Izquierda Unida - León

IU está plenamente de acuerdo con pagar la deuda de los Ayuntamientos con sus proveedores. Sin embargo el Gobierno ha optado por la solución más fácil pero más cara. Además de añadir el chantaje de retener los fondos estatales en el caso de no cumplir los contenidos del decreto.

El caso paradigmático es la ciudad de León. 437 millones de deuda reconocida, 100 millones en facturas recientemente encontradas, 280 millones en total de deuda con proveedores y contratistas que costarán 13 millones este año y deberán pagarse en 10 años, con otros 2 de carencia, bajo la espada de Damocles de la retención de los tributos estatales sino se asume el Plan de Ajuste, sino se acuerda el crédito ICO con un banco privado y sino se paga la amortización de la deuda entre 2012 y 2022.

Intentando aplicar la reforma constitucional impuesta por el PSOE y el PP justo antes de las elecciones, el abono de la deuda está por encima del mantenimiento de servicios para la ciudadanía. Por tanto, el Gobierno se salta el principio de autonomía municipal imponiendo un nuevo endeudamiento bajo condiciones impuestas y aval del Estado. Olvidando que los Ayuntamiento son parte del Estado y deberán pagar los nuevos créditos al 5% cuando los bancos que los concedan recibirán el mismo dinero por un 1% del Banco Central Europeo.

La medida del gobierno recuerda enormemente al Plan E de Zapatero, en ese caso dinero del gobierno central fue gestionado por los consistorios para mantener el empleo de la construcción. En el caso que nos ocupa se imponen nuevos créditos que servirán para cambiar una deuda por otra con un interés del 5%. El único efecto positivo es el abono por fin de las deudas a los proveedores.

Por desgracia con este nuevo decreto no se soluciona el problema de la deuda de los municipios, se agrava. Se imponen nuevos créditos con entidades bancarias y se olvida la otra parte de la deuda que sufren los Ayuntamientos. La que sufren con los bancos y antiguas cajas, que crece, y la generada por la privatización de servicios y la asunción de competencias impropias de las Comunidades Autónomas.

El Gobierno del PP ha elaborado una nueva iniciativa, digna de esa improvisación que tanto criticaba a Zapatero, para obviar el problema de fondo. El Gobierno Central negocia a la baja las transferencias de servicios y competencias a las Comunidades Autónomas, la insuficiencia financiera provoca que estas se desentiendan de su gestión y dejan a los Ayuntamientos como única administración que las asume y como consecuencia final se genera una deuda estructural en los municipios que los pone al borde de la quiebra.

Este círculo vicioso solo empeorará con las nuevas iniciativas del Gobierno Rajoy. Que huye de forma irresponsable del Pacto Local y la reforma de la ley de Haciendas Locales que debe sacar de su situación a los Ayuntamientos. Tan solo con fondos suficientes para proporcionar los servicios y la asunción de sus responsabilidades por parte de las CCAA puede solucionarse la situación económica de los consistorios. Pagar a proveedores tiene valor, como parecía que tendría valor el Plan E, pero la segunda parte que se olvida es la generada por nuevas deudas con entidades bancarias que imposibilitará pagar de nuevo a los proveedores y volverá a generar una nueva deuda.

Tan solo medidas estructurales sobre la financiación de las haciendas locales puede impedir problemas de pago. Pero el interés real del gobierno es dar negocio a los bancos, quedar bien con los proveedores a corto plazo y empezar de cero en la generación de una nueva deuda y otro proceso de privatizaciones que empeorarán todavía más las arcas de los Ayuntamientos.