lunes, 12 de agosto de 2013

El Frente en Defensa de las Juntas Vecinales se moviliza

El Frente en Defensa de las Juntas Vecinales de León denuncia que la Ley aprobada por  el Gobierno, y que ha sido remitida a los Grupos Políticos del Congreso, habla explícitamente de suprimir las juntas vecinales, les roban las competencias en materia de abastecimiento de aguas y mantiene la exigencia de tres meses para presentar sus cuentas para no desaparecer. Por este motivo, celebraremos el próximo 30 de agosto una reunión informativa y de trabajo abierta, a la que convocaremos a todos los pedáneos y vocales de junta vecinal de la provincia, con el ánimo de analizar el anteproyecto de Ley y valorar la posibilidad de celebrar movilizaciones en defensa de los concejos.

Al mismo tiempo, y dado que Eduardo Fernández será el Diputado Popular encargado de defender la Ley, vamos a solicitarle una reunión para que conozca nuestra postura sobre el daño que provocará la Reforma de la Administración Local. Y dado que su acta de diputado se corresponde con la provincia de León, consideramos que, como el valor al soldado, debe conocer la importancia de nuestras juntas vecinales y eso debe suponer un cambio copernicano en el intento de disolución que se deja ver en las pretensiones del Gobierno.

Si esta Ley se aprobase, las Diputaciones tendrían capacidad plena para decidir y gestionar, o decidir cómo se gestionarán, los abastecimientos de agua. Lo que significa que las juntas vecinales perderán toda capacidad para ofrecer este servicio a sus vecinos.

Las Diputaciones no sólo se verán reforzadas en su capacidad para gestionar servicios, también en recaudación de tasas e impuestos y en materia de toma de medidas contra los ayuntamientos y juntas vecinales a los que se obligará, por tener déficit presupuestario a aprobar un Plan económico Financiero. Esta cuestión no es baladí, una junta vecinal que tenga déficit en alguna de sus competencias o servicios que ofrezca será disuelta, y su capacidad para cobrar tasas e impuestos estará en manos de la Diputación. Dejando su autonomía muy mermada por no decir desaparecida.

Estamos ante la intervención definitiva de los ayuntamientos y las juntas vecinales por parte del Ministerio de Hacienda, que junto y en coordinación con las Diputaciones, podrá impugnar cualquier acuerdo de junta vecinal que incumpla la ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cualquier junta vecinal que sufra déficit en sus servicios o en su presupuesto será disuelta.

Si esta Ley se aprueba, cada 1 de noviembre los municipios y juntas vecinales, ambos por igual, deberán presentar un informe con el “calculo de coste efectivo de los servicios que presta”. Los criterios para realizar el cálculo se aprobarán por medio de una Orden Ministerial. En el caso de déficit las pedanías serán disueltas.

Finalmente, denunciar de nuevo y resumir que estamos ante la pérdida de personalidad jurídica de las entidades locales menores, que tan sólo las existentes y las que iniciaron su proceso de constitución antes del 1-1-2013 mantendrán su capacidad  legal, que les roban sus servicios de abastecimiento de aguas a favor de las Diputaciones, que de no presentar sus cuentas en el plazo de 3 meses tras la entrada en vigor de la Ley serán disueltas por la Junta, que su liquidación significaría que sus derechos, obligaciones y propiedades pasarían a los municipios y sus Montes de Utilidad Pública a la Junta y, por último, que cualquier tipo de déficit en el ejercicio de sus competencias supondrá también su disolución.

Estamos ante el robo del 55% de la provincia de León, y sólo por esto, la Junta ya debería estar amenazando con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por la injerencia intolerable del Gobierno en las pedanías.

Elías Álvarez Rico. Portavoz del Frente En Defensa de las Juntas Vecinales 

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