las entidades locales menores simplemente borrándolas del mapa
de la Ley de
Bases de Régimen Local. El segundo las disolvía. El tercero les robaba su
personalidad jurídica y ponía condiciones imposibles para sobrevivir. A la
cuarta va la vencida y no difiere demasiado de la intentona anterior.
Suele
decirse que a la tercera va la vencida. En este caso la resistencia de los
ayuntamientos, junto a las movilizaciones de las entidades locales menores, y
la actuación leal de algunas fuerzas políticas ha provocado que esta Ley se
retrase lo justo y se presente en las condiciones adecuadas para provocar su
modificación si el PP vuelve a la cordura.
Uno
de los aspectos clave, en los que el sentido común de la democracia más
cercana, debe prevalecer es en la defensa de las hasta ahora denominadas
entidades locales menores. Decimos hasta ahora porque hasta el nombre se les
niega en la Ley. Una
Para
empezar el artículo 3.2 de La Ley
de Bases de Régimen Local niega a nuestras Juntas Vecinales su carácter de
entidad local. Desaparecen del listado como tal. Por tanto y tal y como reza el
articulo 45: pasan a denominarse “entidades de ámbito territorial inferior al
municipio”, “que carecerán de personalidad jurídica” y limitarán su actuación a
convertirse en una “forma de organización descentralizada” de los municipios.
Es
verdad que las Juntas Vecinales existentes podrán sobrevivir manteniendo sus
competencias, derechos y obligaciones, pero ¿en qué condiciones y por cuánto
tiempo?
Este
mismo articulo 45, en su apartado 3, deja claro que “solo podrán crearse este
tipo de entidades si resulta una opción más eficiente para la administración
desconcentrada de núcleos de población separados…” Si se disolviese cualquier
Junta Vecinal desde la entrada en vigor de la Ley nunca podría ser recuperada. Cualquier Junta
Vecinal disuelta con anterioridad a esta norma jamás será reconstituida.
Sin
embargo, y a pesar de la gravedad de todo lo anterior, la trampa diseñada por
el PP está un poco más adelante: en una Disposición adicional y otra
transitoria.
La
disposición adicional 7º define la necesidad de una evaluación de los servicios
prestados por las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. En su
punto 2 expone literalmente. “Cuando de la evaluación de los servicios
prestados por las entidades ámbito territorial inferior al municipio resulte la
inadecuación de la prestación del servicio en su ámbito, corresponderá al
municipio la prestación del mismo y la entidad de ámbito inferior al municipio
quedará disuelta”. Los requisitos para evaluar estos servicios serán aprobados
por Decreto del Gobierno. Podemos imaginarnos que con los antecedentes que
hemos sufrido será poco menos que imposible cumplirlos.
Su
primer punto permite a las existentes mantener su personalidad jurídica.
El
punto segundo impone un plazo de tres meses para presentar sus cuentas a los
órganos de control estatal y autonómico. “Presentadas sus cuentas se procederá
a la evaluación inmediata de los servicios prestados por estas entidades”.
El
tercer epígrafe recoge que de no presentarse las cuentas en este plazo serán
disueltas.
Nos
encontramos ante un movimiento de claro carácter autoritario que disuelve de
facto a los municipios como administraciones clave en la ordenación territorio
y administrativa del estado. Que refuerza a las Diputaciones, da capacidades a
las Comunidades Autónomas cercanas a la arbitrariedad para disolver o extirpar
competencia a cualquier tipo de entidad local o inferior a ella y que por
último se ha diseñado para disolver las Juntas Vecinales intentando utilizar la
herramienta de un procedimiento administrativo arbitrario y diseñado para
recentralizar el Estado.
En
este contexto las entidades locales menores pierden este carácter, pasan a ser
entidades de ámbito territorial inferior al municipio, su personalidad jurídica
y quedan como meras delegaciones de unos ayuntamientos sin apenas competencias.
Las entidades existentes aparecen en la
Ley como una excepción a perseguir y disolver mediante
evaluaciones sumarísimas individuales imposibles de superar y requisitos
razonables sobre sus cuentas para las que no existen ni s e ponen los medios
que permitan su cumplimiento.
Aquellas
Juntas Vecinales que puedan presentar sus presupuestos y liquidaciones de
cuentas antes de tres meses tras la aprobación de la nueva Ley de Bases de
Régimen Local deberán enfrentarse a una nueva criba diseñada para traspasar
competencias a las diputaciones Provincial. El resultado será el mismo; la
disolución sin posibilidad de volver a ser constituidas.
Estamos
ante el mayor atentado a la democracia desde 1936. Tal vez incruenta, sin
sangre, pero profundamente dictatorial para robar a la ciudadanía sus
ayuntamientos y sobre todo para acabar con la democracia directa que
representan los concejos. No nos engañemos, la presentación de las cuentas es
el pretexto, pero la evaluación de las competencias es la justificación real de
un proceso de disolución sumarísimo; que traspasará a los Ayuntamientos sus
derechos y obligaciones, los Montes de Utilidad Pública a la Junta de Castilla y León,
finalmente pondrá en manos de las Diputaciones los servicios básicos que ahora
ofrecen las Juntas Vecinales.
Debemos
exigir a la Junta
que defienda su propio Estatuto, que recoge a las Juntas Vecinales como
entidades propias de la Comunidad Autónoma
FRENTE EN DEFENSA DE LAS JUNTAS VECINALES DE LEON
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