Izquierda Unida - León

El informe que aprobamos en el último Consejo Político antes del verano recogía el posicionamiento general de la organización y la coyuntura en la que se movía IU tras 7 años de crisis.

Los desahucios y la respuesta social contra los mismos habían tomado el relevo a las movilizaciones del 15M y mantienen su protagonismo poniendo al PP y al PSOE ante sus contradicciones. El primero ante su servilismo con los bancos y el electoralismo del segundo, usurpando el recurso de inconstitucionalidad de la PAH para intentar cubrir su sabotaje a las iniciativas de IU contra los desahucios cuando gobernaban.

Esta y otras movilizaciones nos ponen ante la necesidad de responder en este principio de curso, en pleno proceso asambleario  en Castilla y león y de construcción de un Bloque Social y político con la perspectiva de generar una alternativa de izquierdas a la Troika de cara a las elecciones europeas de mayo que viene.

Nada ha cambiado a la hora de analizar lo dos años de gobierno del PP, cuyos recortes inició el PSOE, a todos los niveles, central, autonómico y provincial, cuyas consecuencias han sido más paro, mayor recesión, más déficit, deuda e intereses; mayor corrupción, más pobreza, más diferencias sociales y mayor exclusión social, más gente sin casa y más casa sin gente. Por el contrario, bajan los salarios y la protección de los parados, y disminuye la población activa y los cotizantes a la Seguridad Social por mucho que se intenten aprovechar los últimos datos estacionales que empiezan a pesar menos que los últimos EREs. Ahora nos encontramos ante la nueva trinchera que supone el informe de “expertos” que puede servir al Gobierno para dar el primer gran hachazo a  las pensiones después de la última reforma protagonizada por el PSOE.

El fracaso económico y político de las políticas de austeridad frente a las que crece la contestación provoca el crecimiento de la contestación social y aumenta la confianza en las organizaciones que planteamos una alternativa. En este sentido, la reforma del artículo 135 de la Constitución une a PP y PSOE y ha provocado una deuda ilegítima provocada por los bancos y especuladores que IU no reconoce. La deuda privada es eso: privada, las administraciones públicas deben rescatar a  la gente y no a los bancos. Menos aún asumiendo sus pufos cuando la alternativa de la Banca Pública es mucho más rentable socialmente. La intervención que sufrimos el rescate bancario y la reforma del mercado financiero es el vivo ejemplo de estas políticas.

A esto debe unirse la trama de corrupción política y empresarial alrededor de las tramas Gurtel y Bárcenas, que no sabemos cual fue primero o si ambas son un todo. Las mentiras del Presidente del Gobierno no solo se circunscriben al incumplimiento de su programa, también a la financiación de su partido y la podredumbre que rezuma. También en León con la construcción de del tramo de vía de Olleros.

Como respuesta, la campaña Hay alternativa. Gobierno Dimisión se desarrolló en pleno mes de julio y verá ampliada en breves fechas por nuevas movilizaciones en octubre y por iniciativas institucionales en todos los ayuntamientos contra esta reforma constitucional pactada por PSOE y PP que como ya he explicado, fue el germen que legaliza estas políticas ilegítimas.

Unas políticas que se traducen en mayores recortes si cabe en la comunidad autónoma de Castilla y León, generando procesos de privatización al calor de los recortes y la LOMCE en sanidad, educación, desmantelamiento de la Ley de Dependencia y ataque a los ayuntamientos y las juntas vecinales mediante instrumentos como al Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y de Ordenación del Territorio de Castilla y León. La defensa de la comarcalización tomando como ejemplo la comarca de El Bierzo como una de nuestras prioridades políticas. La práctica desaparición de la inversión pública se une en este contexto con la imposición de los Planes de Ajuste del Plan Montoro a los ayuntamientos, la gestión sectaria de la Diputación Provincial y la desaparición definitiva de Caja España tras la gestión ligada al ladrillo protagonizada por el PSOE y el PP. En este último punto es importante recordar el proceso de instrucción que s iniciará en breve tras la denuncia que presentamos en 2011 y por la cual la fiscalía ha visto indicios de delito por “administración desleal”.

La provincia de León sufre las consecuencias del abandono del medio rural, el ataque del PP a la minería, los ERE que han generado casi 50.000 parados y paradas, una tasa de pobreza cercana al 30% de la población, la pérdida de casi 11.000 habitantes en los dos últimos años, gente joven sobre todo, que está convirtiendo a León en una provincia envejecida, sin industria y prácticamente desaparecida de los planes de las administraciones públicas.

Merecen un aparte las dos grandes novedades de este verano. El Plan de desmantelamiento de la minería del carbón por parte del PP a favor de los intereses de las eléctricas que en teoría desembocará en un nuevo Plan del carbón en septiembre y la defensa de las juntas vecinales que desarrollamos desde hace más de un año y que va unida a la destrucción de la democracia municipal ligada a la Ley antiayuntamientos.

Lo que el Gobierno ha vendido a los sindicatos como un Plan del Carbón hasta 2018 es el vivo reflejo de una Plan de eliminación sumaria del carbón nacional. Su contenido debe cambiar en el texto, la letra y las intenciones.

Este documento es la declaración de guerra definitiva a las comarcas mineras. Destila en su contenido cierres, despidos y recortes pero ningún futuro para las cuencas. De los 2509 millones presupuestados 1727 se destinan a los trabajadores ya prejubilaciones, 72 millones para echar a la calle a los mineros y 193 millones para cierre de unidades de producción. Infraestructuras y ayudas para proyectos empresariales suman apenas 400 millones y nada se presupuesta para formación o inversiones reales en las comarcas mineras.

Poco menos que se chantajea a las térmicas para que no se adapten para seguir utilizando el carbón nacional tras 2016 y se fija en 2014 el final del la obligación de quemar carbón autóctono. Además el PP se suma con entusiasmo a la obligación de cierre del carbón deficitario en 2018. Ahora no puede criticar al PSOE por permitir esta barbaridad, ambos partidos son cómplices del cierre de las minas. Se llega a hablar de “cierre irrevocable en 2018”.

Casi dos tercios de la propuesta habla de cierres, recortes o justificación de los mismos y las alternativas no son más que brindis al sol sin iniciativa pública en los mismos. Si alguien quiere invertir recibirá ayudas pero el gobierno nada hará para industrializar salvo poner sobre la mesa ayudas. Eso y nada es lo mismo.

Estamos ante un auténtico insulto: el grueso de las ayudas públicas están ligadas al despido de trabajadores, procesos de cierre y encima se deja claro que el contenido del borrador no genera derechos ni obligaciones.

Esto no es un Plan del Carbón es un Plan de Cierre del carbón en toda regla que justifica las denuncias de IU desde hace más de un año. Ahora se invita sin reparos a las térmicas a dejar de quemar carbón nacional.

Mucho deben cambiar las cosas. Exigimos al PP, sea Gobierno Central, Junta, Diputación o Ayuntamientos que negocie con los sindicatos y cambie la letra, el fondo y hasta la gramática de este insulto a la inteligencia. No se puede tener tan poca vergüenza como para vender la pervivencia del carbón tras 2018 y luego diseñar una propuesta que acaba de un plumazo con la única energía autóctona del país y del que dependen comarcas enteras.

El Gobierno debe irse a su casa, el ministro dimitir y por el camino desandar todo el camino recorrido por Rajoy y Soria, hasta poner un poco de cordura en esta estulticia. IU sigue exigiendo lo mismo; una auditoría que implique responsabilidades caiga quien caiga, nacionalización de las concesiones y un Plan del Carbón de verdad que asegure la supervivencia del sector, como estratégico, tras 2018.

En cuanto a los aspectos más reaccionarios de la Ley Anti Ayuntamientos aprobada en Consejo de Ministros. Las novedades más dañinas pueden ordenarse del siguiente modo.

Estamos ante un Golpe de Estado contra la democracia y la desaparición de facto de cualquier autonomía de los municipios para actuar con una mínima independencia. Además se mantiene la amenaza de disolución de las Juntas Vecinales a pesar del reciente informe del Consejo de Estado.

Si esta Ley se aprobase las Diputaciones tendrían capacidad plena para decidir como se gestionarán los servicios de recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua, accesos a los núcleos de población y pavimentación de las vías. Lo que significa que los municipios menores de 20.000 habitantes y las juntas vecinales perderán toda capacidad para decidir en estos aspectos.

Las Diputaciones no solo se verán reforzadas en su capacidad para gestionar servicios, también en recaudación de tasas e impuestos y en materia de toma de medidas contra los ayuntamientos y juntas vecinales a los que se obligue por tener déficit presupuestario a aprobar un Plan económico Financiero.

Estamos ante la intervención definitiva de los ayuntamientos por parte del Ministerio de Hacienda, que junto y en coordinación con las Diputaciones, podrá impugnar cualquier acuerdo municipal o de junta vecinal que incumpla la ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, cualquier ayuntamiento o junta vecinal que sufran la imposición de un Plan de Ajuste o Económico Financiero podrá sufrir la imposición  de supresiones de servicios deficitarios, cambios de gestión que el ministerio considere, subidas de tasas o despidos de trabajadores (racionalización organizativa). También y esto es muy grave, podrá suprimirse una junta vecinal por esta causa.

Si esta Ley se aprueba, cada 1 de noviembre los municipios y juntas vecinales deberán presentar un informe con el “calculo de coste efectivo de los servicios que presta”. Los criterios para realizar el cálculo se aprobará por medio de una Orden Ministerial. En el caso de déficit se aplicarán los aspectos anteriores o se impondrá la privatización del servicio para los consistorios. Las pedanías serán disueltas. La Ley priorizará la gestión privada y tan solo admitirá la gestión pública si no existe déficit, según criterios arbitrario del Ministerio de Montoro. La iniciativa privada tendrá prioridad sobre la gestión pública en todos los casos.

Finalmente, denunciar la pérdida de personalidad jurídica de las entidades locales menores, que tan solo las existentes y las que iniciaron su proceso de constitución antes del 1-1-2013 mantendrán su capacidad  legal, que les roban sus servicios de abastecimiento de aguas a favor de las Diputaciones, que de no presentar sus cuentas en el plazo de 3 meses tras la entrada en vigor de la Ley serán disueltas por la Junta, que su liquidación significaría que sus derechos, obligaciones y propiedades pasarían a los municipios y sus Montes de Utilidad Pública a la Junta y por último que cualquier tipo de déficit en el ejercicio de sus competencias supondrá también su disolución.

Estamos ante el robo del 55% de la provincia de León y la Junta ya debería estar amenazando con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad solo por la injerencia intolerable del Gobierno en las pedanías.

En este contexto el arma que tenemos es nuestro programa electoral, los documentos políticos y organizativos que hemos aprobado desde 2011 y que recogen nuestras alternativas así como nuestra capacidad para sumar a la movilización como ya hemos demostrado en numerosas ocasiones.

Por último reiterar que IU intenta estar en todas partes, participamos en todas las movilizaciones, el trabajo de oposición al PP provincial nos avala. Necesitamos estar la altura de las circunstancias ahora que estamos en pleno proceso asambleario, a las puertas de unas elecciones europeas, ya hemos celebrado un acto centrado en esta convocatoria en Puebla de Lillo, coincidiendo con los Actos del grajero, con la vista pendiente en un posible adelanto de las generales y nuestro gran objetivo: las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. Donde nos jugamos el futuro de nuestra provincia y la posibilidad de dar un giro de 180º a las políticas que ahora la maltratan.

Santiago Ordóñez González

Coordinador Provincial IU León