lunes, 16 de julio de 2012
La política de incendios de la Junta
El Coordinador Provincial de IU, Santiago Ordóñez, exige
responsabilidades por la inexistente política de prevención de incendios de la
Junta. Tanto a nivel provincial como dos veces en las Cortes IU ha exigido
medidas urgentes a la Junta para iniciar la campaña de invierno contra
incendios y de prevención para el verano.
Una Red de Parques de Bomberos coordinada con la
Diputación y los municipios mayores de 20.000 habitantes podría acabar con este
problema.
Se necesitan al menos 500 personas en toda Castilla y
León para evitar este desastre. Sin embargo la Junta juega cada año con casi
5000 familias que dependen directamente de la administración y las empresas
forestales. Existen 20 empresas que cobran de dinero público: con influencia
directa en 1500 trabajadores y trabajadoras.
La dejadez, impagados y abandono, junto a las condiciones
laborales indecentes que soportan los trabajadores de los operativos ya están
amenazando los valores paisajísticos y naturales de la provincia y con ello su
potencial turístico. Tan solo el 10% de funcionarios pueden ser profesionales
reales en León, el resto, los más cualificados, deben trasladarse a otras
comunidades autónomas para ejercer su profesión de forma digna.
En el resto de comunidades existe un
dispositivo profesional y permanente durante todo el año que se encarga de todo
tipo de emergencia ocurridas en el medio rural (nevadas, inundaciones, recates,
labores preventivas contra incendios,… y por supuesto apagar los incendios que
haya. Aquí solo se contrata a gente (no profesionales) en verano con lo que no
se hace ningún servicio a los núcleos rurales (ni prevención ni extinción en
invierno que suele haber unos 500 incendios, ni se atiende a nevadas,
inundaciones, rescates, e impide fijar población rural.
Al parecer los únicos que salen ganando con
los incendios son los gerentes de las empresas forestales (muchas de ellas en
manos de políticos o altos cargos de la Junta). Teniendo capacidad para presionar
a la administración como han hecho anunciando paros patronales.
En el resto de España, como es lógico, esto
no ocurre. En vez de empresas privadas (incluyendo entre ellas a Tragsa a pesar
de ser pública) que lo único que pretenden es producir beneficios aunque sea a
costa de reducir la operatividad del servicio de extinción, a costa de las
condiciones laborales, lo llevan entes públicos. Pudiéndolo hacer de varias
formas, llevando el peso bomberos (casos de Madrid, Asturias, Cataluña,…), la
Administración (casos de Extremadura, Canarias,…), o empresas privadas (casos
de Andalucía, Castilla la Mancha, Aragón,…). Ellos optimizan los recursos que les
son concedidos ya que no generan beneficios por lo que nadie, a parte del
monte, sus trabajadores y la sociedad, ganan algo.
En el resto del país se garantiza una
continuidad para la mayoría de los trabajadores profesionalizando así el
operativo. En León esto no se fomenta.
IU apuesta por profesionalizar el sector,
garantizar la continuidad del trabajador realizando labores de prevención de incendios,
aquí casi olvidadas, hasta llegar a trabajar los 12 meses de trabajo a año y
gestionar el operativo desde alguna ente pública o, en el peor de los casos,
subrogando las obras, es decir, que la empresa que se quede la obra tenga la
obligación contratar al personal que antes las estaba realizando con otra
empresa. Esto supone un coste cero a la Administración y garantiza la
continuidad del personal y profesionalización del sector. Además fijaría
población rural que es un objetivo de la Junta, esto ya se realizó así en otras
comunidades y funcionó por lo que no es entendible que no se haga en Castilla y
León.
El monte es fuente de riqueza tanto por el
turismo como la caza como los distintos aprovechamientos (madera, piñas,
comestibles,….) y protegerlo además de producir un bien directo para la
sociedad sobretodo rural también produciría un beneficio indirecto ya que personal
joven en edad de trabajar fijarían sus residencias en núcleos rurales evitando
la despoblación y aportando riqueza a la zona.
El operativo de extinción de incendios de Castilla
y León está obsoleto y debe cambiar para evitar las consecuencias de los incendios
forestales. Una vez conseguido el objetivo podremos hablar de cómo recuperar el
turismo en nuestras comarcas, de que consecuencias provocan la perdida del
monte (riadas, potabilizar las aguas, impacto visual,…), en resumen de como
recuperarlo. Los incendios son un fenómeno muy frecuente (en Castilla y León
unos 2000) y no prepararse para combatirlos es un error ya que se demuestra que
aunque una zona lleve tiempo sin arder acabará haciéndolo.
Santiago Ordóñez González. Coordinador Provincial de IU en León
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