Izquierda Unida - León

IU recuerda al PP, que Alianza Popular estuvo en contra de la propuesta de elección directa que defendieron en 1978 tanto UCD, como PSOE. En aquel momento los fundadores del actual PP denunciaron que era un intento de imponer el bipartidismo y defendieron el voto favorable a una enmienda del PCE en el Congreso, fundador de IU, para defender un modelo democrático de elección de los alcaldes por parte de los plenos; cumpliendo con la relación de fuerzas elegido por la ciudadanía. Estamos ante un pucherazo clarísimo por parte del PP para perpetuarse en el poder una vez el bipartidismo se resquebraja y existe la posibilidad de que los ayuntamientos abandonen el modelo actual de democracia otorgada y caciquil por otro participativo, en favor de los vecinos y vecinas. Máxime cuando este modelo impide cualquier posibilidad de subsanar el error de imponer un alcalde/sa mediante la correspondiente moción de censura, método tan democrático como dictatorial lo que defiende el PP. Según ha afirmado esta mañana el Coordinador Provincial de IU León, Santiago Ordóñez

El PP inicia su operación Gatopardo; cambiarlo todo con la excusa de la regeneración democrática para que nada cambie, empeore, y se refuerce el modelo presidencialista y caciquil de tiempos franquistas. Solo les falta imponer la elección directa de las alcaldías por las Subdelegaciones de Gobierno

El ámbito local es un espacio complejo y plural, de grandes transformaciones y constantes mutaciones, y la primera instancia para la resolución de los problemas de la ciudadanía y para la mejora de las condiciones de vida de la gente.

Los Ayuntamientos han sido capaces de afrontar los grandes retos y los cambios culturales de finales del siglo XX: los fenómenos migratorios, los nuevos modelos familiares, la dependencia y el envejecimiento de la población, y en esta primera década del siglo XXI, son el principal dique de contención contra la crisis, y el principal espacio de resistencia, de dignidad, de defensa de los derechos de la ciudadanía y los principales espacios para generar alternativas sociales y económicas para paliar los efectos de la crisis y los recortes.

Desde diferentes posiciones políticas, todos defendemos un modelo de gobiernos locales de proximidad, un modelo que desarrolle la autonomía local y las competencias, con recursos suficientes para hacerlas efectivas.

La educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, la cultura, la solidaridad y el derecho a la vivienda son las claves de bóveda de la vertebración municipal y la construcción de ciudadanía.

Defendemos un municipalismo que integre los valores del paisaje, el territorio y el espacio natural como vectores de identidad, y de ciudades y pueblos sostenibles. Que huya del crecimiento desde una óptica de ingresos y recursos sustitutivos de una verdadera financiación del mundo local justo y ajustado a sus competencias.

En definitiva, un municipalismo que efectivamente pueda desarrollarse y reconocerse en la Carta Europea de Autonomía Local, y que se base en los principios de simplificación, transparencia y modernización de los entes locales, el principio de autonomía, subsidiariedad, diferenciación, equilibrio territorial, desarrollo sostenible y suficiencia financiera para atender a las necesidades sociales de sus habitantes.

Los municipios españoles han sido desde 1979 la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos, y también, ante la falta de definición constitucional de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana, se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política.

Consideramos imprescindible conservar ese papel, que ha sido razonablemente garantizado durante todo este período por un sistema electoral que, sin ser perfecto, ha permitido que las opciones políticas significativas en las que se organiza la ciudadanía en cada municipio hayan configurado mayorías de gobierno local con un respaldo mayoritario del voto popular a través de un sistema de representación respetando la proporcionalidad contemplada en la CE.

La democracia no es compatible con un gobierno municipal que no refleje la mayoría de los votos expresada en las elecciones. Eso significa que una lista municipal no puede tener la mayoría de gobierno y, consecuentemente, la alcaldía, si no tiene el respaldo de la mayoría de los votantes, expresada por un sistema de representación política constitucionalmente establecido.

Es más, el art. 140 de la Constitución Española establece que el voto de vecinos y vecinas será igual, por tanto, debe tener el mismo valor y producir los mismos efectos en la elección de los concejales y concejalas. Además, los/as concejales/as serán elegidos de forma directa.

La atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada llevaría a la paradoja de que podrían ser alcaldes/sas, concejales/as personas que no contaran con el apoyo de más del 80% de los vecinos y vecinas. El examen de los resultados de las últimas elecciones municipales o de las últimas elecciones europeas proporciona numerosos ejemplos. En todo caso, con esos supuestos, el número de ayuntamientos cuyo alcalde no estaría apoyado por la mayoría de los electores sería muy mayoritario.

La democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y participación vulnerados. La mayoría del vecindario vería a alcaldes y alcaldesas lejanos/as y no queridos/as.