Izquierda Unida - León

Don Santiago Ordóñez González, Coordinador Provincial de IU en León, en nombre y representación del mismo, CIF: G-78269206 y al amparo de lo que establece la normativa aplicable, eleva al Pleno de la Corporación, para su debate la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Real Decreto-ley 4/2012 de 24 de febrero por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE del sábado 25 de febrero, tiene por objetivo establecer un sistema que permita abordar el grave problema de los impagos a las empresas proveedoras de los ayuntamientos españoles, cifrado en más de 30.000 millones de euros.

Antes del 15 de marzo, todos los Ayuntamientos deberán remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el listado de facturas pendientes de pago, con fechas anteriores a 1 de enero de 2012. En este listado deberá constar la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro. Esta normativa es de carácter obligatorio para las entidades locales y el interventor deberá expedir los certificados.

Así mismo, deberán hacer llegar al mismo Ministerio antes del 31 de Marzo un Plan de ajuste donde se contempla el pago de esas deudas y las medidas previstas para combatir el déficit.

El Gobierno central del PP obligará de esta forma, a que todos los Ayuntamientos pongan en marcha un plan de ajuste para conseguir “la estabilidad presupuestaria” para de esta forma ir reduciendo el déficit.

Esta medida llevará a los ayuntamientos a hacer un durísimo ajuste en el gasto que irá complicándose cada vez más, conforme se vaya incorporando como gasto corriente el derivado de la amortización de la deuda. Además, también se exige que informen de manera separada sobre el coste y el sistema de financiación de los servicios públicos. En el caso de los servicios públicos que sean deficitarios tendrán dos posibilidades: o recortar ese servicio para ajustarlo a los ingresos obtenidos o aumentar la tasa que la financia.

En definitiva el Real Decreto-Ley obliga a hacer frente a todas las deudas pendientes de las corporaciones anteriores y a aplicar un durísimo Plan de ajuste que pondrá en riesgo el mantenimiento de las prestaciones que hasta ahora venían asumiendo los Ayuntamientos y que incrementará notablemente la carga fiscal al conjunto de los ciudadanos.

Además, aquí en el Castilla y León las diferentes Consejerías deben a las entidades locales subvenciones desde el año 2008. Esta deuda provocada por el impago de la Junta de Castilla y León la deberán asumir los propios Ayuntamientos porque la obligación de pago a los contratistas será de ellos. Eso significa que la deuda generada por el Junta la deberán pagar los Ayuntamientos. Se les aplicará medidas restrictivas y sancionadoras a los Ayuntamientos sin resolver el problema real que es la financiación.

La situación de los ayuntamientos es dramática y con este decreto se agravará.

ACUERDOS

1.- La Diputación Provincial de León exige al Gobierno que retire este Real Decreto-Ley y que resuelva definitivamente el problema de la financiación local. No se puede imponer austeridad sin asegurar antes una financiación suficiente.

2.- La diputación Provincial de León exige a la Junta de Castilla y León el pago a los ayuntamientos de las subvenciones que se les debe.

3.- La Diputación Provincial de León exige al Gobierno que impute a la Junta de Castilla y León y no a los Ayuntamientos la deuda provocado por estas subvenciones impagadas.

4.- Dar traslado a los acuerdos:

- A la presidencia del Gobierno.

- Al Ministro de Hacienda y Administraciones públicas

- A los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados

Fdo. Don Santiago Ordóñez González

Coordinador Provincial de IU en León